Jeanine Áñez acaba de publicar un libro de memorias (editorial El País) sobre su autoproclamación en 2019. Jeanine, de puño y letra decidió titularlo. El texto de 213 páginas fue prologado por el expresidente de Colombia Andrés Pastrana, quien, en sus comentarios sobre la impronta de la mujer la llama “mártir de la democracia”.

De todos modos es un registro histórico y hasta confesión de parte, que devela, en su versión, pormenores de su llegada al poder que, en su criterio, respondió a la “línea de sucesión”. Aunque la delata cierta mala memoria, como el capítulo en el que cuenta que no recuerda a quiénes contestó las llamadas cuando le propusieron ser presidenta, salvo Ricardo Paz y Fernando Roca, “a nombre de Fernando Camacho”. No recuerda también el nombre del comandante que la recibió en el Colegio Militar, cuando el 11 de noviembre de 2019 fue transportada en un helicóptero oficial al recinto militar desde El Alto, con la seguridad presidencial. Menos sabe “quiénes eran ni quién los envió” sobre los militares de la Fuerza Aérea que al llegar de Trinidad a El Alto le dijeron que tienen que trasladarla a la academia militar.

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Tampoco recuerda con quiénes se reunió al mediodía de ese lunes en el hotel Casa Grande, en La Paz, donde la esperaba Camacho. Citada en el libro y aludida en ese lugar, Nadia Beller la desmiente y dice que “no estaba en ese hotel, mucho menos en la reunión a la que hace referencia”. Hasta le pide a Áñez que debería hacer un fe de erratas.

Sin embargo, el capítulo que más interesa es el relativo a la llegada al poder de Áñez. “No busqué la Presidencia, me tocó asumirla”, admite la exmandataria, sentenciada a 10 de prisión por ese hecho.

Aunque no lo había mencionado en la argumentación de su proclamación, en aquella sesión sin quorum ni asistencia de la fuerza mayoritaria del MAS del 12 de noviembre, Áñez invoca en el libro el comunicado —no una resolución, menos una sentencia o un auto constitucional— del Tribunal Constitucional de ese día, en el que dicho órgano, de manera difusa, hizo referencia a la sucesión “ipso facto”. En realidad, ese comunicado no se refería al caso específico de sucesión que se atribuyó Áñez, sino que evocó la Declaración Constitucional 0031/2001, bajo dos condiciones que Áñez y los defensores de la “constitucionalidad” (Carlos Mesa acuñó: “sucesión impecable”) de su proclamación no quieren discutirlas: dicha sucesión “ipso facto” fue atribuida al “Vicepresidente de la República” y que “cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”.

“Procedimos conforme a las directrices”, dice sin sonrojarse Áñez.

Salvo por la instalación del relato, sea por la hegemonía mediática y el predominio de las fuerzas minoritarias de entonces, Áñez insiste en reivindicar su posición en la “línea de sucesión” sin haberle correspondido. Si bien entonces también habían renunciado el vicepresidente Álvaro García y los presidentes de las Cámaras de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda, ameritaba, según reglamento, la recomposición de las directivas camarales en función de mayorías y minorías, más de la primera. Áñez y sus acólitos no lo entendieron así, ni hicieron el esfuerzo supremo e imperativo, en aras de la democracia que tanto invocan, por conseguir la instalación de la Asamblea Legislativa, para la lectura y aprobación de las renuncias, y la definición de una sucesión impecable, como la de Jorge Quiroga en 2011, de Mesa en 2003 y de Eduardo Rodríguez en 2005.

Esta descripción no es nueva. Por algo la sentencia contra Áñez argumenta incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

O se cumple o no la Constitución, no hay medias tintas, como entonces quiso hacer creer Waldo Albarracín, uno de los tantos asistentes a las reuniones extralegislativas en la Universidad Católica que se decantaron por Áñez, que dijo que las discusiones pretendían una sucesión “lo más cercana posible a la Constitución”.

Lo de Áñez no fue sucesión constitucional ni ellas es “mártir de la democracia”, como la bautiza Pastrana. Una acción en la que la otrora senadora incurrió no es más que una irrupción de facto en el poder. “Ni en sueños imaginé que yo pudiera llegar a la Presidencia”, dice en el libro. Es que no la correspondía.

Hubo entonces ruptura constitucional. Y sin eufemismos, hubo golpe de Estado, cuya consumación tuvo como antecedente las acciones conspiratorias de Camacho y la consecuencia de las masacres de Sacaba y Senkata. Que la memoria no nos traicione.

(*) Rubén Atahuichi es periodista

En torno a las consideraciones del caso del “narcoenvío” a España, el ministro de Justicia, Iván Lima, llamó la atención a los medios de comunicación y periodistas sobre la información que procesa sobre la materia.

En medio de una rueda de prensa improvisada, la autoridad respondió una serie de preguntas sobre distintos temas, entre ellas el caso que alude a la empresa Boliviana de Aviación (BoA). Se trata del envío desde el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, de 478 kilos droga a Madrid, España, el 11 de febrero.

Cuatro personas fueron aprehendidas en el caso, entre ellas dos resultaron derivadas a la cárcel de Palmasola en condición de detención preventiva.

Una periodista preguntó por qué “las autoridades competentes” no investigaron del hecho cuando conocía “desde marzo” y por qué el país tuvo que “enterarse después de tantos meses”. “Todos estos testimonios tienen que ser contrastados y tomarse decisiones serias dentro de un proceso”, respondió Lima.

Juicios a tribunales

Sin embargo, el ministro consideró que “el país está molesto porque (este caso) se haya vuelto en escenario de litigio en los medios”. “Con respeto, compañeros de la prensa, los juicios se definen en los tribunales, no se definen frente a las cámaras y los micrófonos”, observó Lima.

“Algo que tiene que darnos seriedad en el país es descartar el rumor, el chisme o los trascendidos, y basarnos en pruebas, en elementos objetivos”, insistió el ministro.

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En su criterio, las investigaciones del caso se encuentran en la fase inicial. Dos funcionarios de BoA, Diego V. y Freddy C., fueron enviados con detención preventivas de seis meses en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz. Éstos fueron señalados por retirar los precintos de un contenedor para ingresar en el avión 12 cajas de cartón que contenían “ladrillos” de cocaína.

Más aprehendidos

Otros dos fueron aprehendidos en las últimas horas, según informó este martes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Y al mediodía de este martes BoA y Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) “separaron” y “desvincularon”, respectivamente, a sus jefes regionales en Santa Cruz, para facilitar las investigaciones.

“Estamos en un momento inicial, dejemos trabajar a la Fiscalía y al Órgano Judicial, y van a ser las sentencias y los requerimientos los que determinen la información precisa”, exhortó Lima a los periodistas.

El caso ha sido declarado en reserva. Fue descubierto por la Agencia Tributaria y de Aduana de España, que reveló la existencia de carga internacional no declarada desde Bolivia.

Indignada por el desistimiento de las familias de policías y un civil ejecutados en Porongo en 2022, la otrora abogada de las víctimas, Jessica Echeverría, denunció que en la transacción “grotesca” a favor del acusado Misael Nállar, y con dinero de por medio, están implicados jueces, abogados y periodistas.

“¿Qué hace un juez hablando a nombre de una persona que está imputada por asesinar a policías? ¿Qué hace un abogado de las víctimas que tendría que defender a las víctimas buscando transar? ¿Qué hace una periodista?”, cuestionó en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Echeverría fue contactada por el abogado Juan Pablo Ibáñez para ser parte de la defensa de los familiares de los policías Eustaquio Olano y Alfonso Chávez, y el voluntario José David Candia, del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), acribillados en Porongo el 21 de junio de 2022.

Por el caso, acusado del delito de ganancias ilícitas, Misael Nállar. Éste fue detenido en Santa Cruz y trasladado el 25 de junio de ese año a La Paz, donde guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro.

Desistimiento

El jueves 1 de junio sorprendió la conferencia de prensa del fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, quien informó que los familiares de las víctimas acordaron con Nállar su desistimiento sobre la denuncia.

“Dentro el caso CUD 701402172200943, seguido a denuncia de oficio en contra de Misael Nállar Viveros y otros por la presunta comisión de los delitos de asesinato (…) a efectos de presentar de manera libre y voluntaria el desistimiento del presente proceso penal a favor de Misael Nállar Viveros”, dice el acta.

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En criterio de Echeverría, ese acuerdo de transacción es “demasiado grotesco”. “En pocas palabras, nos están diciendo que Misael Nállar es una hermanita de la caridad, de las carmelitas descalzas y alma noble y buena”, protestó en Piedra, Papel y Tinta.

Contó que el día del desistimiento, una persona allegada a Nállar le llamó a las 13.00 para ofrecerle dinero con el fin de que se aparte de la causa. “Me dicen ‘no queremos siquiera tu firma, solamente queremos que salgas del caso’”, aseguró.

Oferta de dinero

La abogada dijo que le ofrecieron “cierta cantidad” de dinero y le pidieron “hacerse a la loca, deja el caso”. Relató sorprendida cuando dos horas después, a las 15.00, le llega el video de la conferencia de prensa de Mariaca, en la que se anunciaba el desistimiento.

Echeverría relató que le llamó un abogado, “en ese momento en negociaciones con un juez, que estaba hablando a nombre de Nállar para que la familia llegue a un desistimiento y había una oferta de cierta cantidad por cabeza y por familia, por así decirlo”.

“Antes, igual otros abogados habían mandado a decirme, incluso una periodista”, recordó.

Consultada sobre quién es la periodista que quiso mediar en la oferta, se abstuvo de nombrarla. “Muchos periodistas en Santa Cruz estaban coordinando con la gente de Nállar”, reveló.

Otra vez consultada sobre si esa información es cierta o suposición, Echeverría, dijo que “no es subjetividad, es totalmente cierto”.

“No puede ser que aquí estén metidos jueces y periodistas”, insistió.

Caso en riesgo

Afirmó que por eso el caso Nállar está terminando y diluyéndose. Sin embargo, afirmó que “Misael Nállar sabe que no puede comprar a todos”.

“El caso va a quedar en nada”, supuso.

Aclaró insistentemente que ella no participó de las negociaciones ni del desistimiento de los familiares de las tras víctimas. “Yo siempre le dije, también a la familia, que no transo, no negocio y llego hasta el final”, sentenció Echeverría.

Se consideró una “piedra en el zapato” en el caso. “Yo tendría que recibir garantías del Estado”, reclamó.

Aún en reserva el caso, cinco sacerdotes de la Compañía de Jesús son investigados por presunto encubrimiento de abusos sexuales clericales en el país, que, en el caso de La Paz, apuntan a otros tres curas ya fallecidos.

La develación de las memorias del sacerdote jesuita fallecido Alfonso Pedrajas Moreno —que vivió en Bolivia entre 1961 y 2009— en el diario español El País derivó en una investigación judicial, cuyo foco es la orden religiosa dependiente de la Iglesia Católica.

“Hice daño a mucha gente (¿85?), demasiada”, admite el sacerdote español en sus escritos que tituló Historia, de 383 páginas, cuyos extractos publicó el rotativo en su reportaje Diario de un cura pederasta, el 30 de abril.

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Investigados

Pedrajas, entonces conocido como padre ‘Pica’, abusó de niños en colegios y hogares dependientes de la Compañía de Jesús en Ecuador, Perú y, especialmente, Bolivia. El colegio Juan XIII de Cochabamba fue la principal fuente de las víctimas del religioso.

Según informó a La Razón la abogada de la orden en La Paz, Audalia Zurita, Pedrajas fue denunciado en cinco casos. En tanto que Alejandro Mestre Descals, entre 1980 y 1981 secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), en uno (en 1961 abusó de un estudiante del colegio San Calixto de La Paz). Un tercer acusado, Luis María Roma Padrosa (se caracterizaba por tomar fotografías y videos a sus víctimas en Charagua y otras parroquias), fue señalado en un caso.

El 25 de mayo, la Compañía de Jesús informó que Jorge Vila Despujol, fallecido en 2012, también fue implicado en un caso

Otros cuatro sacerdotes también fueron acusados por otras víctimas en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, especialmente. Se trata de Antonio ‘Tuco’ Gausset, Francisco ‘Pifa’ Pifarré, Carlos ‘Vicu’ Villamil y Francesc ‘Chesco’ Peris. Sobre estos dos últimos, la Compañía de Jesús informó el 16 de mayo que no recibió “ninguna denuncia directa de víctimas de estos sacerdotes”.

A través de sendos informes, la Delegación de Ambientes Sanos estableció la “verosimilitud” de las denuncias contra Pedrajas, Mestre y Roma. Coincidentemente, muchos de los casos fueron considerados por provinciales, los jefes máximos de la orden, y los delegados de aquella oficina. Cinco de ellos son investigados en calidad de sindicados por presunto encubrimiento de abusadores.

Zurita recordó a La Razón los nombres de Bernardo Mercado, Oswaldo Chirveches, Marco Recolons, Ignacio Suñol, Ramón Alaix y Arturo Moscoso.

Muchos de ellos investigaron algunas denuncias y determinaron su veracidad. Los fallos siempre eran derivados a la Curia General de la Compañía en Roma.

Es el caso de Suñol, que investigó las denuncias contra Roma.

Otro provincial y delegado de Ambientes Sanos que recibió denuncias e investigó los casos fue el sacerdote Osvaldo Chirveches, que al inicio del escándalo Pedrajas era el vocero de la orden.

Pedrajas

El 4 de abril de este año, a través de un informe, su oficina corroboró las denuncias contra Pedrajas. Al día siguiente, inició la investigación de otro caso.

El sobrino de Pedrajas, Fernando, develó a El País que informó de las denuncias de pederastia a Chirveches. “Chirveches insistió mucho en que le enviara el diario. Pero yo no confiaba”, contó. 

Según el exjesuita Pedro Lima, los “peores” encubridores eran Recolons y Alaix. Sobre este último, recordó que, una vez, ante las denuncias le respondió que “lo trapitos sucios se lavan en casa”.

El presidente de la Asociación de Alumnos Antiguos del Juan XXIII, Hilarión Baldiviezo, involucró a Mercado y Moscoso, de quienes dijo que conocieron las denuncias en 2022, pero no hicieron nada para resolverlas.

La lista es más amplia con otros casos en el resto del país.

(05/06/2023)

El expresidente Evo Morales (2006-2019) lamentó que el gobierno del presidente Luis Arce “proteja a ministros” y se preguntó a dónde llevará al país “la corrupción y protección al narcotráfico”.

Las declaraciones del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) suceden al descubrimiento de un cargamento de droga en un avión de Boliviana de Aviación (BoA) en Madrid, España. Dos empleados de la empresa estatal fuero derivados a prisión por el envío, en febrero de este año, de 478 kilos de cocaína.

“No se a dónde nos va a llevar como país la corrupción y protección al narcotráfico (sic)», afirmó en su cuenta de Twitter Morales.

https://twitter.com/evoespueblo/status/1665358656324485125

«Lamentamos que se proteja a ministros con la única condición de que ataquen a nuestra dirigencia nacional”, complementó Morales, asiduo crítico del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Narcotráfico

El sábado, la jueza cautelar Livia Alarcón dictó detención preventiva para Diego V. y Freddy C., supuestamente implicados en el traslado de la mercancía ilícita, en el penal de Palmasola, en Santa Cruz.

Del Castillo presentó la denuncia el jueves, en una conferencia de prensa en Santa Cruz. “Sabemos que estas dos no son las únicas personas involucradas, las investigaciones a la cabeza del Ministerio Público continuarán”, afirmó.

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“Quiero ser claro al decir que, si existe personal policial, civil o de cualquier institución estatal involucrado en esto, tendrán que responder ante las instancias judiciales correspondientes”, advirtió.

En las últimas semanas, el gobierno de Arce fue cuestionado por el caso de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA). Su otrora titular, Juan Santos, guarda detención preventiva acusado de legitimación de ganancias ilícitos.

Coimas

El Ministerio Público investiga denuncias de cobro de coimas en ese ministerio. Una testigo clave contó que ella se encargaba de recaudar fondos para el exministro y que al menos tiene documentos de 29 bienes inmuebles comprados con esos recursos.

Morales insistió en que no forma parte del Gobierno actual, aunque el presidente Arce fue elegido como candidato del MAS en las elecciones generales de 2020. “Reiteramos por responsabilidad ante el pueblo que el MAS-IPSP no está en el gobierno”, aseguró.