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Organización de víctimas de pederastia clerical cuestiona que Lima dude de 85 niños abusados

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El sacerdote Alfonso Pedrajas fue entrevistado por La Razón antes de su muerte en 2009

Una organización mundial de víctimas de pederastia clerical expresó su preocupación por declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, y el anuncio de conformación de una “comisión de la verdad” para el caso.

A través de una “carta abierta al Gobierno Bolivia”, Ending Clergy Abuse (ECA Global) se refirió al caso del sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas (+), sus connotaciones políticas y la necesidad de políticas públicas sobre el problema.

El 30 de abril, el periódico español El País publicó detalles de las memorias del religioso fallecido en 2019 en las que cuenta que abusó de decenas de niños en su misión pastoral en Ecuador, Perú y, especialmente, Bolivia.

“Hice daño a mucha gente (¿85?), demasiada”, admite en el documento personal Historia, entregado al rotativo español por su sobrino Fernando.

Investigación

Las develaciones derivaron en denuncias y una investigación, por ahora en reserva, del Ministerio Público, a instancias de la Procuraduría General del Estado y la colaboración e la Compañía de Jesús, orden a la que pertenecía Pedrajas.

En entrevista con radio Fides, el ministro Lima se refirió al caso y también al anuncio gubernamental de una comisión de la verdad. “Hacer afirmaciones sin tener documentación, sin tener prueba, sin tener investigación, puede ser un exceso”, dijo.

“Decir que hay 85 víctimas basado en un documento, que no sabemos cuál es la certeza que tiene hasta que no sea comprobada judicialmente, parece un exceso”, insistió.

En criterio de ECA Global, lo que dijo Lima “permite advertir, preocupantemente, un criterio poco objetivo sobre la situación que actualmente viven las víctimas”.

Imparcialidad

Además, consideró que esas declaraciones resultan “revictimizantes” y que ponen en cuestión “la imparcialidad de esta comisión de la verdad”. Pueden hacer “que pierda legitimidad tan loable esfuerzo del gobierno boliviano, pues un criterio sesgado y no imparcial, minaría la búsqueda de la justicia y reparación de las víctimas”, insistió.

El domingo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó que el anteproyecto de Ley de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niños, Niñas y Adolescentes, anunciado un día antes, establece la creación de una comisión de la verdad para esos casos.

Justificó que dicha comisión busca que los casos de abusos sexuales nos se queden “únicamente en temas investigativos”.

Afirmó que, una vez sancionada la ley en la Asamblea Legislativa, la comisión de la verdad deberá ser conformada por su despacho y los ministerios de Gobierno y de Justicia, además de los presidentes de las Cámara de Diputados y de Senadores. También por la Fiscalía General, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Justicia, entre otras instituciones.

Experiencias

Si bien Ending Clergy Abuse expresó su satisfacción sobre la presentación del ante proyecto y la conformación de esa comisión, teme que dicha institución no se adecue a estándares internacionales. “Constituye una medida importante que pone de manifiesto la intención de reparar el daño de las víctimas y de garantizar la no repetición de estos hechos”, dijo en la carta.

Sugirió emular experiencias de Irlanda, Australia, Canadá y España, “a efecto de garantizar un acceso digno per, sobre todo, efectivo, a la justicia de manera independientes e imparcial por parte de las víctimas”.

Conocido el caso Pedrajas, el Ministerio Público conoció ocho denuncias sobre abusos sexuales en instituciones dependientes de la Compañía de Jesús. Los casos apuntan cuatro nombres: ‘Pica’ Pedrajas, Luis Roma Padrosa, Antonio ‘Tuco’ Gausset y Alejandro Mestre.

Otros dos casos se sumaron a las denuncias, coincidentemente en el colegio Juan XXIII de Cochabamba, donde trabajó por años Pedrajas. Dos compañeros de éste, Francesc ‘Chesco’ Peris y Carlos ‘Vicu’ Villamil (+) son señalados también de abuso sexual a niños.

ECA Global exigió al gobierno del presidente Luis Arce “actúe con contundencia, procurando primar el derecho de las víctimas, ante todo”.