Fiscales y transparencia
El debate sobre esta temática no debe quedarse en el ámbito de los operadores de justicia
Hay que predicar con el ejemplo, y los miembros del Ministerio Público deberían ser los primeros en someterse al detector de mentiras u otro mecanismo menos obsoleto —como ellos se han encargado de hacer notar—, a la vigilancia con cámaras, etc.
Si se ve en perspectiva, el expediente que se escriba, gracias al uso de esos mecanismos, puede ayudar a consolidar su desempeño como funcionarios del Estado y, por tanto, servir para su carrera profesional; sobre todo lo segundo, pues será un elemento que documentará la ausencia de soborno o proposición ilegal de coimas o favores por la actuación en tal o cual sentido.
Los representantes del Ministerio Público deberían tomar en cuenta, antes de rechazar la posibilidad de un control sobre sus funciones, que la sociedad ha encontrado formas para hacer cumplir requisitos elementales en el ejercicio de las funciones públicas y una de ellas es la transparencia. No sería extraño, por ejemplo, que comiencen movilizaciones ciudadanas para exigir a los fiscales someterse a ciertos controles porque es un secreto a voces que, sin generalizar los casos, salen imputaciones de la noche a la mañana, se dirigen las investigaciones hacia cierto lado y hasta se obra arbitrariamente cuando se libran órdenes de aprehensión u otras medidas judiciales contra personas que eventualmente están en calidad de sospechosos.
Habría que efectuar, adicionalmente, un esfuerzo desde el Órgano Judicial para que se sepa en detalle qué piensan los fiscales del país sobre la iniciativa de ejercer controles a su trabajo. Y de esta forma, no quedarse en la decisión del Consejo Nacional del Ministerio Público, que, de seguro, tiene la representatividad del caso, pero que no necesariamente recoge el sentimiento de abogados que desean limpiarle la cara a una instancia judicial que nació con el objetivo de defender del delito a la sociedad, pero que no ha conseguido la confianza ciudadana ni la prestancia institucional en lo que va de su vida como entidad del Estado boliviano.
El debate sobre esta temática no puede quedarse en el ámbito de los operadores de justicia, debe ocupar a todos los estamentos institucionales del país para apuntalar una decisión del Órgano Judicial que garantice a los ciudadanos y ciudadanas del país que los fiscales serán verdaderos defensores de la comunidad e implacables buscadores de la verdad en casos en los que se hayan cometido delitos contra una persona o contra todo un país.