A falta de consenso y debido a la recurrente vía unilateral del decreto supremo, como era previsible, el Gobierno se carga de nuevos conflictos, aunque en esta ocasión con los trabajadores y no sólo con las administraciones de las compañías afectadas. Además, se expone a posibles demandas internacionales que, conviene aclarar, no serían en su contra sino en contra del Estado. Por ahora, Bolivia invierte valioso tiempo y dinero en su defensa para no salir perjudicada de cuatro procesos arbitrales.
La medida del fin de semana, pese a todo, no sorprende. El gobierno del presidente Morales venía negociando con las generadoras Corani, Guaracachi y Valle Hermoso para tener el control accionario sobre ellas y, en septiembre del 2009, había dado el primer paso al disponer la cesión de las acciones administradas por las AFP en esas tres firmas.
La fecha escogida para reactivar el impulso estatizador en Bolivia fue, nuevamente, el 1 de mayo, lo cual demuestra el valor que la actual gestión gubernamental le otorga a lo simbólico. Y se apeló a la misma pompa de hace cuatro años, movilizando de madrugada a las Fuerzas Armadas. El 2006, YPFB pasó a convertirse en eje central de la economía, pero la experiencia resultó traumática: el MAS perdió a uno de sus máximos dirigentes y la población, la confianza en una administración que le había prometido honestidad. Hoy, cuando se repite la fórmula, la susceptibilidad de que las compañías nacionalizadas sean un nuevo botín político o caldo de cultivo de la corrupción es inevitable.
Mientras se reavivan los altercados entre mandatarios que polarizan el continente, y despierta la polémica sobre la pertinencia o no de que las empresas de servicios sean regentadas por el Estado, se debe andar con cuidado al momento de tomar esta clase de determinaciones de alto efecto mediático, porque más huida del capital privado sería letal para la economía boliviana.
Por otro lado, una medida de estas características sólo se justifica en caso de una deficiente gestión de los administradores salientes, o bien, con la garantía de que redundará en beneficio de los consumidores. ¿Bajarán los costos de la energía eléctrica? Eso es lo que le importa al ciudadano común, más allá de quién administre.
Entretanto, la política de «queremos socios, no patrones», con la nacionalización, cae en saco roto: los socios son descartados.