El comandante de Incidentes en Bajo Llojeta, coronel Wilson Lupa Bernal, informó que el equipo de las Fuerzas Armadas está concentrado en la construcción de gaviones para reforzar la zona afectada por el reciente deslizamiento y mitigar futuros desastres.

La noche del 23 de noviembre, un deslizamiento de mazamorra sepultó al menos 40 viviendas, dejando una niña fallecida, varias viviendas afectadas y decenas de familias damnificadas.

“Estamos apoyando a la Alcaldía en el llenado de bolsas de contención y en la construcción de gaviones que permitirán canalizar el agua y reducir el impacto en áreas vulnerables”, explicó Lupa en La Razón Radio.

Señaló que, aunque no se tiene una fecha exacta para concluir las obras, el equipo llena diariamente entre 850 y 1.200 bolsas, las cuales se utilizan en la construcción de los gaviones.

Además, advirtió que se debe reforzar puntos críticos en la zona debido a la inclinación pronunciada en la venida Los Sargentos, que incrementa la velocidad del flujo del agua.

“De esa manera obviamente va a chocar a ciertos lugares que son vulnerables, tanto las viviendas como la parte de las avenidas” añadió.

Dentro de las investigaciones por el alud que afectó la zona, se aprehendió al alcalde de Achocalla, Lucio Mamani, y tres funcionarios de la empresa Kantutani.

Hoy, el alcalde de La Paz, Iván Arias, debe presentar su declaración en la fiscalía en calidad de sindicado.

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El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, afirmó que la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 podría generar un “efecto boomerang”, incentivando el contrabando y el comercio ilícito.

La disposición establece que, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales, las autoridades podrán actuar contra quienes almacenen, retengan o incrementen los precios de estos productos.

En entrevista con La Razón Radio, Camacho cuestionó la necesidad de esta disposición, argumentando que el marco legal vigente ya regula estas prácticas.

Además, destacó que la incertidumbre generada por la norma podría desalentar la inversión y debilitar el sector empresarial formal, perjudicando la generación de empleo y el desarrollo económico del país.

“El contrabando es el sector que no está regulado, no paga aranceles, no paga impuestos, daña nuestra economía, asfixia al industrial formal y puede terminar siendo un detonante para incrementar el contrabando y el crimen organizado en Bolivia”, denunció.

Ante la eventual aprobación del artículo, la CNI adelantó que recurrirán a acciones legales para impugnar la norma.

“Si el gobierno insiste en implementar esta disposición, tomaremos medidas legales. Esto solo generará más conflictos y desincentivará aún más a los inversores”, advirtió.

Este lunes, a través de un comunicado, la CNI expresó “su más profunda preocupación y alarma” por la disposición y pidió al Gobierno nacional adoptar medidas de política económica, que promuevan el desarrollo industrial nacional antes que medidas de orden represivo y confiscatorio.

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En medio de un conflicto de competencias territoriales tras la mazamorra que afectó a la zona de Bajo Llojeta, la Alcaldía de La Paz reafirmó que el cementerio Los Andes está dentro de su jurisdicción. Sin embargo, señaló que los permisos de movimientos de tierra en el área fueron emitidos por la Alcaldía de Achocalla.

En entrevista con La Razón Radio, el asesor la Alcaldía de La Paz Óscar Navarro aseguró que las leyes respaldan que el cementerio está en terrenos de La Paz. Sin embargo, la falta de límites definidos permitió que Achocalla realice intervenciones en el lugar.

“Nosotros hemos presentado en la Fiscalía todas las licencias de funcionamiento emitidas para la inmobiliaria Kantutani. Ninguna de estas incluye la dirección del cementerio Los Andes, en la avenida Mario Mercado 1.000. Hemos demostrado que la inmobiliaria coordina sus actividades con el municipio de Achocalla”, afirmó Navarro.

El deslizamiento de tierra que afectó el pasado sábado en Bajo Llojeta dejó una niña de cinco años fallecida, más de 40 viviendas afectadas y varias familias damnificadas. Según Navarro, el desastre fue causado por movimientos de tierra autorizados por Achocalla en el camposanto.

Navarro informó que la Alcaldía de La Paz solicitó a la Gobernación un proceso de delimitación territorial. Sin embargo, indicó que, si no se logra una solución en coordinación con el gobierno departamental, se debería convocar a un referéndum, como lo establece la normativa vigente.

“Para que los habitantes decidan a qué municipio quieren pertenecer”, sostuvo.

El funcionario cuestionó el accionar de la justicia, asegurando que las decisiones judiciales priorizan “usos y costumbres” sobre la normativa vigente.

“Hemos presentado planos y normas que demuestran que estas áreas son de nuestra jurisdicción, pero los jueces nos limitan, dificultando nuestras acciones y exponiendo a los vecinos a riesgos graves”, denunció.

El 28 de noviembre, el alcalde de La Paz, Iván Arias, durante su declaración ante la Fiscalía por la mazamorra en Bajo Llojeta, entregó documentación que, según en su criterio, prueba las irregularidades en el movimiento de tierras que llevaron al desastre.

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Pese a que según la cotización del según el Banco Central de Bolivia (BCB), sostiene que el dólar oficial en Bolivia sigue siendo a Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra, la situación es muy diferente en el mercado paralelo.

En el centro de la ciudad de La Paz, la cotización del dólar paralelo es de Bs 11,90 para la venta, mientras que para la compra está entre Bs 10,50 y Bs 11. Sin embargo, los tradicionales librecambistas de la avenida Camacho y sus alrededores ofrecen la moneda a la venta en Bs 12,00.

En la zona Sur, las fluctuaciones son aún más pronunciadas. La casa de cambio Mercy vende el dólar a Bs 11,50 y lo compra en Bs 10,60, mientras que Cambios Sur registra una cotización máxima de Bs 12,50 para la compra, y se sitúa como una de las tasas más altas reportadas en la ciudad.

Otras monedas

Sin embargo, estos contrastes no se limitan al dólar. Otras monedas también muestran diferencias notables frente a las cifras oficiales del BCB:

Peso mexicano: cotiza en promedio a Bs 0,70 en casas de cambio, más del doble del valor oficial de Bs 0,33.

Real brasileño: se oferta en cerca de Bs 2,00, mientras que el BCB lo fija en Bs 1,18.

Sol peruano: su precio en el mercado alcanza hasta Bs 3,46, frente a los Bs 1,82 establecidos oficialmente.

La falta de dólares en el país es un problema que se arrastra desde el año pasado. Producto de la demanda, la moneda llegó a cotizarse hasta en Bs 15 en el mercado paralelo durante el mes de agosto.

El fenómeno tiene efecto en distintas actividades de la economía nacional, como las exportaciones e importaciones, el incremento de los productos de la canasta familiar e incluso problemas en los anticréticos y alquileres.

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El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en el Senado, Guillermo Seoane, defendió al expresidente Carlos Mesa frente a los cuestionamientos sobre su edad y estado de salud. Señaló que otros precandidatos tienen edades similares y calificó como irrelevante el debate sobre juventud en la política.

En entrevista con La Razón Radio, Seoane afirmó que ningún aspirante presidencial actual puede considerarse joven según los estándares internacionales.

“Carlos Mesa tiene 71 años, Manfred Reyes Villa 69, y los demás superan los 55 años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas, joven es quien tiene entre 10 y 28 años; de ahí en adelante somos adultos”, precisó.

Entre los nombres que más suenan en la política con miras a las elecciones 2025 son: Samuel Doria Media (65 años); Jorge Tuto Quiroga (64); Manfred Reyes Villa (69); Rodrigo Paz, (57 años); Chi Hyun Chung (54 años); Branko Marinkovic (57 años) y en el caso de una posible candidatura, Andrónico Rodríguez (36 años).

Además, consideró injustas las críticas hacia Mesa por su salud. “Mesa tuvo COVID-19, sí, y le quedaron algunas secuelas, pero se está recuperando. No hay razón para excluirlo de la carrera política por eso”, admitió.

Afirmó que Mesa sigue siendo una figura clave para la unidad de la oposición. “Si decide dar un paso al costado, será porque él mismo lo determine. Evaluará su rol como unificador o promotor de una nueva opción para el país. Pero si el país lo reclama, estará presente”.

Destacó que Comunidad Ciudadana es el principal rival del Movimiento al Socialismo (MAS) y calificó a otras opciones de oposición como “ficticias”. Sin embargo, afirmó que mantienen diálogo con figuras como Vicente Cuéllar y con miembros de Creemos en Santa Cruz.

Rechazó las propuestas de elecciones abiertas para definir candidatos de la oposición. Según Seoane, estas iniciativas buscan excluir deliberadamente a Mesa. “Siempre tratan de excluir a Mesa, y eso no puede ser posible”, concluyó.

Según el calendario electoral, anunciado hace meses por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), las elecciones presidenciales se desarrollarán el 17 de agosto de 2025.

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