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martes 30 nov 2021 | Actualizado a 04:25

Autonomía a paso lento

A más de siete meses de haberse instalado en todos los departamentos del país sendas asambleas legislativas departamentales, el proceso autonómico no muestra la misma velocidad que sus impulsores supusieron que tendría.

Por La Razón

/ 29 de diciembre de 2010 / 05:00

A más de siete meses de haberse instalado en todos los departamentos del país sendas asambleas legislativas departamentales, el proceso autonómico no muestra la misma velocidad que sus impulsores supusieron que tendría.

En efecto, un reportaje de La Razón publicado días atrás ha mostrado que las nueve asambleas legislativas autónomas han producido 76 leyes departamentales en total, todas ellas referidas a asuntos administrativos y ninguna a las 36 competencias exclusivas que la Constitución Política del Estado le reconoce a los nuevos gobiernos departamentales.

Según los asambleístas consultados por este diario, en casi todo el país el principal obstáculo para producir legislación orientada a favorecer la inversión y el desarrollo es la ausencia de estatutos autonómicos. Sólo Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando tienen este documento fundamental, pero en ninguno de los casos está vigente por no haber cumplido con los pasos prescritos en la carta magna.

En todo caso, el Ministro de Autonomías ha hecho notar que la justificación revela más bien desconocimiento de la norma de parte de los legisladores departamentales, lo que no debe ser motivo para descalificar su trabajo, sino señal de que el Estado tiene que preocuparse en capacitarlos para las tareas que deben desempeñar.

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Nueva evidencia de abusos

El Comité no solo prestó atención a los más evidentes aspectos de los excesos del gobierno transitorio.

Por La Razón

/ 29 de noviembre de 2021 / 01:34

Días atrás se realizó en Ginebra, Suiza, en la sede de la Organización de Naciones Unidas, una sesión del Comité Contra la Tortura en la que se presentó el informe de su Relator con relación a los sucesos de octubre y noviembre de 2019. Previsiblemente, el informe, imparcial y autónomo, arrojó más evidencia de los excesos cometidos luego de la caída de Evo Morales.

En la sesión del CAT (sigla del órgano en inglés), el Relator nombró tanto el informe de la Defensoría del Pueblo como el de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ambos con abundante evidencia de los asesinatos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en Sacaba y Senkata, además del caso “de 28 personas arrestadas en El Alto, que fueron sometidas a torturas y otras formas de malos tratos, incluyendo amenazas de muerte, electrocuciones, asfixias con bolsas de plástico, golpes con culatas de armas, privación de alimentos y agua, abusos sexuales y simulaciones de ejecuciones”.

El Comité no solo prestó atención a los más evidentes aspectos de los excesos del gobierno transitorio, sino también llamó la atención sobre lo que calificó como “comportamiento errático y partidista de la Policía”, señalando desde el hecho que hubieran arrancado de sus uniformes la wiphala, en uno de tantos actos de racismo documentados por el Comité, hasta el haber permitido la actuación de grupos “paraestatales” opositores al entonces presidente constitucional.

También relieva el hecho de que, luego de la renuncia de Morales, “la persecución judicial ha sido tendenciosa con un carácter político” y que se hizo uso de “cargos de sedición, terrorismo y violaciones de sus obligaciones”, tipos penales que han sido también puestos en cuestión por el órgano especializado en la investigación de torturas y tratos inhumanos, crueles o degradantes. De ahí que también cuestione el uso de idénticos argumentos para detener y juzgar a la presidenta interina y parte de su gabinete de ministros.

Finalmente, en su informe el Relator del CAT subrayó el hecho de que “la instrumentalización política del sistema de justicia vulneró su independencia. La injerencia política se tradujo en procesos abusivos en el uso de imputaciones infundadas o desproporcionadas en detenciones arbitrarias de líderes políticos”, a nadie sorprendió en Bolivia que los operadores mediáticos del golpe hubieran publicado únicamente este aspecto del informe, y usándolo a favor de la presidenta interina.

Se trata, pues, de nueva evidencia que recuerda a la población y a los gobernantes que lo sucedido en octubre y noviembre de 2019 no solo fue un asalto a los derechos y garantías constitucionales a las personas opuestas al modo en que se derrocó a un presidente constitucional, sino también de que la enfermedad del Órgano Judicial que entonces posibilitó las persecuciones políticas sigue presente en el país, demandando ajustes en la norma penal y en el comportamiento de las y los administradores de justicia.

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OEP: guerra avisada

El renovado ataque contra el sistema y los vocales no es una buena noticia para la democracia.

Por La Razón

/ 28 de noviembre de 2021 / 00:27

Las “fantasiosas y temerarias” acusaciones de la exvocal Rosario Baptista han anticipado en tres años la previsible batalla política en torno al organismo electoral, con centro en cuestiones recurrentes como el padrón. Pronto se agitarán banderas y consignas opositoras para descabezar al TSE y “auditar el sistema electoral” como condición para ir a nuevas elecciones. Es de manual.

Anticipándose a su posible destitución por una falta muy grave, la abogada Baptista se marchó a Estados Unidos y, desde allá, mandó su carta de renuncia como vocal electoral. Por supuesto no le bastaba con dejar el cargo: tenía que hacer el mayor daño posible. Entonces atacó la credibilidad de sus excolegas de Sala Plena, sembró dudas sobre la legitimidad de las elecciones 2020, se ensañó contra el partido de gobierno y, en general, cuestionó todo el sistema democrático, político y electoral.

Más allá de sus odios viejos y de su personal ajuste de cuentas, la acción política de Baptista, en sincronía con la oposición radical, anticipó la reciclada guerra contra la institucionalidad electoral en el país. No es casual que la dirigencia cívica ya esté demandando la renovación total de vocales del TSE, la elaboración de un nuevo padrón electoral y “una auditoría integral al sistema electoral” (sic). No es nada nuevo. Son las banderas que suelen agitar, invariablemente, quienes pierden elecciones.

No hay mucho que Baptista y los suyos puedan hacer respecto a los comicios del año pasado, cuya transparencia y resultados fueron certificados de manera unánime por 19 informes, nada menos, de observación nacional e internacional (la misma exvocal avaló cada acto del proceso desde su convocatoria hasta la entrega de credenciales). Se trata de una acción preventiva: los opositores, que desde hace casi dos décadas no ganan en las urnas, quieren un TSE y reglas a su gusto para las elecciones 2025.

Estamos entonces ante una guerra avisada como anticipo de la venidera disputa electoral, que tendrá su hito de inicio a fines de 2024 con la convocatoria a elecciones primarias de candidaturas para binomios presidenciales. Antes de ello, el actual tribunal electoral deberá administrar las elecciones judiciales 2023 o, en su caso, un referéndum de reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Le tocará gestionar también el ímpetu revocatorio, que hasta ahora naufragó por exceso de requisitos.

El renovado ataque contra el sistema y los vocales no es una buena noticia para la democracia. Como país debiéramos aprovechar este periodo sin comicios para fortalecer la institucionalidad, hacer ajustes normativos, renovar equipamiento, afinar el registro de votantes, en fin, consolidar sistemas que garanticen la integridad electoral. En lugar de ello, abundarán acusaciones sin evidencia (como las de Baptista) y exigencias sin fundamentación técnica. Todo sirve para avivar la polarización política.

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Cuarta ola

Se esperaría una gran ofensiva de todos los niveles de gobierno en las próximas semanas.

Por La Razón

/ 27 de noviembre de 2021 / 01:35

Hay indicadores preocupantes de un incremento de contagios de COVID-19 en todo el territorio nacional. Después de tres eventos similares, se entiende que debería existir una estrategia para enfrentar una cuarta ola de la pandemia. No basta con insistir en que hay vacunas disponibles, se precisan orientaciones integrales claras y acuerdos concretos entre las instancias responsables.

Las noticias globales no son buenas acerca del control del COVID- 19. Europa está enfrentando un rápido aumento de contagios, se están endureciendo las medidas de restricción y en algunos países se está incluso imponiendo cuarentenas rígidas. En Sudáfrica ha aparecido una cepa nueva particularmente contagiosa y en América Latina empieza a incrementarse el número de casos positivos. Todo eso, en contextos en los que la cobertura de vacunación ya está en 60%.

Es evidente que el planeta está aún muy lejos de un escenario de superación de la pandemia. Parece que viviremos mucho más tiempo con el virus. La vacunación es una herramienta potente para administrar esa “nueva normalidad” pero no es una panacea, habrá frecuentes rebrotes con gran costo humano. Por tanto, hay que tener una estrategia permanente de prevención, restricciones parciales y asistencia médica reforzada de la enfermedad.

En el país, en la última semana los casos positivos han aumentado en un 21% y el número promedio diario de contagiados se va acercando a los 1.000. No hay ninguna señal que indique que esa tendencia se va a atenuar. Es probable que ya nos encontramos en una cuarta ola que podría tener su pico en cuatro a seis semanas si vemos lo que pasó en anteriores eventos. Hay pues riesgos importantes para la población que no se deben minimizar.

Se reconoce el esfuerzo gubernamental para conseguir vacunas. Hoy, ese no es el problema. Después de aumentar rápidamente, las coberturas de inmunización avanzan lentamente pese a la ampliación de la población que puede acceder a ellas. La debilidad de las entidades subnacionales en ese ámbito es evidente y no se resuelve. Frente a ese panorama, resultan insuficientes las llamadas de autoridades del Gobierno nacional a que se acelere el proceso. Se requieren acciones más claras y contundentes.

De igual manera, entendiendo el cansancio de todos, sorprende el debilitamiento de las campañas de comunicación y del esfuerzo preventivo. Las autoridades nacionales y locales repiten mecánicamente que debemos protegernos, pero no hay medidas masivas que acompañen esos llamados, ni a nivel central y menos aún en los gobiernos departamentales y municipales.

En resumen, se esperaría una gran ofensiva de todos los niveles de gobierno en las próximas semanas para preparar al país a un nuevo momento complicado de la pandemia. Esa será inevitablemente una prioridad nacional en los próximos meses. Se espera que todas las autoridades y la población en su conjunto colaboremos.

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Acabar con la violencia

Guardar silencio o mirar a otro lado cuando ocurren estos casos solo abona a perpetuar la violencia patriarcal.

Por La Razón

/ 26 de noviembre de 2021 / 00:46

Ayer se recordó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que convoca a las personas a pensar en ello y reconocer el profundo costo que tiene para toda la sociedad y no solo para las víctimas de las innumerables formas de maltrato que caen sobre ellas. Como todos los años, sobraron los discursos y manifestaciones, pero ¿cuánto cambia?

En primer lugar, cambia año tras año la cifra de casos denunciados ante la Fiscalía: si en 2020 se conoció de 25.554 denuncias de mujeres contra sus agresores por violencia familiar o doméstica (más del 99% de los casos), económica, patrimonial y laboral, en 2021, hasta mediados de noviembre, se habían presentado 32.904 denuncias, sobre los mismos tipos de violencia más acoso político y violencia política contra las mujeres.

Los feminicidios, sin duda la peor de todas las formas de violencia contra las mujeres, también se incrementan año a año: si en 2020 se lamentó la pérdida de 103 vidas a manos de varones asesinos de mujeres, en lo que va de 2021 ya se contabilizan 99 casos y falta ver qué sucederá en las últimas semanas del año, cuando junto con las fiestas se multiplican los casos de agresión hacia mujeres de todas las edades.

Irónicamente quedan fuera de la estadística del Ministerio Público los casos de violencia sexual contra las mujeres, especialmente adolescentes y niñas, que en un gran porcentaje se agravan con embarazos no deseados. El caso de una niña en Yapacaní, semanas atrás, concitó gran atención mediática y provocó encendidos debates entre quienes “defienden” la vida del ser en gestación y quienes defienden los más elementales derechos de esa niña violada sexualmente y luego mediáticamente. La suma de violencias que recaen sobre la víctima fue ostensible y desgarradora.

La Ley 348, Contra todo Tipo de Violencia hacia las Mujeres, promulgada hace más de ocho años, reconoce y tipifica 16 tipos de violencia contra ellas, y sin embargo los colectivos y organizaciones de defensa de los derechos de esta mitad de la población reclaman que no se cubren todas las posibles formas de agresión y, sobre todo, que la norma tiene deficiencias que pueden y deben ser enmendadas. La incapacidad del Estado para corregir y mejorar la norma debería ser considerada también una forma de violencia, evidentemente estructural.

Parece ocioso hacer recuento de las múltiples formas de violencia, la mayor parte de ellas naturalizadas y por tanto casi invisibles, y sin embargo es un ejercicio que debe hacerse en los medios y en cuanto espacio haya para la conversación y el debate. Es evidente que guardar silencio o mirar a otro lado cuando ocurren estos casos solo abona a perpetuar la violencia patriarcal. El Estado tiene grandes obligaciones al respecto, pero la sociedad en pleno debe exigir un nuevo contrato entre hombres y mujeres, en el que la igualdad sea el horizonte común y la violencia sea rechazada por todas y todos.

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Dos masacres sin justicia

Ninguna democracia, ningún Estado de derecho, debieran tolerar una masacre. Y peor aún dejarla en la impunidad.

Por La Razón

/ 24 de noviembre de 2021 / 01:10

La coyuntura crítica de fines de 2019 dejó varios hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos, como fue documentado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sin duda el más crítico para la convivencia en sociedad fueron las masacres de Sacaba y Senkata. La exigencia irrenunciable es verdad, reparación, justicia y no repetición.

Pocos días después del derrocamiento del expresidente Morales, el régimen inconstitucional de Áñez se estrenó con un decreto supremo de impunidad seguido de dos masacres. Según el informe del GIEI, “la reacción de los militares y de la Policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes”. El saldo fueron 20 muertes producidas por armas de fuego de la fuerza pública, ejecuciones sumarias, torturas y tratos inhumanos a los detenidos.

En el contexto de la “transición”, promovida y avalada por jefes de la oposición, la jerarquía católica y algunos diplomáticos, se instalaron eficazmente narrativas para ocultar, justificar y hasta legitimar las masacres. Los operadores mediáticos del régimen hablaron de enfrentamientos y de “fuego cruzado” donde hubo masacres. Y, según el guion de los exministros Murillo y López, informaron que los manifestantes “se mataron entre ellos” en Sacaba e “iban a hacer volar la planta de gas” en Senkata.

El robusto informe del GIEI (468 páginas) demostró de manera inequívoca que dichas narrativas fueron falsas. No hubo “enfrentamiento” entre la fuerza pública y “movimientos violentos”, sino graves violaciones de los derechos humanos. Además de las masacres, se produjeron torturas, detenciones ilegales, criminalización y persecución política, discursos de odio, actos de racismo y violencia de género. Todo ello, en nombre de la “pacificación”. Y con la complicidad o silencio de diferentes actores.

Despejadas las mentiras sobre las masacres de Sacaba y Senkata, la exigencia irrenunciable como país es que haya reparación y justicia. Transcurridos dos años, la justicia no llega. Con una administración judicial en crisis, el Gobierno parece más empeñado en el ajuste de cuentas del “caso Golpe”. Y la proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades contra Áñez, que debiera aprobarse por unanimidad en la Asamblea Legislativa, tropieza con el deplorable veto de Comunidad Ciudadana y Creemos.

Ninguna democracia, ningún Estado de derecho, debieran tolerar una masacre. Y peor aún dejarla en la impunidad. La garantía de justicia y de no repetición pasan por enjuiciar y sancionar a los responsables con la máxima pena. En ello no caben relatos ni excusas. La premisa por supuesto es que se respeten los principios de presunción de inocencia, derecho a la defensa y debido proceso. El imperativo de convivencia democrática en sociedad es que nunca más en Bolivia se produzca una masacre en nombre de nada.

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