El clima de confrontación entre medios de comunicación y periodistas, por un lado, y Gobierno por el otro, se mantiene intacto. Si bien no todo está perdido, esto diluye las esperanzas de que la reglamentación de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, promulgada el 8 de octubre, pudiera acercar a las partes enfrentadas.
Hasta ahora no hubo acercamientos y los avances en materia de discusión formal se han limitado a sectores afines al MAS, salvo casos excepcionales de organizaciones y empresas periodísticas que no se sienten representadas por ninguna de las agrupaciones que aglutinan determinados intereses comunes.
Refugiado bajo el paraguas de los movimientos sociales, el Gobierno se ha dedicado a impulsar un proceso de socialización, y qué saludable será recoger los criterios de esta parte importante de la sociedad porque sin dudas contribuirán al debate nacional; al fin de cuentas, la vigencia de la posibilidad de intercambiar opiniones es un signo de que la democracia funciona.
La legitimidad de aglutinar a sectores para sumarlos a una causa equis no debería implicar una politización del proyecto de reglamento.
La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia alista el cierre de su campaña de recolección de firmas de ciudadanos que rechazan la vigencia de los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo, fortalecida además por la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) que considera que esos artículos promueven la autocensura. El debilitamiento de la imagen de Bolivia en el contexto internacional, desde el momento en que aparece como un país donde se estaría violando el derecho a la libertad de expresión, exige reacciones conciliatorias del Ejecutivo, no arrebatadas porque esto sólo incita a la confrontación.
Este reglamento debe ser el «lugar» donde las partes se encuentren y salven sus diferencias, con la visión puesta en la preservación de los derechos de todos los bolivianos, de sus instituciones y de sus empresas incluidos, se sobreentiende, los medios de comunicación y sus trabajadores. La libertad de expresión no puede ser vulnerada y, por eso mismo, el debate resulta la mejor herramienta para defenderla.
Socializar, informar, educar… son instrumentos adecuados. Los involucrados en esta tarea, por responsabilidad, tienen la oportunidad de redoblar sus esfuerzos como una muestra de su compromiso con la sociedad en estos tiempos de cambio.