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La prueba de fuego

Cuesta aceptar el problema como algo inevitable; cuesta en éste y en todos los ámbitos de la vida. Muchos están convencidos de que el aumento en los precios de los combustibles era la única manera de frenar en seco el contrabando y reducir el alto impacto económico de la subvención a la gasolina y el diesel. Sectores como el del transporte, previsiblemente, han reaccionado de inmediato con un enérgico rechazo.

Resulta también difícil de entender que en el país había una grave distorsión de precios a consecuencia de los valores asignados a los carburantes. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo, casi duplicando el costo de la gasolina, con un predecible efecto dominó que alcanzaría e incluso rebasaría los productos de la canasta básica familiar.

Considerando los precios de los países vecinos, había un desbalance y la disposición gubernamental se justificaría, así, desde el punto de vista macroeconómico. Pero, ha impactado negativamente el hecho de que se la anunciase entre la Navidad y el Año Nuevo. Este sinceramiento de la economía desnuda un conflicto ético al que se enfrentó no sólo este gobierno, sino también los que no se atrevieron a dar el paso antes por su peligrosa impopularidad. ¿Qué hacer?, ¿lo que le conviene al Estado, aunque esto signifique afectar a la gente? Porque los 380 millones de dólares al año que se ahorrará el TGN serán asumidos, como siempre, por el ciudadano común.

Si la medida era inevitable, lo ideal hubiese sido aplicarla gradualmente. Y, antes todavía, que el prometido cambio de la matriz energética llegara a tiempo para evitar un remedio tan amargo para esta enfermedad. Ahora los riesgos son múltiples, como que diferentes sectores aprovechen la ocasión para obtener ganancia de pescadores en río revuelto.

Lógicamente que causa molestia el aumento intempestivo de hasta 83%, después de décadas con incrementos pero ninguno de esta magnitud. Los transportistas tienen un problema que solucionarán rápidamente trasladando aquel porcentaje a las tarifas que cobran a sus usuarios. Cuesta creer que los paliativos anunciados por el Gobierno serán suficientes para contrarrestar los severos efectos de la medida; ¿qué pasará, por ejemplo, con los no asalariados?

En otros tiempos, un gasolinazo así hubiese marcado el inicio del fin de cualquier gobierno. Falta ver si el de Evo Morales tiene la fuerza suficiente para controlar el aluvión de protestas que se le viene encima.