En la columna de la anterior quincena, he planteado algunas maneras en las que la tecnología tiene un efecto negativo sobre nuestra Pachamama y concluí con la promesa de abordar en el artículo actual algunas formas para reducir estos daños. Presento ejemplos en dos grupos de acciones, uno es acerca de lo que usuarios y usuarias de tecnología podemos hacer, y el segundo se trata de lo que las empresas tecnológicas deben hacer como principales responsables.

En el primer grupo de acciones es aconsejable leer las características de los dispositivos que se adquieren para optar por aquellos que son energéticamente eficientes, de la misma manera que podemos encontrar esa información en refrigeradores, por ejemplo. En esta misma línea, se puede apoyar a las empresas que priorizan el uso renovable de insumos, como Fairphone, una marca de celulares que aún no llegó al mercado boliviano, pero en la medida que se genere demanda, podríamos tenerlo a disposición.

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Por el lado del software que usamos, algunas configuraciones de plataformas tienen la capacidad de reducir las emisiones de carbono. Por ejemplo, en las llamadas de Zoom, tan solo cambiando a la modalidad de solo audio, es decir, sin video, se reduce hasta el 90% de las emisiones. Esto es válido para cualquier otra plataforma de reuniones o aplicación de videollamadas. Otra idea en la forma que usamos el software es desactivar la reproducción automática en los sitios de videos que se visita, de esa manera, consumiremos solo los videos en los que estamos interesadas.

También, algunas empresas han comenzado a ofrecer opciones conscientes como es el caso del motor de búsqueda sensible al medio ambiente Ecosia https://www.ecosia.org/ que utiliza los ingresos generados por las publicidades para financiar proyectos de reforestación y conservación de bosques en todo el mundo. Cada vez que se usa Ecosia, una pequeña cantidad de dinero es destinada a plantar un árbol. Es aconsejable usar este motor de búsqueda.

En cuanto a la eliminación de celulares, computadoras o tablets, es posible reciclarlos a través de programas certificados de desechos electrónicos o donar/vender los dispositivos que ya no se usen en lugar de tirarlos a la basura.

Sin embargo, no hay que olvidar que las principales responsables de estos efectos negativos sobre el medio ambiente son las empresas tecnológicas que crean estas aplicaciones y servicios, a estas hay que exigirles que desarrollen opciones conscientes del cuidado del medio ambiente como la optimización de algoritmos y modelos para la eficiencia energética y que usen energías limpias como Mozilla Awardee Solar Protocol, además de exigirles transparencia sobre sus emisiones de carbono.

(*) Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata blog: www.internetalaboliviana.word-press.com

Uno de los mayores desafíos de las entidades involucradas con el sistema financiero es la inclusión financiera, debido a los retos que representan aspectos como la cultura y las características de la población, lo cual genera ciertas barreras de acceso a todos los servicios que brinda el sistema financiero.

La norma de servicios financieros tiene el espíritu de generar políticas necesarias que permitan viabilizar la inclusión financiera, conscientes de las barreras existentes, bajo dos dimensiones: el acceso y el uso de los servicios financieros. El acceso se refiere a la disponibilidad de los servicios financieros de calidad y a costos razonables; a su vez, el uso está referido al consumo de los servicios financieros disponibles por parte de la población. 

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Las barreras que habitualmente se presentan van más allá de la modificación o la adecuación de la normativa financiera, así, por el lado de la demanda, falta de ingreso, desempleo, confianza, educación financiera, incidencia de las redes sociales, razones culturales y grupo etario, entre otras. Adicionalmente, por el lado de la oferta existen también barreras con relación a los costos de la actividad financiera e información asimétrica, entre las más importantes, aspectos que tienen mayor repercusión en los grupos vulnerables de la población en los cuales éstas se acrecientan mucho más.

En la actualidad existen avances significativos con relación a la inclusión financiera en nuestro país, debido a diferentes medidas que son promovidas para lograr el acceso a los servicios financieros de la población más vulnerable. En tal sentido, a lo largo del territorio nacional se destaca que hay seis puntos de atención financiera por cada 1.000 km2; asimismo, existen 17 sucursales y agencias por cada 100.000 habitantes adultos, datos que muestran el liderazgo que tiene nuestro país con relación a la región.

En lo referente a la cobertura geográfica de los servicios financieros a nivel de municipios, se pasó de cubrir un 25% en 2007 a un 87% durante la presente gestión. Por ello, actualmente 294 municipios del país cuentan con la presencia de alguna entidad financiera, representando el 87% del total de los municipios (339) y en los cuales se concentra el 98,7% de la población.

Un dato para resaltar es que en el caso de Tarija sus municipios tienen una cobertura del 100%, logrando el objetivo dispuesto para la cobertura geográfica de ese departamento. La norma prevé que para 2025 todos los municipios cuenten con la presencia de al menos una entidad de intermediación financiera en su territorio.

En lo que corresponde al uso de los servicios financieros, la cantidad de cuentas de depósito se quintuplicó entre 2007 y 2023, pasando de 2,7 millones a más de 14,7 millones, siendo que el número de cuentas a julio del presente año es mayor que la población total de nuestro país, que alcanza a cerca de 12 millones de habitantes, por lo que considerando a la población mayor de 18 años, en promedio cada persona tendría aproximadamente dos cuentas de depósito en el sistema financiero.

Otro aspecto importante es la utilización de las tarjetas de débito por parte de la población, que en la actualidad superan los 6,5 millones, convirtiéndose en un medio común de uso para realizar las transacciones habituales en cajeros automáticos, supermercados y diferentes operaciones financieras.

Los resultados y avances son significativos, considerando que en décadas pasadas los sectores vulnerables ni siquiera podían ingresar a las entidades financieras, no obstante, en la actualidad se benefician de los servicios que brinda el sistema financiero.

(*) Gustavo Gómez es economista

El pasado 11 de septiembre se cumplieron 50 años desde que el general Augusto Pinochet, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, orquestó el bombardeo a La Moneda para derrocar al presidente Salvador Allende, tras lo cual inició una dictadura que se extendió durante 17 años (1973-1990), en los que se perpetraron múltiples violaciones a los derechos humanos con más de 3.200 ejecutados y más de 28.000 personas torturadas. El papel que jugó la administración estadounidense para financiar y coordinar acciones directas en el golpe de Estado en Chile es elocuente.

Material desclasificado que recopiló el estadounidense Peter Kornbluh —director de los proyectos de documentación sobre Chile y sobre Cuba del National Security Archive— revelan una reunión clave el 12 de septiembre de 1970 entre Henry Kissinger (asesor de seguridad nacional de Estados Unidos) con el director de la CIA, Richard Helms, en el que se habla de la preocupación que comparten con Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio, por el futuro político de Chile.

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Recordemos que, en las elecciones del 4 de septiembre de 1970, en plena Guerra Fría, ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta y, por lo tanto, con base en la Constitución de 1925, el Congreso chileno eligió entre los dos más votados.

Un acuerdo entre los demócratas cristianos del presidente saliente, Eduardo Frei, y la izquierda —que, desde 1969, dio origen a la coalición de Unidad Popular (UP), a instancias del Partido Socialista y el Partido Comunista— desembocó en la victoria de Salvador Allende, cirujano y político socialista: con una mayoría relativa de solo el 36,6% de los votos sobre los candidatos de derecha y democristianos.

Tres días después de que el socialista Allende asumiera el poder, su homólogo estadounidense, Richard Nixon, declaró que Chile era su principal preocupación, ya que Estados Unidos no podía permitir que el ejemplo se propague en su “patio trasero” sin consecuencias.

El proceso de desarticulación institucional de Chile, organizado desde la Casa Blanca, comenzó entonces con más fuerza. A través de una financiación gigantesca, Washington utilizó a la burguesía y a los terratenientes, a algunas grandes multinacionales y a las Fuerzas Armadas, entrenadas en las escuelas de tortura norteamericanas, señalan los documentos desclasificados.

Chile, jaqueado entonces por la inflación y la falta de alimentos provocadas por el complot de empresarios, se adentraba así en una dictadura de 17 años que dejó miles de muertos y desaparecidos, una economía privatizada y una brecha insalvable entre críticos y defensores del régimen militar.

A fines de agosto, una delegación de congresistas demócratas, conformada por Alexandria Ocasio-Cortez, Misty Rebik, jefa de Gabinete del senador Bernie Sanders, y Greg Casar, entre otros, visitó el país vecino.

Según el comunicado del Center for Economics and Policy Research (CEPR), el objetivo de la visita tenía como objetivo “conocer los esfuerzos de Chile por defender su democracia”.

Greg Casar, congresista independiente por el distrito de Texas, indicó que “la política exterior de Estados Unidos ha contribuido con demasiada frecuencia a la inestabilidad en América Latina y nosotros deberíamos proteger la democracia, en lugar de apoyar golpes de Estado”, según el CEPR.

A inicios de septiembre, la bancada del Partido Comunista de Chile en la Cámara de Diputados pidió al gobierno estadounidense compensar económicamente al país vecino por su intervención en el golpe de Estado de 1973.

Daniela Serrano y Luis Cuello entregaron a la embajadora estadounidense en Santiago de Chile, Bernadette Meehan, una carta dirigida al presidente Joe Biden donde le solicitan crear un fondo para las víctimas de la dictadura.

El gobierno socialista de Allende duró solo tres años, pero siguió siendo un hito y también una advertencia para quienes en el continente intentaban reconstruir un bloque social alternativo al neoliberalismo que se extendió tras la caída de la Unión Soviética.

La derecha latinoamericana nunca ha abandonado su vocación golpista, que luego evolucionó hacia las formas del “golpe institucional” y el uso del poder judicial con fines políticos (lawfare).

Cincuenta años después del golpe de Estado y el asesinato de Allende la izquierda latinoamericana ha constatado que sí existen alternativas al neoliberalismo, pero que hay que defenderlas con uñas y dientes. Y que, sobre todo, el modelo impuesto por Washington, 200 años después de la Doctrina Monroe: “América para los americanos”, solo beneficia a unos pocos.

(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional

El Día del Padre de este año, dos hombres corpulentos merodeaban cerca de un templo sij en Columbia Británica. Luego, el presidente del templo, un ciudadano canadiense y activista llamado Hardeep Singh Nijjar, salió y se subió a su camioneta para conducir a casa a cenar con su familia.

Los dos hombres que esperaban, con máscaras, dispararon a través de la ventana de Nijjar una docena de veces. Los miembros del templo corrieron valientemente tras los pistoleros, quienes escaparon en un automóvil conducido por un tercer hombre.

Ahora, el primer ministro Justin Trudeau de Canadá ha afirmado públicamente que el gobierno indio puede ser responsable del asesinato de Nijjar, una acusación explosiva que, si se determina que es cierta, debería servir de advertencia a los países occidentales en sus relaciones con el primer ministro Narendra Modi y su cada vez más gobierno autoritario. India niega la acusación y la califica de “absurda”.

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En su declaración inicial, Trudeau se mostró cauteloso y habló de “acusaciones creíbles de un vínculo potencial” entre el asesinato y el gobierno indio. Pero en una visita al New York Times el jueves, Trudeau parecía completamente seguro de que el gobierno indio había estado involucrado.

Trudeau dijo sin rodeos que quería ver “a varias personas encarceladas”, además de “una serie de lecciones aprendidas y cambios en la forma en que operan los servicios de inteligencia indios”.

Si bien Trudeau no compartiría las pruebas que vinculan el crimen con la India, apuesto a que son sólidas. Nijjar, que nació en India, abogó por crear un Estado separatista llamado Khalistan en Punjab, una propuesta que enfurece a muchos indios porque en la década de 1980 la campaña para lograrlo involucraba terrorismo. En 2020, India calificó a Nijjar, sin pruebas, de terrorista y luego ofreció una recompensa en efectivo por información que condujera a su arresto.

Trudeau busca trabajar con India en una investigación del incidente, pero el gobierno de Modi ha intensificado la tensión. Dejó de emitir visas a los canadienses y ordenó a Canadá que redujera su personal diplomático en la India.

Como señaló Trudeau en su visita al Times, tenía la obligación de actuar. «Cuando tenemos razones creíbles para creer que esto sucedió, no podemos ignorarlo», dijo.

La paradoja es que Nijjar no parece haber representado hoy ninguna amenaza para la India. Hubo un movimiento separatista violento que apoyaba a Khalistan a principios de la década de 1980, y conocí a sus líderes cuando era estudiante de derecho y viajaba con mochila por la India y dormía en el suelo del Templo Dorado Sikh para ahorrar dinero. Pero ese movimiento ha fracasado y el sueño de Khalistan parece más vivo en la diáspora sij que en la propia India.

Si se descubre que India miente sobre su papel en el asesinato, habrá dañado su posición internacional mucho más de lo que Nijjar jamás podría haberlo hecho.

En este caso, sin embargo, Modi no muestra ninguna señal de investigar y parece estar tratando de sacar provecho político, inflamando el nacionalismo punzante que ha impulsado su carrera hasta ahora.

Modi es una figura complicada. Es uno de los líderes más populares del mundo actual y, como escribí durante una visita a la India a principios de este año, merece crédito por su pragmatismo económico y por elevar significativamente los niveles de vida. Pero el gobierno de Modi también ha hecho que la India sea menos libre, tomando medidas enérgicas contra la prensa y provocando una islamofobia ardiente que ha llevado al linchamiento de musulmanes.

India es tan importante que otras naciones se sentirán tentadas a desviar la mirada y no involucrarse en la disputa de Canadá con Delhi. En 2018, en respuesta a un asesinato ruso en suelo británico, Estados Unidos expulsó a 60 rusos y 14 países europeos tomaron medidas similares; Eso no sucederá esta vez.

Hay que reconocer que la administración Biden apoyó a Canadá y pidió a la India que cooperara en la investigación del asesinato, aunque ayudaría si esto viniera públicamente del propio Biden. En otros lugares, ha habido mayormente silencio e irresponsabilidad.

Sin prejuzgar los resultados, los países occidentales deberían apoyar categóricamente a Canadá al pedir una investigación justa del asesinato y justicia para los responsables. El actual silencio internacional es notoriamente ruidoso. Los canadienses merecen algo mejor de nuestra parte, al igual que los indios.

(*) Nicholas Kristof es columnista de The New York Times

Una vez publiqué un artículo dedicado a las fiestas de septiembre, mes aniversario de Cochabamba, bajo el sugestivo título de El laberinto de la vanidad. Era una adaptación simplona del estupendo ensayo de Octavio Paz sobre el ajayu mexicano: El laberinto de la soledad. Mucha gente se indignó al mejor estilo orureño, la mayoría habló mal de mí, como corresponde. No pretendía especular sobre el élan cochala, hice una simple sumatoria de especulaciones sobre la identidad cochabambina, anatematizada por los/las demás compatriotas y que se traduce en comentarios crueles e irónicos sobre el ser nacido en este valle. Uso, a propósito, el género masculino porque la cochabambinidad, en su faceta deleznable, tiene ese perfil, y estas líneas pretenden reivindicar a las mujeres de la Llajta, a las valerosas mujeres que el 27 de mayo de 1821 se enfrentaron a las huestes del imperio español y cuando un militar les preguntó si “todas ellas sí querían rendirse, dijeron que no, que más bien tendrían la gloria de morir matando”.

Ahora bien, se ha producido un desplazamiento en la simbología local, aquella que resume la historia —o la anula, transformándola—, y que es el basamento de la identidad regional. Me refiero a la creciente pérdida de la importancia de la imagen y significado de Las Heroínas de la Coronilla como ícono identitario —a las “valerosas cochabambinas” que enfrentaron al ejército colonial en la Colina de San Sebastián— y que hasta los años 90 del siglo pasado ilustraban las tarjetas postales. Además, por ese acontecimiento histórico se conmemora en nuestro país, a fines de mayo, el Día de la Madre. Y esa gesta es recordada y homenajeada por el ejército argentino que les brinda honores cuando izan su bandera albiceleste mientras una diana inaugura el lunes de cada semana. Y por tal motivo, alguien compuso, antaño, una ópera sobre ese hecho aunque solamente una vez se escenificó en alguna ciudad de Europa o en Buenos Aires. Y es seguro que por esa razón también, en el barrio de San Telmo, existe la avenida Cochabamba, por cuyas aceras caminaba la Maga, entrañable personaje de la Rayuela de Julio Cortázar. Seguramente recorría sus meandros los 21 de septiembre, por pura magia, buscando sombra bajo un jacarandá.

Resulta que el monumento a Las Heroínas de la Coronilla ha sido relegado por El Cristo de la Concordia como imagen representativa de la urbe cochala, como ícono turístico de Cochabamba. Una estatua construida en los años 80 en la cima del cerro de San Pedro —y 10 centímetros más grande que el Cristo del Corcovado, se afirma de manera orgullosa— que abraza, es un decir, la ciudad contaminada, nos representa en las postales. Como dijo un historiador: “las tradiciones se inventan” pero ésta no tiene arraigo, hubiera preferido, tratándose de íconos religiosos, que sea la Virgen de Urkupiña, al fin y al cabo es la Pachamama y así estaríamos, por lo menos, en modo plurinacional.

No deja de ser paradójico que, en esta época de reivindicación de los derechos de las mujeres y de la equidad de género, se haya producido la depauperación simbólica de Las Heroínas de la Coronilla que representan el valor de las mujeres en los albores del nacimiento del país. Al fragor de la batalla, nada menos, poniendo el cuerpo, como se dice ahora. ¿Será posible retornar al pasado? Creo que es justo y necesario para restituir la identidad cochabambina recuperando la memoria histórica.

Fernando Mayorga es sociólogo.