El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, señaló este martes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está perdiendo “la brújula” al pedir a los políticos que blinden las elecciones generales del 2025.

“El Tribunal Supremo Electoral cree que hablando con los políticos pueda blindar las elecciones generales. Solo va a blindar las elecciones si actúa en el marco de la ley y de la Constitución”, indicó.

El TSE convocó a un encuentro nacional para “blindar” las elecciones presidenciales. Se prevé que este encuentro se realice el 17 de febrero, según declaraciones del vocal Tahuichi Tahuichi.

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En tanto, el vocal Gustavo Ávila indicó que se hará llegar la convocatoria a los representantes de las organizaciones políticas con directiva vigente, los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Omar Yujra y Andrónico Rodríguez, respectivamente, y el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó el lunes que el presidente Luis Arce se comunicó con el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y confirmó su participación a este encuentro nacional.

Cuellar dijo que “todo diálogo es importante”, pero, reiteró que el TSE está perdiendo “poco a poco” la brújula desde el convenio firmado con el Tribunal Constitucional Plurinacional, al transferir competencias “exclusivas” de ese tribunal.

Dijo que el TSE actúa bajo el principio de preclusión y “no puede ser que transfiera esta competencia” para que el TCP se comprometa a dar celeridad y resuelva recursos que sean planteados por los candidatos.

“Estamos cayendo en un vacío que va a ser muy difícil reconducirlo. El TSE tiene competencias para sacar resoluciones y esas resoluciones son inapelables”.

El 16 de enero, el TSE y el TCP suscribieron un acuerdo de colaboración conjunta para garantizar las elecciones generales, que deben llevarse a cabo, según lo previsto, el 10 de agosto de 2025.

La Justicia sentenció a José Soto Pacci a tres años de privación de libertad dentro el caso de los 24 días del bloqueo de caminos en Parotani, Cochabamba, por sectores afines al expresidente Evo Morales.

Soto es el segundo sentenciado en este caso, luego que, en diciembre de 2024, Rodrigo Cuéllar recibiera la pena de tres años de presión a cumplir en la cárcel de Patacamaya, La Paz, por los delitos de terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra miembros del organismo de seguridad del Estado, y tenencia y porte ilícito de explosivos.

“La Procuraduría informa a la opinión pública que (…) se ha logrado una sentencia condenatoria de tres años de privación contra José Soto Pacci por la comisión de los delitos de atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado y atentado a la seguridad de los medios de transportes”, señala la entidad en un comunicado.

Asimismo, refiere que Soto reconoció su participación en los bloqueos de la localidad de Parotani el 1 de noviembre de la gestión pasada.

El 1 de noviembre más de 60 bloqueadores fueron aprehendidos durante el operativo de desbloqueo en la localidad Parontani ejecutado por policías y militares, con el objetivo de habilitar las vías que conectan con el occidente del país.

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De acuerdo con el Gobierno, los aprehendidos fueron encontrados en posesión de explosivos, cazabobos y otro tipo de armamento que iba a ser utilizado contra los efectivos que desbloqueaban las vías que unen Cochabamba con el occidente del país.

Sectores sociales afines a Morales iniciaron el bloqueo de caminos, principalmente en el departamento de Cochabamba, el 14 de octubre. El corte de carreteras duró 24 días.

El objetivo de las demandas era anular las denuncias penales del líder cocalero, pero además reclamaban por el alza de precios y la falta de combustibles y dólares.

Por esa medida de presión, el presidente Luis Arce denunció pérdidas por más de $us 2.200 millones que pusieron en riesgo la seguridad alimentaria.

La Procuraduría indicó este martes que la institución actuó bajo las facultades que le otorga la Constitución, por lo que “llevó a cabo una intervención responsable en este proceso penal”.

El Consejo de la Magistratura determinó la realización de auditorías a nivel nacional tras la denuncia de desfalco en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz por al menos Bs 2 millones.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, y la decana Gabriela Araoz realizaron una visita “in situ” a las oficinas distritales de Derechos Reales de Santa Cruz tras la denuncia de hechos irregulares en ese distrito.

Araoz informó que este será un trabajo continuo y simultaneo en cada distrito judicial a fin de transparentar la gestión y el manejo económico de Derechos Reales.

“Los montos aún no están establecidos porque continúa la investigación, y el Consejo de la Magistratura está realizando auditorias técnicas financieras en los nueve departamentos del país, realizando mayores controles para así identificar el daño realizado a Órgano Judicial”, informó.

Por su parte, Baptista indicó que existe una funcionaria implicada, quien ejercía la función en ventanilla para adultos mayores que cobraba dinero en efectivo, “sin dar ningún tipo de recibo”

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“(Ella) estaba a cargo de 38 carpetas, en las que realizaban la manipulación informática, causando un desfalco de dinero a través de Derechos Reales y la DAF (Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial), ella no sería la única persona involucrada porque también se habla de la manipulación sistema”, manifestó el titular del Consejo de la Magistratura. 

Afirmó que estas irregularidades se registran desde julio del año pasado, por lo que, solicitó al Ministerio Público actuar en base a la normativa vigente con los presuntos autores de este desfalco.

El Ministerio Publicó de Santa Cruz informó en días pasados que cinco funcionarios de Derechos Reales son investigados ante un hecho de supuesto desvío de dinero por concepto de trámites.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que al menos Bs 2 millones “habrían” sido depositados en cuentas de terceros.

La directora de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción, Mirtha Mejía, informó el lunes que, dentro del caso de presunta corrupción en Derechos Reales de Santa Cruz, a la fecha se llevaron adelante diversos actuados investigativos como allanamientos, secuestro de documentos, archivos digitales, entre otros.

A través de un comunicado, el evismo reveló este martes que existen negociaciones con el Movimiento Tercer Sistema (MTS) de Félix Patzi y otras organizaciones sociales con el fin de participar de las elecciones generales 2025, previstas para agosto.

Aclaró que las negociaciones con el MTS son a solicitud de esa sigla política. Pero, además, dijo que el equipo político y jurídico del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos lleva adelante negociaciones con otras organizaciones “del más alto sentido democrático (…) en busca de la unidad”.

El documento lleva las firmas de Gerardo García, Froilán Fulguera y otros altos directivos del cesado directorio del Movimiento Al Socialismo (MAS) en noviembre de 2024.

El lunes, Nelson Virreira, secretario general de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, paralelo y afín al expresidente Evo Morales, anunció que el 7 de febrero se tendrá un ampliado departamental con el objetivo de relanzar el instrumento político con miras a las elecciones generales 2025, previstas para agosto.

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Afirmó que el instrumento político “no es la sigla ni el nombre” como tal, sino es “la militancia, la estructura orgánica, los principios ideológicos, el liderazgo de Evo Morales”.

Desde el evismo aseguraron que cinco partidos ya ofrecieron su sigla para que Morales sea candidato y participe de las comicios presidenciales.

En noviembre de 2024, la Justicia conminó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a reconocer la dirección del Movimiento Al Socialismo (MAS), a la directiva electa en el congreso de la ciudad de El Alto en mayo de ese mismo año, encabezada por Grover García, afín al presidente Luis Arce.

Tras esta determinación, el líder cocalero señaló que participará de las elecciones generales 2025 con o sin la sigla del MAS. Fueron 26 años del expresidente al frente de uno de los partidos más importantes de la historia del país.

En el marco de las recomendaciones recibidas en 2019, el ministro de Justicia, César Siles Bazán, expuso este martes los avances y compromisos del país en materia de derechos humanos durante el cuarto Informe del Estado Plurinacional de Bolivia ante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Siles indicó que uno de los principales logros fue la creación y consolidación de la Comisión para la Presentación de Informes de Estado y para Desapariciones Forzadas (CPIE), mediante Decreto Supremo 4816 del 2022.

La autoridad dijo que esta comisión ha trabajado con diversas instancias del Estado y la sociedad civil, logrando la actualización y ampliación del Sistema Plurinacional de Seguimiento, Monitoreo y Estadística de Recomendaciones sobre Derechos Humanos en Bolivia (SIPLUS) como herramienta clave para la gestión, seguimiento y cumplimiento de recomendaciones internacionales en derechos humanos.

“Bolivia ha ratificado y adoptado importantes tratados internacionales, incluyendo el Protocolo 2014 de la OIT sobre el Convenio 29 y el Convenio 169, asegurando su incorporación en el bloque de constitucionalidad. Además, ha cumplido con todos los Informes a Órganos de Tratado: Informe Segundo al Cuarto al CRPD, así como informes de seguimiento de recomendaciones al CED, CAT, CESCR y CEDAW. A la fecha no tiene informes pendientes”, dijo.

En cuanto al sufragio y observación internacional, destacó que ha mantenido una apertura constante con organismos internacionales, recibiendo visitas clave como de la Misión Técnica Temporal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en los años 2019 y 2021, del Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados en 2021, la Visita In Loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2023 y, la Tercera Visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura realizada en diciembre de 2024.

GIEI

Asimismo, dijo se ha fortalecido el seguimiento a las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), entre las cuales destaca, la aprobación inédita y sin precedentes históricos de la Política Plurinacional de Reparación Integral a Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos.

En materia de acceso a la justicia, manifestó que de 2018 a 2023, se institucionalizó el 98% de jueces en la jurisdicción ordinaria y agroambiental y, el 39% de los fiscales de materia.

Resaltó también las elecciones judiciales con una participación del 82% de ciudadanos. Dijo que el año 2024 también se seleccionó y designó al nuevo Fiscal General del Estado.

En materia de lucha contra la corrupción, afirmó que se implementó la política plurinacional de lucha contra la corrupción y el observatorio ciudadano de transparencia.

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Respecto a la memoria histórica y reparación a víctimas de las dictaduras militares, dijo que mediante Ley 1446 de 2022, se procedió al pago “históricamente pendiente del 80% del resarcimiento adeudado a víctimas de dictaduras militares (1964-1982)”, honrándose a la fecha el pago del 100% de solicitudes de pago presentadas.

En lo que se refiere a los derechos políticos, afirmó que se implementó el Sistema de Cómputo SCO-RRC para la seguridad informática en procesos electorales, se actualizó el Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral y se desarrolló el Programa Nacional de Educación Ciudadana para la Democracia Intercultural y Partidaria (2022-2025).

En materia ambiental, se aprobó la política de Eliminación de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, la Política Plurinacional de Cambio Climático y el Plan Plurinacional de Recursos Hídricos y Riego 2021-2025.

En salud, afirmó que con la promulgación de la Ley 1152 de 2019, se amplió el acceso gratuito a la salud a través del Sistema Único de Salud (SUS), para diagnóstico y tratamiento de enfermedades, adquisición de medicamentos y equipamiento de establecimientos de salud.

Sobre derechos sexuales y reproductivos, se avanzó en la política pública para el desarrollo de la primera infancia y de prevención de embarazos en adolescentes.

Educación

En educación, dijo que entre el 2026 y 2023 se crearon 53.034 ítems para el magisterio fiscal, con énfasis en la formación docente, inclusión educativa y prevención de la violencia.

En la lucha contra la trata y tráfico de personas, señaló que el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas ha aprobado la Política Plurinacional Contra la Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos 2021-2025.

En relación a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, aseveró que el proceso constituyente boliviano ha cristalizado demandas históricas como el dominio ancestral de sus territorios, su libre determinación, autonomía, autogobierno, cultura, el reconocimiento de sus instituciones y la consolidación de sus entidades territoriales.

El presidente Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Jürg Lauber, indicó que el informe del examen para ser aprobado se examinará el viernes 24.