Como persona jurídica, la Iglesia resulta responsable en los casos de abuso sexual a niños
El encubrimiento es el denominador común en casos de abuso clerical, señala Adalberto Méndez, de Ending Clergy Abuse (ECA Global), una organización mundial de víctimas de pederastia clerical.
Adalberto Méndez en un evento internacional en Rosario, Argentina, en 2022.
Si bien los abusos sexuales en el seno de una organización religiosa o la misma Iglesia Católica son de responsabilidad personal, al haber encubrimiento de los hechos la responsabilidad penal recae en esas instituciones.
Así lo consideró en la transmisión digital La Razón Radio el mexicano Adalberto Méndez, de Ending Clergy Abuse (ECA Global), una organización mundial de víctimas de pederastia clerical.
El abogado y activista de derechos humanos analizó la situación que derivó en el país de las develaciones del sacerdote pederasta Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, quien admitió que durante su misión pastoral en Bolivia, Ecuador y Perú abusó sexualmente de decenas de niños en instituciones educativas dependientes de la Compañía de Jesús.
“Hice daño a mucha gente (¿85?), demasiada”, admite el sacerdote jesuita en sus memorias Historia develadas el 30 de abril por el periódico español El País.
“En la discusión sobre el abuso clerical hay un argumento que no se habla: la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las iglesias son personas jurídicas”, concluyó Méndez en la entrevista.
“No solamente hay una responsabilidad justamente del agresor sexual, sino también de la persona moral, jurídica, que ha permitido ese encubrimiento”, insistió el especialista vía Zoom.
El caso Pedrajas desnuda poco a poco el encubrimiento de sus delitos por parte de algunos miembros de la orden religiosa. Él mismo admite en su diario que tuvo varios confidentes, entre ellos su compañero fallecido también Luis Tó González (+), Marcos Recolons y Ramiro Alaix, miembros en su momento en la Compañía de Jesús en Bolivia.
Además, el sobrino del cura pederasta, Fernando Pedrajas, dijo en entrevista con el rotativo español que se contactó con el director del colegio Juan XXIII, Luis Carrasco, de quien dijo que no quiso colaborar con la investigación de las denuncias. “Me dijo que él no conocía nada de esta historia y que, por tanto, él no estaba en disposición de poder ayudar”, contó.
Citó también al actual responsable de Ambientes Sanos de la orden, el sacerdote Osvaldo Chirveches. “Sí, Chirveches insistió mucho en que le enviara el diario. Pero yo no confiaba”, relató.
El sobrino del sacerdote había lamentado que su denuncia tampoco tuvo curso en la Arquidiócesis de Madrid, conde vive, menos en la Fiscalía, a la que —dijo— llevó el caso, pero lo archivó.
El mismo 30 de abril, la Compañía de Jesús de Bolivia admitió que conoció el caso y que instruyó su investigación en agosto de 2022. Las pesquisas internas terminaron el 4 de abril de este año y la conclusión fue la “verosimilitud del hecho denunciado”.
Además, expresó su pesar por las víctimas y vergüenza por la situación. Y prometió trabajar “por acabar con esta lacra”.
Al día siguiente suspendió a ocho provinciales con el fin de establecer “si hubo denuncias no atendidas en su momento” y expresó predisposición de colaborar con las investigaciones de parte de las autoridades competentes.
El caso Pedrajas —cuyas develaciones en 383 páginas fueron descubiertas por su sobrino— no había sido conocido sino luego del reportaje Diario de un cura pederasta publicado por El País.
En criterio de Adalberto Méndez, hay un denominador común en casos como el del jesuita que llegó a Bolivia en 1960 y murió en 2009: encubrimiento.
Lo explicó bajo tres características comunes. Dijo que la primera de ellas es la relación existente Iglesia-Estado. Eso permite “tejer estructuras de poder que evitan que un agresor o depredador sexual llegue a la justicia civil”.
En estos casos, el Estado acepta la remisión de los casos a la jurisdicción eclesial, “tomando en cuenta la existencia de tratados internacionales o concordatos”.
Es “el primer punto de encubrimiento”, que evita que la denuncia llegue a la justicia civil y penal.
La segunda compete a la misma jerarquía eclesial, que decide “mover y trasladar al clérigo a otra jurisdicción a efecto de que no se le pueda perseguir”.
Méndez dijo que eso es “altamente nocivo”, porque la Iglesia “está exportando abusadores a otras partes del mundo, con plena impunidad”, para que continúen cometiendo delitos.
En 1992, uno de los confidentes de Pedrajas, Luis Tó González (+), fue sentenciado a dos años de prisión en España —que no cumplió— por la violación de una niña de ocho años de edad en el colegio San Ignacio de Barcelona. Ese mismo año llegó a Bolivia a instancias del provincial de entonces, Marcos Recolons.
Su sentencia señalaba que no debía acercarse a menores. El miércoles, su orden aclaró que sobre Tó “se tuvo una supervisión y acompañamiento constantes”.
La tercera característica que expuso Méndez está vinculada al impacto público. “Las organizaciones religiosas y, particularmente, la Iglesia Católica tienen un mecanismo de respuesta rápida para matar el escándalo”.
Afirmó que lo que hacen es “tratar de buscar a las víctimas y llegar a acuerdos económicos en tiempo récord y de alta cuantía”.
El Vaticano juega mucho con su estatus de “sujeto atípico del derecho internacional público”.
El jueves, ECA Global difundió una carta pública al Gobierno de Bolivia en la que demandó actuar en el caso “con contundencia, procurando primar el derecho de las víctimas, ante todo”.
Además, recomendó que en la conformación de una comisión de la verdad las víctimas sean sus principales miembros. También cuestionó que el ministro de Justicia, Iván Lima, considere que es “un exceso” el dato de 85 víctimas de Pedrajas. Esto “revictimiza” a las víctimas, lamentó.