Sociedad

Friday 21 Jun 2024 | Actualizado a 21:04 PM

El Estado carece de políticas para huérfanos de feminicidio

Los hijos son los más afectados luego del crimen.

/ 12 de marzo de 2023 / 07:21

En solo seis años, el país ha registrado al menos 672 hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio; de ellos, 599 resultaron ser menores de edad en el momento de la tragedia.

Los datos fueron contabilizados, entre enero de 2016 y diciembre de 2022, por el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, una organización de mujeres activistas que hace el seguimiento a la problemática de violencia contra la mujer a través de los medios digitales, medios de comunicación y reparticiones oficiales. Sobre esta última, hasta la fecha no existen datos sobre la cantidad de huérfanos de feminicidio en el país; sí de los casos de feminicidio de las últimas gestiones. Para distintos organismos, la ausencia de esa información es una falencia en el Estado.

NORMAS.

Además de ello, aseguran que no hay políticas públicas de protección ni mucho menos normas para el procedimiento del trato a los menores de edad en la recolección de evidencias para determinar el grado de culpabilidad del feminicida, que en la mayoría de los casos resulta ser el propio padre o padrastro.

Para Eulogia Tapia, activista de la institución, el feminicidio tiene “un costo social” que recae en las hijas e hijos de las mujeres asesinadas. “Lo peor les toca a los huérfanos porque se quedan sin nada. Muere la madre, el padre está en la cárcel o a veces decide quitarse la vida o está prófugo”.

La Ley 348, Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2013, establece en el artículo 36 que, en casos de feminicidio, los hijos e hijas deben ser puestos de manera inmediata bajo custodia de la familia ampliada de la madre. Un gran porcentaje de los padres de la víctima asume el cuidado de los niños de sus hijas asesinadas; no obstante, la mayoría sobrepasa de los 50 y 65 años de edad.

Ante esto, resalta el refugio de emergencia, que recae en los tíos y/o padrinos, que no necesariamente es permanente. Tapia cuenta que a veces hay “hermanitos”, que comprenden de cinco o siete integrantes, y que en estos casos “muchas veces son divididos o son hacinados en un ambiente”. Mientras de aquellos que no tienen familia ampliada materna, son dispuestos en los centros de acogida del Estado “e inclusive unos terminan en la calle”.

Así, cuestionó al Estado por la carencia de apoyo a este sector y recordó que en julio de 2021 la Defensoría del Pueblo —encabezada en ese entonces por al ahora viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz— presentó el proyecto de ley que propone un bono mensual y asistencia integral de niños y adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidios. Sin embargo, esta norma avanza “a paso lento”.

RÉPLICA.

El pasado 8 de marzo, en referencia al Día de la Mujer, se presentó un proyecto de «Ley de Protección del Estado a las Hijas e Hijos de las Mujeres Víctimas de Feminicidio en el País». Esta propuesta fue puesta a consideración de la Asamblea Legislativa por la diputada nacional del Moviniento Al Socialismo (MAS) Bertha Acarapi, en coordinación con la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Luego de socialización y aportes con diferentes instancias estatales y organizaciones sociales se prevé que pase a consideración del Órgano Ejecutivo.

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De manera general, la norma pretende “la reparación integral del daño; la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, educación, salud y vivienda, además de fortalecer el sistema de protección con recursos humanos, económicos, infraestructura, material logístico-TIC, einstitucionalización de cargos”, dijo Acarapi a LA RAZÓN.

Tapia auguró que los proyectos de ley sean considerados y no mueran en el intento. “Hablamos de un sentimiento de empatía con los niños. Saber qué pasa con ellos, dónde están; en qué situación están, quién los cobija, qué comen, si estudian”, señaló.

SOLEDAD.

Los hijos e hijas de las mujeres fallecidas por feminicidio se ven enfrentados al tremendo panorama de perder a su madre y, usualmente, de separarse de su padre o pariente cercano responsable del delito. Sufren un duelo simultáneo y caen en una condición de orfandad caracterizada por el trauma, el duelo y la desprotección, explicó a LA RAZÓN la presidenta del Colegio de Psicólogos de Bolivia, Verónica Alfaro.

En el ámbito de la psicología forense, a la profesional le ha tocado evaluar a niños huérfanos de feminicidio y reportó que se trata de un problema social altamente “dramático” para las vidas de estos seres, ya que fueron privados de tener un desarrollo normal y fueron sometidos a un cambio drástico en sus vidas.

“Van a ser unos niños retraídos intelectualmente, no van a tener las mismas posibilidades en el ámbito social; son niños que, inclusive, algunos recurren a la autolesión, o a situaciones de riesgo de suicidio. Les han quitado el lazo afectivo (de una madre) y adquieren una especie de culpa y/o vergüenza porque generalmente (su padre) está en prisión”, describió.

Este panorama es más traumático cuando el niño, niña o adolescente fue testigo del feminicidio. Cuando esto sucede, se queda solo con el cuerpo muerto de su madre, o a veces presencia el suicidio de su padre. Ante ello, el huérfano se convierte en la única fuente de información para la Policía, la Defensoría y la Fiscalía, además de otras instituciones.

Un punto importante que resaltó Alfaro en esta circunstancia es la carencia de conocimiento de protocolos profesionales y políticas públicas que permitan aquello en el trato de las víctimas que quedan como testigos. Las instancias incurren en la revictimización de los menores de edad. “Tienen que ir a la Defensoría, al (Instituto de Investigaciones Forenses) IDIF, a Protección y de Víctimas de Testigos y también a declarar en peritajes; es una situación totalmente revictimizante”, señaló.

“Porque la normativa dice que tiene que seguir estos pasos para atrapar al culpable. La función principal es atrapar al culpable y darle la sentencia máxima de 30 años, pero no se hace nada por los menores vulnerables”, apuntó al referirse a la Ley 348.

Urge al Estado la modificación de la norma e incluir el aspecto psicológico —aseguró la profesional— para evitar la revictimización; y a la vez conseguir la mayor información, teniendo el menor riesgo posible para los huérfanos de feminicidio.

La ley no prevé que el psicólogo forense sea quien haga la evaluación; permite que lo haga un psicólogo de cualquier especialidad. “Tenemos nuestros propios protocolos, instrumentos y formas de poder ayudar, en este caso, a la Justicia, sin perder el lado humano de la víctimas”, dijo Alfaro.

Además de los niños en situación de orfandad, las familias también adoptan móviles distintos después de la tragedia; es decir que la familia que acoge a los niños —usualmente es el de la madre— enfrenta el dolor y el luto; mientras que el del padre, normalmente, maneja una carga de pena y culpa. En ese sentido, ambas familias suelen tener lugar a disputas entre las que se involucra a los menores huérfanos.

“Los familiares maternos generalmente hablan con odio sobre el ‘padre asesino’; en contraste, los familiares paternos tienden a señalar el comportamiento de la madre como la provocación para el delito”, explicó la psicóloga.

El feminicidio es la situación extrema de la violencia. Solo en febrero el país registró cinco casos y de los cuales quedaron 13 huérfanos, todos menores de 10 años.

Uno de los casos que más conmocionó a la población fue el de Wilma (38), quien fue asesinada el lunes de Carnaval y dejó en la orfandad a cuatro hijos, de 8, 4, 2 y un bebé de ocho meses.

Su esposo la golpeó y torturó hasta matarla; el hijo mayor de ambos intentó defenderla pero fue sometido a maltratos.

El informe forense indicó que Wilma falleció por asfixia mecánica por broncoaspiración y su cuerpo presentaba un edema cerebral y traumatismo craneoencefálico y facial, golpes en la cabeza y en el rostro. El asesino solo dijo que “se le pasó la mano”.

A través de los medios de información se sabe que la abuela materna se haría cargo de los niños; esto es lo último que se supo. Es otro caso de acogida de huérfanos en la familia ampliada.

 Proyecto busca bono para las víctimas

Luego de que la carrera de Trabajo Social de la UMSA realizara un diagnóstico situacional de los casos emblemáticos de feminicidio en el país, que develó situaciones preocupantes de los hijos e hijas de las mujeres que fallecieron por este crimen; se presentó un proyecto de ley de protección del Estado a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, que fue puesto a consideración a la Asamblea Legislativa por la diputada del MAS Bertha Acarapi.

Con esta norma se busca que el Gobierno, a través de sus oficinas, brinde una atención integral, acompañamiento psicológico y la satisfacción de las necesidades básicas, como el derecho a la educación, acceso a la salud y una vivienda, dijo Acarapi.

Además, apoyar a las familias ampliadas con un bono económico. “En algunos casos, la abuela se hace cargo de los niños, aquellas que tiene 80 o 70 años; que aparte de buscar justicia y recursos económicos, tiene que alimentar a los niños y niñas que son víctimas de feminicidio”, explicó.

Para la obtención de este bono, la diputada aseguró que el país atraviesa una economía sustentable y tiene una buena administración. Afirmó que las empresas estatales y otras instancias podrían destinar los ingresos, así como lo hacen con el bono Juana Azurduy, bono Juancito Pinto o el bono de la Renta Dignidad.

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¿Por qué Camacho, Calvo y Cuéllar son acusados? Repaso a la violencia en el paro de 36 días

El paro de 36 días degeneró en al menos tres muertes, quema de sedes sindicales, “cobros” en las rotondas, impedimento al paso de vehículos con personal médico y ambulancias, y golpiza a indígenas, entre otros extremos.

Manifestantes en apronte durante el paro de 36 días en Santa Cruz.

Por Milenka Rivera y Rubén Atahuichi

/ 20 de octubre de 2023 / 14:09

Los principales líderes del paro de 36 días por Censo en 2023 fueron acusados por varios delitos. Entonces, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz propició las protestas que causaron violencia y racismo.

La movilización degeneró en al menos tres muertes, quema de sedes sindicales, “cobros” en las rotondas, impedimento al paso de vehículos con personal médico y ambulancias, y golpiza a indígenas, entre otros extremos.

El jueves, la Fiscalía General del Estado presentación la imputación contra cinco dirigentes de la organización conformada por la Gobernación, el Comité pro Santa Cruz y la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM).

Los acusados son el gobernador Luis Fernando Camacho, el exlíder cívico Rómulo Calvo, el rector Vicente Cuéllar, el vicerrector Reiniero Vargas y el abogado José Luis Santiesteban.

Ellos habían propiciado el paro indefinido contra el Censo de Población y Vivienda fijado para 2024 por el Decreto Supremo 4670, que al final fue abrogado. El paro se inició el 22 de octubre y terminó el 26 de noviembre. Fue llamado el paro de los 36 días.

Antes, el 23 de noviembre, Camacho llamó a conferencia para afirmar que la solución del conflicto estaba en manos del Gobierno. Afirmó que la fecha ya “no es determinante” y que “es un tema que viene a ser un concho del logro del paro”.

Al final, luego de mesas técnicas en Cobija, la Asamblea Legislativa sancionó la ley que fijó el empadronamiento para el 23 de marzo de 2024.

El presidente Luis Arce promulgó el 2 de diciembre la Ley 1492, de Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral.

“Les pido reflexionar y hacer énfasis no en lo que nos separa, sino en lo que nos acerca”, arguyó el mandatario.

Admisión

El 11 de noviembre, el vocero de la UAGRM, Manfredo Bravo, admitió que los “malvivientes” habían tomado el control de las protestas. “Borrachos, malvivientes y drogados se apoderaron de puntos de bloqueo; ya no es el ciudadano común el que está bloqueando, hay gente malviviente”, afirmó.

Sin embargo, el Comité pro Santa Cruz denunció un “afán de revanchismo” del Gobierno, “utilizando la justicia como su brazo represor” y de “persecución política”.

Los dirigentes son acusados de presuntos delitos terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y desórdenes o perturbaciones públicas.

La Fiscalía abrió el caso a instancias del dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto Marcelo Mayta, el 11 de noviembre de 2022. La Fiscalía de La Paz recibió la denuncia, pese a que los hechos acontecieron en la capital de Santa Cruz.

Puede leer: Camacho, Calvo, Cuéllar y otros, imputados por la violencia en el paro de 36 días

Aquí, un repaso de los hechos contados por La Razón el 7 de diciembre:

Muerte en Puerto Quijarro

El mismo día en que se inició el paro, el 22 de octubre, una persona, Julio Taborga, murió luego de una golpiza en un punto de bloqueo en Puerto Quijarro.

Según las primeras investigaciones del Ministerio Público, el hombre fue golpeado hasta morir por seguidores cívicos que impulsaban las protestas por el Censo en 2023. Habían sido detenidas tres personas.

Racismo contra ayoreas

La mañana del 28 de octubre, un grupo de mujeres de la nación ayorea que bloqueaban en contra del paro fue amedrentado y discriminado por Daniel Velázquez, subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez.

El hombre, con chicote en mano y propalando palabras racistas, intentó cruzar el sector y desbloquear el punto. Incluso denunció que fue chicoteado luego de los incidentes.

El juez de instrucción penal de Concepción, Jhonnie Orinohi, emitió un fallo en contra del funcionario, que contemplaba arraigo, fianza de Bs 20.000 y la presentación cada semana a firmar un acta en la Fiscalía.

Además, prohibió a Velásquez acercarse a la comunidad ayorea denunciante.

Violencia en La Guardia

La noche del martes 1 de noviembre, en camionetas y motocicletas, pertrechada de petardos o bazucas artesanales, incluso armas de fuego, una facción de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) llegó a La Guardia con el fin de desbloquear un cerco campesino contra el paro.

Hubo enfrentamientos entre “unionistas” y efectivos de la Policía, además de varios detenidos. En medio de los incidentes, el periodista de la red Unitel Mario Rocabado fue herido en la cabeza y socorrido por la Policía.

Según el Ministerio Público, los movilizados destruyeron seis vehículos patrulleros, uno con arma, y saquearon el comando policial del municipio.

De entre los detenidos, Anderson Lijerón López, de 22 años, se declaró culpable de los ilícitos y fue sentenciado a prisión en Palmasola en un juicio abreviado.

Motociclista degollado

La noche del 9 de noviembre, un hombre, Eduardo Arancibia (22), que retornaba a su casa en una motocicleta junto a dos personas, resultó degollado por un cable coaxial que los bloqueadores habían tendido de poste a poste en un punto de bloqueo.

La víctima no se percató de la extensión y fue sorprendido con fuerza, hasta que perdió la vida por una herida profunda en el cuello. Cinco personas, que controlaban el punto, están aprehendidas.

Apuñalados en un punto

Al día siguiente, la madrugada del 10 de noviembre, en la zona Barrio Latino dos hombres fueron apuñalados; a José Eduardo Sosa (28) le extirparon el corazón, mientras que Jhon Jairo Montero (19) resultó herido.

Según la Policía, ambos se disputaban el control del punto de bloqueo. Una persona se encuentra en prisión con detención preventiva por el caso.

Quema de la sede de campesinos

El 11 de noviembre, a 21 días de haber iniciado el paro cívico en Santa Cruz, gremiales, transportistas e interculturales protestaron contra el paro con una movilización hacia la rotonda del Chiriguano.

A su paso, algunos encapuchados desmantelaron puntos de bloqueo y se encontraron la resistencia de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), quienes, en represalia más tarde, quemaron la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos ‘Apiaguaki Tumpa’.

Además, doblaron las rejillas, golpearon constantemente el letrero de esta federación, sacaron sillas, mesas y saquearon las instalaciones. De los 10 acusados de haber propiciado el incendio en la sede, cuatro deberán esperar su proceso en el penal de Palmasola.

Saqueo de la COD

El mismo día, miembros de la UJC saquearon la sede de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, de la que se llevaron equipos y materiales.

Al menos dos personas se sometieron a un juicio abreviado y recibieron sentencia condenatoria cuatro años de prisión y 15 recibieron medidas sustitutivas.

Bloqueo al acceso a la salud

En distintas fechas, hubo hechos de violencia que vulneraron el acceso a la salud y al libre tránsito.

Desde el Ministerio de Salud y familiares de pacientes con cáncer se denunció que los bloqueadores trataron con crueldad a los enfermos, incluso a los niños, impidiendo incluso el paso de las ambulancias.

Incluso hubo personas que controlaban credenciales del personal médico en los vehículos de emergencia.

Enfermos renales fallecidos

Igual panorama sufrieron los enfermos renales. El secretario general de Vida y Esperanza, de los centros de hemodiálisis, Marco Antonio Torres, denunció que debido al paro con bloqueos cinco pacientes que necesitaban realizar hemodiálisis no fueron atendidos oportunamente y fallecieron, mientras que otros se encuentran en terapia intensiva.

Violencia en puntos de bloqueo

Lo que comenzó como un “paro pacífico”, con el pasar de los días, se fue convirtiendo en ola de agresiones de parte de algunas personas que resguardaban los puntos de bloqueo.

Con palo en mano y amedrentando a la gente que pasaba por el lugar, iban desquitando su ira contra aquellos que no estaban de acuerdo con la medida y les cobraban “peaje”.

En algunos puntos los ciudadanos fueron agredidos cuando intentaban pasar con sus bicicletas, fueron obligados a descender y a cruzar a pie, “como símbolo de respeto al paro”.

‘Peaje’ en los puntos de bloqueo

Estos puntos de bloqueo fueron aprovechados por algunos “pitilleros” o extranjeros para lucrar: cobraban una “peaje”, incluso bajo boleta, a quienes cruzaban el lugar.

La Dirección de Migración deportó a al menos tres foráneos.

Y los testimonios sobre cobros irregulares abundaron en redes sociales.

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Rige el horario de invierno en La Paz, Oruro y Potosí

La medida también se aplicará en las zonas altas de tres regiones.

A partir del martes regirá el horario de invierno para estudiantes en tres departamentos.

/ 29 de abril de 2023 / 06:40

A partir del martes 2 de mayo regirá el horario de invierno en tres departamentos: La Paz, Oruro, Potosí y en las zonas altas de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, anunció ayer el ministro de Educación, Édgar Pary.

La determinación fue asumida por el Ministerio de Educación, luego de una evaluación a la situación epidemiológica que atraviesa el país por el incremento de los casos de infecciones respiratorias y el descenso de temperaturas.

También se analizó el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y de los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) de los nueve departamentos, lo que fue determinante para aplicar el horario de invierno.

A partir del martes, los estudiantes que asisten a clases en el turno de la mañana ingresarán a sus unidades educativas con media hora de retraso, y para los que estudian en el turno de la tarde se adelantará su salida en media hora.

Pary resaltó que la finalidad de adelantar el horario de invierno es precautelar por la salud de los estudiantes de la zona altiplánica, ya que en esta región el descenso de temperaturas es prominente.

Afirmó que las direcciones departamentales de Educación en coordinación con las distritales y las unidades educativas deberán hacer cumplir la disposición.

Pary recomendó el uso de las medidas de bioseguridad como la utilización de barbijos, el alcohol en gel y el lavado de manos para evitar contraer los resfríos. También que los menores acudan “abrigados” a sus unidades educativas y descartó la modalidad virtual en el avance de contenidos. “Tenemos que aprovechar al máximo la presencialidad”, defendió.

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Aclaró que el uniforme de colegio no es obligatorio, pero sí que los estudiantes lleven ropa abrigada por las bajas temperaturas.

REPORTE.

En las últimas semanas se incrementaron los casos de resfríos, influenza y virus respiratorio sincitial en seis departamentos del país: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Beni y Pando.

Sobre el reporte epidemiológico de la semana 15, el ministro de Salud, Jeyson Auza, señaló que de enero a abril de este año se registraron 1.038.262 casos de infecciones respiratorias, mientras que el año pasado, en el mismo lapso, el país alcanzó los 850.000 casos.

“Bolivia se encuentra en un incremento de casos; si analizamos en los datos epidemiológicos podríamos decir que estamos en una epidemia de enfermedades agudas, seis de los nueve departamentos están en epidemia”, informó el lunes el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza.

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Casi un millar de microrrelatos sobre racismo pasa a la segunda fase de un concurso

Los seleccionados de la segunda fase del II Concurso Nacional de Microcuentos sobre racismo serán conocidos en junio de esta gestión.

El II Concurso Nacional de Microcuentos “Mi alma no tiene color, una vida libre de racismo”. Foto: Banco Mundial-Concurso microcuentos contra el racismo

/ 28 de abril de 2023 / 11:04

El II Concurso Nacional de Microcuentos “Mi alma no tiene color, una vida libre de racismo” tienen interesante repercusión: 995 microrrelatos pasaron a una segunda fase. Un total de 1.036 aficionados de literatura respondieron a la convocatoria.

Los seleccionados pasaron la verificación de nacionalidad del autor, lugar de residencia, el registro de no más de una obra y que ésta tenga una extensión máxima de 3.000 caracteres.

El concurso es organizado por la oficina del Banco Mundial (BM) en Bolivia, en el marco de su misión institucional de luchar contra la pobreza y promover la inclusión social.

El objetivo del concurso es promover la conversación y la reflexión colectiva sobre esta problemática a través del arte, aseguró la representante residente del Banco Mundial en Bolivia, Indu John-Abraham.

“Estamos seguros de que cada persona alcanzada con estas historias verá con otros ojos el sufrimiento que causa la discriminación racial pero también será inspirada para luchar contra este flagelo”, dijo.

El jurado calificador está integrado por los literatos bolivianos de renombre nacional e internacional Liliana Colanzi, Mauricio Murillo y Rodrigo Urquiola.

En la versión de esta gestión existe un significativo aumento de la participación, 63,9% más en comparación con el primer concurso, “Si tus ojos vieran mi historia” (2021), que recibió 632 inscripciones.

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Además, se incluyó por primera vez a la población adolescente y se estableció una categoría específica (A) para que las personas de entre 13 y 17 años puedan compartir sus experiencias y reflexiones acerca del racismo, la discriminación racial y sus efectos.

Los jurados Colanzi, Murillo y Urquiola tendrán cinco a seis semanas para calificar los relatos y seleccionar cinco microcuentos finalistas en cada categoría. Se prevé que se den a conocer los nombres de las obras y de los autores a mediados de junio. 

Los tres microrrelatos que resulten ganadores en cada categoría serán ilustrados y traducidos al quechua, aymara, guaraní e inglés. También se ha previsto su publicación y difusión en los ámbitos nacional e internacional a través de la web oficial del Banco Mundial en Bolivia, de las redes sociales regionales del banco y en los principales medios impresos del país.

Además, los cinco microcuentos semifinalistas de cada categoría serán publicados en una antología que será distribuida en todo el país.

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Horario de invierno desde el martes en La Paz, Oruro, Potosí y zonas altas de tres regiones

El horario de invierno consiste en retrasar la hora de ingresos en el turno de la mañana y adelantar las salidas en el turno de la tarde.

Niños abrigados acuden a sus unidades eductivas.

Por Milenka Rivera

/ 28 de abril de 2023 / 10:45

Ante el incremento de los casos de infecciones respiratorias y el descenso de temperaturas, el ministro de Educación, Édgar Pary, informó que se implementará el horario de invierno en La Paz, Oruro, Potosí y zonas altas de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca desde el martes 2 de mayo.

“La implementación de este horario de invierno se está implementando en La Paz, Oruro, Potosí y zonas altas de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. A partir del martes se implementa el horario de invierno”, dijo.

La medida surge luego de que se emitiera los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y de los Servicio Departamental de Salud (Sedes) de los nueve departamentos en los que manifestaron la situación epidemiológica de cada región, además de la coordinación del Ministerio de Salud.

El horario de invierno consiste en retrasar las horas de ingresos en el turno de la mañana y adelantar las salidas en el turno de la tarde. El ministro resaltó que la finalidad es precautelar la salud de los estudiantes de la zona altiplánica, ya que en esta región el descenso de las temperaturas es prominente.

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Pary recomendó el uso de las medidas de bioseguridad como el uso de los barbijos, el alcohol en gel y el lavado de manos para evitar contraer los resfríos. También que los menores acudan “abrigados” a sus unidades educativas y descartó la modalidad virtual en el avance de contenidos. «Tenemos que aprovechar, al máximo, la presencialidad», defendió.

El lunes el ministro de Salud, Jeyson Auza, reportó que seis de los nueve departamentos —La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Beni y Pando— se encuentran en situación de epidemia por el incremento de las Infecciones de Respiratorias Agudas (IRA) o resfríos, y de enero a abril el país superó el millón de enfermos.

Solo en esta semana se reportó 20.966 nuevos casos de infecciones respiratorias, un incremento del 23,2% en comparación con la semana epidemiológica 14.

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El magisterio urbano rechaza y considera ‘irrisoria’ el incremento salarial

La noche del miércoles, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un incremento salarial de 3% al haber básico y de 5% al mínimo nacional.

Maestros marchan en rechazo al incremento salarial. Foto: APG

Por Milenka Rivera y Pedro Luna

/ 27 de abril de 2023 / 16:39

El ejecutivo nacional de la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), Patricio Molina, informó que el magisterio urbano calificó de burla el incremento salarial de 3% al básico y 5% al mínimo nacional.

Y sugirió impulsar una renovación en la dirigencia de los trabajadores.

“Un incremento que nos parece todo un insulto a la clase trabajadora; esos son los motivos por los que nos estamos movilizando hoy”, dijo.

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El dirigente señaló que en los últimos años el poder adquisitivo ha perdido su valor y los incrementos han estado estancados.

“Solo el año pasado hubo un incremento mínimo que no satisface ni siquiera para reponer la pérdida del valor adquisitivo del salario”, enfatizó.

La noche del miércoles, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un incremento salarial de 3% al haber básico y de 5% al mínimo nacional.

Ante ello, Molina lamentó que el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, aceptara este porcentaje y consideró su accionar como parcializado al partido del Gobierno.

En ese sentido, manifestó su molestia e indicó que la clase obrera debe exigir un congreso extraordinario en el que se pida al organismo “una rendición de cuentas y responda a las necesidades de los trabajadores y no así a un partido de Gobierno”.

El magisterio urbano se encuentra movilizado desde hace ocho semanas, exige al gobierno el cumplimiento de cinco puntos: más prepuesto para educación, más ítems de nueva creación, el rechazo de la implementación de los contenidos actualizados de la malla curricular, el congreso educativo y la compensación del déficit histórico.

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