La cárcel de San Pedro en La Paz tiene una población carcelaria actual que alcanza a los 3.300 privados de libertad, de los cuales el 70% es detenido preventivo, según el director departamental de Régimen Penitenciario, Franz Laura.

“La capacidad de cuando se ha construido obviamente era de 300, pero a lo largo del tiempo, también San Pedro, si bien no ha ido creciendo en infraestructura a lo ancho, ha crecido en lo alto y eso ha aumentado la capacidad del recinto”, señaló Laura.

En relación al centro penitenciario más antiguo de La Paz, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, enfatizó que por mandato de la Ley 494 de 2014 se debe trabajar en la ejecución del proyecto complejo penitenciario del departamento de La Paz. En el documento se autoriza al Ministerio de Gobierno la transferencia a título oneroso de los predios donde funciona actualmente la cárcel de San Pedro al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

“Estamos trabajando sobre el marco del cumplimiento de esta ley que establece el cierre del penal de San Pedro, que es propietario el Ministerio de Gobierno para ver una nueva alternativa y la alternativa se la está trabajando con un complejo penitenciario, esperemos que se pueda consolidar, los financiamientos son la parte más álgida a momento de ejecutar, pero hay una decisión de refinanciar y resolver el tema de infraestructura”, puntualizó Limpias a este medio.  

También puede leer: Reportan un reo herido y otro muerto en el penal de San Pedro de La Paz

En los últimos 13 meses (enero 2022-enero 2023), la población carcelaria en el país subió de 18.000 a 25.000 personas. Esa situación no se veía en gestiones anteriores. Es decir, en promedio 18 personas por día fueron recluidas en los recintos carcelarios.

La población recluida en las 40 cárceles que existen a nivel nacional, en los últimos 13 meses, creció considerablemente. Juristas atribuyeron al sistema judicial por la sobrepoblación preventiva.

Los delitos que prevalecen en estas detenciones corresponden a robo agravado, narcotráfico y violación, según informó el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

“Ha subido la población privada de libertad, estamos hablando que en más de un año 7.000 privados de libertad llegaron a las cárceles, es un número importante, nunca históricamente se ha subido a una cifra tan alta como ésta”, explicó Limpias a LA RAZÓN.

Actualmente, las 40 cárceles de Bolivia albergan a una población total de 25.000 privados de libertad, de los cuales una cifra importante está en condición de detenidos preventivos, acusados por diferentes delitos, indicó.

“Ya tenemos al momento 16.500 privados de libertad en detención preventiva de los 25.000, es un número alto, lo que representa el 65% más o menos a nivel nacional. Seguimos teniendo un número alto de detenidos preventivos. Por eso, llama la atención y por eso nuestra preocupación de buscar reuniones interinstitucionales con el Órgano Judicial para intentar resolver de manera pronta la incertidumbre que tienen estos 16.500 privados de libertad”, dijo Limpias a este diario.

En criterio del funcionario, la recarga procesal en estrados judiciales continúa siendo el principal factor que provoca retardación en la aplicación de la justicia y, por ende, hacinamiento en los recintos penitenciarios del país.

“Sigue siendo parte de la falla el sistema judicial, nosotros administramos lo que el Órgano Judicial nos envía o las disposiciones que ejerce. Justamente, con este órgano, queremos coordinar para buscar alternativas y soluciones”, explicó el funcionario.

Asimismo, Limpias puntualizó que por día el Estado destina al menos Bs 24 por cada recluso, tomando en cuenta el prediario de Bs 8 a los cuales se suma los servicios básicos, pago al personal de reinserción social y salarios de los funcionarios policiales que custodian los recintos penitenciarios.

Tomando en cuenta la cantidad de privados de libertad que llegan a 25.000, diariamente solo para el prediario se destinan Bs 200.000, lo que representa al menos Bs 6,2 millones al mes y Bs 72 millones anualmente.

También puede leer: Desde Chonchocoro, Camacho anuncia un gran movimiento ciudadano para ‘recuperar la democracia’ en 2025

En torno a esta problemática, el abogado constitucionalista Jorge Quiroz señaló que existen debilidades en el sistema judicial, atribuidos a jueces y fiscales que ven como primera opción la detención preventiva. En su criterio, los casos deberían pasar un filtro antes de llegar a ese extremo.

El jurista resaltó que desde la gestión pasada se estén llevando a cabo al interior de las cárceles audiencias de descongestionamiento. Aquella acción en poco tiempo pudo bajar el porcentaje de detenidos preventivos. Quiroz dijo que la acción debe ser fortalecida.

“A fines del año 2022 se conocía que había un 75% de detenidos preventivos, para este año las autoridades comprendidas como el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y Régimen Penitenciario han programado audiencias de descongestionamiento penal, éstas se están llevando a cabo y se están observando los resultados”, sostuvo Quiroz a LA RAZÓN.

Para el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (ICALP), Edson Foronda, las cárceles están llenas de personas que no tienen sentencia ejecutoriada, lo que desencadena en una sobrepoblación carcelaria.

La sobrecarga procesal ralentiza la capacidad física de los investigadores policiales, lo que a su vez provoca que los operadores de justicia no cuenten con los elementos necesarios para agilizar un proceso judicial.

“Los señores policías, los investigadores deben realizar la labor investigativa, pero recordemos que a ellos los cambian cada año y a veces dejan una investigación a medias, los fiscales que deben realizar la dirección funcional del proceso y los jueces que reciben los insumos de investigadores y fiscales, bajo este criterio la falta de capacidad física y material para resolver estos asuntos es el principal de los problemas”, dijo Foronda a este medio.

La norma vigente establece que un caso debe apegarse a plazos procesales, pero no se cumple, provocando retardación de justicia.

Este lunes el Magisterio urbano del país se movilizarán en la sede de Gobierno, previa concentración en la ciudad de El Alto, informó el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Urbanos de La Paz, José Luis Álvarez. Los maestros exigen atención a su pliego petitorio y suspender la aplicación de la nueva malla curricular.

“Están empezando a llegar desde hoy en la tarde y las primeras horas de mañana lunes. Todas las federaciones estamos convocados a concentrarnos a las ocho de la mañana en el Multifuncional de la Ceja de El Alto”, dijo Álvarez a radio Panamericana.

El dirigente enfatizó que la convocatoria fue enviada al magisterio de La Paz, El Alto y provincias para recibir a sus colegas del interior y marchar juntos  hacia el Ministerio de Educación.

Una vez en inmediaciones de esa cartera de estado realizarán presión mientras se desarrolle el diálogo al que convocó el ministro de Educación, Edgar Pary.

Álvarez restó crédito al Congreso Plurinacional de Educación convocado por la cartera del área para este lunes porque no participan los actores principales como son autoridades educativas. Tampoco estará representado el magisterio; sin embargo, asistirán al diálogo convocado donde exigirán el cumplimiento a sus demandas.

Lea más: El Gobierno asignó este año más de Bs 26.000 millones para educación

Respuesta

Por su parte el Viceministro de Educación regular, Bartolomé Puma, señaló que quienes se movilizarán este lunes no representan a todo el Magisterio urbano nacional.

“Son intransigencias de algunos dirigentes. No es de la totalidad de los maestros, son 172.000 maestros y maestras a nivel nacional de los cuales para mí es un 0.0.1.1%. Están buscando no llegar a ningún acuerdo porque están encabezando algunas federaciones y no así la Confederación de Maestros Urbanos que han estado siempre sentándose al diálogo”, señaló Puma a radio Panamericana.

Puma exhortó a la dirigencia de los maestros a sentarse a buscar una solución por la vía del diálogo sin la necesidad de perjudicar a la población que trabaja en la sede política del país.

El Congreso Plurinacional de la Educación, según Puma, fue propuesto por la Confederación Nacional de Maestros en Educación Rural de Bolivia (Conmerb). A la iniciativa se sumó la Confederación de Maestros Urbanos y otras organizaciones sociales lo cual fue observado por la dirigencia del Magisterio.

El presidente del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, denunció en radio Kawsachun Coca que existe una persecución en su contra, instruida desde el Ministerio de Gobierno.

Hizo esa aseveración tras una evaluación a su viaje frustrado hasta la localidad de La Asunta, en Sud Yungas de La Paz.

“No pueden ser asambleístas de la oposición que han hecho seguimiento, el ministro de Gobierno designó a un mayor (de la policía) que haga seguimiento a Evo. Ojalá sea este seguimiento para darme seguridad no como una persecución y no para atentarme ni para montar. Si pasa algo va a ser responsabilidad del ministro (Eduardo del Castillo) ”, dijo Morales.

El exmandatario añadió que recibe información por parte de servidores policiales de alto y bajo rango, quienes le habrían alertado acerca de la designación de un uniformado con la misión de hacer seguimiento a sus actividades.

“No tengo por qué buscar información, no tendría por qué hacer inteligencia o contrainteligencia, los mismos hermanos policías de alto rango y bajo rango me informan de primera”, enfatizó.

En torno a un presunto vehículo indocumentado que hubiera sido utilizado para su traslado hasta La Asunta, el exmandatario señaló que fue el mismo auto con el que se trasladó hasta territorio peruano para recibir un reconocimiento. Descartó que sea «chuto».

Apuntó al equipo del Ministerio de Gobierno de divulgar información falsa a legisladores de oposición con el fin de dañar su imagen.

Lea más: Arce y Morales se reúnen en Yapacaní por el Noveno Congreso Departamental del MAS

Morales y EEUU

Morales presume que existe nexos entre el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el narcotráfico. Respaldó aquella aseveración en supuestos informes de empresarios.

“Lamentablemente desde el Ministerio de Gobierno nos está castigando económicamente. Unos aprovechándose, otros castigados, tengo toda la información, ya algunos empresarios que tienen que ver con los radares me dieron datos. A veces da escalofríos escuchar los datos que nos dan cómo desde el Ministerio de Gobierno se maneja”, dijo Morales.

En criterio del exmandatario, el titular de Gobierno goza de protección de Estados Unidos en desmedro de su persona.

“Para Estados Unidos no le interesa si son ministros, narcos o corruptos con tal de que sean anti Evo es bien protegido. Porque sabe bien Estado Unidos cómo algunos sectores del Ministerio de Gobierno manejan el tema del narcotráfico. Pero somos viejos en ese tema y tal vez a eso se debe la persecución permanente”, señaló.

Continúa la revisión de la documentación presentada por personas que requieren el uso de vidrios polarizados para sus vehículos, informó este sábado el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. La autoridad señaló que después de este proceso empezarán las sanciones.

“Som 140.000 solicitudes que hemos recibido, de las cuales un 65% son tramites que han sido aprobados. El 30% han sido rechazados y un 5% que actualmente está en revisión. Estos últimos días ha reducido drásticamente las solicitudes, pero son trámites que estamos atendiendo”, explicó la autoridad.

Pese a la ampliación de plazos, todavía muchos dueños de motorizados con vidrios oscurecidos esperan la autorización que les permita circular con normalidad. Quieren evitar ser sancionados por el organismo operativo de tránsito que se encarga de ejecutar los controles.

Lea más: Senadora denuncia que en Santa Cruz se cobró Bs 30.000 de multas por vidrios ‘polarizados’

Vidrios

El plazo para el registro venció en octubre de la gestión pasada, después fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022 y posteriormente hasta el 31 de enero de 2023. No obstante, las largas filas en los puntos de registro obligaron a las autoridades a extender el plazo hasta el 28 de febrero.

Desde marzo debían empezar los controles y sanciones; sin embargo, se tomó la determinación de socializar la norma durante el mes. Posteriormente comenzarán las acciones, dijo el Viceministro de Seguridad Ciudadana, quien puntualizó que la multa es de Bs 100.

A poco de culminar el mes de marzo desde el Viceministerio de Seguridad Ciudadana todavía se viene trabajando en la revisión de requisitos para el uso de vidrios polarizados. Muchos ya habían anticipado el inicio de trámite por vía virtual y que no fueron concluidos.

Entre 2022 y febrero de 2023, en todo el país se registraron 94.000 trámites para solicitar autorizaciones.