Se impuso otra vez la visión de que la calificación meritocrática es para los parlamentarios una mera referencia y lo que cuenta es la decisión político-partidaria en la elección de una autoridad cuyo principal objetivo es defender los derechos humanos e impedir los abusos del poder en contra de los ciudadanos.
Es justo dar el beneficio de la duda a quien fue elegido por la Asamblea Legislativa, en lo que a sus nuevas funciones se refiere, pero la acumulación de méritos para encabezar el Defensor del Pueblo u otras instituciones se convertirá con el tiempo en una pantomima que terminará por afectar la imagen pública de los postulantes y desgastará al propio Órgano Legislativo.
Bastaría con una rápida revisión de requisitos elementales y pasar a la votación, no sin antes asegurar los dos tercios de votos mediante negociaciones y consignas, y dejar en el discurso de balcón el interés de construir una democracia no solamente representativa, sino participativa y moderna.
¿Acaso no se dijo que se dialogaría con la oposición? Se lo dijo, y con grandilocuencia, pero en el fondo el Gobierno parece tener pavor a tener que ponerse de acuerdo sobre designaciones tan importantes como el Defensor del Pueblo y utiliza como justificativo el cuoteo neoliberal y corrupto de antaño.