Un proyecto de ley contra el racismo y la discriminación, promovido por la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, pretende alcanzar a las empresas del sector privado.
Está muy bien luchar contra la discriminación. Es una de las mayores injusticias y el origen de muchos de los males en la sociedad. Una de las formas de combatirla es ésta de las normas y las sanciones; pero no es así como se eliminarán las formas discriminatorias de pensar, las maneras de concebir una relación desigual con los otros, de tener la certeza de que hay seres superiores y seres inferiores. La ley quizás obligue a esconder estas formas de pensar; pero el problema estará allí, de todas maneras.
La educación, la información suficiente y abundante acerca de los distintos pueblos, grupos, personas es el camino para el respeto entre seres humanos. Es el principio; luego podrán venir los castigos. No parece que se tenga futuro si se procede al revés.
Ése, un primer elemento a considerarse en torno al tema. El segundo tiene que ver con que el proyecto alcanza a los medios de comunicación, los que se exponen, en caso de una denuncia, a una sanción económica e inclusive la suspensión de la licencia. El antecedente podría ser más nefasto que cualquier ley mordaza. Habrá que revisar este punto.