Este lunes se cumple el tercer día de bloqueo en el ingreso al botadero de K’ara K’ara, en el departamento de Cochabamba, situación que ha impedido la entrada y salida de los carros recolectores de basura.

La medida de presión fue instaurada el pasado sábado por vecinos de la zona sur de Cochabamba, quienes reclaman el cierre definitivo de este relleno sanitario.

Los manifestantes mantienen una vigilia en el lugar y dispusieron una serie de piedras y escombros sobre la vía, con el fin de obstruir la transitabilidad.

Los datos proporcionados por la Empresa Municipal de Servicios de Aseo de Cochabamba (EMSA), según Unitel, indican que desde el inicio del bloqueo se han acumulado más de 1.400 toneladas de basura en las calles de la ciudad.

También puede leer: El puente Bolivia de El Alto entra en refacción y se habilitan cuatro rutas alternas

Basura

Este escenario genera una considerable preocupación entre la población, no solo por los inconvenientes en la recolección de residuos, sino también por los potenciales riesgos para la salud pública y el medio ambiente.

Desde la Alcaldía se informó que ya hay una empresa adjudicada para llevar a cabo el cierre técnico del botadero y la industrialización de los desechos, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en septiembre de la pasada gestión; sin embargo, se advirtió que estos trabajos demorarían algunas semanas.

Por ello, se solicitó a los vecinos que permitan continuar con el vertido de basura en K’ara K’ara mientras se ejecuta el proyecto. Esta propuesta es rechazada por los movilizados, lo que ocsaiona una creciente acumulación de desechos en distintos puntos de la ciudad, especialmente en las calles de las zonas cercanas a los mercados.

Las autoridades se encuentran en la expectativa de conocer qué medidas se adoptarán en las próximas horas para resolver el conflicto y se han comprometido a entablar un diálogo con los vecinos movilizados.

Bolivia se ubica en el puesto 164 de 176 países en el Índice de Libertad Económica 2025 de The Heritage Foundation, con una puntuación de 44,1 puntos, lo que la clasifica como una «economía reprimida».

A nivel continental, ocupa el lugar 30 de 32 naciones en América, solo por encima de Cuba (25,4) y Venezuela (27,4), según el informe analizado por Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.

«Los fundamentos de la libertad económica en Bolivia siguen gravemente obstaculizados por problemas estructurales e institucionales. El sistema judicial es vulnerable a la injerencia política, la corrupción prevalece y el estado de derecho es débil», señaló Romero, citando el estudio.

Puede leer: Gobierno prevé iniciar esta semana negociación con la COB sobre incremento salarial

Bolivia

El documento atribuye la baja calificación al aumento de la presencia estatal en la economía, controles de precios, un tipo de cambio fijo «asfixiante» y subsidios a carburantes «insostenibles».

Aunque la puntuación boliviana subió 0,6 puntos respecto a 2024, se mantiene muy por debajo del promedio mundial (59,7) y regional (59,4).

El informe también destaca retrocesos históricos. Por ejemplo, desde 1998, la libertad económica en el país cayó 36%, pasando de 68,8 puntos, durante el modelo neoliberal, a los actuales 44,1, en línea con los gobiernos socialistas desde 2006.

Romero resaltó las contradicciones en los indicadores, pues mientras Bolivia registra una «carga fiscal alta» (88,8 puntos) y «salud fiscal crítica» (4,4), el informe le otorga una «libertad monetaria alta» (70,6), pese al actual «corralito bancario» y escasez de dólares.

Los peores resultados están en derechos de propiedad (19,9) y libertad de inversión (15), reflejando, según el economista, la falta de seguridad jurídica que ahuyenta capitales.

El análisis también critica el código laboral «anticuado y gravoso», así como la «creciente inestabilidad» por paros y bloqueos que son bastante habituales en el país.

«El común denominador son conflictos que ahuyentan inversiones. No hay seguridad económica para invertir», agregó Romero.

El economista señaló que mejorar este índice «amerita un cambio estructural en temas laborales, económicos y políticos», algo que deberá asumir el próximo gobierno para «reencaminar al país» y superar una crisis agudizada por la falta de confianza institucional.

El informe no incluye una postura oficial, pero indica que Bolivia requiere reformas profundas para dejar de ser una de las economías menos libres del continente.

La reunión entre ganaderos y ministros del área económica ingresó en un cuarto intermedio luego de más de tres horas de diálogo en relación a la carne de res, cuyo elevado precio genera cruces y acusaciones entre los productores y las autoridades.

De acuerdo con la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), la reunión continuará el sábado en la ciudad de La Paz, aunque no se precisó la hora.

Uno de los principales puntos a tratar es el veto a nuevas autorizaciones de exportaciones de carne de res, que está vigente desde el pasado 5 de febrero. En ese entonces, el Gobierno anunció la decisión como una manera de controlar los precios del producto, que se había disparado en los centros de abasto.

Puede leer: Gobierno convoca al Comité Multisectorial para acelerar importación de combustibles

Ganaderos

Con la restricción a las exportaciones, se esperaba generar mayor oferta y que el precio redujera. Sin embargo, rumbo al segundo mes de la medida, los costos del producto continúan al alza, llegando a máximos históricos de Bs 70.

“La única forma de ponernos de acuerdo y de que haya exportación es que haya un precio justo para la población, eso les pedimos. Han subido hasta un 60% el precio del ganado en pie, por tanto, ahí está el alza”, afirmó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, antes de ingresar a la reunión.

En ese sentido, la autoridad adelantó que el veto a las exportaciones se mantendrá, postura que rechaza el sector ganadero, debido a las pérdidas económicas.

Walter Ruiz, presidente de Fegasacruz, indicó antes de entrar a la reunión que el país tiene suficiente cantidad de ganado para abastecer el mercado interno como el mercado externo, por lo que la medida contra las exportaciones solo genera menos ingresos. 

Al respecto, Flores dijo que el Gobierno no quiere “perjudicar a ningún sector”, pero pidió a los ganaderos entender que ellos están elevando el precio del ganado a pie, lo que repercute en el costo final del producto.

Sin embargo, el sector rechaza estas acusaciones y apunta a un encarecimiento en los costos de producción, al contrabando y a la especulación en los mercados.

Este viernes, el Gobierno convocó al denominado Comité Multisectorial, conformado por productores, industriales, gremiales y transportistas, a una reunión el sábado a las 15.00 para abordar la importación y provisión de combustibles.

La convocatoria se realizó en respuesta a la propuesta de decreto supremo presentada por el sector productor, que plantea que la importación y comercialización de carburantes sea realizada por agentes privados.

“En el marco de la coordinación que tiene nuestro Gobierno es que invitamos el día de mañana al Comité, conjuntamente con la Cámara Nacional de Industria que fue la que proyectó ese decreto, a que podamos tener una reunión con el fin de dinamizar este decreto supremo y realmente los sectores que quieran realizar la importación de combustibles, ya sea para consumo propio o su comercialización, podamos definir el mejor camino, la mejor ruta de camino”, afirmó el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo.

Puede leer: La ejecución de la inversión pública cayó al 50% en 2024

Importación

La autoridad recordó que, como resultado del trabajo coordinado con el sector empresarial, se han emitido tres decretos supremos para regular la importación y comercialización de combustibles por parte de privados.

Entre ellos se encuentran el Decreto Supremo 5218, que permite la importación de combustibles para consumo propio; el Decreto Supremo 5271, que permite la comercialización y venta de carburantes importados; y el Decreto Supremo 5313, que reduce los requisitos para incentivar esta actividad.

El ministro anticipó que en la reunión se buscará acelerar la importación de carburantes por agentes privados, siempre dentro del marco de las normativas vigentes, garantizando la calidad de los productos y la seguridad en el almacenamiento y distribución.

Muchas de las “trabas” que denuncia el sector privado, en realidad, según Gallardo, se debe a que los combustibles son “precursores para la fabricación de narcóticos”. Por ello, hay muchos aspectos que deben ser tomados en cuenta. Asimismo, destacó la importancia de este diálogo, considerando que el encuentro se convoca a pocos días del inicio de la marcha del Comité Multisectorial, que partirá desde La Apacheta hacia La Paz el próximo lunes, en protesta por la escasez de combustibles y la situación económica del país.

La ejecución presupuestaria en inversión pública del país cerró 2024 con apenas un 50% del presupuesto vigente $us 4.841 millones, según datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo en su Rendición Pública de Cuentas Final.

Este porcentaje, el más bajo en años, refleja una caída del 9% en montos ejecutados respecto a 2023, pasando de Bs 18.233 millones a Bs 16.671 millones. Para Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, la cifra evidencia una política de “austenidad reactiva” que prioriza controlar el déficit fiscal costa del crecimiento económico y el empleo.

El análisis de Romero, basado en el informe oficial, destaca que la inversión pública retrocedió en todos los sectores estratégicos: el productivo solo ejecutó el 39% de su presupuesto, el social el 56%, infraestructura el 70% y el multisectorial el 50%.

Puede leer: YPFB afirma que las filas por combustibles redujeron en un 50%

Inversión

“Estos números no solo limitan la generación de empleo, sino que debilitan el mercado interno, ya frágil por problemas como la escasez de carburantes y dólares”, señaló el economista.

La tendencia a la baja se arrastra desde 2023, cuando la ejecución fue del 57%, $us 4.666 millones, pero se agudizó la gestión pasada.

Romero atribuye el declive a la reducción de ingresos hidrocarburíferos y a una estrategia gubernamental para evitar ampliar el déficit.

“Es una de cal por otra de arena: se sacrifica inversión clave para apuntalar las finanzas públicas, pero se ahonda la crisis productiva”, indicó.

El economista alertó que, pese a la “austeridad”, el modelo económico boliviano, dependiente del gasto fiscal y un mercado interno “endeble”, enfrenta un círculo vicioso.

“Si no se invierte en infraestructura o industria, no hay reactivación posible. Y si se recorta más, se profundizarán problemas como la falta de empleo y la caída de la demanda”, señaló.

 Además, criticó que parte de los recursos podrían reorientarse a gasto corriente, una práctica que, según él, “no resuelve los desafíos estructurales”.

Romero también cuestionó la viabilidad de mantener esta política en 2025, año en que Bolivia enfrentará presiones adicionales, como la creciente deuda pública y la desaceleración global.

“Sin inversión pública estratégica, el país seguirá dependiendo de parches, mientras el modelo económico se resquebraja”, afirmó.