Si bien los abusos sexuales en el seno de una organización religiosa o la misma Iglesia Católica son de responsabilidad personal, al haber encubrimiento de los hechos la responsabilidad penal recae en esas instituciones.

Así lo consideró en la transmisión digital La Razón Radio el mexicano Adalberto Méndez, de Ending Clergy Abuse (ECA Global), una organización mundial de víctimas de pederastia clerical.

El abogado y activista de derechos humanos analizó la situación que derivó en el país de las develaciones del sacerdote pederasta Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, quien admitió que durante su misión pastoral en Bolivia, Ecuador y Perú abusó sexualmente de decenas de niños en instituciones educativas dependientes de la Compañía de Jesús.

“Hice daño a mucha gente (¿85?), demasiada”, admite el sacerdote jesuita en sus memorias Historia develadas el 30 de abril por el periódico español El País.

 “En la discusión sobre el abuso clerical hay un argumento que no se habla: la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las iglesias son personas jurídicas”, concluyó Méndez en la entrevista.

“No solamente hay una responsabilidad justamente del agresor sexual, sino también de la persona moral, jurídica, que ha permitido ese encubrimiento”, insistió el especialista vía Zoom.

El caso Pedrajas desnuda poco a poco el encubrimiento de sus delitos por parte de algunos miembros de la orden religiosa. Él mismo admite en su diario que tuvo varios confidentes, entre ellos su compañero fallecido también Luis Tó González (+), Marcos Recolons y Ramiro Alaix, miembros en su momento en la Compañía de Jesús en Bolivia.

Además, el sobrino del cura pederasta, Fernando Pedrajas, dijo en entrevista con el rotativo español que se contactó con el director del colegio Juan XXIII, Luis Carrasco, de quien dijo que no quiso colaborar con la investigación de las denuncias. “Me dijo que él no conocía nada de esta historia y que, por tanto, él no estaba en disposición de poder ayudar”, contó.

Citó también al actual responsable de Ambientes Sanos de la orden, el sacerdote Osvaldo Chirveches. “Sí, Chirveches insistió mucho en que le enviara el diario. Pero yo no confiaba”, relató.

El sobrino del sacerdote había lamentado que su denuncia tampoco tuvo curso en la Arquidiócesis de Madrid, conde vive, menos en la Fiscalía, a la que —dijo— llevó el caso, pero lo archivó.

El mismo 30 de abril, la Compañía de Jesús de Bolivia admitió que conoció el caso y que instruyó su investigación en agosto de 2022. Las pesquisas internas terminaron el 4 de abril de este año y la conclusión fue la “verosimilitud del hecho denunciado”.

Además, expresó su pesar por las víctimas y vergüenza por la situación. Y prometió trabajar “por acabar con esta lacra”.

Al día siguiente suspendió a ocho provinciales con el fin de establecer “si hubo denuncias no atendidas en su momento” y expresó predisposición de colaborar con las investigaciones de parte de las autoridades competentes.

El caso Pedrajas —cuyas develaciones en 383 páginas fueron descubiertas por su sobrino— no había sido conocido sino luego del reportaje Diario de un cura pederasta publicado por El País.

En criterio de Adalberto Méndez, hay un denominador común en casos como el del jesuita que llegó a Bolivia en 1960 y murió en 2009: encubrimiento.

Lo explicó bajo tres características comunes. Dijo que la primera de ellas es la relación existente Iglesia-Estado. Eso permite “tejer estructuras de poder que evitan que un agresor o depredador sexual llegue a la justicia civil”.

En estos casos, el Estado acepta la remisión de los casos a la jurisdicción eclesial, “tomando en cuenta la existencia de tratados internacionales o concordatos”.

Es “el primer punto de encubrimiento”, que evita que la denuncia llegue a la justicia civil y penal.

La segunda compete a la misma jerarquía eclesial, que decide “mover y trasladar al clérigo a otra jurisdicción a efecto de que no se le pueda perseguir”.

Méndez dijo que eso es “altamente nocivo”, porque la Iglesia “está exportando abusadores a otras partes del mundo, con plena impunidad”, para que continúen cometiendo delitos.

En 1992, uno de los confidentes de Pedrajas, Luis Tó González (+), fue sentenciado a dos años de prisión en España —que no cumplió— por la violación de una niña de ocho años de edad en el colegio San Ignacio de Barcelona. Ese mismo año llegó a Bolivia a instancias del provincial de entonces, Marcos Recolons.

Su sentencia señalaba que no debía acercarse a menores. El miércoles, su orden aclaró que sobre Tó “se tuvo una supervisión y acompañamiento constantes”.

La tercera característica que expuso Méndez está vinculada al impacto público. “Las organizaciones religiosas y, particularmente, la Iglesia Católica tienen un mecanismo de respuesta rápida para matar el escándalo”.

Afirmó que lo que hacen es “tratar de buscar a las víctimas y llegar a acuerdos económicos en tiempo récord y de alta cuantía”.

El Vaticano juega mucho con su estatus de “sujeto atípico del derecho internacional público”.

El jueves, ECA Global difundió una carta pública al Gobierno de Bolivia en la que demandó actuar en el caso “con contundencia, procurando primar el derecho de las víctimas, ante todo”.

Además, recomendó que en la conformación de una comisión de la verdad las víctimas sean sus principales miembros. También cuestionó que el ministro de Justicia, Iván Lima,  considere que es “un exceso” el dato de 85 víctimas de Pedrajas. Esto “revictimiza” a las víctimas, lamentó.

Una organización mundial de víctimas de pederastia clerical expresó su preocupación por declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, y el anuncio de conformación de una “comisión de la verdad” para el caso.

A través de una “carta abierta al Gobierno Bolivia”, Ending Clergy Abuse (ECA Global) se refirió al caso del sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas (+), sus connotaciones políticas y la necesidad de políticas públicas sobre el problema.

El 30 de abril, el periódico español El País publicó detalles de las memorias del religioso fallecido en 2019 en las que cuenta que abusó de decenas de niños en su misión pastoral en Ecuador, Perú y, especialmente, Bolivia.

“Hice daño a mucha gente (¿85?), demasiada”, admite en el documento personal Historia, entregado al rotativo español por su sobrino Fernando.

Investigación

Las develaciones derivaron en denuncias y una investigación, por ahora en reserva, del Ministerio Público, a instancias de la Procuraduría General del Estado y la colaboración e la Compañía de Jesús, orden a la que pertenecía Pedrajas.

En entrevista con radio Fides, el ministro Lima se refirió al caso y también al anuncio gubernamental de una comisión de la verdad. “Hacer afirmaciones sin tener documentación, sin tener prueba, sin tener investigación, puede ser un exceso”, dijo.

“Decir que hay 85 víctimas basado en un documento, que no sabemos cuál es la certeza que tiene hasta que no sea comprobada judicialmente, parece un exceso”, insistió.

En criterio de ECA Global, lo que dijo Lima “permite advertir, preocupantemente, un criterio poco objetivo sobre la situación que actualmente viven las víctimas”.

Imparcialidad

Además, consideró que esas declaraciones resultan “revictimizantes” y que ponen en cuestión “la imparcialidad de esta comisión de la verdad”. Pueden hacer “que pierda legitimidad tan loable esfuerzo del gobierno boliviano, pues un criterio sesgado y no imparcial, minaría la búsqueda de la justicia y reparación de las víctimas”, insistió.

El domingo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó que el anteproyecto de Ley de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niños, Niñas y Adolescentes, anunciado un día antes, establece la creación de una comisión de la verdad para esos casos.

Justificó que dicha comisión busca que los casos de abusos sexuales nos se queden “únicamente en temas investigativos”.

Afirmó que, una vez sancionada la ley en la Asamblea Legislativa, la comisión de la verdad deberá ser conformada por su despacho y los ministerios de Gobierno y de Justicia, además de los presidentes de las Cámara de Diputados y de Senadores. También por la Fiscalía General, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Justicia, entre otras instituciones.

Experiencias

Si bien Ending Clergy Abuse expresó su satisfacción sobre la presentación del ante proyecto y la conformación de esa comisión, teme que dicha institución no se adecue a estándares internacionales. “Constituye una medida importante que pone de manifiesto la intención de reparar el daño de las víctimas y de garantizar la no repetición de estos hechos”, dijo en la carta.

Sugirió emular experiencias de Irlanda, Australia, Canadá y España, “a efecto de garantizar un acceso digno per, sobre todo, efectivo, a la justicia de manera independientes e imparcial por parte de las víctimas”.

Conocido el caso Pedrajas, el Ministerio Público conoció ocho denuncias sobre abusos sexuales en instituciones dependientes de la Compañía de Jesús. Los casos apuntan cuatro nombres: ‘Pica’ Pedrajas, Luis Roma Padrosa, Antonio ‘Tuco’ Gausset y Alejandro Mestre.

Otros dos casos se sumaron a las denuncias, coincidentemente en el colegio Juan XXIII de Cochabamba, donde trabajó por años Pedrajas. Dos compañeros de éste, Francesc ‘Chesco’ Peris y Carlos ‘Vicu’ Villamil (+) son señalados también de abuso sexual a niños.

ECA Global exigió al gobierno del presidente Luis Arce “actúe con contundencia, procurando primar el derecho de las víctimas, ante todo”.

La Compañía de Jesús, cuya curia en La Paz fue allanada el miércoles por el Ministerio Público, recordó que entregó a las autoridades los legajos de tres casos de sacerdotes violadores vinculados a la orden.

Se trata de documentación relativa a los fallecidos Alfonso Pedrajas, entregada el 5 de mayo, y Luis Roma Padrosa y Alejandro Mestre, el 9 de mayo. “Dichos documentos están siendo ya utilizados por las autoridades para sus actos investigativos”, explicó la organización en un comunicado de prensa.

Un día después de la intervención de la Curia Provincial y el colegio San Calixto en La Paz, la Compañía de Jesús informó que brindó toda la colaboración y la documentación solicitada.

Colaboración

En coincidencia con el comunicado, la abogada de la orden, Audalia Zurita, dijo que dicha institución no se ha opuesto al precintado de esas oficinas.

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“Los archivos provinciales continúan a disposición para futuros requerimientos de la Fiscalía, como una muestra más de la voluntad institucional de cooperar en la búsqueda de verdad y justicia”, dice el comunicado.

El 30 de abril, el periódico español El País publicó su reportaje Diario de un pederasta, en el que contó las develaciones de Pedrajas, quien fue parte de la Compañía de Jesús en Bolivia entre 1960 y 2009, cuando falleció.

Develaciones

En sus memorias, Historia, el sacerdote cuenta cómo, durante su misión en Ecuador, Perú y, especialmente, Bolivia, cometió “pecados” y “meteduras de pata” a través de la violación a niños en centros educativos dependientes de la orden.

“Hice daño a mucha gente (¿85?), demasiada”, admite Pedrajas.

Sobre el caso se han publicado otros más, además de denuncias ante el Ministerio Público.

Lea aquí el comunicado de la Compañía de Jesús

El martes, la Compañía de Jesús informó que estableció la verosimilitud de las denuncias de abusos sexuales contra Roma Padrosa, quien abusó de niños en Charagua, Santa Cruz.

Otros casos

Si bien el caso data de 2019, el 1 de septiembre de 2022 la orden confirmó la verosimilitud del hecho, que luego fue de conocimiento de la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma, Italia.

El jesuita murió a los 84 años el 6 de agosto de 2019. “Padecía de demencia senil, hidrocefalia, problemas cardíacos y una hernia”.

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La semana pasada, el fiscal general del Estado Juan Lanchipa, informó que el Ministerio Público recibió ocho denuncias contra cuatro sacerdotes violadores. Además, de Pedrajas y Roma Padrosa, citó también a Mestre y a Antonio ‘Tuco’ Gausset.

Otras dos denuncias fueron conocidas más tarde: Francesc ‘Chesco’ Peris y Carlos ‘Vicu’ Villamil.

En total, son seis sacerdotes de la Compañía de Jesús, según registros de La Razón, involucrados en las denuncias por abuso sexual a niños y niños en centros dependientes de la orden.

“No es la Iglesia, son criminales que están en la Iglesia”, sentenció Andrés Einchmann, del colectivo Voces Católicas, en una conversación con Claudia Benavente, directora de La Razón. En el programa Piedra, Papel y Tinta, de la casa editorial.

Crítico y defensor de la Iglesia Católica a la vez, fustigó los casos de pederastia en el seno de la institución, aunque aclaró que la responsabilidad de los delitos es personal.

Las develaciones del sacerdote jesuita fallecido Alfonso Pedrajas, difundidas el 30 abril por el diario El País, también causan repercusión en la institución y sus allegados no religiosos.

“Hice daño a mucha gente (¿85?), demasiada”, reveló el cura fallecido en Bolivia en 2009.

Einchmann hizo un repaso histórico al problema y consideró que “antes de mediados del siglo XX no asoma algo parecido, no porque lo hayan tapado bien”. Desafió a revisar bibliografía e incluso películas, que no abordaban estos “defectos de eclesiásticos” antes de ese tiempo.

“En los años 90 nadie podía creer que pudiera ocurrir una monstruosidad de este estilo. Era algo increíble, porque los sacerdotes tenían un aura de virtud, perfección y autoridad”, dijo.

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En la Iglesia

En su criterio, a finales de los años 90 y principios de los 2000 A finales de los 90 y principios de los 2000, “era demasiado evidente” la denuncia de casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica. “Se vio que (el problema) no eran campañas mediáticas de linchamiento de la Iglesia, sino que era real: había abuso de menores. ¡Era de locos!”.

Recordó que en 2001, el entonces papa Juan Pablo II instruyó a Joseph Ratzinger —luego sucesor del pontífice— abordar el problema. Ahí surgió el informe Acerca de los delitos más graves (De gravioribus delictis), escrito junto con Tarcisio Bertone.

Dijo que un año más tarde, 2002, el Papa definió que “todos los casos (de abusos sexuales) tienen que ir a la justicia civil; no hay ningún tipo de fuero ni privilegio dentro de la Iglesia”.

Afirmó que a partir de entonces se instituyó procesos internos a los que se añadió también penas. Además, protocolos para la prevención del delito y la atención a las víctimas.

Informó que entre 2004 y 2014 llegaron a Roma 3.500 casos de sacerdotes abusadores, de los cuales 878 resultaron expulsados y más de 2.000 “eran ancianos, se los retiró de circulación; no podían tener presencia en ningún lugar con niños y jóvenes”.

“Son cifras grandes”, observó.

Vivimos “en una sociedad enferma”, en la que se abusa de niños y niñas en casa, donde no se puede alegar celibato, opinó.

Sobre esto último, concluyó:  “No hay un solo estudio que muestre una vinculación entre el celibato y los abusos sexuales; eso no está dicho”.

En alusión a la jerarquía de la Iglesia Católica, que pidió perdón por las víctimas de Pedrajas y se abrió a colaborar en la investigación, Einchmann ironizó con que haya “perdón con cárcel”.

Hasta ahora, como consecuencia de las develaciones del cura pederasta Alfonso Pedrajas, suman seis los casos de curas jesuitas denunciados. De violación en centros educativos de la Compañía de Jesús en Bolivia.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó de la existencia de ocho denuncias sobre el caso en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.

En esas denuncias, cuatro nombres de la orden son comunes:  Alfonso ‘Pica’ Pedrajas (+), Luis María Roma Padrosa (+), Antonio ‘Tuco’ Gausset y Alejandro Mestre.

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Denunciados

A esos se han sumado otros dos, que en los años 80 fueron allegados de Pedrajas y, coincidentemente, fueron parte de la dirección y del plantel docente del colegio Juan XXIII de Cochabamba. Señalado como la principal fuente de víctimas: Francesc ‘Chesco’ Peris y Carlos ‘Vicu’ Villamil.

Sobre estos dos últimos sacerdotes, la Compañía de Jesús informó este martes que, si bien ambos aparecen mencionados en el contexto de las denuncias e investigaciones realizadas en el caso Pedrajas y la documentación presentada por la orden al Ministerio Público. “Hasta la fecha no ha recibido ninguna denuncia directa de víctimas de estos sacerdotes”.

Sin embargo, informó de la suspensión de ocho provinciales que pudieron estar involucrados en el caso, sea como responsables o como encubridores.

(17/05/2023)