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La primera y última comisión de la región

Con todo, hay sectores descontentos con el trabajo de la Comisión de la Verdad.

Documentos entregados por la Comisión de la Verdad.

Documentos entregados por la Comisión de la Verdad. Foto: Pedro Laguna

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos es periodista

00:00 / 25 de diciembre de 2019

En estos días de fin de año cierra sus labores la Comisión de la Verdad creada “para esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982”. (Artículo 1 de la Ley 879 del 21 de diciembre de 2016). Ciertamente, por ello, es la última en instituirse en el Continente; pero también Bolivia fue la primera en tenerla, en 1982, a los pocos meses de haber retornado la democracia al país, en el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP). Aquella Comisión de la Verdad terminó diluida a raíz del acortamiento de mandato del presidente de entonces, Hernán Siles Suazo.

Aún está por decidirse cuándo se entregarán los 11 tomos del resumen de su trabajo, 4 del informe en sí, y 7 de anexos, más de siete mil páginas, asegura su secretario técnico, Fernando Rodríguez Ureña. Desde el punto de vista histórico y político, la comisionada Isabel Viscarra resume lo que se hizo: “Ha sido una labor muy desafiante, en el sentido de ser fiel a la historia y a la vida. Como señala la ley, fue ‘para esclarecer la verdad’, para que no vuelva a suceder esto ni aquí ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo; ha sido una labor ardua, difícil pero desafiante y, por lo tanto hermosa, esclarecer la verdad”.

Lo difícil ha sido desclasificar muchos archivos, evalúa la comisionada; por sus oficinas, ubicadas en la zona de Sopocachi, pasaron más de 60 personas, entre jóvenes pasantes, archivistas, descriptores, historiadores y otros especialistas, cuenta Rodríguez Ureña.

Este medio quiso conocer la expectativa que la labor de la Comisión despertó entre las víctimas y sus familiares; en tanto que algunas (como Asofamd) pidieron conocer primero el informe. La representante de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz, Victoria López, indicó que la Comisión “no había avanzado nada” debido a que buena parte de su material de trabajo ya había sido reunido por las víctimas que presentaron sus testimonios a la Comisión Nacional para el Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política (Conrevip) y a la Comisión Técnica de Calificación (Comteca), creadas en 2004. López señaló que si bien la Comisión de la Verdad no tiene tuición sobre el resarcimiento que reclaman las víctimas de la dictadura (que se hicieron conocer por las carpas que instalaron frente al Ministerio de Justicia en El Prado), tampoco tendría el derecho de disponer de sus expedientes (poco más de seis mil) entregándolos, como hizo en semanas pasadas, a la Biblioteca de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

López reclama que la Comisión de la Verdad solo tenía derecho a consultar dichos expedientes y no disponer de ellos; de hecho, desde este lunes 23, dijo, se empezarán a movilizar por el retorno de dichos files al Ministerio de Justicia, pues se los necesita para proseguir en su demanda de resarcimiento, para lo cual tramitan una futura Ley de Reparación Integral de Víctimas de Violencia Política; solo después de este “acto de justicia”, dijo, dichos expedientes podrían pasar a la Biblioteca.

Al respecto, el secretario técnico de la Comisión, Rodríguez, señaló que dicho material más bien ahora, al contar con un trabajo de archivística, está en mejores condiciones para, precisamente, tener una mejor calificación en cuanto al grado de daño sufrido por la víctima de la dictadura.

“Si vas a ver la letra muerta del documento, ahí tienes problemas; en cambio, si hay una explicación en el file de las condiciones por las que fueron exilados, presos o torturados, puedes tener un contexto más específico. Resultado de que no se hizo eso, pongo el caso de Óscar Salas Moya, conocido dirigente sindical minero, del que nadie tiene duda de su trayectoria, resulta que no calificaba (para resarcirle los daños), y no calificaba porque no tenía los papelitos. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es ponerle a cada uno de esos files una ficha de descripción. Ese trabajo se ha hecho”.

Este es precisamente uno de los valores del informe de la Comisión, destaca la comisionada Viscarra, la reescritura de la historia: “Se pudo investigar algunas masacres que estaban ocultas, se ha visto mucho eso y están en los informes. Algo que nos llamó la atención y nos movió a pensar es por qué se mató o torturó, por qué se pudo ser tan cruel. Hasta dónde llega el ser humano para mentir, torturar o matar”.

Para el secretario Rodríguez, la reescritura de la historia pasa por conectar o “enganchar”, pero esta vez con base en fuentes locales y concretas, los programas de gobierno, como fue, por ejemplo, el Plan Triangular, con las masacres mineras.

O ver mejor la relación concreta entre temas que a primera vista no tienen relación, como puede ser, por ejemplo, el narcotráfico y la represión política: “el narcotráfico tiene que ver también con todo esto, con los gobiernos militares, con los procesos de acumulación económica hacia afuera; tiene que ver con logias, con grupos; tiene que ver con (Klaus) Barbie, con los nazis, con los que vinieron y con los neonazis que luego aparecieron, ya más jóvenes; eso no es un cuento, y tenemos los datos como para demostrarlo, que está el documento sobre aquello”.

La información reunida incluso da para investigar injusticias que se cometieron con algunos denunciados: “Hemos encontrado casos de personas que habían sido denunciadas porque tenían una deuda, ‘me debes dinero’, y entonces el deudor denunciaba a aquél diciendo que era del ELN (Ejército de Liberación Nacional), hasta eso: Te cargaban y yo ya no te pagaba...”, relata el secretario.

Y, claro, como el informe de la Comisión también se orienta hacia la justicia, es imprescindible aludir e identificar a los victimarios.

“Hemos identificado victimarios también, gente que probablemente haya querido pasar el resto de su vida oculto, o para que no se acuerden más su nombre, hoy día va a aparecer su nombre, porque tuvo responsabilidad en alguno de esos casos; y eso está documentado. Estamos proponiendo que se reabran procesos para que no haya impunidad”. O sea, concluye Rodríguez, “esto no solamente tiene un componente de recuperación de la memoria sino también de la aplicación de la justicia”.

El informe incluso puede abrir paso a instaurar procesos por delitos de lesa humanidad aún a personas que ya fueron juzgadas por otros tipos de crímenes, que alguien diga que “no, yo ya fui juzgado”, pero “fuiste juzgado por asesinato, esto es otra cosa; ahí estamos dando recomendaciones también. Ese es el trabajo de la Comisión: memoria, identificación de víctimas y victimarios y lucha contra la impunidad”.

Es una base, concluye Viscarra: “Ahora son las instancias del Estado que tienen que continuar. Esto abre e invita a que continúen con el esclarecimiento”, para generar políticas públicas en derechos humanos.

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