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jueves 25 feb 2021 | Actualizado a 14:48

El desvío del Lauca

Ha llegado la hora de resolver este contencioso después de medio siglo de desencuentros

/ 4 de octubre de 2010 / 05:00

El río Lauca es de curso sucesivo binacional que alcanza una longitud aproximada de 225 km, se origina en los bofedales de Parinacota en el altiplano chileno de Arica, cruza la frontera y transcurre por el altiplano boliviano desembocando  en el río y salar de Coipasa.

El presidente Pedro Aguirre Cerda anunció durante su visita a Arica en 1939,  la decisión del  Gobierno de Chile de «desviar» las aguas del río Lauca con fines de irrigación del valle de Azapa. La Cancillería boliviana expresó de inmediato ante su contraparte chilena su reserva alegando que por tratarse de un río internacional estaba sujeto a un régimen jurídico que obligaba a los estados ribereños.  No obstante, al no recibir respuesta de la Cancillería chilena volvió a reclamar en noviembre de ese año, habiendo respondido finalmente esa Cancillería que no se trataba de un desvío, sino simplemente de un aprovechamiento natural de sus aguas y que dicha obra «no es susceptible de perjudicar en caso alguno los intereses de los bolivianos».

El Gobierno boliviano insistió en varias oportunidades exigiendo conocer los antecedentes técnicos habiendo respondido su contraparte recién en 1948, aceptando que se designe una comisión mixta para que estudie y permita llegar a un acuerdo completo y definitivo del caso en cuestión. En junio de 1949, la Cancillería chilena entregó una «Memoria justificativa del proyecto de desvío del río Lauca», seguida por una reunión en agosto de ese año en Arica, en la que no se llegó a ningún acuerdo, pues la parte boliviana manifestó en el Acta que la información era insuficiente. En diciembre de ese año, la Cancillería chilena manifestó que al haberse cumplido los tres meses de plazo estipulados en la Declaración de Montevideo de 1933, para formular objeciones, consideraba que su gobierno procedería a iniciar «sin pérdida de tiempo las obras proyectadas». En otras palabras, Chile procedía unilateralmente a extinguir el derecho de Bolivia.

La Cancillería boliviana volvió a requerir información de una presunta instalación de una presa hidroeléctrica para generar energía  con aguas del Lauca para Arica y Tarapacá en 1953, pidiendo los planos y planteando la formación de otra comisión mixta al respecto. La Cancillería chilena argumentó que por nota de 1949 ya no tenía obligación alguna con Bolivia, no obstante y luego de largas y penosas gestiones diplomáticas de Bolivia, accedió a reabrir negociaciones mediante una reunión de la comisión mixta efectuada en Arica en septiembre de 1960; en esa reunión, la diplomacia boliviana se opuso a aceptar que «la captación de las aguas del Lauca en la toma del canal en construcción no perjudicaría a la República de Bolivia».

Ambas cancillerías no pudieron ponerse de acuerdo en las negociaciones sobre el desvío del río Lauca durante 1961, ya que Chile nunca presentó los documentos técnicos suficientes que justificaran el trasvase de cuenca que buscaba Chile y a pesar que esa Cancillería se comprometió en febrero de 1962 a respetar los derechos de Bolivia, el ministro de Obras Públicas chileno anunció que procederían a alterar el curso del Lauca, pues para eso se habían construido las obras. Esto motivó una enérgica nota diplomática de la Cancillería boliviana denunciando que una utilización unilateral de esas aguas por parte de Chile implicaría un acto de agresión. El Gobierno de Chile ignoró esa nota y en un acto de prepotencia  procedió en abril de 1962 a desviar las aguas del Lauca. 

La respuesta de Bolivia fue inmediata: suspendió las relaciones diplomáticas y elevó denuncia  ante el Consejo Permanente de la OEA.  Por su incapacidad para resolver controversias, en el organismo hemisférico no se logró ninguna solución pese a la Resolución de 24 de mayo de 1962, ya que vale más la fuerza que el derecho. Años más tarde, el canciller boliviano entregó a su colega chileno un memorándum recordando en octubre de 1986 que el desvío del Lauca era un tema pendiente entre los dos países sin obtener respuesta.  Bolivia introdujo nuevamente el caso  del río Lauca en el reciente encuentro bilateral y solicitó que se instalen estaciones hidrométricas conjuntas; Chile habría aceptado esta vez considerar esa solicitud.

En la década de los años 60 no se hablaba todavía de la defensa del medio ambiente y del daño ecológico de los trasvases de los cursos fluviales, de los que hoy se tiene conciencia y certeza científica.   En consecuencia, ha llegado la hora de resolver este contencioso después de medio siglo de desencuentros. El país y este periódico sostienen que la defensa del agua, uno de los recursos más estratégicos, no admite posturas tibias.

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Un préstamo ilegítimo y oneroso

/ 24 de febrero de 2021 / 00:59

El 17 de febrero, el Banco Central de Bolivia (BCB), en representación del Gobierno, tomó la soberana y sabia decisión de devolver el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), contraído de manera irregular y onerosa por la administración del gobierno de facto.

Días después, comentaristas y medios de comunicación se pronunciaron en relación a la devolución del crédito tratando de instaurar un falso debate en la opinión pública sobre los beneficios de dicho préstamo con el fin de desinformar a la población. En este artículo se desmonta los falaces argumentos a favor de dicho préstamo.

En primer lugar se debe aclarar que más allá del costo financiero, la decisión fundamental que motivó su devolución fue su carácter ilegal con el que se pretendió acceder a dichos recursos al no cumplir con lo establecido por los artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado, que manifiestan expresamente que entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional está la autorización de los créditos que comprometan las rentas generales del Estado. En este sentido, el Estado boliviano a través de su agente financiero, el BCB, tomó la decisión soberana de la devolución de recursos al FMI.

Por otra parte, se debe tener presente que, para una correcta evaluación financiera de los costos de los créditos contraídos en moneda foránea, se debe incluir además de los intereses y comisiones, la variación cambiaria que resulta de la diferencia entre el costo del capital contratado en un momento del tiempo a un tipo de cambio y el que finalmente se devuelve a otro tipo de cambio, consecuencia de las fluctuaciones de las divisas a nivel internacional. Con estas consideraciones, el costo financiero para el Estado boliviano representó 7,03% del capital contratado.

La razón se halla en que los Derechos Especiales de Giro (DEG), unidad de cuenta que utiliza el FMI para sus operaciones de préstamo, se situaba en $us 1.366 en el momento del desembolso al país en abril de 2020, siendo que su valor respecto del dólar se fue incrementando a lo largo del año llegando a $us 1.442 en los primeros meses de 2021, representando un aumento de cerca de 6%. De no haberse realizado la devolución de estos recursos, el costo financiero anualizado se habría incrementado hasta 8,5%, considerando el alto riesgo cambiario que tiene este préstamo expresado en DEG y dado que se espera una mayor valorización de éste en los próximos años.

Esta valoración del riesgo por el incremento abrupto de las DEG no fue analizada por el equipo técnico del gobierno de facto, incumpliendo nuevamente la Constitución Política del Estado, que señala en su artículo 322 que los créditos se deben justificar técnicamente en las condiciones más ventajosas en cuanto a tasas, plazos, montos y otras circunstancias, y estar acorde a los lineamientos del Consejo Interministerial de Deuda Pública (COIDEP), según los cuales los créditos externos deben ser contratados a tasas de interés fijas y plazos largos.

Asimismo, se debe tener presente que el dinero más caro es aquel que no se utiliza. El crédito con el FMI no solo implicó un costo en términos de intereses y comisiones por un préstamo que no fue ejecutado por la anterior administración, sino que además hubieran conllevado mayores erogaciones al Tesoro General de la Nación de no haberse devuelto.

Este costo financiero total del crédito del FMI es muy superior al costo promedio de los créditos adquiridos en similar periodo por el país con organismos internacionales para similares fines. Por ejemplo, si se compara con los créditos del BID y BIRF que fueron negociados en 2020 para financiar la emergencia del COVID-19, alcanzaron un costo de entre 1,7% y 2%, es decir, muy por debajo del crédito exorbitante del FMI de 7,03%.

Por tanto, la acción de la devolución del crédito oneroso al FMI fue una decisión soberana ante la ilegalidad del préstamo y además por atentar a los intereses económicos del Estado boliviano.

   Omar Velasco Portillo es economista.

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Seis escenas caníbales

/ 24 de febrero de 2021 / 00:51

Nueve mujeres y hombres han tomado el Museo Nacional de Arte, el “Emeneá”. Han inventado un modelo para armar y cuestionar los mecanismos religiosos de dominación del arte colonial. No han copiado obras famosas de la Colonia, las han reproducido que no es lo mismo. Ellos son los nuevos “privilegiados”: Neddy Pacheco y Yawar Gustavo Limachi, como muralistas junto a Mario Conde, Jorge Mendieta, Fabiola Gutiérrez, William Luna, Ángelo Valverde, Cristian Laime Yujra y Millka Ponce. La primera exposición del año con alma itinerante en el MNA se llama Devoción pictórica: la reproducción de la reproducción: de dispositivo de adoctrinamiento colonial a herramienta pedagógica en nuestros días. La curaduría corre a cargo de Narda Fabiola Alvarado y es parte del proyecto Dios y la máquina, la muestra sobre arte colonial del museo. Estas son seis escenas de arte pop colonial/canibalizado.

Uno: “¿cómo meterse en la cabeza del pintor colonial? ¿cómo pintar como él? El paceño Leonardo Flores solucionaba su pintura con una pincelada. Reproducir es un reto”, dice un “globo” de cómic a tiza. Los nueve “imitadores devotos” se han dado cuenta de que reproducir no es una acción mecánica, que toda pintura es una corrección. Reinterpretar es increpar al pasado, es llevar la contraria. Nosotros/ellos somos la posteridad que ha condenado al olvido a los autores desconocidos del periodo colonial.

Dos: “9.00 am: comienzo a trabajar en los bordados y encajes. Es un trabajo mecánico y repetitivo pero emocionante por el reto de completar una serie de rompecabezas. 18.00 am: aún no termino los encajes. Hay mucha ternura en el ojo chueco del Espíritu Santo en el cuadro del maestro Melchor. Hay algo raro ahí”. Los reproductores canibalizan a los pintores anónimos de nuestro arte colonial. ¿Por qué dibujamos aquello que odiamos? ¿Dónde estaba su misterio, su huella?

Tres: “el santo tiene un rostro serio y pálido con la mirada que te persigue desde cualquier ángulo, me es complicado definir su expresión”. Es un mensaje de la bitácora/“guasap” de Cristian Laime Yujra sobre el cuadro barroco Santiago Matamoros, atribuible a Leonardo Flores, último tercio del siglo XVII. “10.08 am: el caballo se hace complejo, sus ojos humanos se me hacen enigmáticos”. Los dos “Santiagos” lucen imponentes en la entrada de la Sala Díez de Medina. La mayor parte del arte pop mostró en los años 60 un estilo libre, trivial o lúdico. El “Matamoros” de Laime es un personaje cómico de historieta. Es otro expolio.

Cuatro: “¿Efecto teatral o ficcional de los cortinajes? Develar la imagen de la virgen y que todos digan: ¡guau! 10.00 am: las figurillas parecen de fácil ejecución. 20.00 am: ¡Nada fácil! Las miniaturas resultaron siendo más complicadas de lo que esperaba”. El interés es el primer canon estético, dijo John Cheever, el “Chéjov del barrio”. Sorprender desde un ángulo inesperado, hacer que nos detengamos de golpe. El “guau” onomatopéyico es puro Roy Lichtenstein. Es otro viaje en el tiempo.

Cinco: Mario Conde reproduce a Melchor Pérez de Holguín. Es un pequeño óleo sobre cobre, se llama Virgen del Rosario, barroco potosino. Conde ha elegido otra técnica, es una acuarela sobre papel. Usa sobre la pared del Museo un compás áureo para medir proporciones y transportar medidas, copia las pinceladas y las manchas del tiempo, calca el dibujo, borra trazos excedentes, dibuja sus pinceles, su barniz protector, su espátula, sus gubias, su martillo, su regla de 90 grados. Quisiera saber qué piensa Marito cuando calla.

Seis: los murales movibles armados por los muralistas Pacheco y Limachi están pensados no para ocupar una sala blanca y grande, sino para ser exhibidos, si la plata alcanza, en la avenida 6 de Marzo de El Alto y en la Plaza del Estudiante en La Paz. A la calle. Los lienzos blancos alternados en sus “reproducciones” de Descanso de la huida a Egipto (o Virgen lavandera) de Pérez de Holguín y La Sagrada Familia quieren denunciar el despojo/ robo de nuestro arte colonial a lo largo del ancho altiplano. Devoción pictórica es la canibalización/pop de nuestro arte colonial. Es una invitación para devorar la devoción. Es la caprichosa labor de inventar eternidades con brochazos de fugacidad y olvido.

    Ricardo Bajo es periodista y director de la edición boliviana del periódico mensual Le Monde Diplomatique. Twitter: @RicardoBajo

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Candidatos desubicados

/ 24 de febrero de 2021 / 00:46

A 13 días de las elecciones subnacionales escuchamos a las y los candidatos ofrecer de todo. En pos de gobernaciones ofertan vacunas contra el COVID-19 para todos los bolivianos, en plazos imposibles. Candidatos a las alcaldías que sin pizca de análisis piensan en levantar aeropuertos construidos por encima de los edificios. Otros ofrecen hospitales de tercer nivel sin tener ni uno de primer nivel. La mayoría habla de terminar con el congestionamiento de tráfico en las urbes. Por supuesto que no falta quien dice que si es elegido terminará con la violencia intrafamiliar y los feminicidios. En fin, ofrecen de todo y están convencidos de que la ciudadanía les cree.

Mientras tanto, quienes deberían ser un ejemplo desde el momento en que candidatean se presentan en público sin barbijo, levantan las manos, sonríen, saludan a nadie. Recorren en caravanas por calles que inundan de ruido, bocinazos, petardos, palabrería y van dejando por detrás la soledad del discurso vacío e inútil. Hacen una triste parodia de líder aclamado por multitudes cuando la realidad les grita que no hay seguidores.

Tanto las gobernaciones como las alcaldías no necesitan de políticos, ni politiquería. Esos puestos están sedientos de técnicos lúcidos, ávidos por probar en la realidad de ciudades y provincias las soluciones a los problemas estructurales que proyectaron desde su experiencia y conocimiento. Los ciudadanos de las gobernaciones bolivianas no necesitan de quien grita más fuerte, ni siquiera de quien hable mejor. Necesitan de quienes sepan cómo y con qué presupuesto llegarán con servicios básicos hasta el último rincón. Necesitan que carreteras y caminos sean construidos por quienes garanticen un trabajo profesional y no por quien pague una mejor comisión para adjudicarse una obra, siempre entregada más allá del plazo estipulado y mal terminada. Se necesitan calles bien señalizadas con pintura asfáltica para que los pasos de cebra y los separadores de carril duren un tiempo razonable.

Entre los ofrecimientos que los candidatos realizan estos días se perciben claramente los acuerdos que hacen con diferentes sectores, por ejemplo con transportistas que si ahora los apoyan mañana se convertirán en un dolor de cabeza no solo para ellos sino, y sobre todo, para los usuarios. Los gremialistas, que a cambio de apoyar a determinado candidato, terminarán inundando las calles con sus casetas improvisadas, o simples puestos en el piso donde venderán desde un peine hasta choripanes. Estamos malviviendo en ciudades, en pueblos asfixiados por el caos, la improvisación, la falta de visión de lo que significa dar calidad de vida a los moradores que vanamente se ufanan del lugar en que por azar les ha tocado vivir.  

Lucía Sauma es periodista.

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¿Racismo en Bolivia? Lo que Molina no dice

Lacan señala que cuando negamos algo, al hacerlo desde lo negado, lo reproducimos.

/ 22 de febrero de 2021 / 02:03

Fernando Molina, notable y profundo intelectual, de quien me honro en conocer, escribió dos opiniones sobre expresiones del racismo. De allí nuestra provocadora pregunta del título presente.

No niego la existencia de la discriminación por color de piel en Bolivia. Lo que Molina no dice es que las categorías raza, racial y racismo son construcciones coloniales y eurocéntricas; que, al ser reconocida esta visión en el preámbulo de la Constitución Política del Estado (CPE), consecuentemente en sus articulados se refiere como discriminación por color de piel. Claro, antes de la colonia no existía discriminación por color de piel, pero sí perversa discriminación por condición de las impermeables castas (Quebracho o Liborio Justo), las que fueron formalizadas en el nuevo orden jurídico de la colonialidad en las Leyes de Indias.

Lacan señala que cuando negamos algo, al hacerlo desde lo negado, lo reproducimos: la antítesis también reproduce a la tesis (ya en la visión dialéctica).

La visión constitucional es deslegitimada en la Ley 045 (irónicamente denominada ley contra el racismo y toda forma de discriminación), cuando reproduce las categorías colonialistas y eurocéntricas de “raza” (4 veces), “racial” (10) y “racismo” (56); en su DS Reglamentario, “raza” (2 veces), “racial” (3) y “racismo” (26); y ni qué decir de la Unesco, que reproduce en su último documento de 1965 las categorías “racial” (30 veces) y “raza” (10). Esto contraviene, además, el mandato de descolonización expreso y explícito en el artículo 9 de la antes citada CPE.

El “blanco” o “el blanqueado”, como señala mi querido amigo Fernando Molina a la casta dominante, que equivale a la que otros denominan como la blanquitud, también es una construcción socio-geopolítica de la colonialidad eurocéntrica, preñada de valores greco-romanos y judeo- cristianos, la base de la cultura occidental. Y, como diría alguien: “¿Son blancos?, no, hasta rosaditos pueden llegar a ser, pero blancos, no”. Pareciera que retrocedemos siglos en la falsa y perversa discusión dicotómica de blanco=bueno y negro(incluye al casi negro)=malo.

La lucha por la visibilización —de los “otros”— es larga, y apenas hicieron sus pininos formales (legítimos y legales) desde 1952 (profundizados en las últimas décadas); y, que no está teniendo los éxitos necesarios y suficientes como muestran los datos oficiales del comité nacional de lucha contra el “racismo” que registra entre 2010 y 2018 la cifra de 1.394 denuncias (delincuencia aparente) de discriminación por color de piel y tan solo tres sentencias (delincuencia legal) condenatorias por dicho delito, sin detectar la cifra negra o real de la discriminación que, por conciencia o inconciencia, incredulidad o rechazo del sistema no se denuncian, y usualmente las cifras negras de la delincuencia, en general, superan el 80% del total.

Por ello insisto en que no debiéramos reproducir las categorías que ideológicamente negamos, porque las fortalecemos; y, en la CPE se da un salto cualitativo importante, al respecto.

¿Cuál es la respuesta a esta realidad? ¿La del aislamiento como propuso el mestizo Felipe Quispe con la nación Aymara, la que tuvo como respuesta del mismo talante a la Nación Camba? No lo sé, pero al igual que Fernando Molina no estamos dispuestos a cruzarnos de brazos. Por lo menos desde la criminología, desde y para nuestra indo-latino-afroamérica, contribuiré a lo que denomino “desideologizar para construir” una otra criminología, que es posible.

  Alejandro Colanzi Zeballos es criminólogo y profesor universitario. Correo: acolanzi@ gmail.com

 

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Paro médico

Los profesionales en salud bolivianos pierden nuestro respeto ante la inhumana decisión de declararse en paro en plena pandemia.

/ 22 de febrero de 2021 / 01:55

El mundo entero ha aplaudido de pie el trabajo en primera línea de los médicos, enfermeras y profesionales sanitarios que hacen frente a la pandemia. Miles de fotografías, murales, videos y canciones han circulado buscando rendir homenaje al personal de salud que combate al COVID-19. En Bolivia, todos lloramos la muerte del doctor Óscar Urenda porque simboliza la entrega en la lucha contra la pandemia. Muchos médicos han ofrendado su vida y muchos otros se han ganado nuestro respeto creando redes de atención gratuita y proporcionando no solo medicina contra la enfermedad, sino sobre todo contención emocional a una población llena de miedo y desinformación.

Pero hoy los profesionales en salud bolivianos pierden nuestro respeto ante la inhumana decisión de declararse en paro en plena pandemia. Ya nadie se siente inducido a colocar en su ventana un letrero que diga “yo apoyo a mi médico” porque su dirigencia ha demostrado no tener compasión por la salud y la vida del conjunto de la población. Nuestros queridos trabajadores en salud han perdido la batalla de la opinión pública porque los motivos que exponen para oponerse a la Ley de Emergencia Sanitaria representan privilegios de un gremio que pierden sentido frente a la dura realidad de una pandemia mundial. Por ello, es posible afirmar que el paro médico refleja la defensa a ultranza de un privilegio de casta inaceptable en tiempos de crisis sanitaria.

Esta dura afirmación se basa en comprender que la dirigencia médica ha convocado a una medida extrema de protesta buscando defender tres privilegios que se contraponen con el bien común.

El primero, el más cuestionable, es la defensa de que no haya límite en el costo de salvar nuestra vida. ¿Quién puede oponerse al control de precios en medicamentos y servicios sanitarios si hemos sido víctimas de los excesos de las clínicas privadas que exigían depósitos de entre $us 10.000 y 50.000 previa internación? Tal vez la dirigencia médica no comprende que las familias bolivianas, al hacer frente a la enfermedad, hemos consumido nuestros ahorros, estamos endeudados y, para enfrentar la especulación de precios en la atención medica solo nos queda invocar la solidaridad o la caridad de nuestros amigos.

Esta actitud explica por qué gran parte de enfermos de COVID-19 en Bolivia hemos recurrido a la medicina tradicional, a la ivermectina, al dióxido de cloro o a cualquier receta casera que nos aleje de un centro médico.

El segundo privilegio del que goza el sector de salud es el de vetar la política pública para defender sus intereses. Su derecho a la protesta no puede estar por encima del bien mayor como es la salud de la población. Como nunca podemos afirmar que, en tiempos de pandemia, la protesta expresada en un paro indefinido se constituye en un riesgo para la vida de todos los bolivianos.

Por último, un tercer privilegio que la dirigencia médica defiende es el derecho exclusivo de un conjunto limitado de personas a desarrollar su actividad en Bolivia, sin ninguna sensibilidad en tiempos excepcionales de pandemia. Necesitamos más personal en salud y si el Estado determina medidas excepcionales para contratarlos, debemos apoyar la disposición. La pandemia nos coloca en tiempos excepcionales y respetar a ultranza el derecho de exclusividad que impone el gremio médico es un monopolio inaceptable.

Es imperativo que los intereses gremiales sean puestos de lado en un momento como el actual, cuando se pone de manifiesto que salvar vidas es la principal función de la profesión médica. Queremos volver a aclamar de pie el espíritu humanista de quienes han decidido consagrar su vida a preservar la salud de la población.

   Lourdes Montero es cientista social.

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