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Friday 21 Jun 2024 | Actualizado a 02:39 AM

Siete años

Poco se ha avanzado para juzgar a los acusados por las muertes de octubre del 2003

Por La Razón

/ 30 de octubre de 2010 / 05:00

El sacrificio ha sido mucho y la recompensa parece lejana; encima de todo, la justicia no llega. Más de 60 muertos y 400 heridos le ha costado al país —en rigor, a La Paz y El Alto— el episodio de represión que derivó en las violentas jornadas de octubre y en la postrera caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde entonces, poco y nada ha cambiado en la vida de los ‘combatientes’ de la también denominada «Guerra del Gas».

Cada tanto, los familiares de los damnificados realizan verdaderos peregrinajes a Sucre, porque el juicio de responsabilidades se desarrolla en la Corte Suprema, donde suelen desplegar sus pancartas con la inscripción de siempre, a manera de clamor: «Justicia». Eso, desde hace siete años.

¿Cuánto ha avanzado el juicio por los acontecimientos de octubre del 2003? No lo suficiente como para que las víctimas descansen en paz. De un total de 17 acusados, sólo siete se someten actualmente a las diferentes etapas del proceso; los restantes 10, entre ellos Goni y varios de sus ministros, están fuera del país. La defensa espera que hasta diciembre se dicte una sentencia para los dos ex ministros y los cinco ex jefes militares presentes en el juicio.

Si no es amargo el sabor de boca por estos siete años de espera, al menos será agridulce por la sensación que deja saber que los actores principales de aquellos hechos no serán enjuiciados y, por otro lado, entender que el actual Gobierno pudo haber hecho algo más para concretar la extradición de Goni y sus colaboradores. Las disminuidas relaciones que Bolivia mantiene con la administración de Obama, en esto, sin dudas, no han ayudado en nada.

Las perspectivas tampoco son halagüeñas. El presidente Morales se ha mostrado poco optimista y hasta resignado al declarar en días pasados que «ojalá que la justicia boliviana pueda acelerar estos procesos». Además, puso en duda que Estados Unidos llegue a expulsar a Sánchez de Lozada y los ex ministros que viven allí.

En el balance, los alteños podrán haberse anotado una victoria —ante todo simbólica— dándole la primera estocada al capitalismo de Goni y, más tarde, impulsando al socialismo de Evo hacia el Palacio de Gobierno; pero nunca será suficiente mientras no sientan el cambio en sus bolsillos, mientras no sepan que el sacrificio, las vidas perdidas, los días de justicia que con el tiempo se vuelven noches, realmente, han valido la pena.

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Receso legislativo

No está de más reiterar que la democracia corre peligro a causa de sus agentes en los órganos del Estado

Por La Razón

/ 20 de junio de 2024 / 07:01

A dos semanas de la inédita sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocada y dirigida por el presidente de la Cámara de Senadores, lo que en ese momento parecía un momento de inflexión en la depauperada acción política se ha convertido en un nuevo tema de polémica, sin más efecto que el debate sobre su legitimidad y su legalidad, hoy cuestionadas.

Luego del jueves 6 de junio, hubo consenso en que el acto del senador Rodríguez serviría para sacar a las y los legisladores de su modorra, inevitable después de casi seis meses de inactividad, producida, en parte, por la mala fe de quienes habiendo postulado a sabiendas de que no cumplían todos los requisitos buscaron amparo en la justicia constitucional, hoy severamente cuestionada; y en parte por la inacción del presidente nato de la ALP.

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Si luego de la sesión del 6 de junio quedaba alguna duda sobre las acusaciones contra el Vicepresidente del Estado y su reprochable actitud, la tibia respuesta de los días siguientes, acusando a “la troika” de querer dañar al Gobierno (que se daña a sí mismo con su falta de iniciativa y transparencia) o dejando “en manos” del Tribunal Constitucional las decisiones del órgano a su cargo, sirvieron como evidencia de que la parálisis de la Asamblea es de interés del oficialismo gubernamental.

Luego, cuando parecía que el segundo mandatario del país retomaría el rol que la Constitución Política le asigna, a través de la convocatoria a la octava sesión del pleno (la convocatoria decía “séptima”, igual que la del 6 de junio, pero la presión política logró que ese dato se cambiase), se supo que la agenda propuesta incluía, además de la revisión de las observaciones presidenciales a algunas de las leyes aprobadas a inicios de mes (lo cual puede interpretarse como indicio de que sí se reconoce la legalidad de la cuestionada sesión), la decisión de fijar un receso parlamentario desde el domingo 7 de julio, lo cual, previsiblemente, inspiró nuevas críticas a la autoridad electa.

Hoy, la ALP sigue empantanada y sin indicios del camino que vaya a tomar en lo inmediato. La ALP está aquejada de las divisiones internas en el MAS, reflejadas en la creciente animadversión del presidente del Senado por el Vicepresidente del Estado; de la falta de liderazgo y coordinación, que se reclama desde hace ya muchos meses; de una incapacidad de resolver su mandato constitucional de dar paso a la elección de autoridades del Judicial, peligrosa para las y los legisladores, pero sobre todo para la democracia; y de la incapacidad de prácticamente todos sus miembros para hacer política y resolver las necesidades del país y no solo los apetitos de sus respectivos líderes.

En semejante panorama, no está de más reiterar que la democracia corre peligro a causa de sus agentes en los órganos del Estado; y, en ese contexto, la pregunta es ¿a quién le conviene más esta parálisis?

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Las dos ‘troikas’

Por La Razón

/ 16 de junio de 2024 / 00:03

Lejos de alentar acuerdos mínimos y soluciones de compromiso, la polémica sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sancionó normas clave para el país, derivó en mayor distancia entre el gobierno de Arce y las tres bancadas de oposición. Ello traba el debate político plural y genera mayor incertidumbre. En lugar de diálogo, hay descalificaciones.

Sin asumir una pizca de su responsabilidad en la crisis institucional que afronta la ALP, casi paralizada y con escasa capacidad decisoria, el vicepresidente David Choquehuanca salió al ataque. Acusó a Camacho, Mesa y Morales de “capos de la troika extremista”, que se habrían aliado para un “intento de golpe”. Nada menos. “Atacan, amenazan, asaltan”, les dijo. Y atribuyó al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la capitanía del operativo, al haber convocado a la sesión de la Asamblea.

Previamente, Choquehuanca derivó al Tribunal Constitucional Plurinacional la decisión sobre la validez de las normas aprobadas por el pleno, entre ellas la ley que dispone la cesación de los magistrados autoprorrogados. Consulta también sobre la competencia de Rodríguez. Era previsible. En lugar de enviar las leyes al Ejecutivo para su promulgación, el Vicepresidente las manda al TCP para su bloqueo. Es la forma del arcismo para evitar cualquier decisión de la Asamblea que no convenga a sus intereses.

Las respuestas a Choquehuanca fueron inmediatas. Lo acusaron de una “inédita e indignante sumisión política”, refiriéndose a su consulta al TCP. “Es como preguntarle al ladrón si se reconoce como ladrón”, dijo una senadora calificando de vergonzante la carta del Vicepresidente. Y se retrucó la idea de troika: “La única alianza existente en el tema judicial es la que se ha evidenciado entre Arce, Choquehuanca y los autoprorrogados”, señaló el opositor Carlos Mesa, de CC. “Un acuerdo espurio”, precisó.

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En medio de tales acusaciones de ida y vuelta, estamos nuevamente en fojas cero. La ley para cesar a los autoprorrogados será rechazada por los propios autoprorrogados, diciendo que ya la declararon inconstitucional; las elecciones continúan paralizadas y sin horizonte cierto, con operadores políticos que apuestan por su fracaso; y el Órgano Legislativo sigue en situación de atrofia decisoria y fiscalizadora, aunque se logran aprobar algunas normas, bajo presión, como ocurrió recién en Diputados.

Más allá de cómo se resuelva (o se entrampe) la cuestión judicial, estamos en un preocupante escenario de crisis político-institucional, a lo que se añade una situación de conflicto de poderes. Eso es crítico no solo para el Estado de derecho y la convivencia en democracia, sino también para afrontar la delicada situación económica y el riesgo de conflictividad social. Ojalá todos los actores relevantes logren acuerdos mínimos para transitar la crisis en vez de agitar bloqueos de todo tipo para atizarla.

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Educación

No es una tarea fácil y cabe preguntarse si autoridades, así como trabajadores del magisterio, están en condiciones de afrontarla con éxito

Por La Razón

/ 13 de junio de 2024 / 06:40

Días antes de que la tensión política volviese a escalar con la inédita sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que se aprobaron leyes que probablemente no serán promulgadas, el Presidente del Estado anunció la convocatoria al Congreso Plurinacional de Educación. Se trata de un mandato del cabildo de meses atrás en El Alto, pero también de una urgencia nacional.

A primera vista, la idea es excelente. A más de 13 años de promulgada la Ley 70, de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, es evidente que, con todo y los avances que especialistas le reconocen a la norma, la educación pública en Bolivia no parece haber mejorado mucho, aunque sí hay evidencia de mucha ideologización de los contenidos (y es bien sabido que ideología está en las antípodas de sabiduría).

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Las y los maestros de secundaria se horrorizan ante la falta de competencias básicas de niñas y niños que han cursado los seis años de primaria; y las y los docentes universitarios descubren que las y los flamantes bachilleres, en una proporción alarmantemente alta, son incapaces de comprender textos básicos, y ni hablar de escribir textos completos, coherentes y libres de errores ortográficos y gramaticales.

Ése es el contexto en el que el primer mandatario pretende realizar el Congreso Educativo con el objetivo de combatir los problemas a los que se enfrentan los educadores al momento de enseñar; al igual que los principales desafíos de los alumnos al momento de aprender. Sin embargo, todavía no se conoce de una convocatoria oficial y menos de la agenda a tratar.

En su anuncio, el Presidente habló de reajustar la Ley Educativa y la malla curricular del subsistema educativo, diseñar el perfil de bachiller que necesita el país y abordar los peligros y amenazas en materia educativa que representan las redes sociales, entre otros propósitos para el encuentro nacional. El mandatario cree que será posible diseñar una “política educativa” para profundizar “la educación inclusiva, científica, técnica, tecnológica; también la productiva, revolucionaria, liberadora, progresista, intracultural, intercultural, plurilingüe, descolonizadora, despatriarcalizadora en todo nuestro sistema educativo”.

Urge hacerlo, sobre todo considerando que la muy extensa lista de adjetivos empleados por el presidente Arce está lejos de materializarse en los contenidos, en las actitudes y comportamientos de la mayor parte de las y los educadores y, por supuesto, en los resultados que demuestran las y los educandos en el aula y fuera de ella.

Es bien sabido que la educación es la primera y más importante tarea del Estado, y que cualquier política pública al respecto debe pensarse y ejecutarse mirando el mediano y el largo plazos, al margen de los apetitos políticos del momento. No es una tarea fácil y cabe preguntarse si autoridades, así como trabajadores del magisterio, están en condiciones de afrontarla con éxito. Sin embargo, seguir postergándola solo abonará al rezago que muestra la sociedad boliviana en estos ámbitos.

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Sensación de crisis

La sensación de crisis, en este caso de naturaleza múltiple, no necesariamente equivale a la situación de crisis.

Por La Razón

/ 9 de junio de 2024 / 00:02

Desde principios del año pasado, afrontamos en el país un escenario de crisis políticoinstitucional, agitado en especial por la disputa interna en el MAS-IPSP. A ello se añade la percepción creciente de que se aproxima una crisis económica. Y una reciente encuesta nacional muestra la opinión mayoritaria de riesgo de crisis social. Hay, pues, sensación de crisis.

La crisis en el campo político y en las instituciones es innegable. La ruidosa división de la fuerza política que gobernó Bolivia durante las últimas dos décadas, la persistente polarización y la debilidad con fragmentación del bloque opositor configuran un escenario de bloqueo institucional y de alta desconfianza. Ello se expresa en la clausura de espacios de diálogo plural y, peor aún, de construcción de acuerdos. Por si fuera poco, ahora estamos en las puertas de un conflicto de poderes.

En cuanto a la economía, a reserva del debate sobre las causas, las condiciones y la profundidad de los evidentes desequilibrios, se va instalando en la ciudadanía la percepción de que estamos avanzando hacia una crisis económica o ya estamos en ella. La escasez de dólares, las dificultades para la subvención de combustibles y el alza de precios, entre otros factores, impactan en la economía de las familias. Y ello se manifiesta en sus expectativas. No son buenos tiempos para el modelo económico.

Si bien, desde el fallido paro de 36 días en Santa Cruz por la fecha del Censo, no existe gran conflictividad social en el país, hay quienes temen que la incertidumbre y el creciente fastidio ciudadano, atizados por la política y, en especial, por el día a día de la economía, pueden conducir a situaciones de crisis social. Un reciente estudio de opinión pública muestra que el 55% de las personas consultadas cree que “estamos ingresando a una grave crisis social”. Es una alerta delicada.

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La sensación de crisis, en este caso de naturaleza múltiple, no necesariamente equivale a la situación de crisis. Pero no es menor el hecho de que una parte significativa de la población perciba un presente crítico con futuro incierto, asentado en la confluencia de variables político-institucionales, económicas y sociales. Por ello, el buen gobierno y la eficaz acción política deben asumir como necesidad la gestión oportuna y cierta de los sentires ciudadanos. Las percepciones y las expectativas cuentan.

Ahora bien, ¿qué hacer para que la creciente sensación de crisis no derive en una coyuntura crítica, dadas no solo las percepciones, sino innegables señales de realidad, en especial en la economía? ¿Es posible, todavía, evitar un escenario de crisis de gobernabilidad, con resultado también incierto considerando la fragilidad del sistema político y de las instituciones? Siempre cabe la posibilidad, y la esperanza, de que las cosas mejoren y se reencaminen como país. El gobierno de Luis Arce tiene la palabra.  

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La Paz a la deriva

Hoy, la ciudad sede de gobierno está en manos de autoridades demasiado ocupadas en cubrir los rastros de sus malos manejos

Por La Razón

/ 6 de junio de 2024 / 06:42

Mientras los medios de comunicación se llenan de noticias que agravan la incertidumbre respecto de la estabilidad económica y política, en La Paz son otras las fuentes de incertidumbre y surgen del gobierno local; el desorden en el gobierno municipal paceño tiene que ver con la incapacidad de gestionar adecuadamente el desarrollo urbano y el efecto político que esto causa.

Días atrás se supo que las y los concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) habían decidido retirar su apoyo a su colega Roxana Pérez del Castillo, que de todas maneras fue electa como vicepresidenta del Concejo, esgrimiendo acusaciones de irregularidades y violaciones normativas. La profunda división en el partido a cargo del Gobierno nacional repercute en todas las instancias en las que participa.

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Pero el conflicto masista es apenas uno de los elementos en este preocupante estado de cosas. Días antes del desaguisado en el Concejo, la Justicia ordenó la detención preventiva del empresario de bienes raíces Harold Lora, acusado estafar a cientos de personas con la venta de departamentos en edificios que no se han terminado de construir y probablemente, si se cumple la ley, queden inconclusos.

En este caso, que es, seguramente, solo el más visible por el número y volumen de las construcciones, así como por la cantidad de personas afectadas, el problema tiene que ver no solo con la ineficaz tarea de fiscalización, que las leyes le atribuyen al Ejecutivo municipal, sino con una probable lenidad de muchas instancias de fiscalización y control, que ha permitido que se levanten miles de construcciones fuera de norma. Según la concejala Pérez del Castillo, son más de 30.000 edificaciones irregulares solo en la gestión del actual alcalde.

Los numerosos intentos de aprobar y promulgar normativa que “regularice” las construcciones fuera de norma y permita nuevos proyectos arquitectónicos ha terminado por revelar un descuido tal en la gestión urbanística de la ciudad que incluso se le ha acusado de violar derechos humanos, comenzando por el derecho a una vida digna, no solo de quienes adquieren un inmueble mal construido, sino también de las y los vecinos de esas edificaciones levantadas con el único afán de recaudar mucho dinero a cualquier costo.

Ese contexto explica la virtual parálisis del Concejo Municipal, afectado por las disputas del MAS, que son hábilmente aprovechadas por concejales inescrupulosos, unidos no por su ideología o su partido (que no los tienen), sino por su interés de medrar de la necesidad de vivienda que hay en la sociedad paceña. Desde el inicio de la gestión fue muy evidente su mala intención gracias a inverosímiles apelaciones al derecho de las personas a tener un techo propio.

Hoy, la ciudad sede de gobierno está en manos de autoridades demasiado ocupadas en cubrir los rastros de sus malos manejos y despreocupadas de la mayor parte de los problemas que aquejan a la población; y el pronóstico no permite albergar muchas esperanzas en el corto plazo.

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