El expresidente Evo Morales rechazó las políticas de control sobre la venta de combustibles que en su criterio atentan contra productores del trópico de Cochabamba que mecanizaron sus herramientas.

“El prohibir, regular o no vender combustible en galones en el trópico de Cochabamba es atentar contra la mecanización y especialmente contra la producción, con prioridad debería venderse en galones bajo un certificado estamos muy de acuerdo, pero no hay ninguna información y hay escases de combustible”, dijo Morales en su programa de Radio kawsachun Coca.

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La ex autoridad añadió que muchos productores frutícolas y piscicultores del trópico de Cochabamba no pueden acceder al combustible en las estaciones de servicio por las restricciones que ejecuta el Gobierno.

“Yo he ido a tramitar de Sustancias Controladas para comprar gasolina para las piscinas de tambaquí, me hicieron tardar como dos días y tampoco me daban, entonces tuve que amenazar, qué si no me daban me iba a declarar en huelga de hambre, entonces recién me dieron”, dijo.

Morales, quien también es presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, añadió que hasta esa región llegó la mecanización que tiene como principal fuente de alimentación el combustible y al existir las restricciones muchos productores se ven perjudicados.

Normas

El 12 de abril, el Gobierno aprobó los decretos 4910 y 4911, normas que tienen el objetivo de mejorar los controles en la venta de combustibles y evitar el contrabando de los mismos hacia otros países.

El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, en días precedentes aclaró que las políticas que se vienen adoptando son para frenar el contrabando de combustible que provoca un gran daño económico al país.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que se identificaron 12 municipios sensibles en zonas fronterizas. Se trata de Cobija, en Pando; Copacabana y Desaguadero, en La Paz; Tambo Quemado y Pisiga, en Oruro; Villazón, en Potosí; Yacuiba y Bermejo, en Tarija; Puerto Suárez, San Matías y Piso Firme, en Santa Cruz; y Guayamerín, en Beni.

El caso del jesuita pederasta Alfonso Pedrajas será sometido a investigación, según el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, quien a través de un tuit calificó el caso como gravísimo.

“Este horror habría sido encubierto por la cúpula de la Iglesia Católica de entonces, según la publicación del periódico español. Nosotros pediremos el primer día hábil los antecedentes, vía consular; para que se investigue en Bolivia este gravísimo hecho”, anunció Chávez en sus redes sociales.

Sobre el tema, la Compañía de Jesús mediante un comunicado manifestó su consternación por el daño provocado por el cura quien falleció en 2009.

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“Según la política establecida para estos casos, reafirmamos nuestro compromiso de escuchar a las víctimas; procurar hacer justicia en los casos que sea posible. Y continuar trabajando para acabar con esta lacra», señala el comunicado.

El periódico español El País publicó fragmentos del diario personal de Pedrajas; quien a través del documento cuenta detalles de las vejaciones “Hice daño a mucha gente (¿a 85?) a demasiados”, admite en el documento; que fue descubierto por su sobrino quien repudió las acciones del cura y lo denunció.

Las vejaciones provocadas por Pedrajas quedaron en la impunidad puesto que éste falleció hace 14 años; sin embargo, se deberá establecer si existen más víctimas; y por qué la Iglesia Católica actuó con negligencia.

El ejecutivo nacional de la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), Patricio Molina, informó que el magisterio urbano calificó de burla el incremento salarial de 3% al básico y 5% al mínimo nacional.

Y sugirió impulsar una renovación en la dirigencia de los trabajadores.

“Un incremento que nos parece todo un insulto a la clase trabajadora; esos son los motivos por los que nos estamos movilizando hoy”, dijo.

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El dirigente señaló que en los últimos años el poder adquisitivo ha perdido su valor y los incrementos han estado estancados.

“Solo el año pasado hubo un incremento mínimo que no satisface ni siquiera para reponer la pérdida del valor adquisitivo del salario”, enfatizó.

La noche del miércoles, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un incremento salarial de 3% al haber básico y de 5% al mínimo nacional.

Ante ello, Molina lamentó que el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, aceptara este porcentaje y consideró su accionar como parcializado al partido del Gobierno.

En ese sentido, manifestó su molestia e indicó que la clase obrera debe exigir un congreso extraordinario en el que se pida al organismo “una rendición de cuentas y responda a las necesidades de los trabajadores y no así a un partido de Gobierno”.

El magisterio urbano se encuentra movilizado desde hace ocho semanas, exige al gobierno el cumplimiento de cinco puntos: más prepuesto para educación, más ítems de nueva creación, el rechazo de la implementación de los contenidos actualizados de la malla curricular, el congreso educativo y la compensación del déficit histórico.

Ante el anuncio de bloqueo de caminos de los gremiales en todo el país, el jefe de Operaciones de la Terminal de Buses de La Paz, Brany Mercado, informó que las salidas hacia Santa Cruz y el resto del país se encuentran expeditas.

“Nuestro reporte de tránsito nos ha habilitado las salidas sin problemas desde La Paz hacia Santa Cruz. Todas las salidas hacia el resto del país están habilitadas”, señaló.

Los gremiales de todo el país se encuentran movilizados. El sector exige el retiro del proyecto de Ley 280, que –desde su punto de vista— criminaliza la protesta social. El Gobierno ratificó que la movilización “es política y que los gremiales desinforman”.

El proyecto de Ley 280, de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, “busca definir la tipificación del terrorismo, sin penalizar la protesta social ni persiguiendo a ningún ciudadano, derechos que están garantizados por la Constitución Política y las leyes del Estado Plurinacional”.

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En relación a la cantidad de empresas que transportan pasajeros hacia el oriente boliviano, el funcionario municipal explicó que son 14 empresas de transporte interprovincial y que aproximadamente 6.000 personas se trasladan al día.

Asimismo, indicó a la población que para estar al tanto de los bloqueos y frecuencias cerradas y abiertas pueden hacerlo desde las redes sociales de la terminal de buses.

Luego de denuncias de una supuesta red de corrupción en la Caja Nacional de Salud (CNS), el ministro de Salud, Jeyson Auza, instruyó este lunes a las máximas autoridades de las instituciones dependientes de su despacho a presentar informes detallados sobre esos extremos.

“Vamos a hacer llegar notas oficiales para que nuestro jefe de la Unidad de Transparencia nos informe, después de realizar la investigación correspondiente, de que si en los procesos que se mencionan existiese algún indicio de corrupción”, dijo en conferencia de prensa.

Señaló que se instruirá al gerente general de la CNS, Boris Claure, a elaborar informes escritos de las “acciones que se han llevado adelante en los supuestos hechos” de corrupción. De la misma manera, se dirigió al presidente del directorio de la institución, Marcos Salvatierra, para que presente informes “de las acciones de fiscalización que ha realizado dentro de la institución”.

Por último, adelantó que instruirá al director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), José Víctor Patiño, para que también “realice una supervisión (de manera inmediata) de las acciones que están realizando en la Caja Nacional de Salud”.

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Auza informó que las denuncias de corrupción datan de hace semanas y vincula a las regionales de Cochabamba y Santa Cruz. Dijo que las investigaciones ya se encuentran en el Ministerio Público. La Policía aprehendió a tres personas de manera preventiva, dos son de Santa Cruz y uno de Cochabamba.

“Luego de denunciar y pedir que se actué con el rigor de la ley, hemos empezado a recibir ataques anónimos, cobardes, que intentan mellar la dignidad y honorabilidad del gobierno nacional y del ministerio de salud y deportes”, denunció.

“Estos ataques que caen en el anonimato que están circulando en las redes sociales”, agregó.

La autoridad invitó públicamente a la población a denunciar hechos de corrupción en las cajas de salud del país y aseguró garantías además de “total confidencialidad en el proceso de investigación, a fin de desbaratar redes organizadas de delito”.