El director del Servicio de Registro Cívico (Serecí), Javier Hinojosa, informó que ahora las parejas del mismo sexo podrán legalizar su unión bajo las mismas condiciones que las parejas heterosexuales en el país.
En entrevista con La Razón Radio, explicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) modificó el Reglamento de Uniones Libres para que las parejas del mismo sexo legalicen su unión. Esta norma antes preveía el registro de uniones de personas únicamente de distintos sexos.
“Antes solamente existía un amparo de resoluciones jurisdiccionales para parejas del mismo sexo, ahora existe una base normativa para que el Serecí atienda estas solicitudes”, señaló Hinojosa.
La norma incorporó una redacción general y sin especificaciones en relación al sexo. Y, en el marco jurídico, el Serecí deberá actuar en función a las disposiciones. Sin embargo, estas modificaciones no contemplan el acceso a la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Desde el 2020 hasta la actualidad, el Serecí registró al menos 47 inscripciones de uniones libres de parejas del mismo sexo.
El Reglamento de Uniones Libres fue modificado el 22 de junio, según la resolución TSE-RSP-ADM N° 0175/2023, luego de haberse notificado a Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con la Sentencia Constitucional 0577/2022 que emitió el TCP.
Analistas advierten ‘desorden institucional’ que pone en riesgo las elecciones de 2025
Los analistas Mercado, Ortuño y Peña consideran que la crisis del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha derivado en un desorden institucional que arriesga la gobernabilidad y las elecciones de 2025.
Analistas en Piedra, Papel y Tinta. Foto: La Razón.
El país se encuentra frente a un desorden institucional “tan grande” entre los cuatro órganos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) que un poder puede decirle a otro que no cumpla sus propias normas y eso pone en riesgo, incluso, las elecciones generales de 2025.
Dichas consideraciones fueron expuestas por el economista Armando Ortuño, el abogado Vladimir Peña y el comunicador y analista político Manuel Mercado en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
A poco más de un año de las elecciones generales, la Asamblea Legislativa no logra encaminar las elecciones judiciales y tampoco debate su agenda, esto debido a decisiones judiciales y la división de las fuerzas políticas que la componen.
La más grave de las crisis políticas la sufre el Movimiento Al Socialismo (MAS), que impide consensos y la viabilidad de proyectos de ley emanados desde el Órgano Ejecutivo.
Ortuño consideró que la crisis interna del MAS afecta la gobernabilidad del país y pone en riesgo a las elecciones de 2025, debido a que, en su criterio, afecta la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que la población y actores políticos deberían cuidar.
El MAS atraviesa por una profunda crisis desde septiembre de 2022, cuando el expresidente Evo Morales denunció un “plan negro” en su contra, según dijo, impulsado por el gobierno del presidente Luis Arce.
Desde entonces se conformaron dos facciones, una formada por afines a Arce (arcistas o renovadores) y otra, por los seguidores de Morales (evistas o radicales).
En medio de la constante pulseta, las facciones arcista y evista intentan llevar adelante sus congresos por separado para elegir a su nueva dirección nacional; para ello, solicitaron la supervisión del TSE. Sin embargo, este órgano rechazó ambas solicitudes por incumplimiento del artículo 13 de su estatuto orgánico.
No obstante, la facción arcista presentó un amparo ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuya instancia falló a su favor y ordenó una medida cautelar que instruye al TSE acompañar el congreso convocado por el ala arcista que se realiza entre el 3 y el 5 de mayo en El Alto.
La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció una intromisión del Órgano Judicial tras el fallo que le obliga a supervisar el congreso, aunque lo hará de manera “provisional y excepcional”.
Al respecto, Peña aseguró que el conflicto del partido oficialista ha tocado la institucionalidad de los órganos del Estado. En su criterio, Arce se está defendiendo a través de mecanismos del Estado y advirtió que Morales, en respuesta, puede recurrir a las calles.
En coincidencia, Mercado afirmó que, en política, recurrir a los jueces es una mala estrategia, que, a largo plazo, podría tener efectos negativos para el país. Por ejemplo, la desconfianza y ausencia de credibilidad del Órgano Electoral que es, finalmente, la única vía democrática que da solución a las diversas crisis.
“Ya no estamos discutiendo el conflicto del MAS. Va más allá del problema y eso genera escenarios de riesgo en la institucionalidad democrática”, acotó Ortuño.
Peña lamentó que la intervención de un órgano sobre el otro afecte a la democracia. Según el jurista, “hay mucho ruido, humo, polarización y confrontación» sobre los fallos de salas constitucionales de distintos departamentos.
Afirmó que “el ADN” del MAS es operar a través de fallos y jueces. Recordó que, en 2016, Morales desconoció un referéndum en el que perdió y, posteriormente, fue habilitado como candidato a través de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Ese mismo año, el magistrado del TCP Macario Cortez explicó que se decidió «declarar la aplicación preferente» de los derechos políticos por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta.
El fallo se produjo, debido a que el MAS presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos consecutivos.
«(Luis) Arce está haciendo lo mismo que (Evo) Morales», dijo sobre la obligatoriedad de supervisión al congreso.
Mercado coincidió con Peña e indicó que Morales no solo ignoró el referéndum, sino que intentó volver la reelección un derecho humano a través de ciertas modificaciones a la Constitución. “Gravísimo error”.
También, recordó que el TCP, en 2019, “avaló” la sucesión de Jeanine Áñez a través de un comunicado, luego del derrocamiento y salida del país de Morales rumbo a México.
El 12 de noviembre de ese mismo año, el TCP emitió un comunicado en el que invocó la Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001, con la que ese año el entonces vicepresidente Jorge Quiroga blindó su sucesión ante el dimisionario presidente Hugo Banzer.
Áñez y la oposición entendieron que ese comunicado validaba la sucesión de la senadora del partido Unidad Demócrata (UD).
“El TCP le dio legalidad a un gobierno y dio legalidad a acciones como sacar a los militares a las calles con un Decreto Supremo (4078) que permitía el uso de la violencia”, rememoró Mercado.
Por ello, afirmó que la política está transcurriendo por encima del Estado y sus poderes. “Eso significa que la política se ha salido de los márgenes y límites de los poderes que están muy debilitados”.
Ortuño consideró que la crisis institucional está llevando al país a una situación de ingobernabilidad que afecta la capacidad del Gobierno de afrontar la crisis económica, la escasez de dólares, litio, carburantes, exportaciones y empleo.
“Todo eso afecta en nuestra vida cotidiana”, añadió.
En su criterio, el país “se está paralizando» y aquello incide en la cotidianidad de los ciudadanos. Hizo referencia al bloqueo en la Asamblea Legislativa que no tiene la capacidad de consumar acuerdos para aprobar leyes o establecer una agenda parlamentaria.
Para salir del estancamiento institucional, Peña planteó una agenda de “regeneración democrática” y evitar que la política utilice la Justicia para una intromisión en las decisiones políticas y la institucionalidad del país.
Por su parte, Ortuño reclamó que, a partir de los fallos, cualquier juzgado podrá definir cualquier cosa sobre temas electorales. Advirtió que el país está ingresando en un proceso de «repolarización».
“Es una ilusión creer que a punta de sentencias se va a eliminar a Evo Morales. A lo único que nos llevará es a que en dos años sigamos en un conflicto que afectará la gobernabilidad”, dijo.
De ese modo, llamó a la población a proteger al Órgano Electoral y recomendó a los partidos políticos —MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— a encontrar acuerdos mínimos para que el país funcione. “Hasta las elecciones son inciertas”, advirtió.
En conclusión, Ortuño consideró que el TSE tiene la responsabilidad de tomar “decisiones difíciles” y acudir a la opinión pública cuando se vea vulnerado.
Bolivia atraviesa por una crisis política, económica y judicial. Las bancadas de la Asamblea Legislativa no encuentran consensos para aprobar leyes por sus disputas internas.
La situación económica es complicada por la falta de divisas y la caída de la producción de carburantes. Y, el proceso de elecciones judiciales fue paralizado por una resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando.
Salame presenta un proyecto para que la Asamblea reanude el proceso de preselección
El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando) dio curso a una acción popular que dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame presentó un proyecto de ley ante la Comisión Mixta de la Cámara de Senadores y solicitó la convocatoria a una sesión para reanudar el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales con una propuesta de “cumplimiento” de la Ley 1549, que fue declarada constitucional con la Sentencia 0049/2023.
El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando) dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las judiciales.
En entrevista con La Razón Radio, Salame afirmó que la medida es “un avasallamiento de poderes” y que, por ello, su equipo hizo un análisis para ponderar la validez de las resoluciones de los tribunales.
“Indudablemente, hemos dado con la solución y es que la Asamblea emita una resolución suponiendo a la prosecución de la preselección judicial con base al principio de ‘erga omnes’”, añadió.
Erga onmes es una locución que significa de cumplimiento obligatorio y aplicabilidad de una norma, acto o contrato.
Para Salame, los legisladores deben aprobar una resolución que establezca el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 060/2023 y la Declaración Constitucional 0049/2023, ambas emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La Sentencia 060/2023, del 31 de julio de 2023, dejó en fojas cero los comicios e instó a la Asamblea a realizar una ley de convocatoria.
El TCP emitió, el 11 de diciembre, la Declaración 0049/2023, que dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.
Según la legisladora, si bien la determinación de la Sala Constitucional Primera de Pando dispuso la anulación del proceso de preselección y la inaplicabilidad de la Ley 1549, la misma entra en contradicción con la 0060/2023 y la 0049/2023 que son de obligatorio cumplimiento para la Asamblea.
Aseguró que los asambleístas deben hacer cumplir la sentencia y la declaración. Contó que la Comisión Mixta de Justicia Plural convocó a sesión el lunes, mientras que la Comisión Mixta de Constitución todavía no se pronunció.
Advirtió que, si las comisiones no analizan el proyecto de ley para reanudar las elecciones, Salame enviará una carta al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para que él convoque al pleno y se tome la decisión de seguir con el proceso de preselección.
Las elecciones están en foja cero por decisión de un tribunal de Pando. Mientras duraba el proceso de preselección, también se presentaron algunas trabas, como amparos constitucionales y la ausencia de mujeres e indígenas.
Chávez denuncia que Campero, que falló a favor del MAS arcista, es también juez en la OEA
“Israel Campero ejerce su cargo magistrado en la OEA y a la vez es presidente de la Sala Constitucional de La Paz. Esto no puede ser posible”, reclamó Wilfredo Chávez.
Wilfredo Chávez en Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco
Wilfredo Chávez, exprocurador y abogado del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció que el presidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz, Israel Campero, también ejerce funciones como titular del Tribunal Administrativo en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, por ello, incurre en incompatibilidad de funciones.
“Israel Campero ejerce su cargo magistrado en la OEA y a la vez es presidente de la Sala Constitucional de La Paz. Esto no puede ser posible”, reclamó en entrevista con La Razón Radio.
El jueves, la Sala Constitucional Primera de La Paz instruyó “al Órgano Electoral Plurinacional la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas en favor del accionante”. La resolución fue firmada por Campero y Alexis Angles.
La resolución de dicha sala se dio a conocer luego de que el TSE rechazara la solicitud de supervisión al congreso del MAS convocado por el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce: campesinos, interculturales y bartolinas.
Chávez aseguró que Campero incurre en una gravísima falta y que, incluso, debería ser destituido, ya que comete delito de prevaricato por su última determinación. “Está fuera del derecho, no tiene autoridad moral”.
Anunció que el tema será planteado ante Consejo de Magistratura debido a que esa instancia prohíbe a los jueces el ejercicio de cualquier otro cargo judicial. “Si era juez antes, debió renunciar”.
Visto en la página web de la OEA, Campero figura en primera línea como presidente del Triubunal Administrativo 2024, seguido de otros jueces, Pablo Sandonato de León (Uruguay), Wilson Vallejo (Ecuador), María Cecilia Cáceres (Chile) y Janet Nosworthy (Jamaica).
Campero comenzó sus funciones en ese tribunal en enero de 2019, mientras Evo Morales presidía el país, y termina su mandato en diciembre de este año.
Por otro lado, Chávez aseguró que esa decisión de supervisión no debería acatarse por la independencia de poderes entre el Órgano Electoral y el Órgano Judicial. “No podía existir que una sala tutele la decisión y dar una medida cautelar”.
“Es un congreso ilegal e inconstitucional por la decisión que se asume y que pretende robarle la sigla (al expresidente) Evo Morales”, denunció.
Aseguró que la facción arcista no cumple con ningún requisito para la convocatoria al congreso, debido a que no cuenta con la firma de Morales (actual jefe del partido). “Esto está generando la reacción de nuestros dirigentes”.
Anunció que se analizarán medidas para evitar que se consume ese —en su criterio— acto ilegal. “Esperaremos a ver qué pasa y los efectos de los recursos”.
Asimismo, acusó al TSE de ser parte “del grupo de delincuentes” que busca “robar” la sigla del MAS. Reclamó que el país tiene un “gobierno de facto”, debido a que opera con sentencias, resoluciones y jueces. “Lo han hecho con las elecciones judiciales”.
Tras conocerse la supervisión del TSE al congreso arcista, Ponciano Santos, dirigente campesino afín a Morales, advirtió que la “guerra está declarada”.
Indicó que desde este viernes comienzan las movilizaciones, porque la decisión judicial no respeta la Constitución, las normas y la sigla del MAS.
Al respecto, Chávez afirmó que es una decisión que tomaron las organizaciones porque consideran que “un grupo de personas no militantes” les están arrebatando al instrumento político.
“Tenemos que indicar que las decisiones de a organizaciones del Pacto de Unidad vamos a respetarlas porque es algo que afecta a la democracia”, puntualizó.
El TSE determinó acatar “provisionalmente” la determinación de la Justicia, sin embargo, denunció una injerencia del Órgano Judicial.
Abogado de víctima de abuso sexual en el colegio Alemán detecta irregularidades en el proceso
Los padres de la víctima de abuso sexual dieron a conocer el caso a través de una carta a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya y al ministro de Justicia, Iván Lima.
Sale a la luz otro caso de abuso sexual en el colegio Alemán de La Paz.
Fabricio Góngora, abogado de una nueva víctima de abuso sexual en el Colegio Alemán de La Paz, se refirió al caso de violación en el establecimiento y aseguró que existen irregularidades en la Justicia.
La víctima tiene 14 años, fue abusada por su compañero de curso en agosto de 2023. El caso está en etapa de juicio. Pero los padres de la menor decidieron hacer público el caso por el “encubrimiento” de parte de la dirección del establecimiento.
“Ellos tomaron el coraje de hacerlo público”, dijo en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
Contó que el hecho ocurrió el 4 de agosto de la gestión pasada en el baño para personas con discapacidades en las instalaciones del centro educativo. El 25 de agosto, la dirección contactó a los padres de familia para comunicarles lo sucedido, pero alegaron que el hecho ocurrió “en consenso”.
“Los padres se sorprendieron porque (en el colegio) les dijeron que no hay delito, pero les sugirieron que hablen con su hija”, dijo.
Ya el 30 de agosto, los padres presentaron su denuncia formal ante la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. El caso fue derivado a la Fiscalía. “En el proceso penal se avanzó coherentemente, ya tenemos la acusación formal (…) dirigida contra el agresor (de 14 años)”.
Lamentó que el colegio haya argumentado que fue un hecho consensuado, pese a que son menores de edad.
Góngora denunció que entre otras irregularidades está la retardación de justicia, debido a que en febrero de esta gestión, la Fiscalía presentó ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia la acusación formal, y dos meses después no hay convocatoria para el juicio oral. “Estamos a la espera del juicio oral. De forma rara cambian a dos fiscales que estaban a cargo”.
Develó que los padres dieron a conocer el caso a través de una carta a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya y al ministro de Justicia, Iván Lima, para que analicen si existe retardación de justicia.
“Esperamos su pronunciamiento oficial”, dijo.
Acusó de encubrimiento a la dirección el colegio Alemán, debido a que se negaron a facilitar las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. “Llama poderosamente la atención que aleguen que (las imágenes) hayan sido borradas”.
Reclamó que el colegio no haya tomado acciones al enterarse de los hechos. “Esto complicó la fase investigativa”. En colegio emitió un comunicado que garantiza las investigaciones sobre los casos de abuso sexual.
Le jurista aseguró que, en la nota, el colegio pretende alegar que las denuncias están sustentadas en desinformación. “A las familias de las victimas le están tratando de decir que sus denuncias son falsas”.
“El colegio no puede ser ni juez, ni parte”, añadió.
La semana pasada, se conoció sobre el abuso sexual a una niña de cuatro años de edad, el autor es el portero del colegio, quien cuenta con detención preventiva en la cárcel de San Pedro. En 2023, también se conoció un caso de abuso sexual un menor en el colegio en Santa Cruz, el acusado se encuentra prófugo.
Documental español aborda casos de pederastia y abusos clericales de dos jesuitas en Bolivia
El 30 de abril de 2023 estalló el caso del sacerdote Alfonso “Pica” Pedrajas, tras la publicación de un reportaje del periódico español El País titulado ‘Diario de un pederasta’.
El documental 'La Fuga' relata los abusos sexuales perpetrados en colegios de la Iglesia Católica.
El documentalista español y director de “La fuga”, Josep Morell, anunció el estreno del producto audiovisual que aborda abusos sexuales propiciados por los sacerdotes jesuitas Luis Tó (+) y Francesc Peris en Bolivia.
El documental se estrenará el 6 de mayo en el marco del festival Docs Barcelona y el 18 de junio en ‘Nits Sense Ficció’ de 3Cat.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, contó que la idea emergió de una investigación de pederastia impulsada por el periodista Guillem Sánchez. “Intentamos contar dos historias bien retratadas y seccionarlas en dos de los colegios más importantes de Barcelona, a donde va la elite de las clases sociales”.
Lamentó que durante décadas hubo una cultura de impunidad por parte de la Compañía de Jesús en el mundo. Tó y Peris estuvieron en Bolivia como sacerdotes y encargados de menores a quienes abusaron por años.
El 30 de abril de 2023 estalló el caso del sacerdote Alfonso “Pica” Pedrajas (+), tras la publicación de un reportaje del periódico español El País titulado ‘Diario de un pederasta’. Se trata de una revisión del documento, de 383 páginas, en el que el cura confesó que abusó sexualmente de al menos 85 menores de edad en su paso por América Latina.
En la transmisión, el exjesuita Pedro Lima afirmó que, a raíz del caso Pedrajas en Bolivia, aparecieron más víctimas en España. Denunció que “hay un patrón que se repite” en la Iglesia Católica que consiste en que se reconoce el abuso sexual, pero el proceso no avanza por ausencia de víctimas.
Recordó que, por ejemplo, en la localidad de Charagua, la Compañía de Jesús encubrió los casos de pederastia porque las autoridades conocían los hechos y cerraron la investigación con el argumento de que no había víctimas. “Sabemos que (la Compañía) desplegó su poder institucional para silenciar a las víctimas, (pero) por suerte hablaron”.
“El provincial sabía que niñas estaban siendo abusadas en Charagua”, dijo.
Aseguró que las órdenes religiosas de la Iglesia Católica suelen investigar casos de pederastia clerical y su conclusión es siempre la misma: «Es verosímil, pero no hay víctimas».
Lima contó que, en aquel entonces, denunció que Tó había llegado a Bolivia con el antecedente de abusador clerical en Barcelona con dos años de prisión por abusar a una niña, mientras la alistaba para una ceremonia religiosa. Sin embargo, en El Alto fue párroco y enseñaba catequesis a niños, pese a que debía alejarse de los menores por 4.000 días.
“Tó estuvo en parroquias, se convirtió en un referente social. Detectaba a niñas y las atacaba”, añadió Morell.
En 1992, una sentencia condenó a Tó por abusos a una alumna de ocho años del colegio “Sant Ignasi” de Barcelona. Poco después, los jesuitas enviaron a Tó a Bolivia, donde trabajó en varias parroquias de El Alto.
Según Morell, en 1993, había aterrizado también a Bolivia Francesc Peris, del colegio de los jesuitas de Casp, donde ya se habían recibido quejas. Ambos acumulan denuncias de exalumnos que han decidido hacer públicos los abusos y reclamar una reparación.
Tó ya falleció y Peris envejece en una residencia en la ciudad de Manresa en Cataluña, España.
En el documental, la Compañía de Jesús pide perdón y niega cualquier patrón de encubrimiento de los pederastas.
Lima fue sacerdote jesuita y actualmente es impulsor y miembro de la llamada Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial. Anunció que se reabrirán algunos casos que fueron cerrados por injerencia de la Iglesia Católica en la Justicia.
Morell dijo que la Iglesia Católica debe reconocer su culpa y que hubo políticas encubridoras. Ratificó que se debe conocer la verdad de los “crímenes de lesa humanidad”. “La verdad es lo único que curará a los que sufrieron y hará creíble a las máximas instancias de la población de un país”.
Recordó que hay reportes de abusos clericales desde 1945 hasta este 2024 registrados por la misma Conferencia Episcopal, según la orden son entre 1.300 y 1.400 casos. Sin embargo, según un reporte del Defensor de Cataluña, han sufrido abusos en España más de 400.000 niños y niñas en colegios religiosos no religiosos.
También existen registros de violaciones a menores en Estados Unidos, Irlanda, Francia y América Latina. “Es una lacra absoluta. Han pagado los jesuitas para que no se sepan los casos”.
