Luego de una reunión con el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, la dirigencia de los micreros determinó hacer una pausa de 48 horas en el paro indefinido que cumplían.

El alcalde informó que se acordó que entre el jueves y el viernes se instalarán mesas técnicas de trabajo para abordar la demanda de los transportistas.

“Hasta el viernes veremos el trabajo técnico que vamos a hacer y dar una respuesta. Veremos cuáles son los ajustes y mecanismos que se van a usar en materia técnica, económica y sobre todo ver si hay que ajustar el ordenamiento jurídico de reglamento lo haremos”, señaló el alcalde en rueda de prensa.

Consultado sobre la tarifa transitoria (Bs 2,50), Fernández señaló que mientras se realicen las mesas técnicas, el costo del pasaje se mantiene en Bs 2.

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Los micreros habían planteado esa tarifa transitoria mientras la Alcaldía presente un estudio de costos para un eventual incremento de pasajes.

La mañana de este miércoles, Fernández había anunciado con suspender la licencia de las líneas de micros que no estén prestando sus servicios a la población.

SESIÓN

En tanto, en una sesión del Concejo y después de escuchar los informes de las tres comisiones de la propuesta del Ejecutivo, los concejales rechazaron cualquier incremento que pretenden los empresarios del transporte público.

“Conminamos al alcalde (Jhonny Fernández) a instalar mesas de diálogo y en cumplimiento de la normativa (Ley 1216), a realizar el estudio de costos que corresponde. Así como el cambio a un nuevo sistema integral de transporte público”, afirmó la presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel.

Luego de una intensa búsqueda, rescatistas del SAR-FAB de Cochabamba hallaron el cuerpo de una niña de seis años de edad en el río Palgamayu, en Tacopaya. La menor estaba reportada como desaparecida desde el lunes.

Según la información del Ministerio de Defensa, a la niña, identificada como Deysi Franco Ramírez, la arrastró la corriente del río Tacopaya, en Cochabamba. El hecho ocurrió luego de una torrencial lluvia del lunes.

“La menor, que retornaba de su graduación escolar, fue sorprendida por la corriente mientras cruzaba el río”, señala el informe.

Desde la cartera de Estado, se informó que aún se busca a Natalia Paredes (85), también arrastrada por un río en Quillacollo, Cochabamba.

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A las tareas de búsqueda del personal de Bomberos de la Policía y de las Fuerzas Armadas se sumó la Gobernación de Cochabamba. Se coadyuvó en las labores de rastrillaje.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, Juvenal Torrico, señaló que se desplazó cuadrillas para la búsqueda de ambas personas.

El martes, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que las lluvias y desbordes de ríos en varias regiones del país dejaron, hasta la fecha, un saldo de 10 fallecidos confirmados.

«A nivel nacional, ya son 10 personas fallecidas», afirmó en conferencia de prensa.

Las víctimas corresponden a Chuquisaca (tres muertos), Cochabamba (cuatro), Tarija (uno) y La Paz (dos). Además, la cifra podría aumentar si se confirma el fallecimiento de un adolescente arrastrado por un canal en Santa Cruz, cuyo cuerpo aún es buscado. En caso de confirmarse, sería el primer fallecido en el departamento cruceño.

La aplicación de una tarifa nocturna demandada por los choferes de El Alto está descartada. Así lo afirmó el secretario de Gestión Institucional, Rury Balladares, quien recordó que hay un acuerdo con los transportistas que permitió la nivelación de pasajes de Bs 1 a 1,50 que rige desde agosto de 2023.

“Tenemos un acuerdo firmado. Sí se han nivelado los pasajes. No podemos aumentar el pasaje nocturno a estas alturas cuando el país atraviesa por una crisis. Como gobierno municipal, no lo vamos a permitir”, enfatizó el funcionario.

Advirtió con controles y sanciones para los sindicatos que intenten imponer la tarifa nocturna, tal como lo advirtieron los choferes durante las movilizaciones de este miércoles.

Balladares admitió el incumplimiento del acuerdo, ya que, a pesar de la nivelación de las tarifas del autotransporte, los choferes continuaron con los “trameajes”.

Para abordar estos temas, la Alcaldía convocó a los transportistas a una reunión con el fin de organizar mesas de trabajo por distritos con todas las organizaciones sociales.

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Este miércoles, los transportistas de El Alto protestaron por el encarecimiento del costo de vida y la falta de combustibles. Tomaron la sede de la Federación Andina de Choferes debido a que acusan a los dirigentes de haberse vendido al Gobierno y no defender los derechos del sector por sus intereses políticos.

Los conductores de base anunciaron el incremento en la tarifa nocturna, de Bs 1,50 a Bs 2 desde el lunes. Argumentan que el alza de precios de productos de la canasta familiar genera que el costo del pasaje sea insostenible.

Un polémico caso de cambio de identidad de género, aparentemente legal, se presentó en la ciudad de Oruro. Así, un catedrático acusado por el delito de acoso sexual a una estudiante busca eludir a la Justicia, denunciaron los familiares de la víctima.

El abogado Jhasmany Torrico, patrocinante del docente, dijo que su defendido, durante su estadía en el penal de San Pedro, en nueve meses, se cambió de género y hoy es una mujer trans y considera que la Justicia debe respetar sus derechos como tal.

“Ese varón, legalmente, no existe. Ahora existe Yesenia Rubí. Ante la ley, es una persona libre de la autopercepción y el Estado reconoce sus derechos de acuerdo a la autopercepción”, justificó el abogado.

“Lo detuvieron como varón, ahora es una mujer trans. Hay un certificado de nacimiento a nombre de Yesenia Rubí. Es un documento público otorgado por una entidad estatal”, arguyó Torrico.

En mayo de 2023, Alberto Osinaga (37), docente de una universidad privada, fue encontrado infraganti en inmediaciones del motel Key Love de la capital orureña. Según la víctima, el hombre le ofreció mejorar sus notas académicas a cambio de tener intimidad.

El día de la aprehensión, el hombre y la víctima se citaron para el encuentro. La joven le alertó a su padre para que denuncie a la Policía.

De esa forma, el padre de la joven, acompañado por efectivos de la Policía, descubrió el hecho.

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Por este caso, la Justicia determinó la detención preventiva del docente en la cárcel de San Pedro de Oruro.

La presidenta de la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Bolivia, Luna Humérez, dijo a La Razón que se indaga la forma en el que el acusado consiguió el cambio de identidad. Aunque adelantó que optó por ese recurso para eludir a la Justicia.

“La persona no es trans. Lamentablemente, desvirtúan una lucha de nosotras para beneficiarse. La mayoría de nosotras hemos construido nuestra identidad”, dijo.

Este miércoles comenzó el juicio oral en contra el otrora docente.

Un grupo de abogados presentó ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una acción popular en contra del alcalde de La Paz, Iván Arias, por el deslave en Bajo Llojeta que dejó una niña fallecida y más de 40 viviendas anegadas por el lodo.

En criterio de los juristas, el gobierno municipal de La Paz incurrió en negligencia respecto de la supervisión y procesos administrativos en este caso. Además de “presuntas” omisiones en la prevención de desastres en la zona donde ocurrió el fenómeno.

“Hubo graves incumplimientos que se han suscitado con relación a obligaciones y deberes y otros en este luctuoso hecho que ha sido de conocimiento público. Es importante que sepa la ciudadanía que no podemos quedar impávidos ante una negligencia”, señaló el abogado Israel Campero.

Los juristas plantean que Arias explique ante las autoridades judiciales sobre tres puntos: la falta de medidas preventivas y evaluar si se adoptaron acciones para evitar desastres naturales en la zona afectada.

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Asimismo, verificar si existe la ejecución de planes municipales para la gestión de riesgos. Y, verificar si los recursos destinados a la mitigación y prevención de desastres se utilizaron de manera adecuada.

Los juristas afirmaron que con el proceso buscan garantizar que las autoridades municipales sean responsables en la protección de la ciudadanía y reaccionen ante eventos como el sucedo en Bajo Llojeta y así evitar futuras tragedias.

El caso está asignado a la Sala Constitucional Tercera. Ahora se espera hora y fecha para la audiencia.