En la mayoría de los casos, cuando una persona paga por un servicio o producto y evidencia que ha sido engañada, prefiere callar porque considera que al reclamar solo perderá su tiempo.
El viceministro Jorge Silva considera que esta “costumbre” está fuertemente enraizada en los bolivianos, por ello, es que muchos ofertantes de productos y servicios se dedican a la estafa.
Asimismo, afirmó que la ciudadanía ya no confía en la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco), existente en la mayoría de las entidades, porque, por lo general, hay una demora en la respuesta y, sobre todo, que en muchos casos el derecho no es restituido.
“Es por ello que prefieren quedarse calladas y permiten que estas malas prácticas sean constantes en todo ámbito”, apuntó.
POLÍTICA.
Otras “víctimas” de estafas y engaños deciden no reclamar porque tienen la idea de que gastarán más dinero en pagar los honorarios de un abogado.
Al respecto, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor aclara que no se requiere memorial ni abogado para hacer una queja. La atención en el viceministerio a su cargo es gratuita e inmediata, además, que mediante la conciliación se ha logrado restaurar los derechos vulnerados de clientes.
Aseveró que las quejas y los reclamos son fundamentales para apoyar y fortalecer la cultura del buen trato al cliente. “Todos los productos y servicios nos cuestan, nada es gratis; por lo tanto, así como tenemos el deber de pagar por un producto o servicio, hay también la obligación de denunciar cuando el producto o servicio no está en las condiciones ofertados”.
Silva complementó que parte del trabajo de la cartera a su cargo es el de impulsar la cultura de la queja y el buen trato para que la población conozca sus derechos y exija su cumplimiento.
Además, recordó a las autoridades correspondientes, como el caso de los alcaldes, la obligación que tienen para hacer respetar derechos en favor de la población.
Para ir incrementando la política de Estado que es defender los derechos de usuarios y consumidores, además de restaurar los derechos vulnerados, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor apela a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), puesto que es la única instancia que puede detener a una persona y abrir procesos penales mediante una acción directa.
De igual manera, se trabaja con instituciones especializadas como el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), encargado del registro sanitario; la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) para la intervención en farmacias, clínicas y hospitales; así como el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro), para realizar estudios y análisis de productos decomisados en mal estado, como el caso del desayuno escolar.
MEDIOS.
La autoridad destacó la alianza estratégica que se tiene con medios de comunicación, puesto que son los entes encargados de difundir el trabajo de su viceministerio, sobre todo de ayudar a denunciar a los “malos comerciantes” que hacen pasar productos viejos como nuevos o en algunos casos colocan marcas originales a productos truchos o falsos.
“No es que tengamos un acuerdo con canales, radios o periódicos, pero siempre destacamos la colaboración que brindan para informar sobre estas vulneraciones y, sobre todo, destacar los operativos constantes que se hacen a fin de que se reduzcan, y a futuro ya no existan, los engaños y las estafas a las personas que, muchas veces hacen sacrificios para comprar un producto”, dijo.
En las redes sociales no hay control
Luego de la pandemia del COVID- 19, las redes sociales se convirtieron en la “mejor herramienta” para la oferta de productos y servicios; sin embargo, al no existir un control de las mismas, muchas personas inescrupulosas engañan a sus potenciales clientes.
“Actualmente, no tenemos una norma que regule el comercio electrónico en el país, por ello, planteamos que estas ofertas que aparecen en redes sociales tengan una autorización y, para ello, buscamos un mecanismo con el fin de tener una instancia que les otorgue la autorización a las empresas personales o unipersonales que aparecen en las redes”, adelantó el viceministro Jorge Silva.
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Una de las propuestas es pedir que las empresas que brindan estos servicios de comunicación, como el caso de Facebook, anulen las cuentas de los ofertantes.
Paralelamente, se trabajará con inteligencia cibernética, sobre todo con la División Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para dar con la identidad de las personas que no cuentan con una autorización ni respaldo legal para la oferta de productos vía internet.
La autoridad alertó a la población sobre los peligros que hay en las redes sociales respecto a la oferta y demanda de diversos productos y servicios.
Al no haber una constancia de la transacción (recibo o factura), el Viceministerio de Defensa del Usuario y Consumidor y la Policía se ven imposibilitados de colaborar con las personas estafadas.
“Lo mejor siempre es acudir a un establecimiento autorizado porque solo así podremos intervenir. Nadie nos regala un producto o servicio”, afirmó Silva.