¿Qué razones esconde la suspensión de conciertos? El viceministro Silva las detalla y fustiga
El viceministro Jorge Silva aseguró que varios factores influyen en la cancelación de conciertos, como la falta de organización, el factor económico y el estudio de mercado.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.
Desde hace algunos años, varios espectáculos con la presencia de artistas internacionales fueron suspendidos y/o cancelados, principalmente en La Paz, como el recital de Christian Nodal, Chayanne, Flor Bertotti (Floricienta) y el reggaetonero Mike Towers (en Cochabamba).
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, explicó que la mayoría de la cancelación de conciertos y espectáculos en algunas regiones del país, pero principalmente en La Paz, se debe a que muchas empresas no realizan el estudio de mercado adecuado antes de organizar eventos.
En entrevista con La Razón Radio, aseguró que a escala nacional existen aproximadamente cinco empresas profesionales que cuentan con el capital e inversión suficiente, estudio de mercado y el personal capacitado para organizar eventos de magnitud.
“(Las empresas) realizan un proceso de publicidad (…), y cuando estas empresas organizan, los conciertos se llevan adelante y tienen bastante éxito”, dijo Silva.
Por otro lado, lamentó que existen grupos de personas que se involucran en la actividad sin conocimiento, menos capital. Estas personas realizan eventos y conciertos con artistas internacionales que, posteriormente, fracasan o son suspendidos por la falta de logística, publicidad y puesta en escena.
Silva explicó que también influye el factor económico en las regiones del país e indicó que los conciertos con éxito se dan, principalmente, en Santa Cruz, Tarija y parte de Cochabamba. Mientras que, en Potosí, Oruro y La Paz, el consumidor tiene otro estilo de música. “Podemos decir que son más cumbieros y más rockeros”.
También, indicó que “es muy difícil” que la población paceña, orureña y potosina invierta unos $us 700 en un concierto. Mientras que la población de Santa Cruz tiene la disponibilidad de pagar ese monto.
“El cruceño puede privarse de algunas cosas una semana, pero tiene el dinero parar participar de un evento. Es más proclive a ser parte de este tipo de espectáculos”, comentó el funcionario.
Asimismo, indicó que los empresarios en Santa cruz y Cochabamba se unen para llevar adelante los espectáculos. Unos tienen el escenario, otros realizan la publicidad y otros invierten en la logística. “Hay una organización empresarial para llevar adelante un evento en Santa Cruz”
En cambio, en La Paz, un solo empresario o una persona sin tener una empresa se “arriesga o se lanza a la aventura” de traer a un artista internacional sin contar con organización y logística adecuada.
Silva afirmó que estas personas se arriesgan bajo el cálculo de proyección y pretenden pagar el contrato, hotel, publicidad, escenario y alquiler del evento con la venta de entradas. “Eso ocurrió con (el concierto de) Nodal”.
El concierto del cantante mexicano Christian Nodal en la ciudad de La Paz fue cancelado debido al «incumplimiento del contrato» a pocas horas de comenzar el espectáculo.
A propósito del recital de Nodal, reveló que el organizador proyectó vender 15.000 entradas; sin embargo, logró vender solo 4.000. “Entonces, tienes una gran brecha y eso te impide cumplir con los compromisos”.
Por otra parte, el funcionario aseguró que los contratos de artistas internacionales tienen cláusulas ya establecidas y que, para la realidad boliviana, “son imposibles de cumplir”, y más aún en La Paz, donde solo una empresa se hace cargo de la organización.
En cuanto al control de los espectáculos, Silva anunció una norma para la regulación de las actividades de ese rubro y así evitar la suspensión sorpresiva de espectáculos con artistas internacionales.
Finalmente, aseguró que la ley para la regulación de la organización de conciertos debería ser responsabilidad de los gobiernos municipales, por lo que solicitará a la Federación de Asociación de Municipios Bolivia (FAM) y la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) que planteen políticas de acción.
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