Voces

Monday 15 Jul 2024 | Actualizado a 04:56 AM

Violencia sexual

Aquí se necesita firmeza para tener una Justicia que haga justicia con mujeres y niños

Por La Razón

/ 22 de diciembre de 2010 / 05:00

El tema tiene múltiples aristas que los entendidos aconsejan no descuidar para abordarlo de una manera integral. Con características estructurales, caben en él los aspectos cultural, sociológico, jurídico y antropológico, según la visión autorizada de un grupo de reconocidas investigadoras que hace algunos años publicaron el libro Rompiendo silencios: una aproximación a la violencia sexual y al maltrato infantil en Bolivia, gracias al apoyo de la Coordinadora de la Mujer, el Defensor del Pueblo, Unicef, la Embajada Real de Dinamarca y la Unión Europea.

Allí se habla, por ejemplo, de la violencia como mecanismo de regulación del comportamiento, estando éste influido por una sociedad todavía patriarcal y discriminatoria. Y, en ese marco, las principales víctimas son las niñas y los niños. Luego, las mujeres.

Vale preguntarse, como lo hacen Pamela Calla, Rossana Barragán, Cecilia Salazar de la Torre, Teresa Arteaga y Carmen Soliz en su libro, cuál es el papel que están desempeñando la escuela, la justicia, la familia y la comunidad en la protección y garantía de los derechos humanos. Sin duda, hay un vacío, y hasta una desconexión entre estas entidades, que deja abierta las puertas a la violencia y, dentro de ésta, a la más aberrante de todas: la violación.

El caso del ex alcalde Fidel Herrera toca a la sensibilidad de todos no sólo porque se trata de un personaje público, sino por las características de la denuncia presentada por su propia hija, a quien la ex autoridad sucrense habría abusado durante años. Herrera se encuentra en la cárcel y pidió un juicio abreviado luego de reconocer su culpabilidad. La Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados tiene una posición contraria a esa solicitud; por último, se ha pronunciado a favor de que el Ministerio Público consulte a la víctima para ver si acepta o no el pedido de Herrera.

Más allá de lo que indique la ley, en el estricto Derecho, se abre un debate sobre el castigo que, a consideración de la víctima y de sus Derechos Humanos, deben recibir los violadores. Este delito es muy grave por las secuelas que deja en sus víctimas, tales como embarazos y traumas; pero además desnuda el abuso de poder del abusador y la evidencia de que el enemigo está dentro de casa, muy rara vez en las calles. Basta de hipocresías, de tabúes y negaciones inconcebibles. Aquí se necesita firmeza para tener una Justicia que haga justicia con las mujeres, niños y niñas.

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Comicios sin primarias

Dependerá de la voluntad política, y la correlación de fuerzas, de las bancadas en las cámaras legislativas.

Por La Razón

/ 14 de julio de 2024 / 00:03

Con algún debate y condiciones, la reunión multipartidaria e interinstitucional convocada por el TSE acordó suspender las elecciones primarias para binomios presidenciales. El proyecto de ley para el efecto ya está en la ALP. La prioridad para este año son las judiciales, nuevamente paralizadas. Y el compromiso esencial es garantizar las elecciones generales de 2025.

Como era previsible, las diferentes fuerzas políticas que aspiran a competir en los próximos comicios aceptaron la propuesta de omitir las primarias de forma excepcional, como se hizo en 2020. Así ganan tiempo para la definición de sus candidaturas y alianzas. La idea opositora de primarias abiertas quedó atrás. Incluso el jefe del MAS-IPSP está de acuerdo si el TSE asegura su candidatura. Se impone pues la visión instrumental de un mecanismo pensado para la democratización interna de los partidos.

No realizar primarias en las próximas elecciones es el resultado más concreto del encuentro entre actores políticos e institucionales del pasado miércoles (en el que, por mano del TSE, se metieron de contrabando dirigentes de organizaciones sociales). En principio, las primarias no son esenciales, peor si no se garantiza que sean competitivas. Más bien, en el actual contexto, resultan problemáticas y hasta inviables. En consecuencia, las cúpulas de los partidos y alianzas decidirán sus candidaturas.

Lo que sigue en torno a las primarias puede ser simple o conflictivo. Dependerá de la voluntad política, y la correlación de fuerzas, de las bancadas en las cámaras legislativas. No parece inviable que la unión de arcistas y opositores asegure la mayoría absoluta necesaria para aprobar la ley enviada por el TSE. Habrá que ver la posición de los evistas, en especial en el Senado. Debe considerarse también el factor tiempo: la norma excepcional tiene que sancionarse como máximo la segunda semana de agosto.

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Asumiendo la suspensión de las primarias, la agenda electoral se concentrará estos meses en las elecciones judiciales, obstaculizadas y bloqueadas desde el año pasado por operadores políticos y judiciales. No habrá primarias para asegurar las judiciales. Está bien. Cuidado que tampoco se vote para renovar a las autoridades de los altos tribunales, hoy autoprorrogadas en su mandato. Por otro lado, está en mesa para fines de 2024 la sensible redistribución de escaños con arreglo a los datos del Censo.

En cuanto a las elecciones generales de agosto de 2025, la “cumbre” del TSE abordó la necesidad de garantizar la confiabilidad del padrón electoral (no habrá nuevo padrón). Debe implementarse también un sistema de resultados electorales preliminares. Hay otras declaraciones sobre el transfugio, los derechos indígenas y la inaceptable persistencia de hechos de acoso y violencia política contra las mujeres. Y está la cuestión esencial: ningún órgano del Estado puede vulnerar las atribuciones del TSE.  

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Mercosur: oportunidades y retos

La adhesión de Bolivia al Mercosur es un proceso multifacético que va mucho más allá de lo económico

Por La Razón

/ 11 de julio de 2024 / 06:32

El lunes, después de años de preparación, adaptación y, sobre todo, negociaciones bilaterales y multilaterales con los miembros del bloque, iniciadas en 2015, Bolivia se ha convertido en miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur). Para el Estado es una gran noticia, pero, al margen del optimismo que inspira por los previsibles beneficios que producirá, también hay que considerar las amenazas.

En efecto, el Mercosur, bloque económico que integra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y ahora a Bolivia, representa un mercado de más de 295 millones de habitantes y un PIB combinado de alrededor de $us 2,2 billones. Este gigante económico regional ha impulsado el comercio intra-bloque, que en 2023 alcanzó los $us 80.000 millones, demostrando su potencial como motor de crecimiento para sus miembros.

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Sin embargo, el Mercosur no está exento de contradicciones. Según análisis publicados en los últimos días en diversos medios, entre sus fortalezas destacan la ampliación del mercado para las empresas de los países miembros y el aumento de su poder de negociación en foros internacionales, pero, por otro lado, sus debilidades incluyen las asimetrías económicas entre los países miembros y la rigidez de algunas de sus normativas comerciales.

La pertenencia al Mercosur trasciende lo económico, adquiriendo una dimensión política crucial. Formar parte del bloque implica alinearse con ciertas posiciones geopolíticas y participar en la toma de decisiones regionales, lo que puede fortalecer la voz de Bolivia en el escenario internacional, pero también producir contradicciones como se ha podido ver, por ejemplo, en la ausencia del presidente de Argentina a la cita del lunes, evidentemente por razones ideológicas.

Para Bolivia, la adhesión al Mercosur ofrece beneficios significativos. El acceso a un mercado ampliado podría impulsar sus exportaciones, especialmente en sectores como el agrícola y el de hidrocarburos; además, la integración podría atraer inversiones (si el Estado lo permite) y fomentar la modernización de su aparato productivo. No obstante, los riesgos son igualmente palpables: la economía boliviana, relativamente pequeña y menos diversificada, podría verse abrumada por la competencia de industrias más desarrolladas de otros miembros. Asimismo, la pérdida de cierta autonomía en política comercial podría limitar su capacidad de maniobra económica.

Así, la adhesión de Bolivia al Mercosur es un proceso multifacético que va mucho más allá de lo económico, pues implica lo político, social y hasta de seguridad. Este paso crucial requiere una visión integral y estratégica para aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos en todos los frentes, sin poner en riesgo su propio modelo de desarrollo social comunitario. El desafío para Bolivia no es solo entrar al Mercosur, sino hacerlo de manera que potencie su desarrollo en todas las dimensiones.

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‘Cumbre’ desportillada

Por La Razón

/ 7 de julio de 2024 / 00:02

El encuentro multipartidario e interinstitucional impulsado por el Tribunal Supremo electoral (TSE) corre el riesgo de convertirse en un espacio de desencuentro. Y es que, por alguna extraña razón, en lugar de realizar una convocatoria amplia, incluyente y de alto nivel, los vocales optaron por criterios discrecionales para definir quiénes participan. Mala decisión que puede malograr una buena iniciativa.

Habíamos destacado en este espacio que la reunión convocada por el TSE podía ser un valioso momento de acuerdo que brinde certidumbre sobre el próximo ciclo electoral. Y ello dependía de los participantes. Ahora está en duda la legitimidad de una cita entre fuerzas políticas que de entrada excluye al líder del principal partido. Más allá de su división interna, el MAS-IPSP continúa siendo un actor estratégico en el campo político. Por ello, si el TSE pretendía un equilibrio entre sus dos facciones, le salió mal.

La “cumbre” que se realizará este miércoles tiene el propósito de facilitar las condiciones que viabilicen las elecciones generales. Es algo necesario y saludable en un contexto marcado por las disputas políticas y la incertidumbre. Al ser una elección de mandato fijo, la convocatoria corresponde al TSE. La premisa es inequívoca: el 8 de noviembre de 2025 es la fecha “definitiva, inamovible e impostergable” para la posesión del nuevo binomio presidencial electo. Para ello, los comicios deben realizarse en agosto.

En ese camino, la reunión del miércoles considerará el futuro de las elecciones primarias. El vocal Tahuichi, que con sus excesos verbales funge como vocero del TSE, anticipó que la propuesta es eliminarlas. No es la posición de los actores que decidirán en la Asamblea Legislativa: el hoy excluido evismo quiere primarias cerradas este año, como está previsto en la ley; en tanto que Comunidad Ciudadana, Creemos y voces del arcismo plantean postergarlas y abrirlas para 2025.

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Los otros aspectos que el TSE planteará en la reunión están vinculados a la integridad del proceso electoral y no debieran generan controversia. Se trata de garantizar técnicamente, con acompañamiento de los actores políticos, la redistribución de escaños y delimitación de circunscripciones, la solidez y confiabilidad del padrón electoral biométrico, y la implementación de un sistema oficial de resultados preliminares. Se estima que estos aspectos sean derivados a mesas técnicas.

Ante tan valiosa agenda democrática e institucional, es lamentable que la iniciativa se haya puesto en cuestión antes incluso de su realización. Los vocales del TSE debieran rectificar la convocatoria a fin de lograr que efectivamente sea una cumbre multipartidaria con la participación de los principales líderes políticos y no un evento contaminado por inclinaciones en torno a la disputa interna del masismo. La integridad de las elecciones 2025 es demasiado importante como para dejarla librada al cálculo de intereses.

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Más incertidumbre

La experiencia del último año ha demostrado que los intereses en juego inspiran actuaciones cuestionables

Por La Razón

/ 4 de julio de 2024 / 06:46

Luego del conato de golpe de Estado, que ha dado, y seguirá dando, tema para la conversación pública y privada, fue una gran noticia saber, el viernes pasado, que el trabajo de selección de postulantes para las elecciones judiciales se reanudaría el lunes; mas un nuevo recurso de amparo puso en suspenso, nuevamente, el proceso. Sin embargo, todo parece estar solucionándose.

Fue a iniciativa de un abogado que se creyó injustamente inhabilitado, que la Sala Constitucional Segunda de Beni nuevamente paralizó el proceso de preselección para los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional y demás instancias del Órgano Judicial, debido a que la Comisión Mixta de Justicia Plural no había emitido una resolución al respecto.

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Ayer, en cuestión de pocas horas ese problema fue resuelto. La Comisión de Justicia Plural decidió habilitar a uno de los postulantes antes descartados y ratificar la inhabilitación de otros cinco, incluyendo al accionante del más reciente amparo. Un séptimo caso será resuelto hoy, pero, aunque no debería, es imposible afirmar que no habrá un nuevo obstáculo jurídico en el proceso.

Fruto de este vaivén que ha causado más de un año de parálisis en el trámite, que debía resolverse en el último trimestre de 2023 con la jornada de votación, el lunes, una abogada, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), retiró su postulación indicando que el motivo es “la desconfianza” en el proceso de preselección, producida por “la dilación y suspensión que han dañado su legitimidad”.

Habrá que ver si otros u otras postulantes deciden retirarse de la carrera en los días sucesivos y, peor, si no inician una campaña de desprestigio al proceso, severamente dañado por sucesivas acciones judiciales (corruptas, según declaraciones de la senadora de CC Silvia Salame) y una evidente intención de dañar el proceso desde la propia Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde todas las partes tienen intereses en juego y ninguna muestra legítima voluntad política de llegar a la elección.

Por su parte, el vocal del Tribunal Supremo Electoral Tahuichi Tahuichi Quispe afirmó, también el lunes, que la ALP debe remitir al Órgano Electoral la lista de 192 postulantes a las elecciones judiciales hasta fines de julio; agregó la alta autoridad electoral que es necesario ampliar el tiempo para el proceso, pues el plazo señalado en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, se cumplió el 6 de mayo. A eso debe sumarse el todavía pendiente debate sobre las elecciones primarias, que podrían conflictuar el calendario electoral de este año.

Por ahora, el camino parece allanado, pero la experiencia del último año ha demostrado que los intereses en juego inspiran actuaciones cuestionables, desde adentro y desde afuera de la ALP, para impedir el mandato constitucional de tener autoridades del Judicial electas por voto popular. La incertidumbre no desaparecerá hasta el día mismo de la votación.

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Golpe y democracia

Por La Razón

/ 30 de junio de 2024 / 00:02

La asonada golpista del pasado miércoles, que opositores y sus operadores mediáticos calificaron pronto de “autogolpe”, dejó como saldo no solo excomandantes presos, dudas, un surtido de memes y renovada polarización, sino algo más esencial: las y los bolivianos cerramos filas, sin titubeos, en defensa de la democracia. Nos acompañó también la comunidad internacional.

 Más allá de que, en pocas horas, el debate sobre la fallida acción militar en Palacio de Gobierno se haya degradado y polarizado (golpe versus autogolpe), es fundamental destacar la pronta y unánime reacción inicial de los actores políticos, sociales e institucionales. Ni bien se conoció la presencia de militares y tanquetas en la plaza Murillo, a la cabeza del oscuro excomandante del Ejército, todo el arco de líderes políticos del país se pronunció con firmeza, a su estilo, en defensa de la democracia.

Fue inmediata e inequívoca asimismo la respuesta de las organizaciones sindicales y movimientos sociales, convocando a huelga general indefinida, bloqueo de caminos y movilizaciones hacia la sede de gobierno para evitar y, en su caso, enfrentar una ruptura del orden constitucional. Se pronunciaron también, en defensa de la estabilidad democrática, la Conferencia Episcopal, entidades empresariales y varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Los silencios fueron marginales.

Por otra parte, cabe destacar las oportunas expresiones de mandatarios de la región y Europa, así como de líderes de organismos internacionales, que condenaron el intento de golpe de Estado y expresaron su respaldo y solidaridad al gobierno democráticamente electo y al pueblo boliviano. Algunos fueron más lentos y mezquinos, como el gobierno de Milei, pero igual terminaron pronunciándose. Esta vez, a diferencia de la ruptura constitucional de 2019, la defensa de la democracia boliviana fue clara y fuerte.

Así pues, la asonada golpista del desequilibrado excomandante Zúñiga y los suyos, hoy presos y en proceso de enjuiciamiento penal, dejó en limpio el respaldo unánime al régimen democrático como valor en sí mismo. Y eso hay que realzarlo y celebrarlo. Claro que, en este sombrío caso —sobre el cual pesan sospechas e interrogantes—, si bien la defensa de la democracia pasa por la defensa del gobierno legítimo, haría mal el presidente Arce en creer que necesariamente supone un apoyo a su gestión.

A reserva de la investigación sobre el alcance y responsables del acto de insubordinación militar, es lamentable que la defensa de la democracia no haya servido como un momento de oportunidad para la construcción de acuerdos sobre temas de preocupación colectiva. En su lugar, hoy tenemos un inútil e irresoluble debate político. Como sea, ojalá al menos quede en agenda la impostergable necesidad de reestructurar la fuerza pública para evitar nuevas aventuras, motines y asonadas antidemocráticas.

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