En un hecho ‘histórico’, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz le otorgó tutela a la Defensoría del Pueblo para velar por los derechos afectados de las comunidades indígenas y de la Madre Tierra a causa de los incendios forestales.

“La Defensoría del Pueblo se va a constituir como la instancia institucional que encabece ese control ciudadano que nos va a permitir tener información del Estado acerca de lo que está haciendo para (restaurar y) prevenir seriamente los incendios”, explicó Pedro Callisaya, defensor del pueblo.

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Tutela

La tutela se logró luego de que Callisaya presentara una acción popular contra varias autoridades a quiénes identificó como responsables de las llamas que arrasan al oriente boliviano.

Ahora, la Defensoría, junto a las organizaciones sociales, podrá hacer seguimiento de las acciones que tome el Gobierno para cumplir los planes de prevención y reparación para los que fueron afectados por los incendios.

“Justamente con esta resolución constitucional, lo que vamos a buscar es articular esa exigencia de la población hacia el Estado. Todas las organizaciones de la sociedad civil tienen ahora la posibilidad, a partir de esta resolución constitucional, de hacer esa exigencia y hacer el control ciudadano”, afirmó Callisaya.

Según explicó la autoridad, la determinación de la Sala Constitucional Segunda establece que el Gobierno deberá presentar informes trimestrales sobre las acciones que se realizan para evitar los incendios.

De igual manera, las instituciones accionadas del nivel nacional, departamental y municipal deberán rendir informes dos veces al año sobre el avance de ejecución sus planes de reparación de los daños causados por los incendios, así como las medidas de prevención.

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que existe una ‘persecución política’ contra el exmandatario Evo Morales. Informó de una orden de aprehensión que se emitió, en tiempo ‘récord y de forma arbitraria’, en su contra por una serie de delitos.

“Se ha iniciado una sañuda persecución (…), entendemos que hay órdenes de aprehensión contra los principales dirigentes de la marcha. El día jueves (26 de septiembre) se activaron varios procesos judiciales contra el expresidente Morales”, denunció en conferencia de prensa.

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Denuncias

Según explicó el exministro, existen una serie de denuncias contra el expresidente. Por calumnias y difamación, iniciada por la Procuraduría General del Estado, por destrucción de vías, luego de la denominada ‘Marcha para salvar Bolivia’. Pero la más grave, y la que logró la orden de aprehensión, se originó en la Fiscalía Departamental de Tarija.

Aunque Romero no aclaró de qué delitos se acusaba a Morales, la ahora exfiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, dijo que se debía al crimen de trata y tráfico de personas y estupro.

El exministro afirmó que la orden de aprehensión se realizó en tiempo récord y de manera totalmente arbitraria, sin seguir los procedimientos legales. Sostuvo que se formalizó la detención de Morales en solo 2 horas.

Explicó que la comisión de fiscales que conformó Gutiérrez argumentó que, al tratarse de una exautoridad, existía riesgo de fuga, por lo que activaron la aprehensión, sin que Morales sea citado para declarar.

“El presidente Morales ha estado rodeado, secuestrado, estos días, rodeado por un despliegue militar, policial, porque mandaron carros blindados, policías de élite para aprehenderlo y sacarlo en helicóptero”, protestó Romero.

Acción de libertad

Dijo que el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) se mantuvo en reserva y en silencio respecto al tema hasta que se opere jurídicamente, lo que finalmente ocurrió este miércoles.

“La orden de aprehensión acaba de caerse, porque una acción de libertad nos ha dado la razón”, informó.

El motivo principal es que se demostró que la denuncia no correspondía por una razón de territorio. La resolución de aprehensión señalaba que el domicilio de Morales se encontraba en Cercado, Tarija, pero los datos indicaban que el expresidente habitaba en Villa Tunari, Tarija.

Por lo tanto, el proceso carece de nulidad, ya que se inició con datos equivocados. En criterio del evismo, es la prueba de la persecución del Gobierno.

En tanto, la fiscal Gutiérrez fue alejada de su cargo y denunció que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, protege a Morales.

Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz y detenido en Chonchocoro, se refirió a la reciente inauguración del puente Cristóbal Roda Daza, que une el municipio de Santa Cruz con el de Porongo, y calificó a la construcción como una prueba de que el modelo cruceño funciona.

“Con empresarios que apuestan por su región, con autoridades que hagan viables los proyectos y con la confianza de la gente en su modelo es que se puede salir de la crisis y avanzar”, escribió en sus redes sociales.

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El puente se inauguró oficialmente el lunes, pero la circulación de vehículos inició este miércoles.

Para el líder de Creemos, la obra “es una muestra del empuje del sector empresarial”, debido a que se construyó con una inversión, totalmente privada, de $us 12 millones. El puente tiene un largo de 420 metros y 12,5 metros de ancho.

Además, Camacho señaló los beneficios que considera tendrá la infraestructura, principalmente para el municipio de Porongo.

“Este puente va a contribuir con el desarrollo del sector inmobiliario en Porongo, va a generar empleos y un aporte social muy grande al facilitar la integración de dos grandes municipios”, afirmó.

Durante la inauguración, el alcalde de Porongo, Neptaly Mendoza, no se olvidó de Camacho y le agradeció, pues, explicó, la construcción de la obra se agilizó cuando éste estaba a cargo la Gobernación de Santa Cruz.

Se prevé que entre 12.000 y 20.000 vehículos circulen por día a través del puente Cristóbal Roda, en un tramo que se recorre, en promedio, entre 15 y 20 minutos.

Luego de su inauguración, este miércoles, inició la circulación de vehículos en el puente Cristóbal Roda Daza, que une Santa Cruz con el municipio de Porongo, a través del río Piraí y del Urubó.

La obra se ejecutó con una inversión, totalmente privada, de $us 12 millones, de la empresa Urubó Village SA.

El puente se construyó en el tiempo récord de 18 meses, tiene una longitud de 420 metros y un ancho de 12,5 metros, lo que le permite una doble vía.

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El alcalde de Porongo, Neptaly Mendoza, indicó este miércoles que “más de 12.000 vehículos circularán de forma diaria por este puente”. Además de ello, la infraestructura, afirmó, tiene espacio para que personas de a pie y ciclistas también se movilicen.

‘Beneficio incalculable’

“Estamos con una enorme alegría dando inicio a la apertura oficial del nuevo puente de integración metropolitana que estará al servicio de toda la población. Este es un proyecto que tiene un beneficio incalculable, tanto para el municipio de Porongo como para la capital cruceña, porque va a dinamizar la economía; las inversiones se volverán más atractivas y esto es una muestra de que Santa Cruz no se rinde ante la crisis”, afirmó el alcalde.

Según Mendoza, el puente permite que se corte la ruta anterior de 5 kilómetros, por lo que ahora la circulación de Santa Cruz a Porongo se realizará en un lapso de entre 15 a 20 minutos como máximo.

El acto de inauguración se realizó el lunes, con la presencia del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, y el gobernador del departamento, Mario Aguilera.

Todas las autoridades coincidieron en que esta infraestructura beneficiará a las negociaciones e inversiones entre los municipios de Porongo y Santa Cruz. Asimismo, destacaron que es una prueba de la eficacia del ‘modelo cruceño’.

La Cámara de Senadores sancionó este miércoles el proyecto de ley que permite a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suscribir un contrato con Canacol Energy Colombia SAS para la exploración y explotación del área reservada Tita-Techi, en el departamento de Santa Cruz.

Habiéndose aprobado en la Cámara de Diputados previamente, se remitió el proyecto al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

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La empresa colombiana, la mayor productora independiente de gas natural de Colombia, invertirá más de $us 100 millones para iniciar operaciones.

Ingresos

Con la explotación de los hidrocarburos de la región, se espera que el Estado genere ingresos mayores a los $us 500 millones, por lo que es calificado como un negocio rentable para el país.

Además, el contrato de servicios petroleros establece que los recursos recuperables serán de aproximadamente 133,70 billones de pies cúbicos (BCF, por su sigla en inglés) y 1,4 millones de barriles.

Asimismo, en el proyecto se evaluará el potencial hidrocarburífero del área reservada a favor de YPFB, específicamente en el municipio de Charagua, que supera las 90.000 hectáreas de extensión.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Reactivación del Upstream 2021-2025, que incluye inversiones por parte de YPFB y fomenta la participación de compañías privadas en la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos.

Desde marzo de 2023 Canacol Energy Colombia se mostró interesada en realizar la inversión en Bolivia, luego de una primera visita.

Además, el objetivo del proyecto es reponer las reservas y aumentar la producción de hidrocarburos en el país. De esta manera, según YPFB, se asegurará el abastecimiento interno y se generará ingresos extras a través de la exportación.