La advertencia del presidente Evo Morales de iniciar una huelga de hambre, como medida de presión a la Asamblea Legislativa Plurinacional —de mayoría oficialista— para que apruebe a tiempo la Ley Marco de Autonomías, denota el nerviosismo que se vive en el Gobierno por un tema que se anuncia como la madre de todas las batallas políticas en este año.
Los asambleístas despacharon las cuatro primeras leyes estructurales con asombrosa velocidad, pero aumenta la presión sobre ellos para que apresuren al tope la marcha y resuelvan la más intrincada de todas.
Los indígenas del oriente removieron las bases del MAS al demandar una mayor presencia en la Asamblea Legislativa y la inclusión de sus pretensiones en la ley de autonomías. Al margen de ser uno de los pilares orgánicos del instrumento político que llevó al poder a Evo Morales, ese sector ostenta un peso histórico por haber encabezado la marcha «Por el territorio y la dignidad», la movilización que abrió las puertas al proceso en curso.
Los propios masistas consideraban al reclamo de la CIDOB como una de las crisis más fuertes que le tocó enfrentar al Gobierno, junto con los sucesos de Caranavi. Se trata de dos conflictos con sectores afines al MAS, por eso resulta complejo el análisis de las nuevas relaciones de una parte de las bases sociales de ese partido con el Palacio.
Para contrarrestar esa demanda, el Órgano Ejecutivo orientó sus argumentos en dos frentes: primero, señalando presuntos intereses personales de la dirigencia de los indígenas y, segundo, denunciando una supuesta incitación de la marcha de la CIDOB, por parte de Usaid, a través de algunas ONG. No se han dado a conocer pruebas contundentes de ninguna de las dos acusaciones, pero llama la atención que en el pasado las ONG fueran bienvenidas por el MAS porque trabajaban a favor de los originarios de tierras bajas y ahora, cuando éstos tienen un reclamo, resulta que están siendo utilizadas por la derecha o por intereses foráneos.
La CIDOB, es cierto, presentó un pliego desmedido: varios de sus puntos contradicen a la Constitución y afectan derechos de otros en las mismas regiones indígenas. El desafío de aprobar una ley justa, de beneficio para todos, coloca a la Asamblea Legislativa en un aprieto que demandará más esfuerzo que el mero apuro de desligarse de una norma por la presión del Ejecutivo o la Carta Magna.