A casi 13 años de la promulgación de la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, en octubre de 2010, de 100 denuncias, más de 90 son archivados. Solo tres casos denunciados concluyeron con sentencia.
El informe fue brindado ayer por el director general de Lucha Contra el Racismo y la Discriminación, Ivar Villarroel. Quien reconoció que existen fallas estructurales en la aplicación de la norma. Así, varios casos se quedan sin investigación, otros son desestimados y los que continúan, se dilatan.
“El Tribunal Supremo de Justicia nos ha compartido información y se ha evidenciado que de 100 denuncias que se presentan. Más de 90 terminan archivadas, sin investigación, desestimadas, no continúan los procesos. No se llega a una investigación objetiva”, dijo el funcionario en una entrevista en La Razón Radio.
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Ley
De acuerdo con datos de esa dirección, en 2021 se ha logrado registrar 93 denuncias; 82 en 2022. De enero a abril hubo 31 denuncias presentadas en el ámbito penal y administrativo.
“En estos casos se ha visto ejemplos en los cuales se ha destituido a servidores públicos que han cometido actos de racismo y discriminación. También docentes universitarios, directores de entidades públicas han sido sancionados en la vía administrativa y han sido destituidos”, dijo Villarroel.
Explicó que la mayoría de los casos involucran al sector educativo y luego la Policía, que es la entidad más denunciada.
Para la autoridad, la cantidad de denuncias es una señal de que la población tiene más conciencia de la vulneración de los derechos y de la vigencia de plataformas para reportar los hechos.
Antecedentes
El sábado 24 de mayo de 2008, Sucre vivió una jornada de violencia marcada por la humillación a un grupo de campesinos capturado por una turba de seguidores del opositor Comité Interinstitucional. Fueron obligados a marchar semidesnudos en medio de agresiones físicas y verbales, a arrodillarse y besar el suelo frente a la Casa de Libertad.
Ese día debía llegar a la capital el entonces presidente Evo Morales. Los campesinos se organizaron para recibirlo, mientras que el otro frente se concentró en el lugar y se movilizó en diferentes arterias con la finalidad de evitar e impedir el arribo presidencial.
Hubo enfrentamientos en varios puntos. Tomaron 25 rehenes hasta la Plaza 25 de Mayo. Semidesnudos, los campesinos fueron obligados a marchar por calles de Sucre en medio de agresiones de una turba de la que formaban parte universitarios, cívicos y otros. En la Plaza fueron obligados a besar el piso frente a la Casa de la Libertad.
A partir de lo ocurrido, el Gobierno elaboró y promulgó, tras su aprobación legislativa, la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Paralelamente fue iniciado un juicio contra hoy varias exautoridades que estuvieron en las movilizaciones.
Ocho años después, en 2016, la Justicia dictó sentencias a seis años de cárcel para Jaime Barrón, Jhon Cava, Savina Cuéllar, Fidel Herrera, Aydeé Nava, Epifania Terrazas, Jamill Pillco, Antonio Jesús, Álvaro Ríos, Franz Quispe, Cristian Flores, Juan Zambrana, Flavio Huallpa.
Empero, los sentenciados no entraron a la cárcel porque sus penas eran irrisorias y sus sentencias ya habían prescrito, explicó Villarroel.
El funcionario explicó que las víctimas presentaron recursos ante instancias internacionales, para buscar que los hechos ocurridos ese 24 de mayo de 2008 no queden en la impunidad.
(24/05/2023)