Joaquino, el quinto
La democracia malentendida se desdibuja y acaba faltando el respeto al pueblo votante
Tomando en cuenta solamente a los alcaldes de las ciudades capitales, tanto Joaquino, en Potosí, como Jaime Barrón, en Sucre, tuvieron que dejar sus cargos por sendas acusaciones formales del Ministerio Público. Se trata de dos autoridades opositoras al MAS que, coincidentemente, obtuvieron un importante caudal de votos el 4 de abril, es decir que gozaban de un alto grado de legitimidad en sus municipios.
El suspendido alcalde potosino acusó a la Fiscalía de Distrito de estar al servicio del partido en función de Gobierno; no es la primera vez que se denuncia la supuesta politización del Ministerio Público, que debería actuar de forma independiente y, por lo tanto, cualquier indicio de parcialización hacia un partido sería nefasto para la democracia nacional.
Luis Revilla, en su calidad de presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) —aunque no se puede desconocer su posición de alcalde opositor—, alertó de la necesidad de modificar la Ley de Autonomías, para «detener esta oleada que puede venir contra el conjunto de autoridades municipales». Y varias autoridades del país han manifestado su discrepancia con lo que consideran una persecución judicial.
Ya se habla de que los próximos en seguir el camino de los cinco alcaldes suspendidos podrían ser los gobernadores Suárez, Cossío y Costas, tres opositores también.
El enfoque político ha ganado terreno desde los distintos frentes de esta discusión. Según los intereses de cada cual, se utiliza la acción de los fiscales como pretexto para desvirtuar el valor de la justicia. En rigor, cualquiera de los casos mencionados no debería resistir ningún comentario al margen del estrictamente jurídico.
Aquello significa que los políticos no tendrían que ser determinantes para la continuidad o no de tal o cual alcalde elegido en las urnas; la democracia malentendida se desdibuja fácilmente y, está visto, acaba faltando el respeto al pueblo votante.
Ayer, el presidente Morales se mostró extrañado de que se culpe al Gobierno por la sucesión de alcaldes cesantes. Transfirió esa responsabilidad a la justicia, en la que los acusados, según dijo, tendrán el derecho de defenderse. Ojalá sea así, que prime la transparencia y que los juicios se desarrollen con equidad, entretanto se devuelve la legitimidad a las municipalidades encabezadas por concejales de pronto convertidos en alcaldes.