Envejecer. Inevitable frente al paso implacable del tiempo. Todos y cada uno de los hombres y mujeres de este mundo tendrán este destino, aunque no siempre con la misma suerte.
Por eso, el envejecimiento es uno de los problemas considerados prioridad en nuestra sociedad y así se maneja a nivel de los organismos multilaterales, es motivo de diversos trabajos de investigación y acuerdos internacionales. La Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, por ejemplo, celebrada en Madrid en 2002, dejó varias tareas.
Uno de los estudios realizado por la CEPAL, sobre el envejecimiento y los sistemas de cuidados para los adultos mayores, establece que el 80% de los adultos mayores de 60 años, que pertenecen en gran parte a los sectores más pobres, recibe las atenciones que bien le puede dar la familia.
Al contrario, en algunos países de América Latina, el 10% de las personas mayores de 60 años recibe los cuidados de salud necesarios y adecuados para su edad. En otros países esta cifra sube hasta el 30%, pero en general el promedio en la región es 20%.
Quiere decir que solo dos de cada 10 personas mayores de 60 años en América Latina reciben las atenciones médicas necesarias y adecuadas en sus últimos años de vida, lo que muestra que hay una labor pendiente tanto en Bolivia como en América Latina.
Otra cifra descubierta y que se abre a un debate, tiene que ver con el rol de las mujeres en esta situación. En una gran mayoría, la OIT calcula en más del 70%, este trabajo de cuidar a los abuelos recae sobre las mujeres de un hogar o de una familia. Es decir, ellas se encargan de cuidar a los adultos mayores de la casa.
Otro estudio del BID establece que después de la pandemia, las mujeres dedican entre siete y 13 horas diarias al cuidado de los abuelos de la familia. Toda una jornada laboral, por su puesto, sin ninguna remuneración.
¿Por qué el problema del cuidado a los adultos mayores es apremiante? Los organismos internacionales calculan que, en América Latina, más de ocho millones de adultos mayores tienen lo que se llama “dependencia funcional”, a parte de otros males.
Según una definición de la OMS, estas personas no pueden realizar de manera independiente al menos una actividad básica de la vida diaria, como bañarse, comer, usar el baño, vestirse, caminar dentro de un cuarto, salir a pasear o acostarse y levantarse de la cama.
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La dependencia funcional afecta al 12% de las personas de 60 años o más de la región, y a casi el 27% de los que tienen 80 años o más, según el estudio Panorama de Envejecimiento y Atención a la Dependencia de la CEPAL. Estas cifras podrían triplicarse hacia 2050 y alcanzar a 27 millones de personas. En la actualidad, el 1% de la población total de la región —una cantidad equivalente al 12% de las personas mayores de 60 años— es dependiente por motivos de enfermedad o discapacidad y requiere cuidados de largo plazo.
URGENCIA
Se calcula que, en 2030, el 17% de la población será mayor de 60 años, que en 2050 esa proporción aumentará a una cuarta parte de la población y que hacia 2100 casi un tercio de la población tendrá más de 65 años. Si se tiene en cuenta que hay más probabilidades de que las personas mayores de 60 años presenten alguna “dependencia funcional”, puede afirmarse que el envejecimiento poblacional “conlleva un aumento considerable” de las necesidades de mejorar los sistemas de cuidados, señala el referido informe.
La OMS define a un sistema de cuidados como las “actividades realizadas por cuidadores informales ( familia, amigos o vecinos) o por profesionales (trabajadores de la salud, trabajadores sociales y otros) para asegurar que una persona que no es plenamente capaz de su autocuidado pueda mantener el más alto nivel de calidad de vida posible, de acuerdo con sus preferencias individuales, con el mayor grado posible de independencia, autonomía, participación, realización personal y dignidad humana”.
La inclusión del cuidado en la agenda pública y su materialización en políticas públicas es reciente en los países de la región. Sin embargo, como ahora es una preocupación internacional y hay un reconocimiento de la importancia del cuidado para la población, en los últimos años se registraron importantes avances a nivel legislativo, políticas, acciones y de registro de información, que permiten a muchos países avanzar en las bases para la creación de sistemas públicos de cuidados.
Pero, fue solo después de la pandemia del COVID-19 que, en el mundo, y sobre todo en América Latina, y en Bolivia en particular, los gobiernos se dieron cuenta de lo importante que es tener un servicio de cuidados en salud.
Así, después de la pandemia, estalló lo que se conoce como la “crisis de los cuidados”, que reveló además las desigualdades a las que se enfrentan tanto las familias, las mujeres en particular, las personas que trabajan en el ámbito de la salud y, por supuesto, quienes requieren estos servicios, en este caso, los adultos mayores.
La pandemia también mostró que los cuidados de largo plazo se encuentran en crisis y requieren una urgente organización o reorganización, redistribución y revalorización social, señala también un informe de la CAF.
Por eso, la necesidad de trabajar en políticas y sistemas de cuidados de la salud se ha convertido en una prioridad en los países de la región, de hecho, hay cinco naciones que ya tienen en práctica un método y otros cuatro están probando sus sistemas, los otros siguen en análisis.
LOS AVANCES
En América Latina, así lo señalan los estudios, la mayoría de los abuelos, un 80%, recibe el apoyo informal no remunerado de familiares o de algunos amigos. Esta es la principal fuente de servicios de atención en los hogares, especialmente pobres, y las mujeres de la familia son las que asumen este rol.
Los datos muestran que, en gran parte de los países de la región, la población en situación de dependencia funcional es mayoritariamente femenina y mayor de 75 años. El 20% de los adultos mayores reciben cuidado y esta cifra asciende a 60% entre quienes tienen dependencia funcional. En ambos casos manda el cuidado informal familiar. ¿Pero cómo avanzaron los Estados en atención?
La provisión pública de cuidados es la política que tiene mayores avances e impactos. A su vez, los efectos son mayores cuando se focalizan en hogares de menores recursos. En Argentina, por ejemplo, desde 2020 y a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se trabajó en la generación de políticas para el reconocimiento del cuidado como una necesidad, un trabajo y un derecho, pero ahora todo está en riesgo con la llegada de Javier Milei.
En Brasil se creó un órgano colegiado temporal, consultivo, de estudio, de articulación y de trabajo que será el encargado de la creación de la Política Nacional de Cuidados y en Chile, el 2016, se creó el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado (SNAC).
En Costa Rica se trabaja la Política Nacional de Cuidados 2021- 2031. En México se discuten dos importantes iniciativas de ley y en Paraguay se institucionalizó el Grupo Impulsor Interinstitucional para la Elaboración de la Política de Cuidados en el Paraguay (GIPC). En Perú también se debate una ley para crear el Sistema Nacional de Cuidados. República Dominicana trabaja en el diseño de políticas y Uruguay ya cuenta desde el 2015 con un Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
En Bolivia, la CEPAL y la OPS destacan la Ley 1152, que establece mecanismos orientados a proteger a las personas que no gozan de cuidados de salud y ningún tipo de protección médica, para que puedan acceder al Sistema Único de Salud (SUS).
En Bolivia urge un sistema del cuidado, integral y equitativo
En Bolivia la situación no tiene nada de diferente con relación a lo que ocurre en el resto de América Latina. En este contexto, se hace necesario contar con una política integral del cuidado, señala el informe “Tiempo para cuidar. Compartir el cuidado para la sostenibilidad de la vida”, desarrollado por Oxfam Bolivia.
Estas políticas permitirían reducir las desigualdades de género que en este momento se presentan en los trabajos de cuidado de algún miembro de la familia, ya sea un niño, un enfermo, o un adulto mayor. También abrirían el camino hacia un mejor sistema nacional.
El informe propone “una transformación social: transitar de una sociedad en la que el cuidado se concentra en las familias y al interior de ellas en las mujeres, hacia una sociedad de corresponsabilidad de género, social y pública del cuidado”.
Una de las conclusiones de este reporte destaca que cerca de 4,5 millones de personas en el país requieren cuidado por su condición de dependencia (ya sean niños, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad). La organización de este cuidado se encuentra desigualmente distribuida, al ser las mujeres quienes dedican casi el doble de tiempo que los hombres a esta tarea. Datos de la OIT muestran que antes de la pandemia las mujeres dedicaban entre siete y ocho horas diarias al cuidado de un familiar, después esta cifra subió incluso hasta las 13 a 14 horas diarias, sin ninguna remuneración.
El reconocimiento al valor del cuidado, la redistribución de la corresponsabilidad del cuidado entre hombres y mujeres es una tarea de la comunidad, el Estado y el sector privado, y tendrá como resultandos fundamentales las políticas públicas, los programas y la institucionalidad, señala el referido estudio.
Igualmente, concluye que, desde el sector privado, y de manera articulada con el Estado, es necesario sumar esfuerzos que modifiquen las actuales condiciones del mundo del trabajo, promoviendo una mayor conciliación entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado en condiciones de equidad entre hombres y mujeres.