Ya se ha dicho y escrito mucho sobre este tema y seguramente se lo seguirá haciendo. Pero, la insistencia no es gratuita. Ocurre que, sin creer los periodistas ser dueños de ninguna verdad, y menos del derecho a la libertad de expresión, sí existe la certeza en el sector de los riesgos a los que se enfrenta la labor de informar —y, por ende, de ser informado— debido a las implicaciones de los artículos 16 y 23.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha pronunciado también y ha abogado por la «concertación». Algo que desde un primer momento han estado solicitando las organizaciones periodísticas, sin éxito.
Ahora que la ley está vigente —salvo en los artículos que afectan a la libertad de expresión—, el Gobierno hace el llamado a dialogar, a consensuar el reglamento. Y, naturalmente, despierta desconfianza y el rechazo en el sector de los periodistas que, incrédulos a estas alturas, están buscando la forma de deshacer entuertos.
Por si fuese necesario, hay que insistir en que, al restringirse las libertades de prensa y de expresión, se lesiona el ejercicio libre de la profesión del periodismo, pero, a la vez, se atenta contra la democracia, pues la difusión de las ideas de la ciudadanía queda sometida a un poder externo que nadie sabe cómo se manejará o si el criterio político se impondrá sobre cualquier otra razón.
El progreso del país depende de muchos factores y uno de ellos, que hasta ahora se veía de soslayo o directamente no figuraba en la agenda política, es la superación de nuestra pobreza moral. Un ambiente de mediocridad y conformismo terminó contagiando a millones de personas cuya baja autoestima, por bofetada de malos hermanos bolivianos, trae un largo historial de menoscabo y de postergación nacional. Por eso, esta ley tiene un valor inestimable para el país.
Respecto de los artículos cuestionados, cabe decir que van a dificultar la reglamentación, como muestra la voluntad de los entes periodísticos, cuya protesta crece. ¿Qué harán las autoridades nacionales? ¿Insistir en su postura de no escuchar razones? ¿Abrirse ahora sí al diálogo? ¿Hay tiempo para ello en la carrera en que parecen estar para aprobar a contrarreloj el reglamento?
Una ley como ésta, enfocada en el respeto al prójimo, estaba llamada a unir a los bolivianos. Pero parece estar haciendo exactamente lo contrario.