Un seguimiento de la Defensoría del Pueblo a los incendios forestales en el país, identificó la vulneración a los derechos humanos y de la Madre Tierra por la “inadecuada” atención de emergencias de parte de los diferentes niveles del Estado.
Según datos del sistema de información y monitoreo de bosques del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, los focos de calor registrados en diferentes municipios y territorios indígena originario campesinos suman un total de 43 unidades territoriales autónomas afectadas.
Y los departamentos con mayor prevalencia a estas eventualidades son Beni, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
El reporte preliminar de la Defensoría identifica debilidades en el sistema de gestión de riesgos que, según la Defensoría, no ha mostrado una respuesta rápida y eficiente en cuanto a la asistencia humanitaria.
Con ello se demuestra, dice el informe, una alta debilidad institucional respecto a la generación de información, que repercute en la toma de decisiones, para una atención rápida y eficiente que no ponga en riesgo a los pueblos indígenas y a la Madre Tierra.
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Afirma que la Ley 602, en la actual emergencia, quedó obsoleta para hacer frente a los desafíos climáticos que atraviesa el país.
NORMATIVA
Considera que el Estado, en todos sus niveles, debe actualizar y articular la normativa y procedimientos de gestión de riesgos que permitan garantizar los derechos individuales, colectivos y un medio ambiente sano.
“De acuerdo con los reportes de nuestra institución, se pudo identificar la vulneración del derecho al medio ambiente sano y seis derechos de la Madre Tierra, además del derecho a la salud generado por estos incendios y que incide en la calidad del aire que la población respira”, señala un boletín institucional.
También se evidenció la vulneración del derecho a la vida e integridad y el derecho a la vivienda, debido a que varias familias perdieron sus viviendas, situación que repercute en el ejercicio de otros derechos.
“Eso demuestra la falta de políticas de prevención y su priorización por los gobiernos autónomos municipales, departamentales y el nivel central”.
Ante el panorama, la Defensoría del Pueblo sugiere encaminar acciones en corto y mediano plazo como el refuerzo de personal para sofocar incendios forestales.
También pide elaborar y ejecutar planes que permitan la recuperación de los ecosistemas afectados.
A las instancias competentes les sugiere evaluar y controlar la calidad ambiental, así como el monitoreo de la flora y fauna silvestre afectadas.
Finalmente pide garantizar el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda, así como la restauración de la Madre Tierra.