La segunda jornada de bloqueos del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) concluye con seis puntos que impiden la transitabilidad, según el reporte de las 21.00 de las Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Desde tempranas horas del martes se registraron cinco puntos de bloqueo, en las siguientes rutas: en Cochabamba, en el cruce Vacas, en Suticollo, a la altura del retén Parotani; en Oruro, en la ruta Bombeo-Pongo y también en la carretera Pongo-Confital; mientras que en Santa Cruz el bloqueo se presentaba en la vía San Germán-Puente Ichilo, en el límite con Cochabamba.

Conforme avanzó el día, se registró un nuevo punto de bloqueo, también en Cochabamba, a la altura del puente Lope Mendoza, en la carretera a Santa Cruz.

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Con estos seis puntos, la facción evista del MAS impidió la transitabilidad entre el oriente y el occidente boliviano. De hecho, el transporte terrestre tuvo que cancelar las salidas hacia esos departamentos, aislando a Cochabamba.

Bloqueos

De acuerdo con el evismo, el Gobierno inició una persecución legal contra su líder, el expresidente Evo Morales. Por ello, las medidas de presión son en defensa del exmandatario, acusado por el delito de trata y tráfico de personas.

Asimismo, los movilizados piden que se atiendan los puntos de su pliego petitorio relacionados con la falta de dólares, la escasez de combustibles y el encarecimiento de los productos de la canasta familiar.

El Gobierno, por su parte, invitó al diálogo a los movilizados, para escuchar sus propuestas y soluciones a la coyuntura económica que atraviesa el país.

Sin embargo, el evismo puso como condicionantes que se desactiven los procesos contra Morales, que se reconozca que está habilitado para ser candidato a la Presidencia y que se reconozca el congreso de Lauca Ñ, donde se lo ratificó como jefe nacional del MAS.

Gobierno

No obstante, el Gobierno rechaza este condicionamiento y afirma que esas decisiones están en manos del Órgano Judicial y Electoral, respectivamente.

En tanto, la segunda jornada de bloqueos concluyó con la aprehensión de tres movilizados y con la liberación de otros 13, que habían sido detenidos el lunes, en Parotani, según la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, el Gobierno informó que estas dos jornadas dejaron pérdidas de más de Bs 719.000, solo en el cobro de peajes. En caso de que el bloqueo logre un alcance nacional, estiman pérdidas de hasta $us 120 millones.

Como parte del seguimiento a la conflictividad en el país, la Delegación Defensorial de Cochabamba, bajo la Defensoría del Pueblo, monitoreó la situación de 13 personas que fueron detenidas el lunes durante el bloqueo del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Parotani.

La delegada defensorial, Marioly Álvarez, informó que una comisión defensorial verificó las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Quillacollo y confirmó que se remitió a las 13 personas a la Fiscalía de Sipe Sipe, donde se emitieron órdenes de liberación, ya que los hechos de su detención se catalogaron como infracciones menores.

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Asimismo, según la Defensoría del Pueblo, este martes, segunda jornada de bloqueos, se detuvo a tres personas. Las mismas, están a la espera de una audiencia para definir su situación jurídica.

Defensoría

La comisión defensorial también sostuvo una reunión con la dirigencia de los evistas movilizados, quienes aseguraron que su vigilia y bloqueo son pacíficos e indefinidos. Garantizaron que permitirán el paso de ambulancias y evitarán limitar los derechos de personas ajenas al conflicto.

Durante el monitoreo, la comisión defensorial acompañó a un funcionario policial hasta el Comando de la Policía del Valle Bajo y pidió a la policía evitar el uso de agentes químicos en el punto de bloqueo.

La Defensoría del Pueblo afirmó que continuará con sus acciones para asegurar el respeto a los derechos humanos en este tipo de conflictos, aunque pidió que se busque el diálogo entre ambas partes.

Sin embargo, el Gobierno rechazó “el condicionamiento” de los bloqueadores evistas, quienes afirmaron que asistirán al diálogo y levantarán medidas cuando se cancelen los procesos en contra de Evo Morales, se lo reconozca como candidato a la Presidencia y se reconozca el congreso evista de Lauca Ñ.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, informó que se llevará a cabo un bloqueo de carreteras en los cuatro puntos cardinales del departamento de Santa Cruz a partir del viernes 18 de octubre.

La medida de presión busca exigir al Gobierno un aumento en el presupuesto asignado a la casa de estudios, ya que, según el rector, el presupuesto actual es insuficiente para cubrir las necesidades de la institución.

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Cuéllar explicó que, de no recibir los fondos solicitados, el semestre académico corre el riesgo de suspenderse, lo que también afectaría la admisión de nuevos bachilleres en 2025.

«La universidad tiene aproximadamente 120.000 estudiantes y el próximo año tenemos que recibir nuevos bachilleres, pero todo esto está en riesgo», advirtió el rector.

El bloqueo se realizará en zonas clave del departamento, como Yapacaní, Montero, Camiri, San Julián y la vía hacia los valles. Inicialmente, la medida será de 24 horas, pero Cuéllar no descartó que el bloqueo se vuelva indefinido si el Gobierno no responde a las demandas presupuestarias.

La UAGRM sostiene que la falta de financiamiento pone en peligro la continuidad de sus actividades académicas y exige al Gobierno cumplir con su «obligación constitucional» de garantizar los recursos necesarios.

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento de la carne de res y regular los precios en los mercados, el Gobierno decidió destinar la carne que originalmente se exportaba al consumo interno.

“Estamos realizando un envío de carne de res por parte de los frigoríficos exportadores al mercado local de Santa Cruz, a un precio preferencial. Estamos enviando carne a un precio de 23,50 bolivianos para no presionar más la estructura de costos”, explicó Grover Lacoa, viceministro de Comercio Interno.

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Según explicó la autoridad, debido a la crisis ambiental que atraviesa el país, con los incendios y las sequías, la oferta de carne de res se ha visto disminuida. Por este motivo, incrementó su costo en los mercados locales, llegando a adquirirse por más de Bs 25 el kilo gancho.

“Vamos a atender con este envío de 100 reses que son más o menos 25.600 kilogramos que se están despachando”, afirmó Lacoa.

El viceministro añadió que éste será un primer envío a Santa Cruz, pero también se realizarán otros a nivel nacional. Reiteró que el costo será de Bs 23,5 y, en su criterio, esto permitirá que el precio “se regule a la baja” y los consumidores accedan al producto en su precio justo.

En total, 15 mercados del departamento de Santa Cruz se beneficiarán de este envío y ofertarán la carne de res a partir de este miércoles.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó sobre la crisis que enfrenta el país tras la suspensión del proceso de elecciones judiciales, una medida que pone en peligro el derecho de los bolivianos a elegir a sus autoridades judiciales.

El proceso, a poco más de un mes de su realización, quedó en suspenso tras un fallo emitido por la Sala Constitucional de Pando, que declaró desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Esta decisión surge por presuntos incumplimientos en los criterios de equidad de género, plurinacionalidad y representación territorial en la conformación de las listas de candidatos.

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Riesgo

Callisaya, a través de sus redes sociales, expresó su preocupación por lo que calificó como un “riesgo de paralización del proceso electoral judicial”. La autoridad defensorial destacó que este estancamiento profundiza la “fragilidad institucional democrática” del país y advirtió sobre las consecuencias de la prolongación indefinida de los actuales mandatos judiciales.

“El derecho político de los bolivianos a elegir a sus autoridades no debe ser limitado”, enfatizó Callisaya. Además, señaló que la falta de renovación de las autoridades judiciales podría conducir a “salidas no democráticas” si no se actúa con responsabilidad y celeridad.

Fallos

El fallo de la Sala Constitucional de Pando se produjo tras el recurso presentado por María Esther Caero, candidata al TSJ por ese departamento. Caero argumentó que las listas de postulantes no cumplieron con los requisitos establecidos, lo que llevó a la anulación de la convocatoria no solo en Pando, sino en todo el país.

Simultáneamente, otro fallo en el departamento de Beni también ha impactado en el proceso electoral. Hugo Vargas, exaspirante al TSJ por ese departamento, presentó un amparo constitucional tras ser inhabilitado; afirmó haber obtenido un alto puntaje en su postulación. Durante la audiencia, el juez Charles Mejía denunció un intento de amedrentamiento por parte de la Policía.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya había advertido sobre el riesgo de parálisis en el proceso electoral judicial. Además, existen al menos tres amparos constitucionales adicionales en curso que podrían poner en mayor peligro los comicios programados para el 1 de diciembre.

El Defensor del Pueblo cerró su pronunciamiento subrayando la necesidad de que las autoridades actúen con rapidez. Pidió que envíen un “mensaje claro y correcto” a la población, para evitar una crisis de confianza en las instituciones democráticas del país.