Un polémico caso de cambio de identidad de género, aparentemente legal, se presentó en la ciudad de Oruro. Así, un catedrático acusado por el delito de acoso sexual a una estudiante busca eludir a la Justicia, denunciaron los familiares de la víctima.

El abogado Jhasmany Torrico, patrocinante del docente, dijo que su defendido, durante su estadía en el penal de San Pedro, en nueve meses, se cambió de género y hoy es una mujer trans y considera que la Justicia debe respetar sus derechos como tal.

“Ese varón, legalmente, no existe. Ahora existe Yesenia Rubí. Ante la ley, es una persona libre de la autopercepción y el Estado reconoce sus derechos de acuerdo a la autopercepción”, justificó el abogado.

“Lo detuvieron como varón, ahora es una mujer trans. Hay un certificado de nacimiento a nombre de Yesenia Rubí. Es un documento público otorgado por una entidad estatal”, arguyó Torrico.

En mayo de 2023, Alberto Osinaga (37), docente de una universidad privada, fue encontrado infraganti en inmediaciones del motel Key Love de la capital orureña. Según la víctima, el hombre le ofreció mejorar sus notas académicas a cambio de tener intimidad.

El día de la aprehensión, el hombre y la víctima se citaron para el encuentro. La joven le alertó a su padre para que denuncie a la Policía.

De esa forma, el padre de la joven, acompañado por efectivos de la Policía, descubrió el hecho.

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Por este caso, la Justicia determinó la detención preventiva del docente en la cárcel de San Pedro de Oruro.

La presidenta de la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Bolivia, Luna Humérez, dijo a La Razón que se indaga la forma en el que el acusado consiguió el cambio de identidad. Aunque adelantó que optó por ese recurso para eludir a la Justicia.

“La persona no es trans. Lamentablemente, desvirtúan una lucha de nosotras para beneficiarse. La mayoría de nosotras hemos construido nuestra identidad”, dijo.

Este miércoles comenzó el juicio oral en contra el otrora docente.

Un grupo de abogados presentó ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una acción popular en contra del alcalde de La Paz, Iván Arias, por el deslave en Bajo Llojeta que dejó una niña fallecida y más de 40 viviendas anegadas por el lodo.

En criterio de los juristas, el gobierno municipal de La Paz incurrió en negligencia respecto de la supervisión y procesos administrativos en este caso. Además de “presuntas” omisiones en la prevención de desastres en la zona donde ocurrió el fenómeno.

“Hubo graves incumplimientos que se han suscitado con relación a obligaciones y deberes y otros en este luctuoso hecho que ha sido de conocimiento público. Es importante que sepa la ciudadanía que no podemos quedar impávidos ante una negligencia”, señaló el abogado Israel Campero.

Los juristas plantean que Arias explique ante las autoridades judiciales sobre tres puntos: la falta de medidas preventivas y evaluar si se adoptaron acciones para evitar desastres naturales en la zona afectada.

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Asimismo, verificar si existe la ejecución de planes municipales para la gestión de riesgos. Y, verificar si los recursos destinados a la mitigación y prevención de desastres se utilizaron de manera adecuada.

Los juristas afirmaron que con el proceso buscan garantizar que las autoridades municipales sean responsables en la protección de la ciudadanía y reaccionen ante eventos como el sucedo en Bajo Llojeta y así evitar futuras tragedias.

El caso está asignado a la Sala Constitucional Tercera. Ahora se espera hora y fecha para la audiencia.

Luego de 10 días en terapia intensiva, la salud del niño de nueve años de edad diagnosticado con rabia humana, empeora y presenta signos de daño neurológico irreversible, según el reporte del Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca (Sedes).

“Hemos encontrado un deterioro en su salud muy preocupante. Nos preocupa el daño irreversible neurológico que está mostrando. Los médicos siguen batallando y esperamos que nuestro niño sea un sobreviviente a este mal”, dijo el director del Sedes, Juan José Fernández.

El niño fue inducido al coma para prevenir convulsiones y fiebre y continúa conectado a un respirador.

Fernández señaló que al momento de ser internado el paciente no presentó mordeduras recientes, sin embargo, la enfermedad fue confirmada mediante un análisis del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa).

Tampoco pudieron establecer la fecha aproximada en la que el menor de edad contrajo el virus.

“El niño, en ningún momento estuvo en contacto con un animal en días semanas o meses. No presenta mordeduras ni arañazos”, explicó el director del Sedes.

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En criterio del director del Sedes, el periodo de incubación del virus, luego del contacto entre un perro o gato con una persona, puede ser en días, meses y hasta incluso años.   

“Hay que entender que el tiempo mínimo de incubación es de cinco días, o, de dos a tres semanas o meses o años. Alguna vez se reportó que el virus se incubó luego de siete años”, explicó el galeno.

El departamento de Chuquisaca reporta este nuevo caso de rabia humana luego de siete años de silencio epidemiológico.

Es el tercer caso de rabia humana en el país en esta gestión.

A horas de presentarse a declarar por el caso Bajo Llojeta, el alcalde de La Paz, Iván Arias, sufrió una descompensación y lo trasladaron de emergencia hasta un centro médico.

La autoridad había convocado a una conferencia de prensa en Bajo Llojeta para brindar un informe sobre los trabajos que se realizan en ese sector.

Molesto, afirmó que el Ministerio Público había cambiado su condición de testigo a investigado. Arguyó que incluso, 48 horas después de la mazamorra del 23 de noviembre, presentó una denuncia contra la Inmobiliaria Kantutani. Acusó a esta empresa, dueña del cementerio Jardín Los Andes, de haber causado el deslave con el movimiento de tierra.

Ese día, el deslave que cruzó el río Pasajahuira sepultó a una niña de cinco años de edad y afectó a al menos 40 viviendas.

Horas antes, este martes, en otra rueda de prensa, Arias adelantó que tiene problemas de salud. Arguyó que estuvo en el lugar del alud hasta la madrugada de este martes.

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“Yo estoy un poco enfermo, porque llovió anoche y he estado hasta las dos de la mañana yendo siempre, los vecinos lo saben, la gente lo sabe y no me arrepiento de trabajar por esta ciudad”.

Luego de las pesquisas, la comisión de fiscales que investiga el caso del alud, convocó a Arias para declarar, esta vez, en calidad de acusado.

Incumplimiento de deberes y lesiones leves y graves son los delitos por los que el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, comparecerá en las siguientes horas ante la Justicia en el caso del deslave en Bajo Llojeta.

El Ministerio Público presentó este martes la imputación formal contra la autoridad edil y en 24 horas debe desarrollarse la audiencia de medidas cautelares. Desde esa institución se anunció que se pedirá la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro.

Luego de las pesquisas, que incluyeron las declaraciones de los alcaldes de La Paz y Achocalla, primero como testigos, además de un allanamiento a la Alcaldía de Achocalla, la comisión de fiscales determinó la aprehensión de Condori. Además convocó a declarar al alcalde de La Paz, Iván Arias, esta vez como acusado.

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La noche del 23 de noviembre, una mazamorra cubrió gran parte las viviendas de la zona del cauce del río Pasajahuira en Bajo Llojeta.

Según el gobierno municipal de La Paz, el deslizamiento ocurrió por movimientos de tierra que realizó la administración del Cementerio Los Andes para ampliar sus terrenos; sin embargo, causó daños en la infraestructura pública, obstrucción de sumideros y bocas de tormenta, entre otros.

AUDITORÍA

Por su parte, la empresa Kantutani solicitó la realización de una auditoría técnica e independiente para determinar las responsabilidades que correspondan, públicas y privadas.

La gerente general de la empresa, Milenka Dávalos, afirmó que, por tratarse de un tema delicado, no se puede afirmar la culpabilidad de nadie sin que se audite, de manera imparcial, los aspectos técnicos que pudieron haber incidido en el desenlace.

Aclaró que los trabajos de estabilización se efectuaron con el conocimiento de la alcaldía de Achocalla. Dijo que participó incluso en tareas previas de supervisión, de las que posteriormente también fue parte el municipio de La Paz.