Después de más una década de comenzar el proceso penal en contra de los responsables de la compra de barcazas chinas que causó grave daño económico al Estado, el 29 julio de 2022 el Tribunal Segundo de Sentencia de la ciudad de La Paz emitió sentencia condenatoria contra 21 acusados dentro del caso.
En una entrevista, en el programa Piedra Papel y Tinta, de La Razón, la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, habló sobre las sentencias que tramitó la dependencia que dirige desde 2020 y afirmó que en 2021 se logró 16 sentencias y 55 en 2022, entre ellas el de la del caso Barcazas Chinas.
“Uno de esos casos, por ejemplo, en la gestión pasada, es el caso de Barcazas chinas que ya tiene sentencia condenatoria y no le han dado mucha importancia”, dijo la funcionaria.
El caso se remonta a 2009, cuando el entonces gerente de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Freddy Ballesteros, pagó cerca de $us 21 millones para su compra y traslado al país, sin una boleta de garantía. Sin embargo, los navíos no llegaron a Bolivia y el caso generó una deuda por almacenaje de los equipos.
La empresa coreana General Marine Business (GMV Inc.) fue contratada, pero ante la imposibilidad de cumplimiento transfirió la obligación del contrato a un astillero chino, donde las barcazas estuvieron a punto de ser embargadas por las deudas de la compañía que administraba el puerto.
El equipamiento naval se deterioraba por las condiciones climatológicas a las que estaba expuesto.
El proceso fue instaurado por la compra irregular de 16 barcazas chinas y dos empujadores con una inversión de $us 21 millones, que causo un grave daño económico al Estado.
La Justicia halló responsabilidad en el exgerente general de Enabol Freddy Ballesteros, quien recibió una sentencia condenatoria por la comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, con una pena privativa de libertad de nueve años.
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Carlos Hurt fue condenado a privación de libertad por 12 años, por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, contratos lesivos al Estado, y asociación delictuosa.
Los otros 19 acusados restantes fueron sentenciados con pena privativa de libertad de acuerdo con su accionar y grado de participación, con penas privativas de libertad que van de uno a nueve años, más el pago de costas a favor del Estado.
Mientras que algunos de los imputados fueron declarados rebeldes, como es el caso de los cuidadores de origen asiático, así como de la exdirectora jurídica de Enabol Carmen Rosa Gámez.