La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alertó este miércoles que un eventual incremento salarial pondrá en riesgo la estabilidad de varios sectores, por lo que solicitó una reunión con el presidente Luis Arce para hacer conocer su posición respecto a la solicitud de la Central Obrera Boliviana (COB).

Hace unos días, la COB presentó al Gobierno su pliego petitorio para esta gestión, en el que solicita un incremento salarial del 15% al salario mínimo nacional y del 20% al haber básico.

Mediante un comunicado, la CEPB expresó su preocupación y pidió una cita con el presidente para exponer¨le su posición. Asimismo, alertó el riesgo que implicaría para varios sectores la aplicación de un incremento.

“Por la grave situación que afecta a todos los empresarios del país y el riesgo que implica esta cuestión para la estabilidad de los sectores; es imprescindible que se escuche nuestra propuesta antes de tomar cualquier determinación”, dice el comunicado.

Ya antes, la CEPB expresó su rechazo a las propuestas “exorbitantes e irreales” de incremento salarial planteadas por algunos sectores; y alertó que un incremento desproporcionado podría provocar cierre de empresas y un “descontrol inflacionario”.

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Empresarios

“Recordamos que la grave crisis económica que afecta a las empresas privadas, especialmente las medianas y pequeñas, las ha colocado en una situación de indefensión extrema; que se vería seriamente agravada por aumentos salariales desproporcionados; y provocaría un escenario incontrolable de cierres, desinversión y precariedad”, dijo en un comunicado.

No es el único sector que se manifestó en contra del pedido de alza salarial planteado por la COB.

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, rechazó la demanda de incremento salarial de la Central Obrera Nacional (COB) y dijo que en plena época de crisis es “inviable”.

“En época de crisis, hablar de un incremento del 15% o del 20% es totalmente inviable. Pero ahí tiene responsabilidad la COB para defender los derechos de los trabajadores; que hoy están sufriendo y que hoy están en las calles”, cuestionó el ejecutivo.

También se pronunció el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) Pablo Camacho, quien alertó que un eventual incremento salarial en medio del actual contexto económico del país terminará por “asfixiar” a las industrias y empresas privadas.

En tanto el Gobierno y la COB iniciaron ya el análisis del pliego petitorio en varias comisiones de trabajo.

Los rectores de las universidades públicas del país se reunirán de emergencia este miércoles y el jueves en Sucre para analizar la falta de presupuesto para garantizar la gestión académica 2025.

El rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, Boris Calancha, informó que todas las universidades públicas están con problemas financieros debido a la crisis por la que atraviesa el país.

“El jueves tenemos una reunión extraordinaria de rectores en Sucre. El punto más importante a tratar es específicamente el requerimiento que tenemos que hacer, con el afán de tener un presupuesto que nos permita terminar el año sin sobresaltos”, dijo la autoridad universitaria.

El rector indicó que la UMSS tiene un déficit de casi Bs 100 millones. “No hemos tenido recortes, pero tenemos déficit. Arrastrar el déficit durante tantos años ya no es posible. Dentro de esta negociación, queremos que el déficit lo absorba el Gobierno y nos dé un presupuesto adicional para que podamos partir como nueva gestión”, dijo.

Al respecto, Wálter Arízaga, rector de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX), dijo que el Gobierno limita los recursos destinados a las universidades.

“Están llegando todos los rectores del sistema de la universidad boliviana para analizar el requerimiento que tenemos ante el Gobierno. La USFX tiene bien claro su planteamiento: ya no podemos seguir haciendo proyectos, planes para pedir recursos económicos; porque se hacen la burla de nosotros”, dijo en radio Fides.

Asimismo, denunció que el Gobierno entrega recursos económicos solo a las universidades de su línea política y quién le cae mejor.

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Presupuesto

Lamentó que en los últimos años el sistema universitario esté afectado por la falta de recursos económicos debido a la disminución de recursos de coparticipación y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que incluso pone en riesgo la continuidad de sus actividades.

“En torno de quién le cae mejor al Gobierno le da recursos económicos y eso no puede ser, algunos piden 50 millones y les dan 5 millones, piden 30 millones y les dan 3 millones. El Gobierno tiene que atendernos, todos los años se hacen documentos, se preparan papeles, estadísticas y no sirven de nada; de acuerdo quién le sonría al Gobierno le dan recursos y eso no puede ser”, dijo.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Morreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, advirtió que las universidades públicas saldrán a la calle para demandar más presupuesto.

Remarcó que solicitarán un soporte extraordinario para evitar el cierre de varias casas de estudio. Explicó que el jueves consolidarán todas sus demandas para presentarlas al Gobierno.

Según datos del Presupuesto General del Estado (PGE), para 2025 se asignan Bs 7.390 millones que se distribuirán entre las entidades que conforman el sistema de universidades estatales. La cifra es superior a los Bs 7.239,3 millones del 2024.

Sin embargo, en 2024 hubo movilizaciones en demanda de recursos adicionales para concluir el último trimestre del año.

El cumplimiento de horarios en los vuelos de Boliviana de Aviación (BoA) mejoró del 20% al 92%, según el gerente de la empresa estatal, Mario Borda, quien además destacó que se encamina a cumplir al 100% en puntualidad.

Los retrasos y la falta de información oportuna a los pasajeros son las quejas más frecuentes que tenía la empresa estatal desde 2023 e incluso recibió varias sanciones de parte de la Autoridad de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT).

El 7 de febrero, Borda asumió la gerencia de BoA en reemplazo de Ronald Casso, con el compromiso de mejorar los servicios y la seguridad en los vuelos, tras varios incidentes con sus aviones.

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BoA

“Yo diría que estábamos en el 21%, hoy en día estamos en el 92% de puntualidad y esperamos mejorar; estamos dentro de los estándares internacionales. Con respecto a la seguridad, estamos al 100%; no hemos tenido ningún otro incidente y estamos cuidando que eso sea así, que la operación sea segura y, sobre todo, tengamos puntualidad, seguridad y transparencia”, dijo Borda a los medios de comunicación.

Asimismo, rechazó que la empresa de aviación haya incrementado el costo de sus boletos aéreos y aseguró que BoA ofrece un servicio al país y cumple con el rango de tarifas que la ATT implementó desde 2005.

“La ATT da un margen y nosotros tenemos tarifas inferiores, estamos sirviendo al país”, explicó, y resaltó que ofrece, además, costos diferenciados en caso de adultos mayores y compras con anticipación.

BoA cubre el 86% del mercado aéreo en Bolivia y según datos del Ministerio de Obras Públicas que el año pasado generó ingresos por más de $us 414 millones y transportó a 4.991.000 pasajeros.

Tras varias horas de reunión, representantes del transporte interprovincial, de la Federación de Choferes “Volantes a Yungas” y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) alcanzaron este martes un acuerdo para el abastecimiento de combustible.

Los choferes interprovinciales se quejaron de que diésel y gasolina no están llegando en cantidad suficiente, lo que afecta los viajes en esa zona del norte del departamento de La Paz.

«Llegamos a acuerdos; el primero, que se va a realizar una evaluación ‘in situ’. Se va a visitar cada provincia y municipio para atender los requerimientos y necesidades del sector”, informó el director distrital de la ANH, Iván Colque, en la red Uno.

Asimismo, informó que el viernes volverán a reunirse con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sustancias Controladas y las Fuerzas Armadas para tener una solución integral más amplia.

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Yungas

Colque dijo que la reunión se prolongó porque cada representante hizo conocer sus preocupaciones y necesidades; y que se atendió punto por punto las demandas.

“Se realizará una evaluación acerca de las respuestas a las necesidades que se han planteado», agregó.

Según los choferes que viajan a los Yungas, la falta de combustible paralizó cerca del 70% de sus viajes; y genera grandes pérdidas económicas para el sector.

El sector se quejó también por el mal estado de las carreteras, por lo que pidió la intervención de la Administradora Boliviana de Carreteras. Por esa misma demanda, otro sector del transporte, la Confederación de Choferes de Bolivia advirtió nuevamente con un paro indefinido en caso de que el Gobierno no cumpla con la destitución de Marcel Claure, presidente de la ABC.

Antes de ingresar a la reunión, los choferes habían advertido que si no lograban acuerdos con la ANH iban a activar un bloqueo de caminos a partir de la próxima semana.

Tras 49 días de la suspensión de las exportaciones de carne, la afectación para el sector exportador suma $us 33 millones, según informe del gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín.

El empresario informó que la exportación de esta proteína representa para el país un negocio de más de $us 250 millones.

El 5 de febrero, y debido al incremento “injustificado” del precio de la carne de res, el Gobierno determinó la suspensión temporal de las exportaciones de este producto con el objetivo de generar una mayor oferta en el mercado interno para que los costos se normalicen.

Olguín consideró que tras 49 días el producto aún no ha bajado en los mercados, lo que demuestra que el problema no está en la exportación o los productores, sino en el contrabando.

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Carne

Asimismo, exhortó a las autoridades a intensificar la lucha contra ese ilícito, pues afecta a la economía de todo el país.

Recordó que cuando se suspendió la exportación, el kilo gancho estaba aproximadamente en Bs 32 y llegó a subir a Bs 40 y actualmente, según reportes del Gobierno, está cerca de Bs 35, por lo que el veto a la venta al exterior no es la solución.

“Mantener un veto es reforzar un círculo vicioso que tiene la economía, el mercado está completamente abastecido; el problema es que el producto que sale de contrabando y eso hay que reforzar”, complementó.

El lunes, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural informó que el precio del kilo gancho de carne de res redujo de Bs 40 a Bs 34,5 en los últimos días, gracias a las medidas asumidas por el Gobierno para controlar los costos.

Esta semana, los productores y el Gobierno continuarán analizando los costos para analizar la posible suspensión al veto a las exportaciones.