Voces

jueves 26 may 2022 | Actualizado a 03:19

El ajuste español

Imposible que la crisis de Europa ni roce a Bolivia; ni que viviésemos en una burbuja

/ 15 de mayo de 2010 / 05:00

Con el paso de los días, la situación respecto a la deuda griega se torna cada vez más compleja y negativa. Las consecuencias han rebasado prontamente los límites geográficos de la República Helénica, que está situada en el extremo sur de la Península Balcánica y tiene algo más de 11,2 millones de habitantes. Mientras el mundo intenta aprehender la crisis, se enrarece el clima que rodea a las siempre complicadas esferas de la macroeconomía.

Es que las especulaciones —no las financieras, las que en buena parte llevaron a esta incertidumbre, sino los rumores que corren alentados por las informaciones nada propicias— refuerzan la actual inestabilidad emocional y acrecientan las dudas de los inversionistas. Estos dos factores colocan a los países de la Unión Europea en una posición de preocupante vulnerabilidad con miras a su futuro.

La alarma encendida en las últimas semanas está obligando a asumir medidas urgentes a los mandatarios, sobre todo del grupo denominado peyorativamente «los PIGS» (Portugal, Irlanda, Grecia y España). La temida austeridad ha sido anunciada en España y Portugal, pero el Reino Unido, Francia e Italia tienen sus propios planes de recortes.

La austeridad es la tónica. El mundo entero habla ya del ‘tijeretazo’ para bajar el déficit. Ahora bien, en España, esas disposiciones se parecen mucho a las griegas, aunque son algo más suaves. Y pese a esto, el ajuste ibérico incluye una reducción del sueldo de los funcionarios públicos en 5%, la eliminación de la jubilación parcial antes de los 65 años, menos inversión pública, más IVA… Medidas impopulares que han generado reacciones dispares: fuera, elogios, por ejemplo del presidente Barack Obama; dentro, rechazos y amenazas de los sindicatos obreros.

A Latinoamérica le inquieta, ante todo, la crisis que arrastra a España. La acumulación de deuda y el déficit constituyen un cóctel peligroso para la salud económica de cualquier estado y éste, en particular, aporta con sus capitales a empresas de la región. Tranquilizan las declaraciones del embajador español en sentido de que Repsol cumplirá con sus multimillonarios compromisos de inversión en el sector petrolero dentro de Bolivia. De todos modos, resulta imposible creer en las versiones optimistas de que una crisis de mayor envergadura en Europa ni siquiera le rozaría a nuestro país, como si viviésemos en una burbuja.

Comparte y opina:

Renta Dignidad, un beneficio garantizado

/ 26 de mayo de 2022 / 01:19

En el devenir de la vida, las personas permanentemente tienen que tomar decisiones en diferentes escenarios de certidumbre e incertidumbre, una de las cuales está relacionada con el ciclo de vida de cada una de ellas; la vejez forma parte ineludible de ella, un proceso fisiológico en el que se producen cambios físicos, psicológicos y sociales que impiden paulatinamente la generación de recursos económicos, que dificultan solventar las necesidades básicas.

El Estado boliviano garantiza los derechos de las personas adultas mayores a una vejez digna, con calidad y calidez humana, proporcionando la Renta Dignidad, precautelando los recursos necesarios para efectuar el correspondiente pago, en observancia al ordenamiento jurídico emanado por el marco constitutivo y normativas conexas.

La Renta Dignidad es un pago mensual y de carácter universal que provee el Estado Plurinacional de Bolivia a las personas de 60 o más años de edad, residentes en el país, con el objeto de que cuenten con una vejez digna. Desde su creación, en 2007, los beneficiarios alcanzaron a 752.338 personas, a su vez, para diciembre de 2021 el número total alcanzó a 1.140.882, en tanto que en abril de 2022 la cantidad de personas que se beneficiaron fue de 1.053.197. Por otra parte, los montos pagados por dicho beneficio se incrementaron de Bs 1.616 millones en 2008 a Bs 4.743 millones en 2021, siendo que en abril de 2022 este monto alcanzó a Bs 928 millones.

Como se puede evidenciar, la cantidad de beneficiarios se fue incrementando, así como el monto pagado en el lapso de 14 años, denotando una tasa de crecimiento que está alrededor del 52% con relación al número de beneficiarios y 194% referida a los montos pagados. Esta diferencia se debe, entre otros aspectos, a que la población adulta mayor aumenta debido a las mejores condiciones de vida que suben la esperanza de vida de las personas al nacer; al mismo tiempo, se destaca que la Renta Dignidad se incrementó, desde su creación en 2007 a la fecha, en 90% para los rentistas y 117% para los no rentistas.

Es importante mencionar que el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV) cuenta con los recursos necesarios para pagar la Renta Dignidad, con fuentes de financiamiento establecidas en la Ley 3791 de 28 de noviembre de 2007 y el Decreto Supremo 29400 de 29 de diciembre de 2007, en las que se establece que el 30% de todos los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (de gobiernos departamentales, municipales, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación) y los dividendos de las empresas públicas capitalizadas/nacionalizadas se destine al mencionado fondo.

Por otra parte, la emisión del Decreto Supremo 4716, de 11 de mayo de 2022, no se constituye en un mecanismo de financiamiento directo para el Fondo de Renta Universal de Vejez, tiene por objeto “coadyuvar al financiamiento” de dicho fondo con recursos de las utilidades que genere la Gestora, que “podrán” ser transferidos al Fondo Solidario y/o al Fondo de la Renta Universal de Vejez; en tal sentido, no se determina la obligatoriedad de transferir recursos al FRUV. Por lo establecido precedentemente, las fuentes de financiamiento para el pago del referido fondo cuentan con el respectivo marco normativo que garantiza su pago.

Finalmente, cabe mencionar que la realidad económica que atraviesa nuestro país, en pleno proceso de reactivación económica con medidas que están siendo adoptadas a través de políticas públicas enmarcadas en el modelo económico social comunitario productivo, reconocido por instituciones extranjeras como Economist Intelligence Unit y otros organismos internacionales, que destacan la fortaleza del modelo aplicado en Bolivia, garantizan el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

La Renta Dignidad es parte de las medidas adoptadas al amparo del exitoso modelo económico boliviano, constituyéndose en un beneficio que ha generado un impacto positivo en los adultos mayores. La vejez es una etapa de la vida a la cual en algún momento todos llegaremos y con seguridad, para la mayoría de la población, estos recursos serán importantes para tener una vejez digna.

Gustavo Gómez es economista.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Ultraderechas

/ 26 de mayo de 2022 / 01:14

Las derechas se están desplazando hacia la extrema derecha, no están circulando por la clásica lógica partidaria, tampoco por representar un proyecto estatal alternativo, por el contrario, están desarrollando una estrategia de largo plazo concentrada en constituir subjetividades conservadoras como sentido común.

Son actores políticos del sistema democrático contrariamente promoviendo acciones antidemocráticas validadas y legitimadas por estructuras no partidarias, sino comunicacionales, eclesiales y cívicas.

La derecha multipartidaria neoliberal de los años 90, que tenía un trípode partidario sólido articulado a bloques regionales empresariales y representaba la temporalidad democrática posdictadura con el auspicio del Consenso de Washington, fue derrotada en nuestro país por lo nacional popular, con su núcleo sindical, territorial y cultural campesino expresado políticamente en el Instrumento Político.

La referencia de estas derechas son solo nombres de exautoridades gubernamentales sin posibilidad de liderazgo, que aparecen o son utilizados temporalmente para aparentar la idea democrática del pasado; su límite es la escena mediática.

Esa derecha del último cuarto de siglo ya no es el paradigma de las nuevas derechas, que están transitando hacia la extrema derecha que ahora tiene renovados ejes discursivos conservadores.

La extrema derecha es una tendencia que está presente en varios países, con triunfos electorales muy fuertes en EEUU y Brasil, que están impulsando movimientos antidemocráticos con características fascistas para impedir sus derrotas: Trump impulsó la toma paramilitar de la Casa Blanca acusando fraude electoral; Bolsonaro en la misma línea, ante su derrota, ya está anunciando fraude con grupos de civiles armados circulando y amedrentando. Colombia, gobernado hace varios años por la tendencia paramilitar de extrema derecha del expresidente Uribe, es la constatación más dramática de la violación de los derechos humanos como política de Estado, porque el asesinato extrajudicial a dirigentes sociales, indígenas y exguerrilleros es una constante diaria.

La democracia liberal republicana es el escenario institucional de presencia política de la extrema derecha, pero sus estrategias de acción están al margen de esta institucionalidad formal. Los ejes discursivos se articulan entre libre mercado, propiedad privada; el antifeminismo está presente en actitudes y comportamientos machistas, en la defensa de un modelo de familia patriarcal y en la condena de lo que denominan ideología de género; en estrecha relación con los valores está la religión, uno de los clivajes tradicionales de los movimientos antisistémicos. Especialmente en esos liderazgos mencionados, los movimientos evangélicos en general y neopentecostales en particular, desempeñan un papel creciente de cara a la configuración de las orientaciones políticas conservadoras de los ciudadanos.

Con diferente intensidad, las identidades locales-territoriales, sus aparentes superioridades raciales contra los derechos de las mujeres, de los afrodescendientes, migrantes y del LGTBI, están ordenando ejes discursivos, motivos de movilización que tienen su manifestación en estallidos de violencia temporal, pero como una constante.

Forzar movimientos antiderechos y raciales es construir escenarios que están fuera de la arquitectura democrática, es el drama mayúsculo que enfrentará a las sociedades por identidades y contra valores que fueron superados por siglos de lucha por los pueblos y sectores históricamente excluidos, marginados y explotados.

Estos ejes conservadores son retrocesos históricos en materia de derechos, pero se presentan como el hilo de unidad de movimientos que tienen y tendrán expresiones políticas y electorales reposicionando sentimientos en el sentido común de las sociedades.

Por el nivel de influencia y ascendencia que tienen estas estructuras no partidarias, cruzan transversalmente diferentes sectores de las sociedades, confluirán realidades contrapuestas y asistiríamos a escenarios diferentes en un mismo tiempo; democracias republicanas versus grupos y élites antidemocráticos, fascistoides, disputando un sistema de valores y antivalores que evidencien la pobreza moral y espiritual de la modernidad del capitalismo colonialista como sistema civilizatorio.

El tiempo para esta modernidad civilizatoria es un avance en retroceso por la existencia de estructuras, subjetividades, liderazgos ultraderechizados, que caminan negando derechos, reafirmando realidades propias de la Santa Inquisición y el fascismo europeo del siglo pasado.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

Comparte y opina:

La industrialización del aparato productivo

/ 26 de mayo de 2022 / 01:04

Una clara y acertada medida del modelo económico que el Estado Plurinacional de Bolivia lleva adelante es la creación, recuperación y posterior fortalecimiento de las compañías públicas, un ejemplo evidente es la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), considerada en el ranking de las 10 mayores firmas productoras de estaño metálico del mundo, ocupando el puesto 7, según la Asociación Internacional del Estaño (ITA), no solo por su modernización, sino por la ampliación de su capacidad productiva.

Políticas ambiciosas referidas a producción (stock 0), calidad del producto (certificación ISO 9001:2008) y ventas a nivel nacional e internacional a Estados Unidos, Europa, Asia y la región del Cono Sur, hacen de la EMV una de las más importantes fundidoras de estaño y la convierten en un pilar fundamental en el desarrollo de la economía nacional en general y la orureña, en particular.

Atrás quedaron las inversiones improductivas que no generaron rendimientos en pasadas administraciones gubernamentales; en este sentido, con una nueva visión y medidas asumidas por el Gobierno del Estado Plurinacional, la EMV, con la inclusión de la planta de fundición Ausmelt, tiene una capacidad instalada para la producción anual de hasta 18.000 Toneladas Métricas Finas (TMF); aportando significativamente al proceso de “industrialización del aparato productivo nacional”.

No quedando conforme, la compañía de 51 años de operación, fundiendo y refinando estaño metálico, pretende concretar la refinación de zinc a través del Proyecto de Construcción y Montaje de la Planta de Fundición y Refinación de Zinc, estimando una inversión total de $us 344,6 millones, para tratar anualmente 150.000 Toneladas Métricas Netas (TMN), considerando que en los últimos años Bolivia se ha convertido en el noveno exportador mundial de minerales de zinc, con un volumen de exportación promedio de 700.000 toneladas de concentrados por año.

Para tal efecto, se utilizará la tecnología de lixiviación directa por presión de oxígeno, considerado un proceso de producción limpio, avanzado y respetuoso con el medio ambiente en el planeta.

La demanda en el mercado mundial para el metal refinado de zinc se encuentra en crecimiento, motivado por el incremento de la construcción y la industria automotriz, principalmente en países como China, India y Brasil.

Vinto es una muestra de cómo se pueden construir empresas estatales eficientes, que contribuyen al desarrollo regional y del país, generando ingresos, empleo y, sobre todo, coadyuvando en las políticas sociales del Gobierno.

Sócrates Uriarte Carrasco es administrador de empresas.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

El COVID-19 persistente

/ 26 de mayo de 2022 / 01:01

Desde que la ola inicial de Ómicron decreció y la inflación reemplazó al COVID-19 en los titulares, el debate sobre la reapertura se ha resuelto en gran medida a favor de quienes abogan por ella. Pero el debate sobre la sensatez de la reapertura y del abandono del uso de las mascarillas no ha desaparecido. A medida que los casos de COVID-19 aumentan otra vez, todavía hay un electorado que piensa que demasiada normalidad es un error de salud pública.

Últimamente, este electorado ha cambiado un poco su enfoque, de los peligros de muerte (disminuidos por la vacunación y la inmunidad) al peligro del COVID- 19 persistente o prolongado, el tipo crónico y potencialmente debilitante de esa enfermedad. En un ensayo reciente del Washington Post, el experto en políticas de salud Ezekiel Emanuel escribió que “una posibilidad de entre 33” de presentar síntomas prolongados de COVID- 19 aún basta para que el experto siga usando una máscara N95 y se mantenga fuera de restaurantes cerrados y de trenes y aviones tanto como sea posible.

Como admite Emanuel, hay mucha incertidumbre en torno al COVID-19 persistente. Al igual que con muchos problemas, también hay un efecto de conglomeración intelectual notable: es más probable que las personas que aún están a favor de las restricciones pandémicas enfaticen sus peligros, mientras que los escépticos del uso de la mascarilla y de las restricciones parecen más propensos a sospechar que es una especie de hipocondría de los demócratas.

Soy, desde que las vacunas se hicieron disponibles de manera general, una paloma pandémica que felizmente se arrancó la máscara una vez que los aviones dejaron de requerir su uso, lo que debería prepararme para el escepticismo sobre el COVID-19 persistente. Pero al mismo tiempo, también tengo un conocimiento considerable sobre las enfermedades crónicas y sus controversias, basado en una experiencia personal, lo que me convirtió en un creyente del COVID-19 persistente desde el principio: su alcance es incierto, pero es claramente real y, a menudo, terrible.

Desde la perspectiva de Emanuel, no debería estar en las dos posiciones al mismo tiempo. He experimentado en carne propia lo grave que puede llegar a ser una infección crónica: ¿Qué hago comiendo fuera, subiéndome a aviones con la cara descubierta y escribiendo esta columna sin usar un cubrebocas mientras estoy en una cafetería? Es una pregunta interesante, y me inspiró a hacer algunos cálculos matemáticos sobre un tipo diferente de riesgo: el riesgo que corre mi familia al seguir viviendo en Connecticut, un semillero de la enfermedad de Lyme, mi propio visitante crónico no deseado.

Las estimaciones de la frecuencia con la que la enfermedad de Lyme se vuelve crónica oscilan entre el 5 y el 20% de los casos. Digamos que es un 12% y obtendrás un riesgo cuatro veces mayor que la estimación del 3% que hizo Emanuel para el COVID- 19. Pero afortunadamente, la enfermedad de Lyme no se transmite por el aire, por lo que el riesgo de contraerla es mucho menor en primer lugar.

¡Pero! Aquí en Connecticut, la incidencia es al menos tres veces mayor que el promedio nacional en Estados Unidos, y además hay seis personas en mi hogar por las que debo preocuparme. Por lo tanto, las probabilidades de que cualquiera de nosotros se infecte en un año podría estar cerca de 1 en 40. Combina esa cifra familiar —tal vez un pequeño engaño estadístico, pero definitivamente me preocupo más por mis hijos que por mí mismo— con las probabilidades algo más altas de que la enfermedad de Lyme se convierta en crónica, y nuestros riesgos están en el mismo escenario general que los riesgos del COVID-19 persistente, los mismos que Emanuel considera inaceptablemente altos.

Una enfermedad crónica es un gran flagelo que el COVID-19 persistente ha ayudado a sacar a la luz y que clama por un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Pero hacer los cálculos y conocer el peligro no me impedirá mostrar mi rostro en los aviones y en los restaurantes o que mis hijos caminen, con cuidado, espero, en los parques estatales de Connecticut.

Ross Douthat es columnista de The New York Times.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

De opinología mediática y otras artes ocultas

/ 25 de mayo de 2022 / 03:23

En las últimas semanas, medios de comunicación han llevado al extremo la capacidad creativa de sus escribanos en economía, mostrando que cualquier espectro que se tenga es bueno para poder demostrar que el Gobierno viene haciendo las cosas medianamente mal. Han traspasado los límites de fantasía generando una serie de artículos de opinión en base a lo que para ellos es la muestra clara del debilitamiento del modelo económico, plantado sobre un hipotético grupo de medidas que habría sido encontrado escudriñando las hojas recicladas de alguna instalación gubernamental y, pese a los intentos, no han podido explicar cuál de los papeleros habría sido el revisado.

No ha faltado el criterioso que con orgullo desmedido ha dicho que la información se encuentra “circulando en redes”; un supuesto impuesto al salario, cobros nuevos para empresas públicas y otros cuentos de terror han sido la base de opiniones que no han hecho más que demostrar lo empobrecido de la sustentación técnica de la que hacen gala al escribir un artículo que habla de la economía de un país.

Entrando en terreno serio, el Gobierno reforzó su eslogan sobre el resurgimiento de la economía boliviana, desde varios flancos que se muestran mucho más sólidos, empezando por el reporte que se ha presentado sobre la solidez del sistema financiero, donde resaltan datos como el 6,5% de crecimiento de la cartera de créditos respecto a marzo de 2021, un crecimiento de 81% de las utilidades de las entidades financieras y la creación de más de 1 millón de cuentas nuevas de ahorro, logrando que el monto que tienen los ahorristas en Bolivia sea mayor a marzo del año pasado en un 8%.

El segundo elemento que pone en claro el mejoramiento del contexto económico en nuestro país ha sido la promulgación del Decreto Supremo 4716, donde se determina que las utilidades de la Gestora Publica de Seguridad Social de Largo Plazo sean también una fuente de recursos que cubra la Renta Dignidad, esto por dos sencillas razones, la primera es que la gestora es la instancia encargada de este pago y, por ende, tiene que velar por la sostenibilidad de lo que hasta ahora ha sido el mecanismo con el cual ha venido generando valor público. Por otro lado, y no menos obvio, está el hecho de que la gestora para 2021, conforme los estados financieros que han sido publicados, ha registrado un superávit de más de Bs 7,8 millones; es irrebatible que parte de estas utilidades puedan ir a reforzar el pago en cuestión y que el Gobierno disponga que uno de los usos que se pueda dar a estas ganancias esté relacionado con la sustantividad de la gestora.

Es necesario hacer mención de que las empresas públicas sufrieron un golpe certero que buscó la inestabilidad en su funcionamiento, no es secreto para nadie que el gobierno de Áñez hizo hasta lo imposible para que las empresas que tienen como propietarios a todos los bolivianos, terminaran desapareciendo para que sus pares privados lograran tener mejores utilidades; falta ver cómo para el servicio de transporte aéreo, donde se tiene como prestador de servicio a BoA, en aquellos tiempos se empezó a cerrar rutas, disminuyó la cantidad de vuelos que se tenía a los destinos de mayor frecuencia, todo a la cabeza de los administradores de la competencia; increíblemente Áñez había nombrado como autoridades de BoA a personeros de Amaszonas, empresa competidora de la estatal.

En 2020, las empresas públicas, de manera agregada, presentaron un déficit de Bs 757 millones, dejando en estado crítico a muchas de ellas; para 2021, presentaron utilidades por Bs 2.873 millones, lo cual ha demostrado plenamente la capacidad del modelo para reabsorber errores generados y plantear soluciones a problemas de orden estratégico y operativo.

Por otro lado, el enunciado de que las empresas públicas no pueden ser instancias que generan una buena administración y, por ende, utilidades, ha sido echado por tierra con los números presentados por el Gobierno, ya que sus ganancias no solo sostienen parte de la Renta Dignidad, sino que hacen lo mismo para el Bono Juancito Pinto y el Bono Juana Azurduy; ejercicios de política pública que, vía evaluaciones de impacto, han quedado como herramientas efectivas que atacan a problemas de orden social como la deserción escolar, el parto asistido y la mejora de calidad de vida de diferentes estratos de la sociedad boliviana.

Mike Gemio es economista.

Comparte y opina: