En una audiencia de medidas cautelares, la Justicia benefició con libertad a Reyna H. Se trata de la mujer reportada como desaparecida desde el 30 de diciembre de 2024 y que el pasado martes apareció en un alojamiento junto a sus hijos. 

“El juez dijo que no hay elementos suficientes para hablar del delito de abandono y delito de simulación. En ese sentido, el juez ha dispuesto la libertad de Reyna. Se le pidió un garante simple y que se presente una vez al mes al Ministerio Público”, informó a Unitel Edwin Lenis, abogado de la mujer.

Reyna quedó aprehendida luego de que hallarla en un alojamiento de la avenida América, en la ciudad de La Paz. El personal de la Policía y la Fiscalía evidenciaron que la mujer dejaba a sus hijos encerrados en un cuarto del alojamiento, mientras ella salía a trabajar.

Además, evidenciaron que consumía bebidas alcohólicas en presencia de los menores de edad, que además padecen discapacidad, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

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ACUSACIÓN

“Lo que ha pasado acá es que se ha acusado a Reyna, sin saber los hechos realmente que han ocurrido (…) ella consigue un trabajo de limpieza y lo que hacia ella fue trabajar medio día sin descuidar sus responsabilidades como madre. Ella iba a trabajar con sus hijos y no es como se ha dicho, que es alcohólica”, agregó el jurista.

Por este caso, el novio de la mujer, Juan L., fue encarcelado injustamente, ya que lo apuntaban como el responsable de la desaparición de ella y la de sus hijos. Incluso, el hombre denunció que fue torturado por efectivos del grupo DACI de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para que revele sobre el paradero de Reyna.

Los operativos de control realizados este 24 de enero en la Feria de la Alasita dieron como resultado el decomiso de ocho kilogramos de alimentos en mal estado y 11 utensilios deteriorados, entre otros.

Además, el personal de la Intendencia municipal incautó 8.200 billetes en miniatura que no cumplían con las normativas legales.

Los controles, realizados por personal de la Alcaldía de La Paz, se centraron en las actividades económicas de los macrodistritos de Cotahuma y Centro.

“Se fiscalizó en aquellas actividades económicas que expenden alimentos y masitas. Hubo un total de 245 actividades económicas verificadas. También se hizo el control a los que venden billetes de Alasita, que fueron 150″, detalló la jefa de la Unidad de Defensa de Derechos a los Consumidores, Geraldine Ugarte.

Además de los decomisos, se instó a los comerciantes a garantizar la calidad y seguridad de los productos. «A todas las actividades económicas que expenden alimentos, se les recomendó que deben usar adecuadamente lo que es el barbijo, la cofia y guantes”, subrayó.

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Sobre los billetes, la funcionaria aclaró que “se les recomendó (a los comerciantes) que debe tener la leyenda «Banco de la Fortuna»; y así también debe ser mayor o inferior a un tamaño original de un billete en un 50%”, dijo.

Los operativos de control continuarán durante toda la Feria de Alasita para asegurar que los comerciantes respeten las normativas y los consumidores puedan disfrutar de la festividad de manera segura. «Se estarán haciendo controles continuos en todas las actividades económicas mientras dure las Alasita», concluyó Ugarte.

Estuvo cuatro días preso y era inocente. Juan L. estuvo privado de su libertad tras ser acusado de un delito que no cometió. Luego de conocer este caso, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, abrió la posibilidad de actualizar la Ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

“Es importante trabajar en una actualización y revisión de la normativa que nos permita evitar estos (casos), pero, siempre velando también por los derechos de los sectores más vulnerables de nuestra población”, dijo Ríos, según ABI.

A Juan lo acusaron por la desaparición de su novia, Reyna Huallpa, y de sus dos hijos. Las autoridades tenían la hipótesis de un posible feminicidio e infanticidio. A plan de tortura, como relata el joven, la Policía quiso que Juan revele el paradero de la mujer, cuando no lo conocía.

“(Los policías) me golpearon, me colocaron con una bolsa de plástico en la cara. Me he desmayado dos veces y me han reanimado echándome agua fría. Yo les he dicho que no sé nada, no me creyeron”, relató Juan entre lágrimas.

Así, un juez determinó enviarlo a prisión. Sin embargo, horas más tarde, la mujer a la que buscaban desde el 30 de diciembre de 2024 apareció. Estaba en un alojamiento junto a sus dos hijos.   

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Ahora Reyna enfrenta un proceso penal por simulación de delito, violencia familiar y abandono de menor.

A pesar de que Juan logró su libertad, acción que no fue inmediata, refleja en su rostro la tristeza y el dolor al recordar el viacrucis que vivió en dos días, los que lo marcaron de por vida.

“Me juzgaron sin conocer (la verdad), me dijeron que yo era el asesino, me torturaron de diferentes maneras y directamente me dijeron: ¡donde la maté! ‘queremos saber dónde está el cuerpo’. Es muy malo el trato que han hecho”, dijo.

Ante esta situación, Ríos remarcó que la Ley 348 significó un avance “muy importante” en la protección de derechos y lucha contra la violencia a la mujer y niños; empero, reconoció que debe “hacerse un análisis y modificar” algunos aspectos.

Seis quirquinchos disecados y dos penachos hechos con plumas de guacamaya que se vendían en la feria de la Alasita incautó el personal de la Policía Forestal y de Protección al Medioambiente (Pofoma) y de la Alcaldía de La Paz.

El decomiso se realizó en cumplimiento a las leyes 1333 y 1525 de Protección de Fauna Silvestre, que prohíben la comercialización, posesión y uso de especies protegidas.

El coordinador de los Guardaparques Municipales, Raúl Zambrana, explicó que el operativo se extendió más allá del Parque Urbano Central y abarcó avenidas, plazas y parques aledaños, donde se verificó la comercialización de los quirquinchos y de las plumas.

“Se hicieron equipos combinados entre guardaparques y la Policía Forestal. El trabajo consiste en identificar puestos o personas que estén portando estos elementos prohibidos e intervenir a través de la Policía”, señaló.

Los decomisos incluyeron especies como el quirquincho, categorizado como un animal en amenaza de extinción. El funcionario advirtió que estas prácticas contribuyen al deterioro de las poblaciones de fauna silvestre.

“A muchos animales los extraen de su hábitat simplemente por tener plumas de cierto color o por alguna parte de su cuerpo, lo que influye en sus posibilidades de supervivencia”, dijo Zambrana.

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Las sanciones por este tipo de delitos incluyen penas de tres a ocho años de privación de libertad, dependiendo de la gravedad del caso.

Pese a ello, la resistencia de los comercializadores persiste. “Aún falta mucho en nuestra población, la conciencia respecto a la protección de la fauna silvestre. Sin embargo, mucha gente también aplaude estas iniciativas”, agregó el coordinador sobre los controles.

Pidió a la ciudadanía denunciar estas actividades. “Es momento de que los animales vivan en armonía con nosotros. Debemos ser una sociedad que proteja nuestra riqueza natural”, concluyó.

Las piezas incautadas permanecerán bajo resguardo de Pofoma mientras se investigan a los responsables.

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades de la Alcaldía de La Paz, Juan Pablo Palma, por el caso Bajo Llojeta.

“Se proceda a ejecutar la aprehensión de Juan Pablo Palma Indaburu. Aprehensión que se dispone de conformidad al Art. 226 del C.P.P. mediante Resolución de fecha 23 de enero de 2024 (…) Toda vez que dicha medida es proporcional al hecho que se investiga y a efecto de garantizar la presencia del sindicado durante el proceso ya que no es posible dicha prevención con otra medida menos gravosa”, señala parte del documento de la orden de aprehensión.

El funcionario municipal se presentó este jueves para declarar ante la Fiscalía y luego de cuatro horas, cerca de las 20.00, fue trasladado a celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

El alcalde Iván Arias expresó su indignación por la aprehensión de su funcionario. Criticó las observaciones de los fiscales que, según Arias, fundamentaron la decisión porque hay riesgo de que el imputado “desaparezca pruebas”.

“Es mi jefe de Emergencias. Dónde se va a escapar, él está aquí, trabajando todo el tiempo. Dicen que vamos a hacer desaparecer pruebas ¿vamos a hacer desaparecer el río Pasajahuira? ¿Vamos a hacer desaparecer la mazamorra? Es impresionante, estoy indignado por cómo quieren acusar a la mano derecha de la Alcaldía”, señaló Arias.

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Asimismo, la directora Jurídica de la Alcaldía, Amparo Morales, afirmó que Palma brindó toda la información “de manera clara y transparente”.

DECISIÓN

“Sin embargo, el fiscal tomó la decisión extrema y arbitraria. Dijo que hay riesgo de obstaculización, indicando que el ingeniero Palma podría falsificar y ocultar o hacer desaparecer pruebas”, dijo la funcionaria.

Arias dijo que solicitarán que el secretario municipal sea llevado a un centro médico, por problemas en su salud.

Una torrencial lluvia, la noche del 23 de noviembre, causó el deslave en la zona Bajo Llojeta. La eventualidad dejó al menos 40 viviendas anegadas y causó el deceso de una niña de cinco años de edad.

Por este caso, el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, está detenido en la cárcel de Patacamaya.