Aunque la Iglesia Católica ha activado ya mecanismos para investigar los presuntos abusos sexuales, el Gobierno, mediante el Viceministro de Seguridad Ciudadana, fue enfático en afirmar que la justicia canónica no reemplaza a la penal, que en el país tiene ya abiertas investigaciones contra religiosos.
“Por otro lado, hay que ser enfáticos que la justicia canónica no reemplaza la justicia penal”, expresó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos; en entrevista con Bolivia TV.
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Además de asegurar colaboración en las investigaciones de la Fiscalía, la Iglesia Católica confirmó el arribo al país del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y hombre de confianza del papa Francisco, Jordi Bertomeu. Asimismo, creo comisiones y abrió vías para recibir denuncias.
No obstante, el Gobierno ha informado que se buscará sanciones para los responsables de los vejámenes que son investigados; y que tienen como acusados a religiosos, tanto como presuntos autores como encubridores.
JUSTICIA CANÓNICA
Incluso, el Ministerio de Educación informó este martes que revisará los acuerdos con los colegios de convenio administrados por la Iglesia Católica; dado que varios de los abusos se habrían cometido en centros de enseñanza.
“Exigimos que se aplique todo el peso de la ley porque no podemos permitir este tipo de hechos aberrantes por parte de quienes están administrando nuestras unidades educativas de convenio”, expresó el ministro de Educación, Édgar Pary.
El Gobierno aseguró también que el presidente Luis Arce enviará una carta al Papa Francisco; en la que, entre otros, pide acciones concretas, acceder a los antecedentes de sacerdotes que están en el país; y se reserva el derecho de admisión a religiosos que pretendan ingresar al territorio nacional.
“Lo primero que se quiere, para poder reparar el daño a las víctimas, (es) iniciar los procesos judiciales para que se pueda sentar precedentes y dar justicia”, dijo Ríos.
Las investigaciones fueron motivadas por la publicación del diario del fallecido sacerdote español jesuita, Alfonso Pedrajas; en el que admite al menos 85 violaciones en su paso por centros educativos, entre ellos el Juan XXIII de Cochabamba. Desde entonces, otras denuncias surgieron e incluso un cura en Tarija se encuentra a la cárcel con detención preventiva acusado de delitos sexuales.