Pasó lo que tenía que pasar”, contó ayer una joven que denunció acoso y abuso de poder de parte del presidente Luis Arce. La mujer estaba acompañada del diputado evista Héctor Arce, quien —con su impronta altisonante en la disputa del Movimiento Al Socialismo (MAS)— suele encargarse de denunciar al mandatario, los hijos de éste, los ministros y colegas suyos respecto de casos de corrupción.

Se trata del último capítulo de esta puesta en escena, parecida a un reality, sobre —quizás— la pelea más encarnizada y miserable en un partido política cuya trascendencia histórica va reduciéndose al descrédito absoluto en desmedro de un proceso que cambió la historia del país y movilizó a sectores mayoritarios antes minoritarios.

Todo comenzó en septiembre de 2022, cuando el líder del MAS, Evo Morales, denunció un “plan negro” en su contra. O, como dijo el presidente Luis Arce, “muy temprano”, en 2021.

Arce llegó al poder arropado desde el exilio por Morales, quien, como suele actuar, sobrepasó la decisión del cabildo del MAS de Huanuni, que a inicios de enero de 2020 se decantó por el binomio David Choquehuanca-Andrónico Rodríguez.

Quién iba a pensar que la apuesta de Morales iba a resultar su peor enemigo político, a juzgar por la inmisericorde confrontación interna, al punto de calificar al gobierno de “dictadura” y a los militantes evistas de “golpistas”.

Esto ya está descontrolado. Por más azorados que veamos cómo los masistas van sacando sus trapitos al sol día a día, mañana aparecerá otro escándalo que ya no causará sorpresa.

El MAS ha perdido el rumbo. Aquel partido que en 2005 fue la sensación electoral por su propuesta de país, su identidad con lo nacional-popular y la reivindicación de los pueblos indígena originario campesinos, hoy es un remedo de su historia.

Esta situación de degradación política ha resignado la retroalimentación interna, ha ultrajado la consecuencia, ha devaluado el discurso, ha degenerado el debate ideológico, ha desinstitucionalizado al país y ha desordenado la democracia. Ha tocado lo más sagrado de la vida: la privacidad de las personas y los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, cuyos nombres incluso afloran en la lucha de quien es más sobre el otro.

Incluso ha desahuciado su propia existencia. Al zafar el artículo 13 de su estatuto, que obliga la coordinación de la dirección nacional con las organizaciones matrices (campesinos, Bartolina Sisa e interculturales) para la convocatoria de su congreso. Así, no por el interés de uno sino de ambas facciones, se encamina a su autoproscripción.

Y lo más importante, ha desportillado su visión de país, esa construcción de años de lucha sociales: la consolidación del Estado Plurinacional.

Las consecuencias parecen lógicas: el desencanto de su militancia, la desacreditación de su proyecto política y la entrega en bandeja de oro las opciones electorales a la oposición real.

Esto último es más posible que nunca. Con razón han caído desde su mirada de palco Carlos Mesa y Jorge Quiroga, con su visita a Luis Fernando Camacho en la cárcel, o la reaparición en la arena política de Samuel Doria Medina. Y comienzan a reproducirse en busca de “unidad” en torno a uno y todos a la vez, y un electorado “antimasista”, sin importar quien sea elegido. En suma, la reactivación de aquella megacoalición que fue enterrada por la irrupción nacional-popular.

Aquel día, que podría ser el 17 de agosto de 2025, esa militancia se encontrará con una realidad distinta a la de 2005. “Pasó lo que tenía que pasar”, será quizás la frase de resignación.

Rubén Atahuichi
es periodista.

El día que Iván Lima renunció, el 26 de septiembre, insinuó algo llamativo: denunciar “desde el llano” a quienes le hicieron daño a la “inocencia de las niñas”. Horas después, sus declaraciones se decantaron en una intensa batalla política.

“Voy a poder asumir defensa y llevar adelante procesos contra gente que le ha hecho daño al pueblo boliviano, que ha sido parte no solamente de destruir la inocencia de niñas, la inocencia de familias”, arengó el saliente ministro de Justicia.

En un salón repleto de autoridades, dirigentes sociales y el presidente Luis Arce, Lima, como pocas veces ocurre con un ministro renunciante, tuvo el atril a su disposición.

Se infería que el blanco de sus alusiones era el expresidente Evo Morales. “Lo van a entender y lo van a asumir en los próximos días”, soltó el abogado, quien, el 28 de abril de 2014, fue posesionado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el entonces presidente Morales.

Denuncia

El miércoles 2 de octubre, la destituida fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, la destituyó, como a la comisión de fiscales, por el impulsar un caso que involucra a Morales con presuntos delitos de trata de personas y estupro.

La resolución de aprehensión de esa comisión de fiscales, conocida públicamente, apunta a Morales de haber mantenido presuntamente relaciones sexuales con una adolescente en 2016, vínculo del que nació una bebé. A instancias de la defensa, la orden fue anulada por una jueza de Garantías de Santa Cruz, decisión que impidió la aprehensión de Morales y los padres de la adolescente.

Mientras Lanchipa negó que haya ordenado la anulación del proceso, el expresidente negó la existencia de la causa en su contra. “Son mentiras”, resumió en una conferencia de prensa en Cochabamba.

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El proceso avanza, la fiscal Gutiérrez retomó sus funciones y Morales fue notificado este martes para su declaración en el caso, el jueves, en la ciudad de Tarija. “Frente a la situación, vamos a defendernos y vamos a ganar esta batalla. Este (proceso) obedece al mandato del imperio”, dijo en rueda de prensa el mandatario.

Batalla

Sin embargo, el caso ha reavivado una intensa batalla en actores especialmente de las facciones arcista y evista del MAS, que ha tenido incluso repercusión en algunos medios de información.

El diputado evista del MAS Héctor Arce fue uno de los primeros en responder a Lima, que desde que renunció poco habló, al menos desde sus redes sociales.

En su habitual discurso altisonante, el parlamentario dijo que el exministro “desgració la vida de una niña, de una jovencita, porque uno no se conoce hoy y se casa mañana”.

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Esto “quiere decir que usted enamoró con esta niña, quizás desde los 15, 16 y 17 años”, dijo Arce sobre Lima, de quien afirmó que “no tiene moral” para aludir a Morales.

Este martes, el diputado apuntó al mismo presidente Arce. En conferencia de prensa, denunció que el mandatario contrata personal femenino en la misma Casa Grande del Pueblo.

Casa Grande del Pueblo

Una joven lo acompañó en la rueda de prensa. Ella contó que el mandatario, en su afán de nombrarla viceministra de Deportes, incluso mandó a traerla desde Santa Cruz.

Dijo que, cuando llegó a la casa de Gobierno, el presidente Arce la esperaba con vino tarijeño. Luego “tomamos bebidas alcohólicas, pasó lo que tenía que pasar”, dijo la mujer a los medios.

En las redes sociales también circulan videos que vinculan al mandatario con mujeres, extremos que no fueron denunciados ni respondidos.

En el afán de buscar las presuntas vinculaciones de Morales con el delito, la periodista Jimena Anteló conversó la semana pasada con la abogada del exmandatario Cecilia Urquieta.

Televisión

En un cruce verbal, la presentadora de No Mentirás, de la red de televisión RTP, quiso saber si existe o no el caso de la relación de Morales con una adolescente de 16 años. “Yo no conocía” ni responderé, contestó la profesional.

Antelo lamentó que Urquieta le haya dicho que consiguió información del Ministerio de Gobierno respecto del caso. “Por eso le digo irresponsable”, espetó la periodista.

“Creo que le ha molestado que le diga que usted ha sido madre a los 16 años”, replicó Urquieta.

“¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?”, contrarrestó Antelo una y otra vez.

“Es no le incumbe ni a usted ni a quienes están viendo su programa”, zafó la abogada.

Redes sociales

Luego de esa entrevista, seguidores de Morales propalan un video en el que se ve a Antelo contar su historia de madre adolescente. Esta develación genera una serie de reacciones en los internautas, hasta memes sobre la vida privada de la periodista.

Esta batalla interna del MAS sucede a una serie de acusaciones entre las facciones arcista y evista, desde casos de corrupción y presuntos vínculos familiares con ella de parte del presidente Arce.

Cuando en conferencia de prensa, el viernes, un periodista preguntó a Morales sobre si tuvo una hija con una adolescente, éste respondió: “Lucho ha dicho que no se metan con la familia. No se metan con la familia; la familia es (algo) sagrado”.

La restituida fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, reclamó por la reincorporación de tres fiscales del equipo que investigaba el caso de presunto estupro que implica al expresidente Evo Morales.

La mañana de este lunes, la autoridad retomó sus funciones, al amparo de la decisión del juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Iván Córdova, que instruyó su restitución en el cargo.

Al volver a su oficina, Gutiérrez conversó con los periodistas. “Por ética, profesionalismo y moral, se debería reincorporar y dejar sin efectos esos memorándums de destitución para estos tres fiscales, porque que es algo injusto lo que están haciendo”, exigió.

Los fiscales destituidos junto con ella fueron la directora de la Unidad de Trata y Tráfico, Pamela Obando, y los fiscales de materia Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco. Ellos habían firmado el 26 de septiembre la orden de aprehensión de Morales.

Sandra Gutiérrez

La mañana de este lunes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó la restitución de Gutiérrez. “Entiendo que (la fiscal) a partir de hoy debería asumir sus funciones; no tengo los fundamentos de esa decisión, pero, reitero, nosotros en cumplimiento a la Constitución debemos acatar”, dijo en referencia a la decisión de Córdova.

La semana pasada, Gutiérrez denunció que Lanchipa había ordenado su destitución. Sin embargo, quien firmó la orden fue el fiscal interino Mauricio Nava.

El viernes, Lanchipa aclaró que la fiscal fue destituida por una posible “negligencia” en la argumentación del caso de Morales. “En la tramitación de la causa, el suscrito fiscal general del Estado, en ningún momento dio instrucción alguna para paralizar el proceso indicado”, se defendió.

Sin embargo, en la rueda de prensa de este lunes, Gutiérrez denunció que el caso Morales tiene consecuencias en el Ministerio Público. “Están haciendo una masacre blanca, solo por haber conformado el equipo de fiscales para la investigación en contra de este señor”, dijo.

Evo Morales

La Fiscalía Departamental de Tarija abrió de oficio una investigación contra el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), en el que incluso están involucrados los padres de la supuesta víctima, identificados como I. P. S. y E. V. M.

Según las investigaciones, en 2016, el exmandatario tuvo una hija con una adolescente de 16 años, aunque la concepción, según una resolución de aprehensión contra Morales anulada, ocurrió cuando la menor tenía 15 años.

El Ministerio Público convocó a Morales y los padres de la hora joven a una declaración en el caso para el jueves 10 de octubre.

A través de sus redes sociales, el presidente Luis Arce celebró el Día Nacional de la Cueca, danza de la que dijo que una de las “más emblemáticas” del país.

La cueca “refleja la riqueza cultural y la identidad de nuestro país” y “es un símbolo de alegría, tradición y unidad, que nos invita a disfrutar de su ritmo y a compartir momentos especiales”, escribió el mandatario.

El Día Nacional de la Cueca Boliviana se celebra cada primer domingo de octubre; fue instituido por la Ley 764, del 30 de noviembre de 2015, firmada entonces por el presidente en ejercicio Álvaro García.

Además, esa ley declara a la cueca boliviana Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. Honra la diversidad de las expresiones musicales, poéticas, coreográficas y de indumentaria de la danza, “para la salvaguarda de los valores culturales, tradicionales y populares, que le otorgan identidad nacional”.

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El promotor de la celebración es el eximio guitarrista Willy Claure, quien, precisamente, es parte, este domingo, de dos actividades relativas a la celebración: la premiación del Concurso de Cueca Afroboliviana en La Paz y el Festival de la Cueca en Sacaba, Cochabamba.

“Que este día nos inspire a seguir promoviendo y preservando nuestras costumbres, llevando en cada paso el orgullo de ser bolivianos”, escribió el presidente Arce.

La cueca es una danza nacional interpretada en casi todo el país, especialmente en Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz.

Se caracteriza por su ritmo cadencioso y de coqueteo entre los intérpretes, que ondean pañuelos mientras cruzan sus pasos. Tiene dos momentos (primera y segunda), con un zapateo que la tradición boliviana la llama “quimba”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) develó que el Estado boliviano no respondió a las recomendaciones sobre reparación judicial y procesos a favor de las víctimas del caso Terrorismo. Por eso, el organismo acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

A través de sus redes sociales, la CIDH difundió el viernes el informe sobre recursos planteados por Mario Francisco Tadic Astorga y otros en relación a la violación de derechos a la vida en el operativo policial del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz.

Entonces, un comando de élite irrumpió en el establecimiento en su afán de detener al húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores, entonces acusado de pretender una ola terrorista en el país. El hombre murió acribillado, como dos de sus compañeros, el irlandés Dichael Dwyer y del rumano Magyarosi Arpád.

Dos miembros de la célula extranjera, Elód Tóásó y Mario Tadic, salvaron la vida, pero fueron aprehendidos. Otros dos, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, fueron detenidos semanas después, el 28 de abril.

Demanda en la CIDH

Tadic, Tóásó y otros acudieron a la CIDH para denunciar que, en la detención, sufrieron torturas y otros vejámenes contra sus derechos. Y el organismo les dio la razón.

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El 26 de julio, la CIDH acudió a Corte-IDH para someter al Estado de Bolivia a su jurisdicción. En carta dirigida al secretario de ese tribunal, Pablo Saavedra Alessandri, el organismo explica los pormenores de sus conclusiones.

En un capítulo especial, recuerda que Bolivia fue notificada sobre su Informe de Fondo del caso el 26 de julio de 2022. Esa vez otorgó al Estado dos meses de plazo para “informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones”.

“Tras el otorgamiento por parte de la CIDH de siete prórrogas, el 11 de julio de 2024 el Estado solicitó una octava prórroga”, señala el informe del organismo.

Al recibir la solicitud, “valoró las gestiones realizadas por el Estado”. Sin embargo, devela que, “a pesar de ello, observó que han transcurrido dos años desde la notificación del Informe de Fondo sin que haya avances concretos en el cumplimiento de las recomendaciones”.

Corte-IDH

Debido al incumplimiento de los plazos y las recomendaciones, la CIDH se vio obligado a acudir a la jurisdicción de la Corte-IDH, “ante la necesidad de justicia y reparación integral, y considerando la voluntad de las víctimas”.

La CIDH recomendó al Estado de Bolivia reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial; disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas del presente caso; iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos; y adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares.

En su informe sobre el caso, la CIDH “determinó que los actos perpetrados en contra de los señores Tadic y Tóásó, durante y después de su detención y en contra de los señores Guedes y Mendoza, durante su traslado a La Paz, constituyeron actos de tortura”, concluyó la CIDH.

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Detención

Además, señaló que “las condiciones de detención en la cárcel de San Pedro significaron una afectación del derecho de los internos a vivir en un régimen de detención compatible con su dignidad personal”.

Así, la CIDH “consideró que el Estado es responsable por la violación al derecho a la integridad personal y a sus obligaciones derivadas de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.

El caso Terrorismo fue investigado a instancias del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, el 23 de septiembre, dicho despacho gubernamental, entonces a cargo de Arturo Murillo, se retiró como parte acusadora de la causa.

Esa decisión obligó al cierre del caso. El entonces ministro de la presidenta Jeanine Áñez consideró la determinación como un “regalo al pueblo cruceño”, en vísperas de su efeméride departamental- Una investigación de una comisión multipartidaria de la Asamblea Legislativa develó que muchos dirigentes políticos y empresarios tuvieron vínculos con la célula de Rózsa, al punto de facilitarle su ingreso al país, pasajes de avión, hoteles y hasta ambientes para sus operaciones.