Dirigente que genere conflictos, será castigado. Tal la decisión, que se plasmará en un reglamento, de la nueva Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam). Es decir, si un dirigente sindical se anima a disentir, a protestar, dejará de merecer la confianza y será vetado e inclusive expulsado. Nada menos.
En realidad más: se sancionará a los dirigentes que se «prestaren o manifestaren apoyo a gobiernos, organismos, entidades afines al imperialismo norteamericano, políticos representantes del neoliberalismo y personas involucradas en hechos de corrupción». Lo último, bienvenido; pero lo anterior, tan ambiguo que da miedo, pues cómo se medirá ese apoyo, qué organismos, qué gobiernos ligados a cuál imperialismo norteamericano.
Que la Conalcam se preocupe de evitar conflictos capaces de derivar en violencia, heridos y muertos, es positivo. Pero la forma en que se está tratando de salvar el problema que ha enfrentado el Gobierno, y el país, suena preocupantemente a cerrar el paso al derecho al disenso.
«Obediencia» parece ser la consigna. De hecho, los masistas han criticado duramente a Félix Gonzales, el gobernador de Potosí militante del MAS, por hallarlo «desobediente» al haber apoyado las protestas cívicas de su departamento.