Una de las características del gobierno de Evo Morales es el seguimiento minucioso a las debilidades jurídicas de sus opositores políticos. La caída y posterior reclusión del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, luego de la masacre de septiembre del 2008, y del ex alcalde sucrense, Jaime Barrón, por una complicada vinculación con un hecho de racismo, ese mismo año, en la capital constitucional del país, son dos ejemplos. Los gobernadores Suárez, de Beni, y Cossío, de Tarija, podrían seguir el mismo camino al haber acumulado una serie de acusaciones. Y René Joaquino, en Potosí, recibió una sentencia que lo inhabilita para seguir en la política. Hay más casos, entre ellos del gobernador Rubén Costas, que luego de usar recursos públicos para hacer oposición también afronta varios procesos.
Entre tantas acusaciones, por lo general viabilizadas a través de la Contraloría o del Ministerio de Transparencia, algunas obtuvieron como respuesta contradenuncias de los implicados. Todo este juego, inevitablemente, llega aparejado de sospechas mutuas. Entonces, a la lluvia de imputaciones les sobrevienen las inmanentes censuras, en un trasiego de elementos judiciales y políticos muy complicado de distinguir.
¿Cuál es el papel de la población en esto? Quienes tienen un criterio formado deben, al menos, sospechar de los movimientos que en este sentido realizan a diario los actores, mediatizados más que nunca, del oficialismo y de la oposición. Por una parte, como antes, son constantes las aseveraciones de que la justicia y el Ministerio Público tendrían un vínculo con el Gobierno. Por el otro, se barrunta de la sempiterna desestabilización, casi como un fantasma instalado a sus anchas en los pasillos del Palacio de enfrente de la plaza Murillo.
En todo esto, se pone en práctica una novedosa idea de la democracia, que pone en cuestión el verdadero valor del voto. Hoy en día, ninguna autoridad, por más apoyo que obtuviese, tiene asegurada su continuidad porque sus errores son vigilados al detalle. Y queda la sensación de que se controla más a los opositores.
Para evitar las ya señaladas susceptibilidades, no está demás recordar que los ingredientes de una buena receta son: respeto a la institucionalidad y no injerencia política en la justicia; respeto a los derechos de las personas, sean oficialistas u opositores; pero ante todo prevalencia de la ley, por encima del habitualmente perverso juego político.