El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) lidera un ambicioso proyecto para transformar la producción de banano y plátano en el país. A través de su laboratorio de biotecnología, la institución trabaja en el desarrollo de semillas de alta calidad genética, con el objetivo de elevar el rendimiento agrícola de 25,6 toneladas por hectárea a 33,6 toneladas por hectárea en las principales zonas productoras del país.

Según explicó Joel Mamani, técnico del Iniaf, se realizan tareas de conservación de material genético en huertos madre y bancos de germoplasma ubicados en el Trópico de Cochabamba y los Yungas de La Paz.

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Biotecnología

Este proceso garantiza la producción de semillas seleccionadas de calidad, que luego son entregadas a los productores para optimizar sus cultivos.

Este proyecto forma parte de las acciones coordinadas entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Fondo Nacional de Desarrollo Integral (Fonadin), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y los propios productores de banano y plátano.

A través del Programa de Mejora de la Producción y Comercialización de Banano y Plátano, se busca mejorar los sistemas de producción, cosecha y poscosecha, con un enfoque orientado tanto al mercado interno como a la exportación.

“El Iniaf desarrolla plantas de banano de alta calidad genética mediante cultivos in vitro, libres de patógenos, lo que permite alcanzar una mayor producción y garantizar la sanidad fitosanitaria de los cultivos”, destacó el Ministerio de Desarrollo Rural en un comunicado oficial.

Con este impulso tecnológico, se espera que los productores alcancen un mínimo de 33,6 toneladas por hectárea, lo que fortalecerá la sostenibilidad financiera de las familias productoras y contribuirá al desarrollo agrícola del país.

El Gobierno, a través del Iniaf, reafirmó su compromiso con la innovación tecnológica, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la agricultura en el territorio nacional.

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), a través de su filial ENDE DEORURO, informó que finalizó exitosamente los trabajos de reposición del servicio eléctrico en la localidad minera de Viloco, en el departamento de La Paz, tras los daños ocasionados por la reciente nevada.

De acuerdo con un comunicado de la estatal, el fenómeno climático provocó la caída de seis estructuras de la línea de transmisión de 69 kilovatios (kV), encargada de abastecer a la subestación Viloco.

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Ende

El equipo técnico de ENDE DEORURO, responsable de la operación y mantenimiento de la red eléctrica en la región, llevó a cabo intensas labores para reemplazar postes, torres y cables dañados. Estas tareas se realizaron en condiciones extremas, marcadas por el difícil acceso al área y las adversas condiciones climáticas. Además, contaron con el apoyo activo de los habitantes locales, quienes colaboraron para acelerar la restitución del servicio.

Como resultado de estos esfuerzos conjuntos, el suministro eléctrico fue restablecido por completo, asegurando la provisión de energía a todos los sectores de la comunidad de Viloco.

De acuerdo con la empresa estatal, el “éxito de la operación” fue posible gracias al compromiso del personal técnico de ENDE, que trabajó bajo intensas nevadas y temperaturas extremas, y a la efectiva planificación que permitió movilizar los materiales necesarios hasta las áreas afectadas.

ENDE Corporación reafirma su compromiso de ofrecer un servicio eléctrico seguro y confiable en todo el territorio nacional y destaca el apoyo de la población en la pronta solución de esta emergencia.

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) denunció públicamente que el Gobierno adquirió gorras de fabricación china para las celebraciones del Bicentenario, dejando de lado a los productores bolivianos.

Esta acción, de acuerdo con el sector, contraviene el Decreto Supremo 4505, que promueve la compra de productos nacionales como parte de la política de sustitución de importaciones.

“Rechazamos de manera categórica que el Gobierno compre gorras hechas en China, menospreciando la mano de obra calificada de los manufactureros nacionales y violando el decreto que impulsa lo ‘Hecho en Bolivia’”, afirmó Juan Carlo Vargas, dirigente de Conamype.

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Gorras

El sector manufacturero, especialmente los confeccionistas, esperan una respuesta del presidente Luis Arce y del Ministerio de Culturas, entidad señalada como responsable de la compra.

Los dirigentes demandan que se priorice la producción nacional, sobre todo en un contexto de crisis económica donde muchas familias dependen de este sector.

Por su parte, la dirigente paceña Cinthya Magueño resaltó la capacidad de los productores locales para cubrir la demanda de productos como estas gorras.

“Se ha realizado una adquisición de más de 20.000 gorras, cuando cientos de familias bolivianas podrían haberlas fabricado”, criticó.

Ante estos reclamos, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, indicó que aún no se ha recibido una denuncia formal, pero advirtió que, de comprobarse la compra, se aplicarán sanciones a los responsables.

“Es política de Estado fomentar la producción nacional, y las autoridades que no respeten esta línea pueden ser sancionadas”, señaló Silva.

Los pequeños productores ponen en duda el compromiso del Gobierno con la industria nacional y el cumplimiento de las normativas que buscan fortalecer el mercado interno y la capacidad productiva de los pequeños negocios en el país.

Luego de recibir un nuevo plazo de 72 horas para eliminar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el control y decomiso de productos, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, calificó a estos pedidos como irresponsables e inviables.

«Algunos dirigentes están buscando protagonismo político al estilo Camacho (Luis Fernando), con cartitas y plazos que son irresponsables e inviables. Dar 72 horas para derogar o abrogar una ley refleja desconocimiento total de las competencias del Ejecutivo y es una burda politiquería con temas que son fundamentales para la economía de la población boliviana», protestó la autoridad.

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Disposición

Productores, transportistas, industriales, empresarios, exportadores, comerciantes y gremiales piden la derogación de la norma, debido a que consideran que vulnera una serie de derechos constitucionales y afectará a la producción nacional.

En Santa Cruz le dieron un plazo al Gobierno hasta el 28 de enero para eliminar la disposición confiscatoria; mientras que, en La Paz, los gremiales y la Central de Trabajadores de Bolivia (CBT) establecieron el lunes 20 como fecha máxima para que la ley desaparezca del PGE. Caso contrario, iniciarán movilizaciones y medidas de presión.

Por ello, el viceministro Silva recalcó que estas medidas no son viables y, sobre todo, reflejan un claro trasfondo político en sus advertencias. En ese sentido, hizo un llamado para no dejarse manipular con ese tipo de declaraciones.

«Es inaceptable que algunos dirigentes, en lugar de defender los intereses reales de su sector, indirectamente respalde actividades que perjudican a la población, a las organizaciones criminales que almacenan productos no para abastecer el mercado interno, sino para fomentar el contrabando, afectando la economía de todos los bolivianos”, protestó Silva.

Asimismo, reiteró que la disposición busca combatir el agio, la especulación y el contrabando, por lo que no afectará a quienes operen de manera regular, bajo la normativa vigente.

La reciente decisión del Gobierno de ampliar de uno a tres años la autorización para la importación de diésel y gasolina fue bien recibida por el sector productivo cruceño. Sin embargo, advierte que la falta de dólares sigue siendo un obstáculo clave para que esta medida se traduzca en resultados efectivos.

El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, destacó que la simplificación de trámites siempre será positiva, pero enfatizó que el acceso restringido a divisas limita la capacidad de los privados para concretar importaciones. 

“Consideramos que el acceso a divisas es la principal limitante para encarar estos procesos de importación”, sostuvo.

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Importación

El Decreto Supremo 5313, aprobado el pasado miércoles, flexibiliza los requisitos para la importación de combustibles.

Ya no será necesaria la homologación del certificado de calidad por parte del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca), bastando su presentación ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Además, las certificaciones de calibración podrán ser realizadas por otras instituciones, y no exclusivamente por el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro).

De acuerdo con el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado, la normativa busca agilizar los procesos para importadores y compradores de combustibles. Hasta el momento, 36 empresas han obtenido autorización para importar más de 25 millones de litros de diésel.

Dólares

Pese a estas facilidades, Hernández advirtió que solo quienes logren acceder a divisas podrán aprovechar la nueva normativa para garantizar su provisión de combustibles. Además, recordó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sigue teniendo la responsabilidad de asegurar el abastecimiento de carburantes en el mercado interno.

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, señaló al respecto que los sectores del agro sí tienen acceso a dólares, debido a que la mayor parte de su producción se destina a las exportaciones, por lo que se les paga en divisas.

La medida busca aliviar la presión sobre el suministro de combustibles en el país y generar nuevas fuentes de ingreso para los sectores que se vieron desabastecidos durante 2024.