Máxima inseguridad
Autoridades de la prisión y los políticos deben dar explicación por casos como los de Junco
Está claro que fallan los controles y, lo más grave de todo, impera la delincuencia donde precisamente debería predominar la ley. «¿Qué penal de alta seguridad permite el ingreso de granadas de guerra y armas de fuego?», preguntó en marzo de este año ante los medios de comunicación el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, mientras intentaba explicarse la detonación de explosivos nada menos que en Chonchocoro.
Lo mismo debe andar rondándole por la cabeza a Llorenti ahora que, ocho meses después, no ha encontrado una solución para el escandaloso problema de la falta de seguridad en una cárcel de… «máxima seguridad». En sólo dos años, suman cuatro los crímenes y tres los heridos por dos atentados con granadas cometidos dentro del mismo recinto penitenciario.
Carlos Alberto Junco, sospechoso del atraco a Vías Bolivia, perdió la vida a manos de un confeso Ángel Mantilla cuando volvía de una audiencia judicial. Lo acribillaron delante de sus guardias. Esto, que ya es grave, se agudiza con la presunta complicidad de agentes del orden en el misterio de cómo llegó el arma a poder de Mantilla. Si no fuese un policía el que la entregó, por lo menos hubo negligencia de los responsables de cuidar el ingreso al penal. ¿Qué pasa con la investigación del caso Vías Bolivia? ¿Por qué fueron asesinados los dos acusados del robo al peaje? ¿Correspondía trasladar a Junco de San Pedro a Chonchocoro? ¿Qué sabía él? Por la importancia del caso, y por el lugar donde se produjo este crimen, el Ministerio Público debería apresurarse a responder estos interrogantes.
Así de evidente queda el sistema carcelario boliviano, plagado de falencias tales como el hacinamiento de internos que reciben prediarios indignos y una mayoría de personas encerradas sin que la justicia haya probado su culpabilidad (detenidos preventivos esperan meses y hasta años por una sentencia ejecutoriada o incluso por el inicio de un juicio).
Incidentes como el de Junco resultan inconcebibles y no pueden registrarse en ninguna cárcel, menos en Chonchocoro donde se supone que están recluidos los delincuentes más peligrosos del país. Los responsables de la seguridad de esta prisión, pero también los políticos a cargo de velar por la normalidad en este tipo de reclusorios, tienen la obligación de dar explicaciones y asumir las consecuencias por las muertes y demás irregularidades verificadas en los últimos años.