Sociedad

Wednesday 17 Jul 2024 | Actualizado a 05:49 AM

La Fiscalía General del Estado anuncia la reapertura del caso Roma y lamenta encubrimiento de jesuitas

Lanchipa demandó a las autoridades la creación de una unidad especial para prevenir estos hechos de abuso y pederastia.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, es entrevistado por la prensa.

Por Boris Góngora

/ 17 de junio de 2024 / 17:35

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció este lunes la reapertura de la investigación por hechos de abuso sexual en contra del sacerdote jesuita fallecido Luis María Roma, principalmente para dar con los encubridores de estas vejaciones. 

La autoridad lamentó los actos de “encubrimiento” de los miembros de la Compañía de Jesús por los hechos de pederastia y abuso sexual duramente muchos años.

“Es lamentable la información que se tiene, cuando uno toma conocimiento del encubrimiento que ha realizado esta comunidad jesuita, de estos hechos de pederastia, de abuso sexual a menores durante muchos años. En el caso de este sacerdote fallecido el 2019 (Luis María) Roma, el inicio de la investigación en Santa Cruz se ha cerrado porque no contábamos con todos los elementos, pero ahora tenemos la posibilidad de contar con testigos que puedan coadyubar en la reapertura de esta investigación”, dijo Lanchipa.

El domingo, el periódico español El País publicó el reportaje Los manuscritos de Charagua: la investigación que los jesuitas ocultaron sobre el misionero pederasta que registraba sus crímenes. “El sacerdote catalán Lucho Roma abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las fotografió, las grabó en vídeo y lo recogió todo por escrito, en el segundo diario de un cura pederasta al que tiene acceso El País”, indica la nota firmada por el periodista, Julio Núñez.

Lea más: Periodista Julio Núñez: La Compañía de Jesús encubrió al pederasta Roma desde 2008

Tras lo descubierto sobre Pedrajas en abril de 2023, la Compañía de Jesús puso recién en manos de las autoridades los legajos sobre Roma, el 9 de mayo de ese año. El caso intentó ser indagado por la Fiscalía, que terminó por archivarlo al no poder ubicar a las víctimas.

Tras la revelación de estos casos, Lanchipa demandó a las autoridades la creación de una unidad especial para prevenir estos hechos de abuso y pederastia, ya que “los niños no pueden correr ese riesgo delante de estas personas, hemos hablado en varias oportunidades de lo que ha sucedido con otros sacerdotes de la misma unidad jesuita”.

“Ellos llevan adelante una conducta, me refiero a los de la iglesia jesuita, una conducta totalmente reprochable en cuanto a proteger y encubrir estos hechos tan delicados en la investigación”.

Lanchipa pidió también a la sociedad denunciar estos hechos que hayan acontecido en anteriores fechas e indicó que como Ministerio Público se tiene más de 10 casos abiertos en todo el país y que están siendo investigados por abusos sexuales de estos sacerdotes que en “lugar de brindar un lugar seguro en estos ambientes han generado estos abusos sexuales”.

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Tras imputación por violencia contra exalcaldesa, Soto afirma: Ese día no estuve en Vinto

Arce, hoy senadora, sufrió violencia cuando fungía como alcaldesa de Vinto, el 6 de noviembre de 2019, cuando se desató la crisis que llevó a la renuncia del presidente Evo Morales.

La exalcaldesa de Vinto, hoy senadora Patricia Arce, cuando fue agredida por un grupo de la RJC.

Por Boris Góngora

/ 17 de julio de 2024 / 00:55

Tras la imputación de la Fiscalía contra Milena Soto, cabecilla del grupo paraestatal Resistencia Juvenil Cochala (RJC), por la violencia contra la exalcaldesa Patricia Arce durante la crisis política de 2019, ella indicó que “nunca” estuvo ese día en Vinto, en Cochabamba.  

“Nunca estuve frente a frente a esta mujer, jamás le vi la cara ni el 2019 ni ahora. Dios es mi testigo y los cientos de cochabambinos que estuvimos en (la zona) de Cala Cala. No tienen ni una sola foto mía ni un video que me sindique en el lugar, porque nunca estuve ahí” (sic), escribió Soto en sus redes sociales sobre lo sucedido el 6 de noviembre de ese año. 

El 10 julio, la comisión de fiscales emitió la imputación formal contra Soto y recién se la conoció este martes, con la solicitud de medidas cautelares contra la sindicada, como el arraigo, que se presente periódicamente ante el juez y el fiscal, y que no tenga contacto con la víctima.

Es acusada por los delitos de violencia política contra las mujeres (artículo 148 ter del Código Penal, con entre tres y ocho años de cárcel) y privación de libertad (artículo 292, con entre seis meses y dos años).

“Soy mujer, madre soltera, sin cargos políticos, profesional, común y corriente como cualquier otra, ¿cuál es el temor de Evo Morales?, ¿cuál es el miedo de los masistas a Milena Soto? Pronto se les va acabar el poder y serán ustedes los que estén en mi lugar hoy” (sic), añadió Soto.

Lea más: La Fiscalía imputa a líder de la RJC por la violencia de 2019 contra la alcaldesa Arce

Indicó que “cómo es posible que a una simple palabra de un masista se me arme una investigación, un proceso y juicios a diestra y siniestra” (sic).

Arce, hoy senadora, sufrió violencia cuando fungía como alcaldesa de Vinto, el 6 de noviembre de 2019, cuando se desató la crisis que llevó a la renuncia del presidente Evo Morales.

Entonces, Arce fue acusada de ser la responsable de una muerte que se produjo en los enfrentamientos de Huayllani. Hacia las 15.00, la Alcaldía de Vinto fue atacada por un grupo de personas que lanzaron palos y piedras e incendiaron algunas dependencias.

En un intento de escapar de esa gente, Arce fue interceptada y empezó a ser golpeada e insultada, “en el forcejeo perdió sus zapatos. Fue entonces obligada a caminar descalza hacia Quillacollo, mientras era agredida constantemente. Casi llegando a Quillacollo apareció una mujer que se acercó, la golpeo y le corto el cabello”, señala el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia, tras escuchar su relato.

“Ahí me hacían caminar por los vidrios y vieron que mis pies estaban sangrando y me punzan (sic) con palos, que tenían calvos ahí… y todo, en todo mi cuerpo me empezaron a pegar y vino (…) otra mujer, y me hicieron parar y otra vez me cortó el cabello más corto. Me echaron (…) pintura roja… y otros pedían que me predan fuego porque ya me habían echado con gasolina”, relató Arce al GIEI Bolivia.

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El TSJ defiende la continuidad de los magistrados y espera que se realicen las judiciales

Jaimes indicó que el solo imaginar al TSJ sin sus magistrados “sería desarmonizar la institucionalidad constitucional y dejar sin efecto un componente fundamental de la organización y estructura del poder público”.

El presidente del TSJ, Marco Jaimes.

Por Boris Góngora

/ 16 de julio de 2024 / 20:45

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, defendió este martes la continuidad de los actuales magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial. Además, indicó que están en la espera de que el Órgano Legislativo genere «de forma inmediata» las elecciones judiciales.

Jaimes indicó que “no se puede concebir” la idea de un Estado sin el funcionamiento del Órgano Judicial, el cual expresa, a través de las leyes, la representación que se le otorgó por medio del voto popular. 

“La potestad de impartir justicia que emana del pueblo boliviano se ejerce ahora por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial con la legitimidad intrínseca del voto ciudadano válido, previsto así por la Constitución y la ley, constituyéndose el Tribunal Supremo de Justicia en la máxima instancia de la justicia ordinaria tal como manda el artículo 181 de la ley fundamental (Constitución Política del Estado)”, señaló el titular de TSJ, en el acto central por los 197 años de instalación de la ex Corte Suprema de Justicia.

Lea más: Ante fallos sobre las judiciales, el TSJ pide que se respeten las sentencias constitucionales

Añadió que el solo imaginar al TSJ sin sus magistrados “sería desarmonizar la institucionalidad constitucional y dejar sin efecto un componente fundamental de la organización y estructura del poder público”, el cual traería consecuencias directas a la población, respecto a la resolución de sus conflictos jurídicos, pero también “en autoridades de segunda instancia que son designados por Sala Plena” de esta máxima instancia.

“Los efectos negativos de ese vacío, no se tendrían que medir bajo ese prisma del interés político, sino bajo el baremo de la afectación de los derechos y garantías de los ciudadanos, en consideración al sacrificio de la población que acude a un juzgado a exigir justicia”, indicó.

Agregó que “la alusión mediática de prorroga que martilla el qué hacer de este Tribunal pretendiendo erosionar la confianza ciudadana se diluye frente al trabajo responsable y oportuno que se cumple por Sala Plena y salas especializadas, trabajo que permite sin lugar a dudas brindar ininterrumpidamente el servicio de justicia al pueblo boliviano”.

Las declaraciones de Jaimes llegan en un contexto donde políticos de oposición y del evismo critican la prórroga de los actuales magistrados, esto debido a que su mandato feneció el pasado 2 de enero de este año, empero, una sentencia constitucional determinó su continuidad hasta que se realicen las elecciones judiciales.

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La Justicia ordena procesar al director de Chochocoro por no trasladar a Camacho a Santa Cruz

La mañana de este martes, el Tribunal de sentencia suspendió la instalación del juicio oral por el caso del Decretazo contra Camacho, ante la ausencia de la autoridad detenida en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

El Tribunal de Sentencia N° 8 de Santa Cruz.

Por Boris Góngora

/ 16 de julio de 2024 / 17:30

El Tribunal de Sentencia N° 8 del Tribunal Departamental de Justicia Santa Cruz determinó procesar al director del penal de Chonchocoro, mayor Roger Sánchez, por incumplir el traslado de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, de La Paz a Santa Cruz para el inicio de la audiencia de juicio oral programado para este martes.

“Se remita antecedentes ante el Ministerio Público para su procesamiento del director (de Chonchocoro) por incumplimiento de la orden judicial (del) mayor Róger Sánchez, tomando en cuenta que del informe remitido no se tiene justificativo alguno que dé cuenta el no traslado del acusado nombrado Luis Fernando Camacho”, señaló la juez Angélica Sánchez, presidenta del Tribunal de Sentencia N° 8.

El abogado Martín Camacho, defensa del gobernador encarcelado, denunció desde sus redes sociales que “el mayor Roger Sánchez incumplió una orden judicial negando el traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz. Cometió un delito. Sin embargo, de manera inaudita es el Director del Viceministerio de Transparencia, Javier Pérez Colque, quien exige al Tribunal que no se investigue al mayor”. 

Lea más: Caso Decretazo: Por cuarta vez suspenden la instalación del juicio oral contra Camacho

La mañana de este martes, el Tribunal de sentencia suspendió la instalación del juicio oral por el caso del Decretazo contra Camacho, ante la ausencia de la autoridad detenida en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

La nueva fecha para la audiencia es el 16 septiembre y el abogado del gobernador señaló que, en la nueva fecha de inicio, propuesta por el tribunal, “tiene que estar Luis Fernando Camacho en Santa Cruz”.

El proceso por el cual se lo acusa a Camacho es por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; la Fiscalía pide seis años de cárcel.

La autoridad cruceña no pudo estar en la audiencia suspendida, esto en razón de que Régimen Penitenciario y el Gobierno desestimaron el traslado por la falta de “condiciones”.

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Arce: La posición de Evo Morales es ser candidato por las buenas o por las malas

“La intención de dividir a las organizaciones sociales y todo lo que está pasando... todo esto es provocado con solo el objetivo de que Evo sea el candidato del MAS”, dijo Arce.

El presidente boliviano, Luis Arce, habla durante una entrevista con la AFP

Por Boris Góngora

/ 16 de julio de 2024 / 16:53

En una entrevista con la BBC News Brasil y BBC News Mundo en La Paz, el presidente Luis Arce declaró que la “posición de Evo Morales es, nuevamente, él ser a como dé lugar el presidente para, como dijo también en varios medios de comunicación, por las buenas o por las malas ser el candidato”.

Señaló que ante un panorama “totalmente” adverso, “Evo Morales nunca tuvo un opositor Evo Morales. Nosotros sí lo tenemos. Tenemos a la derecha y tenemos intereses internacionales que están sobre nosotros y, aún así, Bolivia sigue creciendo, tiene una economía estable”.

Respecto al intento de Morales de presentarse a las elecciones generales de 2025, el mandatario señaló que se debe respetar la Constitución Política del Estado y “no puede haber nada por encima de eso. Cualquier intención personal es eso: una intención personal”.

“Por eso hemos apoyado la posición de nuestras organizaciones sociales, que son las fundadoras del instrumento político, que dicen que Evo Morales ya no controle el MAS […]. Si el instrumento político está en manos de las organizaciones sociales, quien decide quién va de candidato a presidente, senador, diputado, lo que sea, son los dueños del instrumento político, las organizaciones sociales”, afirmó.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) atraviesa por una crisis interna, debido a los liderazgos de Arce y Morales que provocó la creación de facciones evistas y arcistas en la Asamblea Legislativa, como también la división de las organizaciones sociales.

Lea más: Arce, Quispe y Arias se juntan en homenaje a La Paz en la Casa Grande del Pueblo

El jefe de Estado señaló que quien está quebrantando el instrumento político es Morales, que no reconoce a los legítimos propietarios. “Esto está claro. Y, en función de eso, la tozudez de seguir siendo candidato es lo que está generando todo esto”.

Añadió que todo lo que le ocurre al Gobierno, como el boicot económico en la Asamblea, “la intención de dividir a las organizaciones sociales y todo lo que está pasando… todo esto es provocado con solo el objetivo de que Evo sea el candidato del MAS”.

Ante el condicionamiento que se hizo Morales para firmar la Declaración por la Democracia que pide eliminar las elecciones primarias, Arce señaló que el Ejecutivo apoyó el “consenso mayoritario” que se tuvo en el Encuentro Multipartidario, organizado por el Tribunal Supremo Electoral, donde incluso “estaban las organizaciones sociales fundadoras (MAS)”.

“La mayor parte propuso (elimininar las primarias) para no perjudicar el calendario electoral, que va a complicarse en los próximos 365 días. Todos nos hemos puesto de acuerdo en no perjudicar, que haya elecciones judiciales, nacionales y subnacionales (…)”.

Agregó que el TSE fue “muy claro” sobre la necesidad de una ley con consenso entre los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, para que pueda aprobarse una ley para eliminar transitoriamente este 2024 las elecciones primarias.

“Evo Morales condicionó apoyar esta propuesta para que sea reconocida por el tribunal electoral como si fuese el congreso de Lauca Ñ el único congreso del MAS, y nadie le aceptó esto. Al verse con esa respuesta, él se ha retirado y no ha suscrito el acuerdo que todos han firmado para viabilizar las elecciones judiciales. Ahora vemos quién es el que verdaderamente obstaculizaba las elecciones judiciales”.

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Tras fracaso de diálogo por las judiciales, el defensor insta a continuar con el proceso

Callisaya señaló que hay la necesidad de que se elijan a las autoridades del Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial, por lo que no se puede quedar en incertidumbre “permanentemente”.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Por Boris Góngora

/ 16 de julio de 2024 / 11:39

Tras el fracaso del diálogo entre el vicepresidente David Choquehuanca y los jefes de bancada de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó este martes a los legisladores a continuar con el proceso de las judiciales para darle certidumbre a la población. 

“Instamos a todas las autoridades competentes, en este caso de la Asamblea, a que se pueda continuar este proceso, es necesario darle un mensaje positivo a la sociedad, en el sentido que se puede solucionar en democracia estos problemas que tenemos con la elección judicial”, indicó Callisaya.

Señaló que hay la necesidad de que se elijan a las autoridades del Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial, por lo que no se puede quedar en incertidumbre “permanentemente”. “Es importante que la población sepa lo que está ocurriendo”.

Cerca de las 14.30 del lunes, los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, los jefes de bancadas de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y del Movimiento Al Socialismo (MAS) de ambas cámaras, además de los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, se reunieron con Choquehuanca para intentar destrabar la preselección de postulantes, empero, no se llegaron a acuerdos.

Lea más: Fracasa el diálogo convocado por Choquehuanca para continuar con la preselección

Los representantes de oposición y del MAS evista abandonaron la sala de reuniones a las 18.00 porque Choquehuanca ni los legisladores arcistas accedieron a sus demandas, la principal referida a la cesación de los magistrados prorrogados, que tiene que ver con la promulgación de la ley sancionada en la sesión de la Asamblea del 6 de junio, dirigida por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. 

El jefe de bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado, señaló que la propuesta era que la Asamblea emita una resolución respaldando el trabajo de los miembros de las comisiones mixtas, pero además que se respalde la iniciativa para solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se “blinde las elecciones judiciales”.

“Son dos actos para blindar. Uno era la resolución de la Asamblea y otro es que el TCP deje sin efecto lo que ha determinado la Sala Constitucional de Beni, no solo las actuales sino futuras acciones (para) que ya no pongan en riesgo y no paralicen en su totalidad todo el proceso”.

El defensor indicó que desde la anterior gestión se convoca desde la Defensoría del Pueblo a que se pueda materializar el derecho político que tiene la población para elegir a sus autoridades judiciales.

“Hemos emitido un informe parcial al acompañamiento de la primera etapa del proceso de preselección y designación de las altas autoridades. Hemos manifestado y lo hemos denotado a la opinión pública que existe una obstaculización del proceso”, manifestó Callisaya.

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