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Saturday 1 Apr 2023 | Actualizado a 19:10 PM

Re-descertificados

Se podría leer entre líneas una implícita aceptación de que ambas partes tienen razón

/ 19 de septiembre de 2010 / 05:00

Sorprende en cambio —un poco, nada más— el tono utilizado por los gobiernos de EEUU y Bolivia, menos recio que en otras oportunidades. El informe de la administración de Obama al Congreso estadounidense, que «descertifica» a Bolivia, a diferencia de otros años tiene visos de blandura; de hecho, reconoce la labor del Gobierno nacional en varias partes. Y la respuesta del presidente Morales, firme como siempre, tiene sus matices.

Precisamente del distingo que hace EEUU entre la actualidad boliviana    —de no mostrar avances claros en la erradicación del cultivo de coca o en el descenso de la producción de cocaína, frente a los esfuerzos de las incautaciones de droga, destrucción de laboratorios y las detenciones de presuntos productores y traficantes— se aferra Morales para responder a la medida de Obama. Dice que el informe es contradictorio y político, y alude a una revancha por la expulsión de la agencia antidroga, la DEA.

Se advierte menos agresividad en la «reprimenda» y en la contraofensiva que llegan, invariablemente, cada año. Cuando EEUU cuestiona, por ejemplo, la creciente presencia de narcotraficantes extranjeros en Bolivia, lo hace compartiendo la preocupación del Gobierno de este país. Y el rechazo de Morales, destacando la inversión propia de 25 millones de dólares para combatir al narcotráfico, suena razonable —y lo es— más allá de la referencia ideológica de que lo negativo del informe se debe a la posición boliviana «anticapitalista y antiimperialista».

Al gobierno de Morales no le gusta que le señalen sus errores; y si lo hacen desde el exterior, considera que se ofende la dignidad del boliviano y se ataca la soberanía nacional. EEUU, de su lado, se cree con el derecho de apuntar con el dedo a todo el mundo y le cuesta admitir sus propias culpas, que son muchas. Este tema     —recomendación para ambos países— exige menos soberbia y más sensatez.

La descertificación se ve venir todos los años; lo que sí sorprendería es que EEUU opinase todo lo contrario. En el tono empleado esta vez se halla la diferencia: se podría leer entre líneas una implícita aceptación de que ambas partes, en el fondo, tienen razón. Bolivia puede hacer más, y por supuesto que lo haría mejor con ayuda reforzada de EEUU; EEUU puede hacer más, y claramente lo haría mejor si reconociera que se lleva una buena parte de la responsabilidad en el problema de las drogas.

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‘Ley del oro’, escasez y errores

/ 1 de abril de 2023 / 01:24

El Gobierno continúa buscando con urgencia que la Asamblea Legislativa apruebe un proyecto de ley para la compra y venta de oro de las reservas internacionales: “Ley del oro”. Aunque se empeña en comunicar que este proyecto es para el fortalecimiento de las reservas, lo cierto es que el objetivo principal es la venta de oro físico, que permita la captación de dólares para hacer frente al exceso de demanda de divisas derivada de las importaciones, necesidades del pago del servicio de deuda externa y requerimientos de los bancos privados.

Actualmente, hay dos leyes vigentes que permiten al Banco Central de Bolivia (BCB) comprar oro de los mercados financieros internacionales (Ley 1670 de 31/10/1995), y de las cooperativas y empresas mineras estatales (Ley 175 de 11/10/2011). Bajo ese marco, el proyecto de Ley 219-22/23 (“Ley del oro”) se concentra en la venta del oro, buscando que el BCB amplíe sus operaciones de colocación del metal en los mercados financieros internacionales, por medio de operaciones de inversión, depósitos en custodia, conversión en divisas e instrumentos de cobertura; asimismo, el proyecto da al directorio del ente emisor una mayor discrecionalidad y dominio en sus decisiones de venta del oro, sin la obligatoriedad del seguimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa.

Si el proyecto de “Ley de oro” llegara a aprobarse en estos días, es muy probable que las 42,5 toneladas de oro de reservas internacionales bolivianas —las cuales se encuentran en bancos privados extranjeros— se conviertan en dólares para hacer frente al exceso de demanda de divisas (escasez de oferta). De hecho, desde 2015 el flujo de oferta de divisas es menor que el flujo de demanda, lo que ha generado una situación de escasez. En 2015 la escasez de divisas registraba $us 1.869 millones y en 2021, $us 738 millones; asimismo, según el último boletín mensual del BCB, entre enero y septiembre de 2022, la brecha negativa de divisas se calcula en $us 642 millones. En consonancia con estos flujos netos negativos, el stock de reservas internacionales en divisas del banco central ha ido descendiendo continuamente, de $us 13.586 millones en noviembre de 2014 a $us 372 millones en febrero de 2023.

El Gobierno, ante la permanente escasez de divisas, debía haber evitado que las familias, empresas y bancos generaran expectativas negativas sobre la fortaleza del boliviano y vigencia del sistema cambiario. Sin embargo, el BCB y el Ministerio de Economía han tomado medidas en sentido contrario, incurriendo en errores de política económica: el tratamiento de la “Ley del oro”, el tipo de cambio preferencial para exportadores (que permite al BCB aumentar el precio de compra de dólares de Bs 6,86 a Bs 6,95 por dólar) y la autorización a los bancos privados para la utilización de sus reservas de encaje legal ($us 240 millones) como inyector de liquidez, han hecho que la población vea señales de escasez de dólares. Asimismo, la batería de medidas de política económica ha dejado al público en una situación de desconfianza sobre la fortaleza del boliviano, que se ha manifestado en un aumento de la demanda de dólares, presionando al boliviano hacia su depreciación, y dejando en una situación frágil al actual sistema de tipo de cambio fijo.

Para evitar que el país llegue al borde de una devaluación, cuyas consecuencias serían muy dolorosas y costosas para la población, se recomienda al Gobierno, por un lado, que modere sus ambiciosos programas de gasto e inversión pública, y endeudamiento externo; y, por otro, procurar que los bancos no disminuyan sus reservas de encaje legal en moneda extranjera, ya que el freno de la creciente demanda de dólares del Gobierno y sistema bancario (actualmente más del 80% de la demanda total) liberarían divisas a favor de la acumulación de las reservas internacionales que garantizarían la permanencia del actual sistema de tipo de cambio fijo. Para ello, es imprescindible que se hagan ajustes sobre el modelo económico, renovando el equipo económico actual por otro que reciba mayor confianza de parte de los ciudadanos.

Fernando Torrejón Flores es doctor en Economía y profesor de Economía Aplicada.

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Reputación en tiempos de incertidumbre

/ 1 de abril de 2023 / 01:20

En un contexto político y económico complicado y crítico como el boliviano, la reputación de las empresas se vuelve aún más crucial. La forma en que una empresa es vista por su público puede tener un gran impacto en su éxito o fracaso en el mercado, y esto es especialmente cierto en tiempos difíciles. Por lo tanto, es fundamental que las empresas bolivianas presten atención a la gestión de su reputación, y que lo hagan de manera consciente y estratégica.

Las empresas que logran mantener una buena reputación, a menudo se benefician de una mayor confianza y lealtad de sus clientes, lo que puede traducirse en un aumento de las ventas y la fidelización de los clientes. Además, una buena reputación también puede ser un factor determinante para atraer y retener a los mejores talentos del mercado, lo que puede ser un factor clave para la capacidad de la empresa de innovar y crecer.

En un entorno político y económico inestable, la gestión de la reputación también puede ser un factor clave para minimizar riesgos y reducir la volatilidad. Las empresas que se preocupan por su reputación suelen estar más atentas a los cambios en el entorno político y económico, lo que les permite tomar medidas proactivas para mitigar los riesgos asociados.

Por ejemplo, en un entorno político en el que las relaciones entre empresas y gobierno pueden ser especialmente tensas, una empresa que cuide su reputación puede ser vista como un actor más confiable y transparente por el público y por las autoridades. Del mismo modo, una empresa con una buena reputación puede ser vista como más estable y menos riesgosa por los inversores y otros stakeholders clave, lo que puede ayudar a mantener una base sólida de apoyo en momentos difíciles.

En resumen, en un contexto político y económico complicado y crítico como el boliviano, la gestión de la reputación es más importante que nunca.

Por el contrario, si las empresas no gestionan adecuadamente su reputación en tiempos de incertidumbre o crisis, pueden enfrentar varios riesgos importantes.

En primer lugar, una mala reputación puede llevar a una disminución de las ventas y la pérdida de clientes. Si los consumidores perciben que la empresa no está operando de manera ética o responsable, pueden decidir no hacer negocios con ella, no comprar sus productos. Esto puede tener un impacto significativo en los ingresos y la rentabilidad de la empresa.

En segundo lugar, una mala reputación puede afectar la capacidad de la empresa para atraer y retener a los mejores talentos del mercado. Si la empresa es vista como poco ética o poco responsable, puede ser más difícil atraer a los candidatos adecuados y retener a los empleados existentes. Esto puede limitar la capacidad de la empresa para innovar y crecer, y puede ser especialmente problemático en un entorno económico difícil, como el que estamos atravesando.

En tercer lugar, una mala reputación puede llevar a la pérdida de la confianza y el apoyo de los stakeholders clave, incluyendo inversores, proveedores, reguladores y la comunidad en general. Si estos grupos pierden la confianza en la empresa, pueden tomar medidas para reducir su relación con ella o incluso hacerle frente.

Eduardo Silva es especialista en gestión de la reputación empresarial y COO de WeCom Bolivia.

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El arresto de un presidente

/ 1 de abril de 2023 / 01:15

En 1872, el presidente Ulysses S. Grant fue arrestado por un oficial de policía por exceso de velocidad en su carruaje tirado por caballos en Washington. El oficial extendió la mano para indicar que se detuviera, y Grant obedeció y luego acompañó al oficial a la estación de Policía. ¿Eso degradó a la presidencia?

No, yo diría que fue un hermoso tributo a la democracia. Lo que era impensable para el Rey Sol francés, Luis XIV —L’état, c’est moi (“Yo soy el Estado”)— es apropiado en un sistema de igualdad ante la ley.

The Times informa que un gran jurado votó para acusar a Donald Trump por pagos de dinero secreto a una estrella porno, pero que la acusación, por ahora, está sellada. Hay preguntas legítimas sobre este enjuiciamiento en particular, y aunque no conocemos los detalles de los cargos, después de conjeturas informadas, nos preguntamos: ¿Debería ser la primera acusación de un expresidente bajo una teoría legal novedosa que podría ser rechazada por un juez o un jurado? ¿Qué hacemos con las dudas sobre este caso, incluso entre aquellos que tienen cero simpatía por Trump? ¿Sabe el fiscal de distrito Alvin Bragg lo que está haciendo?

Ninguno de nosotros puede estar seguro de la respuesta a estas preguntas hasta que haya visto las pruebas presentadas en el juicio, y me preocupa que un enjuiciamiento fallido pueda fortalecer a Trump. Pero, también me preocuparía, incluso más, el mensaje de impunidad que se enviaría si los fiscales desviaran la mirada porque el sospechoso era un expresidente.

El mediador del expresidente, Michael Cohen, fue sentenciado a tres años de prisión por obedecer las órdenes de Trump, y un principio fundamental de justicia es que si se castiga a un agente, también se debe castigar al director. Eso no siempre es factible, y puede ser difícil replicar lo que logró un enjuiciamiento federal en el caso de Cohen. Pero el objetivo debe ser la justicia, y esta acusación honra ese objetivo.

Eso es particularmente cierto porque este es claramente un delito de mayor riesgo que un caso típico de falsificación de registros comerciales; aparentemente, el objetivo era afectar el resultado de una elección presidencial, y eso pudo haber sucedido.

Cuando arresten a Trump, se le tomarán las huellas dactilares, se le fotografiará y posiblemente se le esposará. Surge la pregunta: ¿Es degradante para una democracia procesar a un exlíder?

Hay un contraargumento de que este es el momento de Estados Unidos para la discreción procesal para permitir que el país se recupere y siga adelante. Cuando era adolescente, me indignó cuando el presidente Gerald Ford perdonó preventivamente al expresidente Richard Nixon, pero con el tiempo llegué a pensar que era la decisión correcta y que permitió que el país sanara. Sin embargo, una diferencia es obvia: Nixon en 1974 ya estaba completamente desacreditado, condenado al ostracismo y arruinado, mientras que Trump niega haber actuado mal y se postula nuevamente para la Casa Blanca.

Es difícil en esta etapa para mí evaluar la fuerza de la acusación del fiscal de distrito de Manhattan contra Trump, pero encuentro inspiración en las palabras de William H. West, la oferta policial que arrestó a Grant por exceso de velocidad. Según un relato que dio muchos años después, publicado en The Washington Post, le dijo a Grant: “Lamento mucho, señor presidente, tener que hacerlo, porque usted es el jefe de la nación y yo no soy más que un policía, pero el deber es el deber, señor, y tendré que ponerlo bajo arresto”.

Esa es la majestuosidad y la dignidad de nuestro sistema legal en su máxima expresión. Y si un oficial de policía en 1872 pudo extender su mano y obligar a detener el veloz carruaje del presidente, entonces, nosotros también deberíamos hacer lo que podamos para defender el magnífico principio de la igualdad ante la ley.

Nicholas Kristof es columnista de The New York Times.

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Francia: Trabajar menos para vivir más

/ 1 de abril de 2023 / 01:13

Todo el país está convulsionado por la propuesta gubernamental de retardar en 24 meses la edad legal de jubilación: de 60 a 62 años, esa medida que, en otras partes del mundo entraría al marco de la casi banalidad, atañe profundamente a la fibra misma de la filosofía de vida de los franceses, quienes están habituados a gozar de un estilo superlativo para el tiempo dedicado al ocio. En efecto, no bien concluyen sus vacaciones anuales de cinco semanas pagadas, de inmediato comienzan a planificar las siguientes, como rito inaplazable en que se juega su dignidad, su estatus social y la armonía familiar. Habiendo conquistado la semana laboral de 35 horas, gozando del estupendo seguro de salud que garantiza al asalariado esmerada atención médica, hospitalización que incluye gratuidad en los medicamentos, el francés medio paga a regañadientes los impuestos fiscales sobre sus ingresos y nada del todo si estos están por debajo de la línea considerada modesta. Por todos esos beneficios juzgados fabulosos en la óptica del Tercer Mundo, donde conseguir cualquier empleo estable ya significa un privilegio, resulta inexplicable la violenta reacción popular ante el anuncio de prolongar el periodo de servicios por tan solo dos añitos más. La razón, detrás la ley en ciernes, fue explicada pedagógicamente en sentido de que no se puede seguir acumulando déficits financiando tasas de jubilación programadas para aquella época cuando la esperanza de vida era menor. Ahora, resulta que la gente vive más, mucho más que entonces y los aportes de la masa laboral son insuficientes. Es un problema que se viene arrastrando desde gestiones presidenciales pusilánimes que no se atrevían a enfrentar resueltamente semejante anormalidad. En el contexto europeo donde generalmente la edad de retiro rodea los 65 años, en Italia, Holanda y España se elevará a los 67, ergo, el caso de Francia es regalo excepcional.

Sordos a las razones expuestas, millones de manifestantes (70% de la opinión pública) haciendo uso de toda clase de violencias que incluyen incendios y vandalismos varios, se lanzan a las calles durante días enteros promoviendo desórdenes muy parecidos al fatídico “mayo de 1968” que, finalmente, provocó la dimisión del legendario general Charles De Gaulle. Lo que más me llama la atención es observar que en las filas de los revoltosos figura numerosa masa de juventud veinteañera y hasta adolescentes imberbes preocupados desde hoy por sus pensiones cuando lleguen (si acaso llegan) a sexagenarios. Se agrega a ello huelgas casi generalizadas de las centrales obreras, con iguales exigencias para obstruir la vigencia del proyecto de ley que, con menguo apoyo parlamentario (diferencia de nueve votos) tendrá que ser implementado usando el artículo 49.3 de la Constitución que autoriza su promulgación mediante decreto ejecutivo.

El alzamiento ciudadano descrito se inscribe en la concepción de vida del francés que la vi resumida elocuentemente en ese cartel que decía: “Trabajar menos para vivir más”. Es decir, el trabajo para la mayoría de la población gala es percibido como obligación ineluctable y a veces como un martirio, donde se calcula ardorosamente los días que restan a la añorada pensión. Y apenas arriba el ansiado ocio, en cuenta regresiva hacia la muerte inevitable, para ellos recién comenzará la verdadera vida cumpliendo tareas que le gustan, costeándose viajes de destino incierto, pero viajando como pensando “no sé adonde voy, pero siempre llego”. En estas circunstancias, dos años se hacen valiosos y la paciencia está ausente.

Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.

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Película ‘prohibida’

/ 31 de marzo de 2023 / 02:22

Este mes, una escuela primaria en St. Petersburg, Florida, dejó de mostrar una película de Disney de 1998 sobre Ruby Bridges, la niña negra de seis años que integró una escuela primaria pública en Nueva Orleans en 1960, debido a una denuncia presentada por una madre soltera que dijo que temía que la película pudiera enseñar a los niños que los blancos odian a los negros. La escuela prohibió la película hasta que pudiera ser revisada. Así que decidí revisar la película yo mismo.

Primero, aquí hay un repaso de Ruby: cuando integró esa escuela, tuvo que ser escoltada por alguaciles federales. La recibió una multitud de racistas blancos, ¡adultos!, abucheando, lanzando epítetos, escupiéndola y amenazando su vida. Los padres retiraron a sus hijos.

Solo un maestro le enseñaría, así que todos los días esa niña de seis años tenía que estar sola en clase, salvo para el maestro y almorzar sola. Ruby tuvo miedo de comer porque uno de los manifestantes amenazó con envenenarla. Su padre perdió su trabajo y el supermercado local pidió que su familia no volviera a la tienda.

Todo esto lo soportó un alumno negro de primer grado, pero ahora un padre de Florida se preocupa de que sea demasiado para que los alumnos de segundo grado escuchen, vean y aprendan. Además, de todas las formas en que se podría haber retratado la historia de Ruby, la versión de Disney es la más generosa, ya que incluye argumentos desarrollados para la maestra blanca de Ruby y el psiquiatra blanco que la trató. Y al final, otro maestro blanco y un estudiante blanco logran alguna forma de aceptación.

La película es lo que cabría esperar: una historia lamentable sobre un capítulo deplorable de nuestra historia, contada con seriedad, con algunos de los bordes más afilados desafilados, lo que hace que sea más fácil de absorber para los niños. Pero en Florida, el punto no es la protección de los niños, sino engañarlos. Es luchar contra el llamado adoctrinamiento despertado con un encubrimiento histórico.

¿Qué sucede si este guante se vuelve del revés y los padres de minorías comienzan a quejarse de la enseñanza de otros aspectos de la historia y la cultura estadounidenses? ¿Qué sucede si rechazan lecciones o libros sobre Thomas Jefferson porque violó a una adolescente a la que esclavizó, Sally Hemings, y fue el padre de sus hijos, incluido al menos uno nacido cuando ella misma era una niña? (Para que conste, considero todas las relaciones sexuales entre esclavizadores y aquellos a quienes esclavizaron violación, porque era imposible que los esclavizados dieran su consentimiento).

¿Qué sucede si un padre se opone a que una escuela celebre el Día de la Raza porque Cristóbal Colón era un colonizador maníaco que vendía niñas como esclavas sexuales? ¿Qué sucede si los padres se oponen a los libros sobre las celebraciones del Día de Acción de Gracias porque la descripción estándar del primer Día de Acción de Gracias como una reunión entre amigos que se reunieron para compartir la generosidad y superar las diferencias es un cuento de hadas?

¿Qué pasa si se oponen a la Biblia misma, que incluye violación, incesto, tortura y asesinato?

La historia está llena de horrores. No nos hacemos ningún favor a nosotros mismos ni a nuestros hijos fingiendo lo contrario. Aprender sobre la crueldad humana es necesariamente incómodo. Es en ese malestar que se revela nuestra empatía y se despierta nuestra rectitud. Estos debates continúan centrándose en la incomodidad de los niños blancos, pero parecen ignorar los sentimientos de los niños negros, incomodidad o no.

Mientras miraba la película, me sentí increíblemente incómodo, a veces enojado, a veces al borde de las lágrimas mientras volvía a visitar la historia de Ruby. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo honramos ese momento, condenando la crueldad de los racistas y exaltando su valentía? ¿Y cómo abordamos el efecto de la discriminación racial en la experiencia estadounidense?

Si una descripción precisa del racismo y la crueldad de los blancos es una métrica por la cual se pueden prohibir la instrucción y los materiales educativos, ¿cómo es posible una enseñanza verdadera y completa de la historia estadounidense? Tal vez la distorsión es el punto. Es la resurrección de un momento de causa perdida en el que se elabora una historia revisionista para rehabilitar a los racistas sureños.

La ola de censura que estamos viendo también invoca, para mí, la Biblia del “esclavo” , un texto abreviado utilizado en el siglo XIX en las Indias Occidentales para tratar de pacificar a los esclavizados. Se eliminaron los pasajes que evocaban la liberación y se mantuvieron los pasajes que apoyaban la esclavitud. Era una herramienta de guerra psicológica disfrazada de texto sagrado.

La Florida de DeSantis está involucrada en una guerra psicológica similar. Sus campos de batalla son la raza, el género y la sexualidad, y está napalmeando narrativas inclusivas.

Los censores cruzados del estado están eligiendo la comodidad de la ignorancia sobre la inconveniencia de la verdad.

Charles M. Blow es columnista de The New York Times.

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