Un nuevo avasallamiento pone en crisis el Estado de derecho. Campesinos y cooperativistas tomaron por la fuerza la mina de Laramcota, en la provincia paceña de Loayza, yacimiento de estaño entregado en concesión al empresario Fernando Kyllmann, quien asegura que hasta la fecha invirtió $us 750.000 para su acondicionamiento. Ésta es la segunda vez que el grupo empresarial sufre un atentado de esta naturaleza, que no es marginal. Según datos de la Cámara Nacional de Minería, cerca de 201 concesiones mineras fueron avasalladas por comunarios desde el 2004.
Uno de los factores clave que define la inversión privada (componente fundamental para el crecimiento de cualquier economía) es el riesgo país. Cuando este indicador es elevado, también se exigen utilidades elevadas antes de invertir; de manera que solamente proyectos excesivamente rentables, como son los de minería, se implementan. No sucede lo mismo con el resto de los sectores que, paradójicamente, son los que más empleo generan.
De allí que este nuevo incidente puede leerse como un atentado en contra del desarrollo de todos los bolivianos, pues afecta la imagen del país y aumenta su riesgo. Por ello, el Gobierno debería adoptar medidas urgentes para revertir este tipo de arbitrariedades y evitar que se repitan.