El río Lauca es de curso sucesivo binacional que alcanza una longitud aproximada de 225 km, se origina en los bofedales de Parinacota en el altiplano chileno de Arica, cruza la frontera y transcurre por el altiplano boliviano desembocando en el río y salar de Coipasa.
El presidente Pedro Aguirre Cerda anunció durante su visita a Arica en 1939, la decisión del Gobierno de Chile de «desviar» las aguas del río Lauca con fines de irrigación del valle de Azapa. La Cancillería boliviana expresó de inmediato ante su contraparte chilena su reserva alegando que por tratarse de un río internacional estaba sujeto a un régimen jurídico que obligaba a los estados ribereños. No obstante, al no recibir respuesta de la Cancillería chilena volvió a reclamar en noviembre de ese año, habiendo respondido finalmente esa Cancillería que no se trataba de un desvío, sino simplemente de un aprovechamiento natural de sus aguas y que dicha obra «no es susceptible de perjudicar en caso alguno los intereses de los bolivianos».
El Gobierno boliviano insistió en varias oportunidades exigiendo conocer los antecedentes técnicos habiendo respondido su contraparte recién en 1948, aceptando que se designe una comisión mixta para que estudie y permita llegar a un acuerdo completo y definitivo del caso en cuestión. En junio de 1949, la Cancillería chilena entregó una «Memoria justificativa del proyecto de desvío del río Lauca», seguida por una reunión en agosto de ese año en Arica, en la que no se llegó a ningún acuerdo, pues la parte boliviana manifestó en el Acta que la información era insuficiente. En diciembre de ese año, la Cancillería chilena manifestó que al haberse cumplido los tres meses de plazo estipulados en la Declaración de Montevideo de 1933, para formular objeciones, consideraba que su gobierno procedería a iniciar «sin pérdida de tiempo las obras proyectadas». En otras palabras, Chile procedía unilateralmente a extinguir el derecho de Bolivia.
La Cancillería boliviana volvió a requerir información de una presunta instalación de una presa hidroeléctrica para generar energía con aguas del Lauca para Arica y Tarapacá en 1953, pidiendo los planos y planteando la formación de otra comisión mixta al respecto. La Cancillería chilena argumentó que por nota de 1949 ya no tenía obligación alguna con Bolivia, no obstante y luego de largas y penosas gestiones diplomáticas de Bolivia, accedió a reabrir negociaciones mediante una reunión de la comisión mixta efectuada en Arica en septiembre de 1960; en esa reunión, la diplomacia boliviana se opuso a aceptar que «la captación de las aguas del Lauca en la toma del canal en construcción no perjudicaría a la República de Bolivia».
Ambas cancillerías no pudieron ponerse de acuerdo en las negociaciones sobre el desvío del río Lauca durante 1961, ya que Chile nunca presentó los documentos técnicos suficientes que justificaran el trasvase de cuenca que buscaba Chile y a pesar que esa Cancillería se comprometió en febrero de 1962 a respetar los derechos de Bolivia, el ministro de Obras Públicas chileno anunció que procederían a alterar el curso del Lauca, pues para eso se habían construido las obras. Esto motivó una enérgica nota diplomática de la Cancillería boliviana denunciando que una utilización unilateral de esas aguas por parte de Chile implicaría un acto de agresión. El Gobierno de Chile ignoró esa nota y en un acto de prepotencia procedió en abril de 1962 a desviar las aguas del Lauca.
La respuesta de Bolivia fue inmediata: suspendió las relaciones diplomáticas y elevó denuncia ante el Consejo Permanente de la OEA. Por su incapacidad para resolver controversias, en el organismo hemisférico no se logró ninguna solución pese a la Resolución de 24 de mayo de 1962, ya que vale más la fuerza que el derecho. Años más tarde, el canciller boliviano entregó a su colega chileno un memorándum recordando en octubre de 1986 que el desvío del Lauca era un tema pendiente entre los dos países sin obtener respuesta. Bolivia introdujo nuevamente el caso del río Lauca en el reciente encuentro bilateral y solicitó que se instalen estaciones hidrométricas conjuntas; Chile habría aceptado esta vez considerar esa solicitud.
En la década de los años 60 no se hablaba todavía de la defensa del medio ambiente y del daño ecológico de los trasvases de los cursos fluviales, de los que hoy se tiene conciencia y certeza científica. En consecuencia, ha llegado la hora de resolver este contencioso después de medio siglo de desencuentros. El país y este periódico sostienen que la defensa del agua, uno de los recursos más estratégicos, no admite posturas tibias.