Voces

Thursday 6 Oct 2022 | Actualizado a 07:09 AM

Los artesanos de Don Bosco

Por La Razón

/ 25 de octubre de 2010 / 05:00

Que los jóvenes no se vayan del lugar donde nacieron». Tal el objetivo que mueve a los voluntarios italianos, jóvenes como los que motivan su aporte en Bolivia, para respaldar a la Asociación de Familia de Artesanos Don Bosco.

Y ese deseo se cumple en Escoma y Carabuco, en el altiplano paceño, donde futuros bachilleres que de otra manera seguramente migrarían a las ciudades una vez terminados los años escolares, hallan una razón para construirse un futuro en su propia comunidad.

La carpintería, el tallado en madera, la pintura que hace únicas las piezas que salen de sus manos son secretos que se les va develando en la escuela Don Bosco. A cambio, y mientras aprenden, los muchachos reciben un salario de entre 1.300 y 1.400 bolivianos, además de disponer de un seguro de salud.

Don Bosco, una obra de larga data en el país, y que sigue los pasos del santo italiano que privilegió el trabajo con los jóvenes, más allá de los resultados que consigue en el caso de Escoma y Carabuco, muestra el camino a seguir para evitar el abandono de las comunidades: hay que darles oportunidades a sus muchachos. Éstos van a responder a las exigencias. La prueba está en los muebles de altísima calidad que salen de sus manos.

Lo que resta conseguir es una mayor promoción para que dichas obras —logradas con maderas que salen de bosques certificados del país— sean consumidas en el mercado interno. Todos saldremos ganando.

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Violencia en alza

El 37% de los casos se presentó en Santa Cruz; el 21% en La Paz; el 16% en Cochabamba.

Por La Razón

/ 6 de octubre de 2022 / 01:45

Mientras la opinión pública mira como si fuera un culebrón la pelea que da la “institucionalidad” cruceña al Gobierno nacional a propósito del Censo o la lucha intestina del MAS, ambas amplificadas de manera artera por algunos medios de comunicación, los verdaderos problemas de la sociedad pasan casi desapercibidos, como por ejemplo la creciente violencia contra las mujeres.

Según informó en conferencia de prensa la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, del Ministerio Público, entre enero y septiembre de este año se registraron 37.998 casos de violencia, exactamente 7% más que en idéntico periodo de 2021, cuando ya se hizo notar un crecimiento sostenido de los casos denunciados en comparación con años anteriores.

Según los datos brindados por la autoridad, del total de casos registrados, el 77% corresponde a delitos de violencia familiar o doméstica; el 7% a casos de abuso sexual; el 6% a casos de violación; el 5% a violación de niño, niña o adolescente; el 3% a estupro; y el resto, a “otros”. Como siempre que se habla de estas cifras, cabe preguntarse por el número de casos que no son denunciados ni registrados.

La distribución geográfica de las denuncias también es digna de mencionarse: 37% de los casos se presentó en Santa Cruz; 21% en La Paz; 16% en Cochabamba. El resto de los casos se distribuye de manera más o menos homogénea en el resto de los departamentos, pero destaca que en Beni está solo el 1% de los casos. La primera correlación, evidente, está en el tamaño de la población en cada uno de los nueve departamentos del país; la segunda, no tan evidente, es el estado de la sociedad en cada una de las capitales de departamento.

La directora de la Fiscalía también llamó la atención sobre el incremento de los casos de trata y tráfico, que se incrementaron en 27% en comparación con el año anterior. Los casos de tentativa de homicidio también se incrementaron: de 134 en 2021 a 145 en 2022. Por fuera del informe quedaron los números de mujeres muertas por violencia machista, que también están en alza.

Es posible sospechar que el incremento de los casos de violencia tiene que ver con un estado de cosas en el que algunas fuerzas políticas y poderes fácticos se han embarcado en la promoción del odio, que termina por descargarse sobre las personas más vulnerables; también, en que hay una reacción machista contra los avances de las mujeres. Finalmente, desde una mirada optimista, se puede sostener que si se sabe de más casos es porque hay una creciente cultura de la denuncia.

Con todo, es imperioso que tanto el Estado, en todos sus niveles gubernativos y ámbitos de acción, haga más y mejores esfuerzos por detener las manifestaciones de violencia, por la vía de la sanción efectiva, pero también, y sobre todo, por la de la educación, tareas a que menudo parece que se encaran sin convicción.

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Censo político

Ojalá primen la transparencia y criterios técnicos para garantizar un censo de calidad y el próximo ciclo electoral.

Por La Razón

/ 2 de octubre de 2022 / 01:19

El cabildo realizado el pasado viernes en Santa Cruz reafirmó un posicionamiento político respecto a la fecha del próximo Censo de Población, sin ningún respaldo técnico. Y lo hizo extensivo al Padrón Electoral. Son malas noticias para el propio Censo y para el próximo ciclo electoral. La exigencia con ultimátum y amenaza de paro indefinido no basta para imponer un despropósito.

La definición oficial, por parte del gobierno de Arce, de que el Censo se realizará entre mayo y junio de 2024 tuvo su punto más crítico de contestación en el reciente cabildo departamental. Incapaces de fundamentar una propuesta técnica, la élite y la institucionalidad cruceñas optaron por la fuerza. Era previsible. Si el Censo no se adelanta al 2023, Santa Cruz irá al paro indefinido desde el 22 de octubre. Semejante resolución estuvo precedida de dos paros parciales de 24 y 48 horas.

En tal escenario que anticipa conflicto, la pregunta no es si el Gobierno central atenderá o no el ultimátum del cabildo, lo cual parece altamente improbable, sino si es técnicamente viable hacer un censo dentro de siete meses. Y luego presentar sus resultados en un plazo de 120 días. Sin duda, todos los organismos internacionales especializados que están acompañando el proceso responderán sin matices que no hay ninguna posibilidad técnica de adelantar el Censo al 2023 ni presentar datos veloces.

Es evidente que el Gobierno, en especial la exministra de Planificación, faltó a la verdad cuando a principios de este año aseguraba que todo estaba encaminado para hacer el Censo en noviembre. La falsedad y la exministra cayeron por su propio peso. Y la decisión de ampliar el plazo hasta 2024 no fue acompañada de una explicación clara hacia la ciudadanía. Encima se mantiene a la cabeza del Censo a un director del INE que, figura nominal, ni aparece ni cuenta. Se entiende, pues, que haya desconfianza.

Pero una cosa es el persistente déficit informativo gubernamental y otra muy distinta pretender imponer un censo político. Las palabras del presidente del comité cívico son inequívocas al respecto: “No valen las inútiles mesas técnicas”. El camino, en consecuencia, es adoptar una exigencia política. Así no hay acuerdo posible. Basta recordar que el Gobierno rechazó por inconsistente la propuesta de la universidad y convocó a una mesa técnica para el 11 de octubre, a pocos días del anunciado paro.

Mención aparte requiere el dislate de pretender vincular los datos del Censo con la consigna de hacer un nuevo padrón electoral para las elecciones 2025. El supuesto es que el actual padrón “no es limpio”. Tal supuesto fue rebatido en 2020 por una docena de misiones de observación internacional que certificaron la confiabilidad del padrón, tal como lo hizo en 2017 una auditoría integral de la OEA. Ojalá primen la transparencia y criterios técnicos para garantizar un censo de calidad y el próximo ciclo electoral.

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Cultura urbana

El denominador común en estos casos, y seguro muchos otros que no llegan a los medios, es la falta de información.

Por La Razón

/ 29 de septiembre de 2022 / 00:45

Días atrás, en vísperas de la efeméride de Cochabamba, el Gobierno nacional inauguró parcialmente el servicio del Tren Metropolitano que une el Cercado con los municipios circundantes. Dos semanas después se suspendió el funcionamiento de una de las líneas debido al hurto de un cable y el martes se denunció un nuevo “atentado” por un grafiti en uno de los vagones.

El Tren Metropolitano inició sus operaciones el martes 13 de septiembre y fue el propio Presidente del Estado, junto al Ministro de Obras Públicas, el encargado de entregar la obra, que demandará, hasta su finalización, todavía pendiente, una inversión de más de Bs 3.112,1 millones; pero dos semanas después se denunció el robo de al menos 50 metros de cable de cobre de alimentación de la corriente de la Línea Roja, obligando a paralizar sus operaciones.

Sin embargo, los reportes periodísticos y no pocas publicaciones de las y los usuarios en redes sociales digitales dieron cuenta, por un lado, de la ausencia de medidas de seguridad en el recorrido de los tres ramales del tren, así como insuficiente coordinación con otras instituciones llamadas a facilitar la seguridad en la ferrovía tanto como en los cruces con calles y avenidas.

Por el otro lado, también se destacó la falta de previsión en la empresa administradora del servicio de transporte masivo para informar al público usuario de asuntos tan elementales como el precio del pasaje y otros, así como para educar a la ciudadanía sobre los muchos aspectos que tienen que ver con la seguridad de las operaciones. Se han visto imágenes de comerciantes apostados al costado de la vía y hasta de un conductor de minibús de transporte de pasajeros pretendiendo transitar por encima de las rieles.

El denominador común en todos estos casos, y seguramente muchos otros que no llegan a los medios de comunicación, es la falta de información. Es bien sabido que la seguridad de las operaciones de servicios de transporte masivo de pasajeros implica cuidar numerosos detalles, comenzando por señalización adecuada en las estaciones y otros puntos de contacto con las y los usuarios, y terminando en una larga lista de elementos a ser instalados a lo largo del recorrido. Son tareas todavía inconclusas.

Estas medidas, que debieran ser elementales, necesitan el acompañamiento de campañas de sensibilización y educación de la ciudadanía, como se hizo, por ejemplo, en La Paz antes de iniciarse las operaciones de La PazBUS y de Mi Teleférico, explícitamente orientadas a crear una “cultura” entre las y los usuarios de dichos servicios.

De nada sirve, pues, culpar a la falta de educación vial o de cultura urbana entre la población cuando esas carencias, perfectamente previsibles, no han sido tomadas en cuenta por quienes administran la empresa responsable del servicio. Urge, pues, un trabajo más serio y responsable en éste y otros asuntos, a menos que se prefiera el riesgo de hacer fracasar la operación o, peor, causar accidentes que pueden incluso ser fatales.

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‘Habemus’ Defensor

Si bien el procedimiento fue legal, hay cuestionamientos de legitimidad.

Por La Razón

/ 25 de septiembre de 2022 / 02:18

Luego de cinco intentos fallidos, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió finalmente con dos tercios de votos al nuevo Defensor del Pueblo. Aprovechando el desbande opositor por licencias, la bancada mayoritaria del MASIPSP cambió el orden del día y zanjó la designación bloqueada desde mayo. Si bien el procedimiento fue legal, hay cuestionamientos de legitimidad.

La Constitución Política del Estado y la normativa vigente establecen con claridad el procedimiento para la designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo: concurso público, calificación de capacidad profesional y méritos, selección de postulantes y elección por al menos dos tercios de asambleístas presentes. Todos esos pasos se siguieron formalmente en la designación del nuevo Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro. Lamentablemente, la elección se produjo sin acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

El proceso empezó de manera auspiciosa el 15 de marzo de este año con la aprobación por consenso del Reglamento y convocatoria para la designación del Defensor del Pueblo. En el plazo previsto, se presentaron 198 postulantes. Luego de las fases de verificación de requisitos, impugnación, evaluación de méritos y entrevista y evaluación oral, la Comisión Mixta elaboró el informe respectivo con la lista de siete postulantes seleccionados. El consenso se rompió y la oposición decidió no suscribir el informe.

En la fase final correspondiente a la designación en el pleno de la Asamblea, se realizaron cinco sesiones de votación (cuatro en mayo y una última en septiembre). En ninguna de ellas hubo la mayoría de dos tercios requerida. El MAS-IPSP partió dividido, pero al final cerró filas por el postulante Pedro Callisaya, que obtuvo la mejor calificación; Comunidad Ciudadana votó por su propia postulante, Evelin Cossío; y Creemos optó por el voto blanco en demanda de una nueva convocatoria. Se impuso así el veto opositor.

Cuando todo hacía prever que continuaría sine die el interinato de la defensora Nadia Cruz, pese a estar en curso una acción de cumplimiento para que la Asamblea cumpla su mandato, una disciplinada bancada del MAS-IPSP cambió el orden del día de una sesión convocada con más de 24 horas de anticipación y habilitó la designación. Lo hizo con apego al procedimiento del Reglamento de Diputados. 32 asambleístas de la oposición, nada menos, estuvieron ausentes de la sesión por festejo y otros motivos.

De ese modo, luego de un accidentado recorrido de más de seis meses, finalmente el país cuenta con un nuevo Defensor del Pueblo titular, designado por la Asamblea. La mala noticia es que la falta de acuerdo político implica el cuestionamiento por parte de la oposición a la legitimidad de origen de la nueva autoridad. Ello va en desmedro de la institucionalidad. Habrá que acompañar y vigilar el desempeño del defensor Callisaya en la defensa de los derechos humanos, que debe ser autónomo e independiente.

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Un foro global

Arce llevó una lista de 14 temas para proponer a sus pares y a las y los diplomáticos que trabajan en la sede de la ONU.

Por La Razón

/ 22 de septiembre de 2022 / 00:45

Como todos los años, la tercera semana de septiembre tiene lugar en Nueva York el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno en el inicio del periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este año no solo no fue la excepción, sino también fue la primera reunión presencial después de dos años de pandemia. El Presidente boliviano asistió a la cita.

El mandatario boliviano llevó una lista de 14 temas para proponer a sus pares y a las y los diplomáticos que trabajan en la sede de la ONU, todos ellos enmarcados en el multilateralismo, que fue el tema número 14 en la lista. Pero al margen de la propuesta del Presidente, hubo tres temas que merecieron mayor atención que otros: acceso de Bolivia al mar, fracaso de la guerra al narcotráfico y soberanía sobre los recursos naturales.

En el primer asunto, el mandatario boliviano, en consonancia con su propuesta de “fortalecer los mecanismos internacionales para un trato preferencial para los países sin litoral”, recordó el más que centenario diferendo con Chile pidiendo que “más temprano que tarde, el diálogo y la diplomacia” puedan reparar las injusticias de la guerra con Chile, que respondió a intereses capitalistas y arrebató a Bolivia su salida al mar y que mientras tal cosa ocurra, se aplique al país la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar.

Otro asunto abordado por el Presidente, casi en tono de denuncia, ha sido la soberanía sobre los recursos naturales, particularmente el litio, del cual Bolivia tiene las mayores reservas en el mundo, “y asumimos esto con mucha responsabilidad, especialmente al momento de implementar acciones para su industrialización, garantizando que su utilización sirva para el beneficio de la humanidad”, dijo, añadiendo que las reservas bolivianas de litio no deben seguir el camino de otros recursos naturales que, en las condiciones del colonialismo y el desarrollo capitalista, “solo sirvieron para aumentar la riqueza de unos cuantos y provocar el hambre de los pueblos”.

Finalmente, al igual que otros colegas suyos, particularmente el colombiano Gustavo Petro, se refirió a la necesidad de “cambiar el enfoque” en la guerra contra las drogas, pues “la guerra internacional contra las drogas criminaliza y genera sanciones unilaterales contra países del sur, pero blinda el lavado de activos, facilita el tráfico de drogas y otros delitos conexos en otros países del norte”, añadiendo que hay que apostar por un enfoque social y menos militarizado.

Otros temas también fueron abordados por el mandatario dentro y fuera del foro multilateral, incluyendo el estado de las relaciones entre Bolivia y EEUU, que no mejorarán en el corto plazo. El presidente Arce mostró, pues, un perfil enérgico, poco habitual en sus apariciones públicas dentro del país, y probablemente haya dejado una imagen positiva de sí, pues los retos y desafíos del presente y el futuro exigen de las y mandatarios claridad y firmeza.

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